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Los recurrentes conflictos en Las Bambas: para que no se repitan


El país está asistiendo a una nueva crisis en torno al proyecto minero Las Bambas, actualmente propiedad de la empresa china MMG Minerals. Como se sabe, desde la concesión del yacimiento a la empresa suiza Xstrata en el año 2004, los subsecuentes trabajos de exploración y construcción de mina, hasta la puesta en operación del proyecto, se han desencadenado innumerables conflictos que han enfrentado a la población de su zona de influencia con la minera y el Estado.
Tras 15 años de presencia en la zona, las múltiples experiencias acumuladas que deja la conflictividad allí y en otros ámbitos mineros, cabe preguntarse por lo que se ha aprendido desde el Estado y las empresas para gestionar y solucionar eficazmente los conflictos. En otras palabras, ¿Por qué, a pesar de los diagnósticos realistas –y en general acertados– que circulan acerca de las causas de la conflictividad y del comportamiento de sus distintos actores, estos, es decir, los conflictos, continúan estallando? ¿Era acaso inevitable que escalaran e hicieran crisis como ha vuelto a ocurrir recientemente?
Algo sin duda está fallando, al menos desde el actor llamado a prevenirlos y solucionarlos como es el Estado. Se han identificado ya una serie de factores, pero en esta ocasión queremos enfatizar algunos cuyas fallas se evidencian en el tratamiento de la actual crisis: el manejo sectorializado y por tanto fragmentado de los conflictos, el enfoque y las prácticas para su abordaje, y los estilos autoritarios en la adopción de decisiones que afectan a la ciudadanía.
El manejo sectorializado de los conflictos fragmenta la actuación del Estado, limitando por ejemplo la armonización de políticas, estrategias y metodologías para la gestión de la conflictividad, que en la práctica es atribución de cada sector o nivel gubernamental. Es cierto que ha habido avances en la medida que, por ejemplo, la oficina de conflictos de Energía y Minas (MINEM) coordina con las oficinas existentes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y otras entidades, pero tales esfuerzos no se han traducido hasta ahora en una mirada integral del problema.
Los enfoques vigentes suelen mencionar la necesidad de priorizar las intervenciones que contribuyan a prevenir los conflictos y algo sin duda se hace en tal sentido, pero lo que parece predominar en los hechos es la concepción del conflicto como sinónimo de movilizaciones, actos de fuerza y violencia; mientras ello no ocurra, la atención de los casos es más bien lenta y parsimoniosa.
El conflicto vigente en Las Bambas ilustra por otro lado, el estilo autoritario y burocrático del Estado: así, por ejemplo, la decisión de convertir una carretera local o regional en vía nacional se hizo sin consulta ni consideración por el impacto que iba a causar en la población que vivía por donde iban a transitar los camiones que transportan minerales, respaldándose en normas que no contemplan tal consulta.
Estos problemas se han intentado abordar con iniciativas como la que alguna vez circuló, la misma que planteaba crear un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos, con una política pública que armonizara el tratamiento de la conflictividad desde todos los niveles y sectores del Estado bajo un enfoque preventivo .Todo esto ha quedado en nada debido a la resistencia y oposición de sectores que defendieron sus espacios y se negaron a someterse a la rectoría de la PCM, a la que por otro lado, se acude cuando las cosas se ponen difíciles, como ocurre ahora y antes en el conflicto de Tía María. En ambos, la responsabilidad de la oficina especializada de Energía y Minas por sus errores y omisiones previas a los estallidos ha sido hasta la fecha invisibilizada.
Detrás de estas falencias están sin duda la debilidad y precariedad institucionales del Estado, que se traduce, entre otras cosas, en la carencia de un cuerpo profesional, estable y eficiente de funcionarios que den continuidad a las políticas públicas y a las decisiones y acuerdos pactados. Lo que predomina es un amplio sector de funcionarios contratados que rotan constantemente y afectan la capacidad de volcar los aprendizajes en rutinas, procedimientos y protocolos, y de allí que los errores que llevan a conflictos se repitan una y otra vez. Los cambios en esta materia, sin embargo, no son fáciles de implementar, pues implican reformas abordables en un mediano plazo.
Un abordaje integral de la conflictividad implica en última instancia una reforma amplia en los modelos vigentes del ciclo minero (concesión, exploración, construcción, explotación y cierre de mina), en el cual el rol del Estado sea más activo y la participación ciudadana más respetada. Esto supone una voluntad política y una correlación de fuerzas sociales y políticas hoy inexistentes, así que es difícil esperar aquí cambios inmediatos, salvo modificaciones en materia tributaria o técnica (por ejemplo, la relacionada con las evaluaciones de impacto ambiental y otros instrumentos).
Por ahora, el Estado debe legitimar sus actuaciones no solo promoviendo la inversión privada, sino también, defendiendo los derechos ciudadanos. En la medida en que la población vea esto último, la confianza hacia aquél aumentará y situaciones como se viven hoy en Las Bambas disminuirán. Del mismo modo, se hace indispensable que el Estado desarrolle capacidades para el análisis de lo que está ocurriendo en zonas sensibles al conflicto, así como instrumentos que le permitan detectar los potenciales impactos de las decisiones públicas en la conflictividad del país.


desco Opina / 29 de marzo de 2019

Un cuento sin fin de reformas de transporte


En noviembre pasado el Congreso de la República aprobó por unanimidad la creación de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao - ATU, con el objetivo de contar con un sistema único e integrado que ayude a acabar con el caos imperante en materia de transporte en la ciudad. Para dar operatividad a este nuevo organismo se propuso dar un plazo de 60 días para que el Ejecutivo aprobara la ley, y 120 días como máximo para aprobar el reglamento de operación y funciones.
Para lograr los objetivos propuestos, el último día del año pasado, se aprobó la conformación del equipo técnico de trabajo para la denominada «Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Urbana para el Desarrollo del País» con miras a generar un espacio de diálogo y de formulación de propuestas de manera participativa entre el sector público y el privado. Este espacio tiene un carácter temporal y aún no ha demostrado las bondades de su conformación, pese a que los temas de educación vial y el aporte que deberían dar en la implementación de la ATU son sus objetivos primordiales.
En esa coyuntura y a pesar de las buenas intenciones de parte del Gobierno Central y del Metropolitano de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao pretende presentar una acción de inconstitucionalidad antes de que venza el plazo para que las municipalidades de Lima y Callao cedan bienes y recursos a la nueva Autoridad de Transporte Urbano, el cual se cumplirá el próximo 28 de marzo.
El sustento de la comuna chalaca se basa en que no solo se le transferirán funciones a la ATU, sino también, bienes y fondos que actualmente forman parte del patrimonio municipal. En ese sentido, cabe preguntarse si actualmente las competencias y funciones que desempeña la comuna chalaca, benefician de manera integral al problema del transporte que vivimos día a día en el conurbado Lima – Callao; por ello es que el reclamo nos parece poco serio y más aún desatinado, pues podría retrasar la eternamente esperada reforma del transporte urbano en nuestra ciudad.
Si bien el pasado 8 de marzo se aprobó el reglamento de la ley que crea la ATU, habrá otros 90 días adicionales para lograr unificar el sistema en aspectos referidos a integración física, operacional, tarifaria y de medios de pago del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Falta mucho camino por recorrer para lograr una verdadera reforma del transporte urbano en la capital y esto se ve reflejado cuando a diario aparecen noticias sobre las horas perdidas en el tráfico de la ciudad, los accidentes que se registran cotidianamente con saldos lamentables o situaciones insólitas como las cometidas por «la bestia de Petit Thouars».
Todo esto debería llevarnos a reflexionar acerca de lo que representa el caos y desorden urbano en nuestra ciudad, y que de hecho está relacionado –lo afirmamos– a la naturalización que hemos asumido como ciudadanos de esta metrópoli, en la que el transporte subestándar es algo aceptado como la única manera de dar solución a nuestro problema de movilidad. En ese sentido, también podemos afirmar que una parte importante de la solución del problema radica en la capacidad que tenemos todos los que vivimos en la ciudad de exigir nuestros derechos.
Una mayor calidad en el servicio de transporte que actualmente nos brinda la ciudad no se solucionará solamente con las buenas intenciones y la unificación de los mecanismos de control estatal, sino que exige también, la movilización social y la protesta pública si la reforma no se concreta, porque si no asumimos el compromiso, contribuiremos a que «la bestia» siga circulando por toda la eternidad.

desco Opina - Regional / 22 de marzo de 2018
Programa Urbano

Cambios y expectativas



Dos cuestiones, casi obvias, surgen cuando el Presidente de la República decide hacer cambios en su entorno. Por qué se van los que salen y por qué vienen los que entran. Sobre estas dos preguntas básicas, los periodistas nos han acostumbrado a formar parte de una cadena infinita de suposiciones y conjeturas en la lógica de los astrólogos, para luego afirmar, como un nefasto conductor de TV del pasado, «yo lo dije», si se diera el caso.
Lo cierto es que a estas alturas César Villanueva –fiel a su estilo– salió del Premierato sin tirar la puerta, lo que significa, de alguna manera, que la deja abierta para volver a trasponerla en algún momento propicio en el futuro. Si el Presidente estuvo ofuscado con él por no «cubrirle las espaldas» en su viaje a España, que personajes que pululan en Palacio lo querían fuera, que no tenía capacidad de decisión en la reconstrucción del Norte o que está comprometido con operaciones de Odebrecht son, ni más ni menos, presunciones con las que se arman las «noticias-reality» que buscan entretenernos, pero no informarnos.
Salir del Gabinete significa, generalmente, un costo político que Villanueva no parece que fuera a pagar. Su retiro no lo conduce a su casa, sino a optar por alguna alternativa en una serie de oportunidades para continuar con su carrera política. Pero, sí parece que dejará un vacío en las coordinaciones que buscaban construir un precario piso político al Ejecutivo, que se debía a un estricto capital individual. Nos referimos a los espacios paulatinamente consolidados que permitían consensuar a las autoridades de los diferentes niveles del Estado, como los GORE Ejecutivo y MUNI Ejecutivo.
En suma, su poca empatía mediática la suple con creces con su capacidad para conversar, coordinar y consensuar, lo que no significa incapacidad para definir oponentes. Todos ellos son elementos escasísimos en la política peruana actual. Sin embargo, es cierto que pudo conducir un Gabinete de mayor calidad, aunque, desgraciadamente, condicionamientos que pudo manejar de mejor manera impidieron que esto sucediera.
Entonces, dejemos que las razones existentes entre el presidente Vizcarra y su ahora expremier Cesar Villanueva para tomar las decisiones que conocemos las divulguen, en su momento, ellos mismos.
Por otro lado, es innegable la buena opinión que ha generado la designación de Salvador del Solar como Premier en gran parte de los analistas capitalinos, así como los nuevos ministros. También que se haya mostrado una paridad numérica de género en el Gabinete.
Decíamos que Villanueva no es ni mucho menos una persona que se desenvuelva con naturalidad en los medios de comunicación. Por el contrario, la gran fortaleza de Del Solar es precisamente esto. En esa línea, podríamos comprender su designación si los asesores del Ejecutivo hubiesen ubicado problemas de comunicación. Pero, no parece ser así.
En su lugar, diera la impresión de que el creciente malestar ciudadano puntualiza deficiencias en la priorización, la gestión y, fundamentalmente, la habilidad política para formular acuerdos, promover la participación y, subrayar esto último, habilitar la comunicación adecuada. Entonces, la pregunta que surge es si más allá de las cualidades personales y profesionales de los nuevos integrantes del Gabinete, pueden manejar estos desafíos mostrando resultados en el corto plazo, digamos en el mes de julio.
En esa línea, veamos qué nos anuncia el flamante Premier en su presentación ante el Congreso. Es crucial para la estabilidad del Gobierno saber qué van a hacer, cómo, con quién y en qué plazos. Como nunca en las recientes décadas, se demanda política, un bien escaso en la actualidad.


desco Opina / 15 de marzo de 2019