martes

De nuevo a lo mismo



Tras el voto de confianza a Mercedes Aráoz, el Gobierno dio la impresión de remontar sus malas relaciones con el Congreso de la República y lo que es más importante, logró mejorar la percepción ciudadana de su gestión. Los 83 votos obtenidos por el nuevo gabinete tras su presentación en el Congreso de la República la primera quincena de octubre y los 8 puntos que «saltó» la aprobación de la gestión presidencial, que llegó al 30% en algunas encuestas, así parecían evidenciarlo; cierto que ayudadas por la llegada de Perú al ´repechaje´ rumbo a Moscú 2018.
El veranillo definitivamente duró poco. Fiel a su terca vocación suicida, el Gobierno se disparó a los pies varias veces en menos de diez días. La crisis del censo 2017 fue el primer clarinazo: cientos de miles de compatriotas que se quedaron esperando al personal voluntario del INEI en Lima y las principales ciudades del país, miles de voluntarios que no recibieron el entrenamiento necesario y que continúan demandando el pago que les ofrecieron, formularios del censo que no alcanzaron, el poco transparente auspicio de una universidad privada ligada a un político nacional y su acceso a información privilegiada, y, lo que es más dramático y censurable, muchos casos de violencia contra los censadores incluyendo la violación de una encuestadora… Todo ello ante los ojos de los desconcertados y balbuceantes voceros del ente estatal.
A la base de este descalabro, una importante institución pública y un proceso que no recibieron la indispensable atención y conducción del Ejecutivo. Un censo que puede llegar a una omisión superior al 5%, porque no se realizó un precenso adecuado –conocer el total de puertas en zonas urbanas–; elaborado con una metodología de puerta por puerta, sin contemplar que mucha de la información levantada ya está en manos del Estado –la RENIEC, por ejemplo– lo que permitía cruzar la data; preguntas mal formuladas, como la de autoidentificación étnica, que excluían opciones importantes como la asiática o preguntas definitivamente sospechosas, que cerraban opciones, como la de la opción religiosa. La lista, que es más larga, nos muestra un Estado de espaldas a la realidad de su sociedad. El resultado no podía ser otro: la renuncia del jefe del INEI y la consiguiente crisis, no obstante la buena voluntad y disposición de la población para participar en el proceso.
La virtual parálisis del proceso de reconstrucción es el segundo ejemplo. La renuncia de Pablo de la Flor y la virtual designación de Edgar Quispe como su reemplazante, es el final de una película que se veía venir. Más allá de las limitaciones del esquema por el que se optó al crear la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) e incluso más allá también, de las tensiones inevitables con las autoridades subnacionales que se derivaban del esquema adoptado, las declaraciones del responsable de la ARCC responsabilizando a las autoridades subnacionales del ostensible retraso de la reconstrucción, provocaron finalmente su renuncia, ante la comprensible reacción de los gobernadores regionales involucrados, quienes en respuesta a sus acusaciones, exigieron su cabeza.
Independientemente de los entretelones de su salida, recordemos que fue convocado por Fernando Zavala y que no era necesariamente santo del entusiasmo de la nueva Premier, De la Flor y el Ejecutivo han obviado en el proceso recorrido, algunos de los rasgos básicos de nuestro Estado. Obsesionados por resolver la «tramitología» que cuestionan las grandes inversiones, mantuvieron la misma para la reconstrucción: para empezar, concursos organizados subnacionalmente que deben ser observados /aprobados por la OSCE en Lima, que tiene 30 días para responder cada trámite y un plazo similar para atender el levantamiento de sus observaciones. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, crear un equipo especial y abreviar tales trámites. Una vez más, el Estado a espaldas de la realidad, y los diversos actores políticos jugando en función a sus intereses antes que pensando en las necesidades de la gente. El reemplazo de un exitoso gerente privado por otro, con varios años y gobiernos de experiencia en la gestión pública, no garantiza, por cierto, cambios mayores ni en el enfoque ni en los problemas evidenciados hasta hoy.
Por si fuera poco, haciendo notorio que el nuevo gabinete parece estar interesado en asegurar la continuidad de los errores del anterior, el Ministro de Justicia, argumentando la existencia de evidencia sobre su carácter disuasivo, anunció que apoyaría la pena de muerte para los autores de crímenes atroces, como la violación sexual de menores de edad. Abre así un nuevo debate donde las primeras respuestas ya llegaron de un congresista de la bancada oficialista y del Presidente del Poder Judicial.
En este escenario, como resulta obvio, el gobierno parece decidido a permanecer como el pato en el tiro al blanco. Un pato que alimenta cotidianamente con abundante munición a sus opositores.


desco Opina / 30 de octubre de 2017

sábado

El derecho a la ciudad desde la gente



Al parecer, el impedimento legal de postular para su reelección inmediata está llevando a algunos alcaldes a despreocuparse por sus tareas y responsabilidades con sus vecinos y territorios, de los que seguirán siendo autoridades hasta diciembre del 2018. El colapso del transporte en el área metropolitana de Lima, el acrecentamiento de la delincuencia callejera y la ocupación de zonas de protección ambiental como ocurre contra el sistema de lomas, son solo algunos sufridos ejemplos de la falta de interés de la gestión municipal limeña por enfrentar integralmente las dificultades de nuestra ciudad capital. A otra escala, esta situación se repite en muchos gobiernos distritales y este escenario empieza a dibujarse también en muchos municipios del interior del país, En el caso de Lima, al parecer, estaremos condenados a sobrevivir un año más en una ciudad sumida en la precariedad de los servicios públicos privatizados y sin que medien mayores esfuerzos por mejorar la calidad de nuestra vida en ciudad.
Ante este panorama de mala gestión en muchas de nuestras ciudades, aparece como tarea cada vez más urgente la necesidad de la movilización ordenada y la articulación de los distintos colectivos, organizaciones e instituciones convulsionadas por la calidad de vida en la ciudad. Y así ha empezado a ocurrir –como puede explorarse en la información fragmentada aunque creciente en la prensa y las redes sociales– que emergen diversos esfuerzos, respuestas y reacciones ante problemas urbanos que por ahora se focalizan en casos específicos relacionados con temas como el transporte masivo, el recojo de la basura, invasiones de terrenos en zonas de alto riesgo, intentos de ocupación y/o cambio de uso de áreas verdes y espacios públicos, entre otros, y no solamente por la seguridad ciudadana o la construcción de vías. 
Estas movilizaciones ciudadanas dan cuenta de esfuerzos de organización autónoma de vecinos, que en Lima muestran así la aparición de agrupaciones que no responden a los clásicos movimientos de pobladores, ni a la acción política de los partidos o de candidatos independientes. Se trata de nuevos y vigorosos grupos juveniles, de ciudadanos jóvenes con alguna experiencia en la acción social, convocados por compromiso mutuo y profesionalismo, que impulsan desde hace pocos años movilizaciones que apuntan a mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad.
Habla Castañeda, es una de estas nuevas iniciativas ciudadanas que, en este caso, busca que el alcalde rinda cuentas a la ciudad. Su esfuerzo por lograr mayor transparencia en la gestión municipal se encuentra en la fase de verificación de firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de un colectivo sin afiliación partidaria demandando información completa sobre las obras y proyectos que se han hecho mal, algunas con claros visos de corrupción o adulterando proyectos, sobre los cuales no se ofrece información a la ciudadanía como en el caso ya emblemático del puente Bella Unión en el cercado de Lima.
Otra organización de nuevo cuño, con una actividad creciente es la Unión de Estudiantes de  Arquitectura de Lima – UDEAL, un colectivo de estudiantes decidido a trascender la barrera de las aulas de varias universidades limeñas para unir sus voces y acción e insertarse en el debate sobre las políticas urbanas que afectan a Lima. Su esfuerzo apunta a adoptar un modelo sostenible, habitable y humano de ciudad, que responda a los retos de una metrópoli como Lima y permita conseguir una ciudad de veras planificada y con derechos vigentes de ciudadanía. La UDEAL impulsa la plataforma 16N, una articulación de colectivos y organizaciones vecinales de Lima en pro de una ciudad más justa, ordenada, democrática y humana. Cuentan con la participaron más de 45 organizaciones de diversas zonas, y han marchado ya por las calles para elevar el reclamo ciudadano ante las deficientes políticas urbanas de quienes gobiernan la ciudad.
En tiempos últimos se han expresado también otras luchas ciudadanas, evidenciando la presencia creciente de iniciativas por defender los espacios públicos en distritos como Lince (el caso del Parque Castilla), o en Comas, por la defensa del Parque Manhattan. Asimismo, en la mayoría de distritos limeños con territorios con lomas costeñas trabajan colectivos y organizaciones de protección, recuperación y puesta en valor del sistema de Lomas de la ciudad de Lima.
Varias de estas diversas organizaciones están ahora en el proceso de impulsar un Encuentro Vecinal Metropolitano: ¡Por el Derecho a la Ciudad! fijado para inicios de diciembre. Es probable que a partir de este esfuerzo confluyan en una expresión política–ciudadana que apunte a ocupar el gobierno de la ciudad en sus diferentes niveles para atender las demandas y agendas que proponen transformar la ciudad y se cristalicen en las políticas públicas urbanas que requerimos.
Al llamar la atención sobre este proceso en curso, rastreable en redes sociales y páginas en Internet, queremos animar a que más ciudadanos intervengamos de manera colectiva y organizada, patrocinando nuestro derecho a tener una mejor ciudad. Es decir, permitirnos que el derecho a la ciudad deje de ser un slogan o un buen deseo, y pase a ser un instrumento político capaz de transformar las realidades urbanas en que vivimos.

desco Opina - Regional / 20 de octubre de 2017
Programa Urbano

viernes

Sainete sobre el indulto y otros enjuagues



Es claro que no existe ninguna ruta posible que permita jurídicamente –respetando las leyes y la Constitución– indultar al expresidente Fujimori por los crímenes cometidos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de ser indultado por razones humanitarias. Esto es, acogiéndose a lo reglamentado en el Perú para los reclusos con enfermedad terminal o con grave enfermedad que las condiciones carcelarias agraven, lo que debe ser demostrado. En ningún caso es esa la situación para la aplicación discrecional del Presidente de la República a Fujimori, quien además nunca ha mostrado signos de arrepentimiento ni ha pagado un centavo de la reparación civil que le fijó el Poder Judicial.
Todo parece indicar que los ánimos del gobierno han cambiado y la postura del Presidente Kuczynski ya no es la de un «no» al indulto, claramente fijada cuando fue candidato, ni cuando asumió la presidencia de la República hace más de un año. Ahora abre la posibilidad a lo que ha llamado un «perdón médico» que no existe en el Reglamento de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.
Muy difícilmente la historia podrá registrar un hecho así como un inexistente “perdón médico” a la aplicación de una decisión discrecional, que sería un error político de gran ingenuidad que provocaría más perjuicios al gobierno y –sin duda– malestar a nuestra nación, que algún avance en la reconciliación en el marco de la ley y la justicia.
El caso, por otro lado, adquirió las dimensiones de un sainete de baja estofa cuando hace pocos días, por decisión del nuevo ministro de Justicia, se modificó la composición de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales al colocar como presidente de la misma al señor Orlando Franchini Orsi, un exempresario maderero y ferretero jubilado, sin ninguna experiencia en esta materia, quien a sus 92 años de edad aparece en la escena como una broma de mal gusto que concluye con su pronta renuncia y declaraciones del Ministro de Justicia negando el probable indulto.
Nadie puede suponer sensatamente que la aplicación del indulto beneficie el hasta ahora decepcionante gobierno de PPK, y que con ello cambie la opinión de la ciudadanía sobre la escasa popularidad del presidente y su gabinete ministerial. Menos en el horizonte de gobierno restante.
Menos ahora cuando sin grandes críticas, el Congreso ha otorgado mayoritariamente su voto de confianza al gabinete Aráoz que ofrece realizar una «revolución social» en la que muy pocos confían. Y menos las fuerzas de izquierda que votaron en contra. En todo caso, más allá de la confianza otorgada, la mayoría de Fuerza Popular podrá continuar dificultando la acción del Poder Ejecutivo que hasta ahora, por sí mismo, ha sido incapaz de organizar un buen gobierno.
Más bien, tal vez tras bambalinas, en este otorgamiento de confianza al nuevo gabinete pudiera estar un disimulado acuerdo político sobre el tratamiento futuro del affaire “Lava Jato” en el que están implicados de distinta manera Keiko Fujimori, el líder aprista Alan García, y el propio presidente Kuczynski.
Las ocurrencias políticas en las próximas semanas probablemente permitirán evaluar mejor las motivaciones que llevan al gobierno a encontrar un mejor momento para otorgar un indulto, que de producirse, tendrá grave repercusión nacional e internacional. Por lo pronto ya ha sido calificado como una traición al electorado que respaldó la candidatura de PPK y un insulto a la ciudadanía, en particular a los familiares de las víctimas de asesinatos y desapariciones durante el régimen del autócrata, ahora encarcelado en cumplimiento de la aplicación de las leyes que hacen justicia a los crímenes perpetrados.


desco Opina / 6 de octubre de 2017