Tras el voto de confianza a Mercedes
Aráoz, el Gobierno dio la impresión de remontar sus malas relaciones con el
Congreso de la República y lo que es más importante, logró mejorar la
percepción ciudadana de su gestión. Los 83 votos obtenidos por el nuevo
gabinete tras su presentación en el Congreso de la República la primera
quincena de octubre y los 8 puntos que «saltó» la aprobación de la gestión presidencial, que llegó al 30% en algunas encuestas,
así parecían evidenciarlo; cierto que ayudadas por la llegada de Perú al ´repechaje´
rumbo a Moscú 2018.
El veranillo definitivamente duró
poco. Fiel a su terca vocación suicida, el Gobierno se disparó a los pies
varias veces en menos de diez días. La crisis del censo 2017 fue el primer
clarinazo: cientos de miles de compatriotas que se quedaron esperando al
personal voluntario del INEI en Lima y las principales ciudades del país, miles
de voluntarios que no recibieron el entrenamiento necesario y que continúan
demandando el pago que les ofrecieron, formularios del censo que no alcanzaron,
el poco transparente auspicio de una universidad privada ligada a un político
nacional y su acceso a información privilegiada, y, lo que es más dramático y censurable,
muchos casos de violencia contra los censadores incluyendo la violación de una
encuestadora… Todo ello ante los ojos de los desconcertados y balbuceantes
voceros del ente estatal.
A la base de este descalabro, una
importante institución pública y un proceso que no recibieron la indispensable
atención y conducción del Ejecutivo. Un
censo que puede llegar a una omisión superior al 5%, porque no se realizó un precenso
adecuado –conocer el total de puertas en zonas urbanas–; elaborado con una
metodología de puerta por puerta, sin contemplar que mucha de la información
levantada ya está en manos del Estado –la RENIEC, por ejemplo– lo que permitía
cruzar la data; preguntas mal formuladas, como la de autoidentificación étnica,
que excluían opciones importantes como la asiática o preguntas definitivamente
sospechosas, que cerraban opciones, como la de la opción religiosa. La lista,
que es más larga, nos muestra un Estado de espaldas a la realidad de su sociedad.
El resultado no podía ser otro: la renuncia del jefe del INEI y la consiguiente
crisis, no obstante la buena voluntad y disposición de la población para participar
en el proceso.
La virtual parálisis del proceso de
reconstrucción es el segundo ejemplo. La renuncia de Pablo de la Flor y la
virtual designación de Edgar Quispe como su reemplazante, es el final de una
película que se veía venir. Más allá de las limitaciones del esquema por el que
se optó al crear la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) e
incluso más allá también, de las tensiones inevitables con las autoridades
subnacionales que se derivaban del esquema adoptado, las declaraciones del
responsable de la ARCC responsabilizando a las autoridades subnacionales del
ostensible retraso de la reconstrucción, provocaron finalmente su renuncia,
ante la comprensible reacción de los gobernadores regionales involucrados,
quienes en respuesta a sus acusaciones, exigieron su cabeza.
Independientemente de los entretelones
de su salida, recordemos que fue convocado por Fernando Zavala y que no era
necesariamente santo del entusiasmo de la nueva Premier, De la Flor y el
Ejecutivo han obviado en el proceso recorrido, algunos de los rasgos básicos de
nuestro Estado. Obsesionados por resolver la «tramitología» que cuestionan las
grandes inversiones, mantuvieron la misma para la reconstrucción: para empezar,
concursos organizados subnacionalmente que deben ser observados /aprobados por
la OSCE en Lima, que tiene 30 días para responder cada trámite y un plazo
similar para atender el levantamiento de sus observaciones. A nadie se le
ocurrió, por ejemplo, crear un equipo especial y abreviar tales trámites. Una
vez más, el Estado a espaldas de la realidad, y los diversos actores políticos jugando en función a sus intereses antes que pensando en las necesidades de la gente. El reemplazo de un exitoso gerente
privado por otro, con varios años y gobiernos de experiencia en la gestión
pública, no garantiza, por cierto, cambios mayores ni en el enfoque ni en los
problemas evidenciados hasta hoy.
Por si fuera poco, haciendo notorio
que el nuevo gabinete parece estar interesado en asegurar la continuidad de los
errores del anterior, el Ministro de Justicia, argumentando la existencia de
evidencia sobre su carácter disuasivo, anunció que apoyaría la pena de muerte para los autores de crímenes atroces,
como la violación sexual de menores de edad. Abre así un nuevo debate donde las
primeras respuestas ya llegaron de un congresista de la bancada oficialista y
del Presidente del Poder Judicial.
En este escenario, como resulta obvio,
el gobierno parece decidido a permanecer como el pato en el tiro al blanco. Un
pato que alimenta cotidianamente con abundante munición a sus opositores.
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