Dengue, ni el sistema ni la población están preparados

 

Con 6 fallecidos y 2034 casos de esta enfermedad en la Selva Central, el dengue se ha convertido en una enfermedad silenciosa entre la población, sobre todo entre quienes habitan en un área geográfica con clima tropical. A nivel nacional, hasta la fecha hay 96 fallecidos y 87 290 casos. Tras la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del fin de la emergencia sanitaria global por el COVID-19, anunciado el pasado 5 de mayo, Perú enfrenta una nueva emergencia por la epidemia del dengue: la cantidad de casos ya ha superado las cifras registradas durante los años 2017 y 2022. El Ministerio de Salud (MINSA) ha considerado en estado de emergencia a la Región Junín en menos de dos meses, siendo la octava del país con mayor número de casos, lo que muestra la magnitud y rapidez de esta infección y evidencia que las medidas preventivas impuestas por el Gobierno no sirvieron. La ampliación de la emergencia sanitaria (DS N° 002-2023-SA), que la extiende a partir del 25 de mayo por un periodo de 120 días más, demuestra la situación alarmante que estamos viviendo y las limitaciones de la respuesta pública.

Pero ¿qué es el dengue?, ¿y por qué deberíamos darle relevancia al tema? El dengue es producido por la picadura del mosquito, Aedes aegypti, que, a diferencia de otros mosquitos, se ha adaptado a vivir y reproducirse en zonas urbanas muy cerca de los seres humanos.

En la población de la Región Junín existe un grave problema de desinformación. Según el INEI , sólo 6 de cada 100 personas mayores de 14 años conocen cómo se transmite el dengue, reconocen los síntomas, saben qué hacer frente a la enfermedad y cómo deben actuar. Las principales medidas emitidas por las instituciones de salud se centran en medidas de prevención mediante prácticas adecuadas para el uso y almacenamiento del agua. La experiencia muestra la importancia de fortalecer el pilar de la educación en salud, para que la población pueda reconocer los síntomas del dengue y sobre todo los signos de alarma, puesto que ello permitirá que el personal de salud pueda brindar una atención oportuna y evitar que la tasa de letalidad se incremente. Instamos a la población a que se informe y tome las medidas de precaución, así como a acudir a los establecimientos cercanos, si tienen los síntomas del dengue.

Las cifras de la Dirección Regional de Salud de Junín evidencian que en el último mes se han registrado 2034 contagios, es decir, 688 casos más que en el mismo periodo del 2022. La incidencia de éstos se atribuye principalmente a la estrategia del sector, centrada directamente en medidas de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación. Se trata de un punto importante para el análisis, porque es conocido y se observa que las acciones en materia de salud en el país, son reactivas ante un suceso o acontecimiento, antes que a enfocarse en la prevención y en la promoción de la salud, que resultaría más beneficioso en términos de costo-efectividad y especialmente del cuidado de la población.

Ésta es una debilidad ya observada durante la crisis de la pandemia del COVID-19 y que el MINSA, en articulación con otros ministerios, debiera considerar como prioritaria para sus futuras decisiones y acciones. Es lamentable que no se haya aprendido nada de la experiencia pese a que los establecimientos de salud de la provincia de Satipo ya habían alertado de los primeros casos desde los primeros meses del año; como siempre, si no pasa en las ciudades principales, el Estado hace caso omiso a este tipo de alertas.

En entrevista con un medio de comunicación de la región, el epidemiólogo Gabriel Carrasco Escobar, docente investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, dijo que “el cambio climático va a generar que, zonas donde no existía transmisión de la enfermedad, ahora sean favorables para los criaderos de mosquitos. Hay un alto potencial para que este 2023 sea un año epidémico de dengue en la región y va a depender, en gran medida, de las acciones de control y respuesta a brotes”.

En Piura, la región más afectada hasta el momento, los pacientes con dengue son atendidos en carros y mototaxis en los exteriores de los establecimientos de salud. Parece que el riesgo mayor que estaría mostrando dicha región es el del eventual colapso de los hospitales por falta de recursos elementales que pueden impedirles asegurar una atención oportuna y la cobertura que exige una epidemia que crece rápidamente. Esperemos no llegar a esta situación en nuestra región y que las autoridades territoriales desarrollen una estrategia adecuada y tomen decisiones acertadas para enfrentar la enfermedad.

Quedan flotando muchas preguntas que esperamos se resuelvan de la mejor manera para los intereses y necesidades de la población. ¿La región Junín cuenta con todos los recursos disponibles para abordar esta epidemia?, ¿la salud mental de la población y del personal de salud se verá afectada nuevamente?, ¿se están desarrollando nuevas estrategias para fortalecer la prevención del dengue en la región?, ¿el MINSA tendrá los insumos necesarios para su detección oportuna? Finalmente, ¿cuál es el rol de la población en la prevención y atención del dengue?, ¿la población está informada y preparada para una nueva pandemia?

 

desco Opina – Regional / 26 de mayo del 2023

descocentro

Las derechas extremas y la pretensión de un fujimorismo 2.0

 

Las derechas peruanas de hoy, entendiendo por ellas a las agrupaciones que consideran la desigualdad como una cuestión natural, se diferencian de otras de la región por la estabilidad que lograron en el orden neoliberal que construyeron los últimos treinta y cinco años, así como por su creciente hegemonía política e ideológica. Carlos Alberto Adrianzén, sostuvo certeramente cómo la cohesión lograda por las élites empresariales desde los años 80 cuando fundaron la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), así como la renovación ideológica neoliberal promovida entre otros por Hernando de Soto, explican la estabilidad lograda que se vio posteriormente alimentada por el crecimiento económico y la expansión de la economía extractiva. El sorpresivo triunfo de Fujimori en los 90 fue absorbido por quienes apoyaron a Vargas Llosa, y su gobierno y su pronto autoritarismo, autogolpe mediante, tuvo como soporte una coalición integrada por las FF.AA., las élites empresariales, los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y los organismos multilaterales.

Tres décadas después, las derechas exhiben cinco grupos, comprometidos todos con la defensa neoliberal. La derecha populista y autoritaria fujimorista, que introdujo temprano y con fuerza un componente mafioso en la política; la de los partidos tradicionales –PPC, AP y APRA– que se fue desdibujando con el paso del tiempo y que parió posteriores grupos mafiosos como Solidaridad Nacional y Podemos; la derecha tecnocrática, materializada en un grupo de funcionarios públicos y en diversos think tanks vinculados a la gran empresa privada, como el Instituto Peruano de Economía (IPE); aquella otra surgida del «emprendimiento» de César Acuña y finalmente, la derecha religiosa y conservadora, católica y evangélica, que encuentra canales políticos en partidos como Renovación Popular. Aunque no todos estos sectores hacen automáticamente parte de la derecha extrema y algunos de ellos buscan una apariencia mínimamente liberal, la defensa cerrada del modelo los hermana, más aún en momentos de polarización que ellos mismos alentaron. Todos ellos, por cierto, con vinculación estrecha con la Coordinadora Republicana, autodefinida como organización de la sociedad civil que agrupa a lo más rancio de la derecha y el autoritarismo nacional.

Estas agrupaciones, con el concurso de Perú Libre, impusieron a Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, lo que además de una ironía de mal gusto, evidencia la oscuridad y la alevosía que se han instalado en la política del país. Su elección, tras un proceso plagado de vicios y arbitrariedades que a estas alturas no sorprenden a nadie, llamó la atención de algunos analistas que parecen jugar a ingenuos, dadas las características del personaje, que no se destaca por su trayectoria como jurista o abogado y que es recordado como el exparlamentario nacionalista que antes de instalado ese gobierno, pretendió sorprender a los rusos presentándose como emisario del nuevo gobierno, como militante devoto y abogado de Vladimir Cerrón y más recientemente como asesor de la Comisión de Justicia del Congreso de la República.

Su elección, después de un concurso por demás opaco, promovida finalmente por Fuerza Popular y la agrupación que llevó al gobierno a Pedro Castillo, permite medir el deterioro y la pérdida del poco contenido que le queda al sistema democrático y es parte de la ola autoritaria que avanza por el mundo, donde la justicia y su independencia están entre sus principales blancos, como lo demuestran los casos de Hungría, Polonia, Nicaragua o Filipinas, por citar apenas algunos. Controlar la justicia en todas sus manifestaciones es un interés claro de las derechas de este país desde el año 2020. Derrotados en las fantasías de fraude que enarbolaron, y que hoy Keiko Fujimori quien las promoviera, las ignora para defender la legitimidad de su transitoria socia actual, la señora Boluarte, fracasaron en sus intentos de vacancia hasta el suicidio político del exmandatario.

No obstante tales contratiempos, desde la instalación del Congreso actual, el mismo que tiene los niveles de desaprobación más altos de la historia, las derechas se dedicaron, como parte de su contribución a la degradación de la democracia, a la captura de distintas instituciones que administran justicia. La elección del Tribunal Constitucional fue el primer paso. El segundo busca acabar desde hace dos años con la independencia de la justicia electoral; la arremetida acompañada de sus barras bravas, incluyó amenazas de muerte, campañas violentas de movilización y de noticias falsas, así como amenazas de destitución contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La elección de Gutiérrez es el tercer paso, que apunta al control de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar o destituir jueces y fiscales, donde el Defensor encabeza la comisión que define los integrantes de aquella. Controlar los órganos electorales, siguiendo el modelo de Ortega y la pretensión similar de AMLO, es uno de los pendientes que seguramente abordarán en un futuro próximo.

Junto con el control de la justicia, se pretende también el de distintas instituciones autónomas que deben regular y ordenar distintas actividades que buscan ser definitivamente capturadas por grupos mafiosos. Fue el caso de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), aceptado por la señora Boluarte, pero también fueron las presiones sobre el tema del transporte que han terminado, por decisión del Ejecutivo, cambiando a la Autoridad de Transporte Urbano, mientras continúan las presiones alrededor de la minería artesanal, la tala y la pesca artesanal.

En sentido estricto, del presidencialismo de nuestro sistema político, la derecha nos está llevando al parlamentarismo autoritario, repitiendo el camino que realizara Alberto Fujimori desde el Ejecutivo, décadas atrás. Su aspiración es un fujimorismo 2.0 para asegurar un nuevo ciclo político neoliberal y para terminar de liquidar a los “caviares, los auténticos enemigos del Perú”, como señala uno de sus pensadores más auténticos. La pretensión no es fácil, más allá del creciente rechazo que paulatinamente seguirá generando, porque la disputa por el liderazgo en las derechas, no está resuelta. Que Keiko Fujimori lleve ventaja porque es la única que cuenta con un partido organizado y relativamente disciplinado y que sea la validadora del entendimiento de Fuerza Popular con la agrupación de los hermanos Cerrón, que todo indica que va más allá de un simple canje de algunas posiciones de poder, no garantiza nada, más allá de la demolición de nuestra institucionalidad.

 

desco Opina / 19 de mayo de 2023

Impune democracia

 

El informe de la Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido un parteaguas para el régimen de Dina Boluarte. Tras su presentación, la mandataria se ha visto obligada a dejar caer su máscara, insinuando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como eventuales responsables de la violación de los derechos humanos durante la represión en las protestas, buscando así, una vez más, salvar su responsabilidad argumentando patéticamente: “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”

Aunque el Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional interpuesta por la representante Ruth Luque contra la señora Boluarte y varios de sus ministros por todas las muertes durante las protestas, su suerte parece estar echada, a pesar del blindaje de una mayoría que continúa aferrada a sus curules, como ella a Palacio. Las recomendaciones del informe, aunque no son vinculantes, tienen que ser respondidas por el Gobierno cuyas relaciones internacionales están ya deterioradas, siendo Perú percibido como un país donde se violan los derechos humanos, y en el que sus autoridades, no obstante, las evidencias, continúan negando el hecho.

El informe mencionado da cuenta de una acción sistemática de las fuerzas del orden para frenar como sea las manifestaciones que iniciaron en la segunda quincena de diciembre y que se extendieron por casi tres meses consecutivos, avalada por el Ejecutivo. Durante este tiempo, hasta antes del informe, hemos asistido a una defensa cerrada de la policía y el ejército, sin ningún cuestionamiento por el uso desproporcionado de su fuerza, llegando a ser premiados con bonos. Simultáneamente, se estigmatizó y ofendió a los y las manifestantes; se propusieron diferentes dispositivos para doblegar a los protestantes con el incremento de las penas; se aletargaron las investigaciones fiscales; y hasta se buscó controlar el papel de la prensa en la cobertura de las manifestaciones.

Según un reporte periodístico, tras la revisión del borrador del Informe en marzo, el Ejecutivo informó a la CIDH de investigaciones y medidas contra quienes actuaron en Ayacucho, medidas que se materializaron sólo en su cambio de plaza. En el informe, se apunta que el Ejecutivo adelantó el inicio de una reforma en la policía, la misma que también prometió y no cumplió el expresidente Sagasti después de la muerte de Inti y Bryan, cuando el congresista Merino tomó el poder del Estado.

Post informe, sectores de la Policía y de las FF.AA. en retiro han respondido a la lavada de manos de la señora Boluarte. El partido fujimorista y otros congresistas de derecha, le han pedido a la Presidenta desconocer el informe; mientras tanto, fuera de las nebulosas esferas del poder, se ha anunciado desde Puno, lugar donde contabilizaron más muertos y heridos en estos meses de desazón, la reanudación de la protesta y una nueva de toma de Lima. El Ministerio Público, por su lado, está acelerando el proceso de denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y otras personas, acusadas por un grupo de congresistas de dudosa lógica, de ser los instigadores de un proceso de secesión en el país, mientras que la Fiscalía cita en Lima para tomar sus declaraciones, a los testigos de las masacres sucedidas en diferentes partes del país.

No queremos romantizar la protesta, sólo apuntamos que su endurecimiento, de ahora en más, está justificado. No habrá capacidad para contener su magnitud si no se muestra un ápice de arrepentimiento y acciones concretas para responder por las muertes y, por el contrario, se continúa con las frivolidades desde el Congreso y el cinismo desde el Ejecutivo. Al reclamo por el hueco enorme que tenemos por la falta de representación política real, ahora se une el grito de justicia por los muertos y heridos, que además de serlo, fueron maltratados en algunos centros médicos y encausados en distintos procesos penales. La protesta sigue siendo por la negación de un país que existe más allá de Lima. El informe, y todas las repercusiones que ha tenido desde su presentación parecen hacer más difícil aún la situación del gobierno. Tarde o temprano, Boluarte, Otárola y los otros responsables políticos de la masacre y las muertes extrajudiciales, terminarán frente a la justicia.

 

desco Opina – Regional / 12 de mayo del 2023

descosur