Impune democracia

 

El informe de la Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido un parteaguas para el régimen de Dina Boluarte. Tras su presentación, la mandataria se ha visto obligada a dejar caer su máscara, insinuando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como eventuales responsables de la violación de los derechos humanos durante la represión en las protestas, buscando así, una vez más, salvar su responsabilidad argumentando patéticamente: “Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”

Aunque el Congreso declaró improcedente la denuncia constitucional interpuesta por la representante Ruth Luque contra la señora Boluarte y varios de sus ministros por todas las muertes durante las protestas, su suerte parece estar echada, a pesar del blindaje de una mayoría que continúa aferrada a sus curules, como ella a Palacio. Las recomendaciones del informe, aunque no son vinculantes, tienen que ser respondidas por el Gobierno cuyas relaciones internacionales están ya deterioradas, siendo Perú percibido como un país donde se violan los derechos humanos, y en el que sus autoridades, no obstante, las evidencias, continúan negando el hecho.

El informe mencionado da cuenta de una acción sistemática de las fuerzas del orden para frenar como sea las manifestaciones que iniciaron en la segunda quincena de diciembre y que se extendieron por casi tres meses consecutivos, avalada por el Ejecutivo. Durante este tiempo, hasta antes del informe, hemos asistido a una defensa cerrada de la policía y el ejército, sin ningún cuestionamiento por el uso desproporcionado de su fuerza, llegando a ser premiados con bonos. Simultáneamente, se estigmatizó y ofendió a los y las manifestantes; se propusieron diferentes dispositivos para doblegar a los protestantes con el incremento de las penas; se aletargaron las investigaciones fiscales; y hasta se buscó controlar el papel de la prensa en la cobertura de las manifestaciones.

Según un reporte periodístico, tras la revisión del borrador del Informe en marzo, el Ejecutivo informó a la CIDH de investigaciones y medidas contra quienes actuaron en Ayacucho, medidas que se materializaron sólo en su cambio de plaza. En el informe, se apunta que el Ejecutivo adelantó el inicio de una reforma en la policía, la misma que también prometió y no cumplió el expresidente Sagasti después de la muerte de Inti y Bryan, cuando el congresista Merino tomó el poder del Estado.

Post informe, sectores de la Policía y de las FF.AA. en retiro han respondido a la lavada de manos de la señora Boluarte. El partido fujimorista y otros congresistas de derecha, le han pedido a la Presidenta desconocer el informe; mientras tanto, fuera de las nebulosas esferas del poder, se ha anunciado desde Puno, lugar donde contabilizaron más muertos y heridos en estos meses de desazón, la reanudación de la protesta y una nueva de toma de Lima. El Ministerio Público, por su lado, está acelerando el proceso de denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y otras personas, acusadas por un grupo de congresistas de dudosa lógica, de ser los instigadores de un proceso de secesión en el país, mientras que la Fiscalía cita en Lima para tomar sus declaraciones, a los testigos de las masacres sucedidas en diferentes partes del país.

No queremos romantizar la protesta, sólo apuntamos que su endurecimiento, de ahora en más, está justificado. No habrá capacidad para contener su magnitud si no se muestra un ápice de arrepentimiento y acciones concretas para responder por las muertes y, por el contrario, se continúa con las frivolidades desde el Congreso y el cinismo desde el Ejecutivo. Al reclamo por el hueco enorme que tenemos por la falta de representación política real, ahora se une el grito de justicia por los muertos y heridos, que además de serlo, fueron maltratados en algunos centros médicos y encausados en distintos procesos penales. La protesta sigue siendo por la negación de un país que existe más allá de Lima. El informe, y todas las repercusiones que ha tenido desde su presentación parecen hacer más difícil aún la situación del gobierno. Tarde o temprano, Boluarte, Otárola y los otros responsables políticos de la masacre y las muertes extrajudiciales, terminarán frente a la justicia.

 

desco Opina – Regional / 12 de mayo del 2023

descosur

Esperando a la OEA

 

Vladimir: Entonces ¿nos vamos?

Estragón: Sí, vámonos.

(No se mueven.)

Diálogo final de Esperando a Godot

 

El capítulo más reciente de nuestro sainete político se inició el 10 de octubre, cuando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. A todas luces, era un intento para abrir legalmente la cerradura constitucional establecida en el artículo 117, mediante una interpretación de éste que se fundamentaba en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos”.

La respuesta no fue inmediata, pero llegó. El 19 de octubre, en un Mensaje a la Nación, el presidente Castillo alegó que las investigaciones a él, y a su entorno, eran una campaña de "demolición", afirmando que la denuncia constitucional en su contra es una muestra de ello, calificándola de una "nueva modalidad de golpe de Estado". Horas antes, el Mandatario había enviado un pedido a la OEA, para que aplique los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, al considerar que la institucionalidad democrática del país se encontraba en riesgo, tras la denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación.

Previamente, el 17 de octubre sucedió un evento que es determinante para entender los acontecimientos como más que una simple sucesión de acciones y reacciones. Ese día, Edgar Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaraba que en el país existía una “alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la gobernabilidad”, además de una “crisis constitucional” a raíz de la denuncia elevada por la Fiscal de la Nación contra el presidente Castillo.

Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que luego acordaría aplicar la Carta Democrática a pedido de Castillo, Ralón agregó que la inestabilidad política y los “persistentes cambios de autoridades han impactado en el goce de los derechos humanos”. Además, dijo que Perú atravesó varias crisis políticas por el “uso reiterado de tres figuras constitucionales”: acusación constitucional, vacancia presidencial y disolución del Congreso por la denegatoria de confianza a dos consejos de ministros.

Finalmente, comentó que en la visita realizada al país por la CIDH –entre el 10 y 14 de octubre– se produjeron lo que fueron “hechos inéditos” , según su criterio,  como las declaraciones de la vicepresidenta de la República ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el allanamiento a la casa de la hermana del presidente Castillo, donde se encontraba su madre con “salud convaleciente”.

Concluyó afirmando que “dichas irrupciones generadas en un contexto de alta conflictividad entre poderes públicos han dificultado la gobernabilidad del país … [y] esto ha conducido a un desgaste en la agenda legislativa y suscitado cuestionamientos sobre la independencia de la justicia”, así como el “debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas”.

En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”. El 20 de octubre expresó su respaldo al Gobierno peruano y decidió enviar una misión al país, conformada por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; de Belice, Eamon Courtenay; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; y de Paraguay, Julio César Arriola.

A partir de ese momento las acciones fueron disminuyendo de velocidad. Al finalizar el mes de octubre, no había claridad acerca de cuándo vendría la misión OEA al país, qué contendría su agenda y, más aún, cuál sería su objetivo. El representante peruano ante la OEA, Harold Forsyth, afirmó que podría estar en el país en la segunda semana de noviembre, dependiendo de cómo los cancilleres que la integran, “cuadren sus agendas”.

De otro lado, consideró que el arribo de la misión OEA “es algo muy bueno porque esto demuestra cómo nuestro país concita la atención de los demás países hermanos de las Américas”. Asimismo, Forsyth estimó que esta visita del conjunto de cancilleres enviados por la OEA pueda ayudar a que, “la situación política actual en nuestro país sea más llevadera”.

En efecto, se supone que la misión de la OEA buscará conversar con representantes del Poder Ejecutivo, Congreso de la República y actores de la sociedad civil, con la finalidad de escuchar a todas las partes involucradas y conocer la real situación de la crisis política que atraviesa el país para resguardar la democracia. Luego, elaborará un informe que será derivado al Consejo Permanente, que establecerá un periodo de diálogo con las partes involucradas para evitar que la crisis política se agudice. Tras ello, se adoptarán las medidas correspondientes para preservar el orden democrático. En otras palabras, la visita circunstancial de los cancilleres enviados por la OEA puede ser, hasta el momento, la conjunción de los buenos deseos de que las cosas mejoren en la órbita política peruana, pero nada más.

En esa línea, considerar que la gobernabilidad del país se ha hecho más difícil por la alta conflictividad entre los poderes públicos, como lo hace el relator Ralón, es simplemente desconocer los elementos básicos que dan forma a los problemas del sistema político peruano, porque es más que evidente que pensar que bajo el supuesto de la inexistencia de esa “conflictividad” las cosas irían mejor, es la manera de obviar la enorme debilidad sobre la que se busca equilibrar la democracia peruana.

Peor aún, creer que esta alta conflictividad entre instituciones ha provocado el desgaste de la agenda legislativa y formado sospechas sobre la autonomía de la justicia peruana, debilitando “la confianza en las instituciones públicas”, es literalmente tomar el rábano por las hojas. Sin abundar en detalles, no parece que en Perú exista o haya existido en el pasado próximo algo que podríamos denominar “agenda legislativa”, que alguna vez el Poder Judicial haya tenido algo de credibilidad o que hubo momentos en que la “confianza ciudadana” hacia las instituciones del Estado haya sido si no robusta, al menos aceptable.

 

desco Opina / 4 de noviembre de 2022

La soledad del mandatario y sus muchos laberintos

Conforme transcurren los días, la situación del mandatario se hace cada vez más difícil. Los indicios de sus distintos vínculos con Odebrecht se multiplican; paulatinamente se van develando las complejas relaciones entre Westfield –la empresa unipersonal de PPK– y First Capital –del chileno Gerardo Sepúlveda– evidenciándose, como sostiene el congresista Manuel Dammert, que el mandatario «juega en pared consigo mismo». Aunque todavía faltan algunas piezas en el rompecabezas es claro, por ejemplo, que el 2004 Westfield –del empresario Kuczynski– firmó un contrato con la empresa brasileña para la emisión de bonos, que el 2006 fue facilitada por el PPK Presidente del Consejo de Ministros, que garantizó el endeudamiento de Olmos por más de 400 millones de dólares. En esta, como en otras materias –el conflicto de la generadora térmica Kallpa acusada de falsificar sus costos variables para beneficiarse de precios especulativos, cuya abogada era la actual Ministra de Energía y Minas, a la que también habría asesorado–, todo parece cuestión de tiempo.

Por defender la legitimidad de sus negocios y sus ostensibles conflictos de intereses, apostó por el indulto y la gracia presidencial para Alberto Fujimori. PPK perdió por goleada en esa cancha. Casi de inmediato lo abandonaron tres de sus congresistas y por lo menos dos ministros; la caída del apoyo al indulto «humanitario» se hizo clara: la desaprobación pasó del 38% (octubre 2017) al 49% (enero 2018). En ese contexto, las movilizaciones de la calle se mantienen, el 78% de la población está convencida de que el indulto resultó de una negociación política, y por si fuera poco, en las próximas semanas, mientras la Sala Penal se pronunciará sobre el caso Pativilca y el derecho de gracia concedido a Alberto Fujimori; la CIDH lo hará más ampliamente sobre el indulto. En otras palabras, un tema abierto y desfavorable al mandatario, en el que algunos de quienes siguen siendo sus voceros, marcan ya distancia.

La incapacidad de gestión de su gobierno se suma a los malestares que éste genera y a la soledad del mandatario. El naufragio de la Reconstrucción con Cambios es evidente; los avances a diciembre –que no pasaban de una veintena de proyectos en ejecución– decían ya del fracaso de un modelo de intervención en el que se insiste, anunciando desde una gestión con su credibilidad por los suelos, que se empezarán 3512 obras este año y se elaborarán los estudios técnicos para 5000 nuevos proyectos para el 2019. Por si fuera poco, las demandas de los paperos, torpemente gestionadas por el Ejecutivo, se les escaparon de las manos: tres muertos en Huánuco y Huancavelica y una radicalización creciente de las distintas agrupaciones de paperos que impulsan un paro agrario, ratifican la incapacidad del gobierno para lidiar con las demandas sociales y ya han puesto en la picota a su novísimo ministro de Agricultura. Recordemos, además, que ya están anunciadas paralizaciones de los médicos y los maestros…

En otras palabras, PPK está cada vez más sólo y aislado. La renuncia de Kenji Fujimori y sus avengers a Fuerza Popular, no alcanza ni de lejos para resolver sus tribulaciones. Su eventual vacancia reaparece en la agenda de los principales actores políticos –desde el fujimorismo keikista hasta el aranismo– pero también, cada vez menos “sotto voce”, en la de sectores de la calle (43% según la encuesta de GfK) y en diversos grupos empresariales. Elmer Cuba, vocero de los primeros y vínculo directo con importantes sectores del capital, insistentemente se está pronunciando sobre el tema; preocupado porque el ruido político impide aprovechar en crecimiento el incremento del precio de los minerales, prevé tres escenarios: la continuidad de PPK, su reemplazo por Martín Vizcarra para preservar la democracia, y nuevas elecciones presidenciales convocadas desde el Congreso por Luis Galarreta.

Como la mayoría de los actores políticos, cada uno de ellos con su propia motivación, se inclina por el segundo camino. Argumentos para la vacancia, por cierto, existen tanto con el indulto y la gracia presidencial, cuanto con la corrupción. Sobre el indulto, es claro que no se pondrán de acuerdo la mayoría de actores políticos; sobre la corrupción, si no logran blindarse todos, les resultaría menos difícil. En este escenario, el Ministro de Justicia parece continuar como el último socio confiable que le queda al mandatario: operó el indulto, y hoy día, la Procuraduría parece intentar obstaculizar el testimonio de Jorge Barata, aliviando las angustias del Presidente, pero también las de Keiko Fujimori y Alan García…

El mandatario está cada vez más sólo y se enreda en sus propios laberintos y silencios. Es claro, sin embargo, que no hay una salida inmediata a la situación aunque su permanencia en Palacio parece ya con el plazo terminando. Un nuevo pedido de vacancia tiene aún un recorrido por hacer y puede encontrarse con la calle, donde se suman nuevos malestares que resultan del modelo económico, antes que de la política cotidiana, como el futuro de los medicamentos y los combustibles, cada vez más concentrados.

desco Opina / 2 de febrero de 2018