Nada nuevo bajo el sol

 

Evidenciando el desinterés que comparten por la opinión pública, más profundamente aún, por la gente y sus necesidades, por el país y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, el Ejecutivo y el Congreso de la República continúan en el ruidoso enfrentamiento que mantienen desde el día uno de su instalación, si no antes, desde el momento mismo de los resultados de la segunda vuelta, donde unos se refugiaron en la denuncia de un supuesto fraude y los otros iniciaban sus primeros cuoteos e inauguraban la casa de Sarratea.

Aparentemente satisfechos ambos con sus respectivas perfomances de las últimas semanas, el gobierno y su oposición más dura y achorada, afilan cuchillos esperando la inminente visita de la delegación de la OEA. La encuesta nacional urbano-rural de IPSOS, difundida días atrás, muestra que la aprobación de los principales actores de nuestra difícil situación se mantiene básicamente estancada; el mandatario sube un punto a 27%, mientras el Congreso lo hace 2, a 18%. La desaprobación del primero se mantiene en 66% en tanto que el Parlamento desciende un punto a 73%. La visita de la OEA, dicho sea de paso, no despierta mucha pasión entre la gente: 39% de los encuestados, 44% en el interior del país, no están enterados de la misma.

Desde el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un esperpéntico informe que acusa al mandatario de haber violado distintos artículos de la Constitución, desconociendo lo que aquellos establecen sobre la soberanía nacional, los tratados internacionales y el referéndum, recomendando acusarlo como presunto autor del delito de traición a la patria en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. Como sabemos bien, se trata de una historia vieja que se inició con la denuncia formulada y presentada en febrero de este año por varios rancios y desgastados políticos, entre los que destacaban Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, acompañados por periodistas igual de gastados como Hugo Guerra. La denuncia, adoptada por los legisladores Yarrow (Avanza País) y Cueto (Renovación Popular). El documento se basa en una entrevista que brindó el presidente Castillo a la cadena CNN, los días 24 y 25 de enero de este año. En esta se le recordó unas declaraciones que dio (Castillo) en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú y en las cuales comenta la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

Aunque el Tribunal Constitucional aún no ha fallado en respuesta a la acción del abogado presidencial contra la Subcomisión, en la sesión de información del recurso planteado, el Procurador que representó al Congreso hizo un triste papel, minimizando la decisión de la Subcomisión, indicando que no se había tomado “una decisión de fondo”, apareciendo como incapaz de precisar cuál era el acto de traición a la patria. Aunque la acusación es evidentemente forzada y no puede sostenerse, habiendo sido criticada incluso por quienes defienden sin ambages el camino de la vacancia y perciben que con esta vía se fortalece al Presidente, sus promotores parecen decididos a seguir adelante y creen contar con los votos necesarios para su aprobación en la Comisión Permanente, lo que dicho sea de paso, no les asegura el resultado en el Pleno y terminar siendo un nuevo fuego artificial similar a los dos intentos anteriores de vacancia.

Desde el Ejecutivo, por su lado, el Premier, desde hace varios días insiste en obtener un voto de confianza pidiendo inicialmente la derogatoria de la Ley 31355 que establece que la cuestión de confianza sólo puede ser planteada respecto a la política general del gobierno, demanda que fue archivada por la Comisión de Constitución amparándose en que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la validez de la norma. Tras ese rechazo, Aníbal Torres insistió, habiéndose presentado al Pleno con un proyecto, orientado, según dijo, a fortalecer la participación política del pueblo, que busca derogar la Ley 31399 que fortalece la aprobación de normas de reforma constitucional. Más allá de la finta de la “bala de plata” orientada a amedrentar a sectores del Legislativo con su eventual cierre, parece claro que se trata también de un artificio para evidenciar ante la misión de la OEA, la tesitura de sectores de la oposición congresal que organizan su acción a partir de un vulgar cálculo del alcance de votos disponibles.

En esencia, nada nuevo bajo el sol en este enfrentamiento y en el malestar de la gente. En este escenario, más de 220 asociaciones civiles que proponen que se acorte excepcionalmente el mandato presidencial y congresal por la corrupción y el desgobierno imperantes, presentaron siete propuestas de reforma política. Aunque indudablemente valiosas, las mismas parecen reducir la crisis sistémica que vivimos, a su dimensión política y transmiten en su composición una imagen que todavía es demasiado limeña y limitadamente vinculada con distintos actores, movimientos y activismos sociales que tienen sus propias miradas del momento.

La calle, finalmente, como lo evidenciaron las movilizaciones de los unos y los otros, sigue fría. Malhumorada y preocupada pero definitivamente incrédula y desconfiada. Aunque se mueve lentamente, la vida sigue igual por el momento. La OEA, creemos, no encontrará nada particularmente nuevo y más allá de ella, esa calma chicha seguramente no será indefinida.

 

 

desco Opina / 18 de noviembre de 2022

Esperando a la OEA

 

Vladimir: Entonces ¿nos vamos?

Estragón: Sí, vámonos.

(No se mueven.)

Diálogo final de Esperando a Godot

 

El capítulo más reciente de nuestro sainete político se inició el 10 de octubre, cuando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. A todas luces, era un intento para abrir legalmente la cerradura constitucional establecida en el artículo 117, mediante una interpretación de éste que se fundamentaba en los artículos 30.2. y 30.3. de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, “dada la condición de normas propias de un tratado de derechos humanos”.

La respuesta no fue inmediata, pero llegó. El 19 de octubre, en un Mensaje a la Nación, el presidente Castillo alegó que las investigaciones a él, y a su entorno, eran una campaña de "demolición", afirmando que la denuncia constitucional en su contra es una muestra de ello, calificándola de una "nueva modalidad de golpe de Estado". Horas antes, el Mandatario había enviado un pedido a la OEA, para que aplique los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, al considerar que la institucionalidad democrática del país se encontraba en riesgo, tras la denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación.

Previamente, el 17 de octubre sucedió un evento que es determinante para entender los acontecimientos como más que una simple sucesión de acciones y reacciones. Ese día, Edgar Ralón, primer vicepresidente y relator para el Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaraba que en el país existía una “alta conflictividad entre poderes públicos que dificultan la gobernabilidad”, además de una “crisis constitucional” a raíz de la denuncia elevada por la Fiscal de la Nación contra el presidente Castillo.

Ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que luego acordaría aplicar la Carta Democrática a pedido de Castillo, Ralón agregó que la inestabilidad política y los “persistentes cambios de autoridades han impactado en el goce de los derechos humanos”. Además, dijo que Perú atravesó varias crisis políticas por el “uso reiterado de tres figuras constitucionales”: acusación constitucional, vacancia presidencial y disolución del Congreso por la denegatoria de confianza a dos consejos de ministros.

Finalmente, comentó que en la visita realizada al país por la CIDH –entre el 10 y 14 de octubre– se produjeron lo que fueron “hechos inéditos” , según su criterio,  como las declaraciones de la vicepresidenta de la República ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el allanamiento a la casa de la hermana del presidente Castillo, donde se encontraba su madre con “salud convaleciente”.

Concluyó afirmando que “dichas irrupciones generadas en un contexto de alta conflictividad entre poderes públicos han dificultado la gobernabilidad del país … [y] esto ha conducido a un desgaste en la agenda legislativa y suscitado cuestionamientos sobre la independencia de la justicia”, así como el “debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas”.

En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”. El 20 de octubre expresó su respaldo al Gobierno peruano y decidió enviar una misión al país, conformada por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero; de Belice, Eamon Courtenay; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; y de Paraguay, Julio César Arriola.

A partir de ese momento las acciones fueron disminuyendo de velocidad. Al finalizar el mes de octubre, no había claridad acerca de cuándo vendría la misión OEA al país, qué contendría su agenda y, más aún, cuál sería su objetivo. El representante peruano ante la OEA, Harold Forsyth, afirmó que podría estar en el país en la segunda semana de noviembre, dependiendo de cómo los cancilleres que la integran, “cuadren sus agendas”.

De otro lado, consideró que el arribo de la misión OEA “es algo muy bueno porque esto demuestra cómo nuestro país concita la atención de los demás países hermanos de las Américas”. Asimismo, Forsyth estimó que esta visita del conjunto de cancilleres enviados por la OEA pueda ayudar a que, “la situación política actual en nuestro país sea más llevadera”.

En efecto, se supone que la misión de la OEA buscará conversar con representantes del Poder Ejecutivo, Congreso de la República y actores de la sociedad civil, con la finalidad de escuchar a todas las partes involucradas y conocer la real situación de la crisis política que atraviesa el país para resguardar la democracia. Luego, elaborará un informe que será derivado al Consejo Permanente, que establecerá un periodo de diálogo con las partes involucradas para evitar que la crisis política se agudice. Tras ello, se adoptarán las medidas correspondientes para preservar el orden democrático. En otras palabras, la visita circunstancial de los cancilleres enviados por la OEA puede ser, hasta el momento, la conjunción de los buenos deseos de que las cosas mejoren en la órbita política peruana, pero nada más.

En esa línea, considerar que la gobernabilidad del país se ha hecho más difícil por la alta conflictividad entre los poderes públicos, como lo hace el relator Ralón, es simplemente desconocer los elementos básicos que dan forma a los problemas del sistema político peruano, porque es más que evidente que pensar que bajo el supuesto de la inexistencia de esa “conflictividad” las cosas irían mejor, es la manera de obviar la enorme debilidad sobre la que se busca equilibrar la democracia peruana.

Peor aún, creer que esta alta conflictividad entre instituciones ha provocado el desgaste de la agenda legislativa y formado sospechas sobre la autonomía de la justicia peruana, debilitando “la confianza en las instituciones públicas”, es literalmente tomar el rábano por las hojas. Sin abundar en detalles, no parece que en Perú exista o haya existido en el pasado próximo algo que podríamos denominar “agenda legislativa”, que alguna vez el Poder Judicial haya tenido algo de credibilidad o que hubo momentos en que la “confianza ciudadana” hacia las instituciones del Estado haya sido si no robusta, al menos aceptable.

 

desco Opina / 4 de noviembre de 2022

La OEA y su canto de cisne

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos - OEA se reunió en Lima y, como se esperaba, fue un acontecimiento inadvertido. No es secreto para nadie la profunda crisis del sistema hemisférico que aún está bajo la conducción de OEA. Su decrepitud se evidencia actualmente en la manera como trata el caso de Honduras. En efecto, siempre fue debatible la eficacia de los mandatos que emanan desde esta instancia, más aún cuando debió cumplir los roles protagónicos que le asignaba, en el papel, el diseño multilateral que se impulsó desde Washington para todo el continente, sobre la base del ALCA y la consolidación de la democracia electoral.

En tanto el ALCA pasó a mejor vida –dejando espacio para la formulación de los TLC– y las democracias continentales empezaron a multiplicar alternativas distantes de la óptica norteamericana, la preocupación ha empezado a centrarse, desde hace algunos años, en cómo instalar en el hemisferio, con lo poco que se tiene y la credibilidad cuesta abajo, algunos sentidos generales en el ámbito de la defensa y la seguridad. Por ello, la declaración final del referido evento, tuvo como eje estos asuntos.

En esa línea, debe traerse a colación la dirección que adquirió la política hemisférica cuando debió reorientar sus mecanismos de defensa y seguridad, en tanto la definición de campos que había propiciado la Guerra Fría, dejó de existir. A partir de ese momento, bajo el criterio de que «las democracias no se hacen la guerra» y al considerar que había desaparecido la amenaza mayor –«el comunismo internacional»– se asumió que podía liberarse recursos que se habían destinado a defensa y seguridad para aplicarlos a las tareas del desarrollo, dejando provisiones para prevenir y eventualmente enfrentar amenazas tales como el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros.

Estas tendencias cambiaron radicalmente, como se recuerda, luego de setiembre del 2001. La vaga definición de «terrorismo» que el entonces presidente Bush dio como argumento para definir al «nuevo enemigo», orientó los sentidos de la seguridad hemisférica, lo que se plasmaría desde Bridgetown, en junio del 2002, hacia adelante. Pero, habría que agregar que estos cambios empezaron a delinearse cuando en el contexto latinoamericano operaban variaciones sustanciales. Los cada vez más evidentes límites mostrados por el modelo que se auspiciaba desde Washington, dieron como resultado la instalación de gobiernos que intentan presentarse como alternativas ante la ausencia de resultados sociales, políticos y económicos del esquema imperante.

Una consecuencia de esta nueva realidad, empezó a plantear la posibilidad de nuevas formas de integración, que permitieran marcos más auspiciosos para hacer frente a la globalización. De esta manera, en la medida que las experiencias subregionales –como la CAN y MERCOSUR– manifestaron sus debilidades, emergió la posibilidad de integraciones más amplias. Así, empieza a plasmarse UNASUR, cuya novedad más importante radica en ser el primer intento al respecto, sin considerar a los Estados Unidos.

Dadas las cosas de esta manera, la denominada Declaración de Lima vuelve a mostrar los problemas de siempre; es decir, la manifestación de voluntades que son acompañadas de escasos instrumentos para plasmarlas en realidades. Más aún, si bien en los considerandos se estima que la seguridad es un componente importante para el desarrollo, en la parte resolutiva no puede identificarse siquiera un punto que formule la manera cómo ambas dimensiones pudieran integrarse.

De alguna forma, da la impresión de que la OEA no toma en cuenta sus dificultades estructurales y asume que el escenario actual sólo es pasible de algunos ajustes, cuando en realidad no es así. Son muchos los países que declaran abiertamente su desafecto hacia ella, otros comunican a través de sus acciones la poca expectativa que les genera e, incluso, hay países miembros a los que simplemente no les interesa mucho la promoción de la multilateralidad. En esa línea, no deja de ser loable el llamado para controlar armamentos, limitar las armas convencionales y evitar la proliferación de armas de destrucción en masa, en tanto estas acciones «permitirían dedicar un mayor número de recursos al desarrollo económico y social». Sin embargo, hay una frontera entre el deseo y la realidad. La OEA sabe bastante bien de esto y, por tanto, lo interesante será ver cómo lo declarativo se va a expresar en un Plan de Acción que, de otro lado, no repita el pobre resultado de otros por el estilo. La dificultad mayor reside en que una afirmación en ese sentido reafirma la premisa de que la defensa y la seguridad están reñidas con el desarrollo, cuando debieran ser componentes fundamentales de este último.

El documento reafirma esa preocupante tendencia que busca diluir los ámbitos de la seguridad interior, seguridad exterior y seguridad ciudadana, para compactarlos en un gran paquete, lo cual reafirma la militarización del Estado. Un ejemplo de esto es la desconcertante inclusión de la corrupción como «amenaza», no tanto por que no lo sea, y cómo, sino porque está en el mismo plano que el terrorismo, narcotráfico y otros, lo que conduciría a suponer que no está vinculada a la reforma profunda del aparato estatal y el establecimiento de equilibrios entre poder económico y político, sino circunscrita al sector Defensa.

En suma, la Declaración de Lima pareciera ser más de lo mismo, en escenarios cada vez más difíciles: la voluntad de hacer las cosas bien (desde la perspectiva estadounidense) y la nula capacidad de llevarlas a cabo. La decaída legitimidad de OEA potencia esta sensación.

desco Opina / 11 de junio de 2010

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