Presupuesto 2017: optimismo y continuismo

En este gobierno, además de Alfredo Thorne, hay tres ministros de Economía adicionales; tanto Zavala, Araoz y el mismo PPK han desempeñado el cargo en el pasado. No tenemos recuerdo de que eso haya sucedido antes en un primer gabinete. La primera indicación, vista la trayectoria de todos los involucrados, es que podemos esperar un manejo económico más bien conservador. ¿Por qué entonces el proyecto de presupuesto 2017 y el Marco Macroeconómico Multianual Revisado (MMMR) asumen escenarios optimistas cuando no hay fundamentos claros para hacerlo?

El monto total del presupuesto que se sustentará en el Congreso el 8 de setiembre asciende a S/ 142 mil millones es decir, unos S/ 4 mil millones más que el presupuesto 2016 y se mantiene centralista, como el mismo ministro Thorne reconoce. En efecto, 74% del total corresponde al Gobierno Central, 15% a los gobiernos regionales y 10.6% a los locales. Llaman la atención los montos para grandes obras específicamente en Lima, como los más de S/ 2 mil millones para la Línea 2 del Metro de Lima y los S/ 305 millones para mejorar la Línea 1. Dichos montos sumados son un sexto de lo que se asigna a los más de dos mil distritos y provincias en el Perú. Pocos cuestionan hoy la legitimidad de invertir ingentes cantidades en Lima, aun cuando pueda acentuar la diferencia con el resto del país.

La conocida propuesta de reducir el IGV para ayudar en la formalización de la economía ya experimentó algunos cambios y parece estar sujeta a mayor cautela. Si bien se espera lograr un balance entre bajar el impuesto y generar más transacciones en la economía ‘formal’, algunos analistas han calculado la caída en casi S/ 2900 millones y la recuperación en solo S/ 500. El resto debería salir de reducir la evasión tributaria pero es harto dudoso que esto se logre sin aumentar el déficit fiscal. Debemos recordar que, pese a ligeras recuperaciones en el precio de algunos metales, los años de precios altos de los minerales ya quedaron en el pasado.

Considerando todo aquello, el MMMR estima un crecimiento de 4.8%, por encima de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de Reserva. Al parecer el nombre del juego para PPK y compañía se llama ‘destrabar’. Hay S/ 18 mil millones en inversiones que se supone podrían jugar a favor de las proyecciones. PPK parece aprovechar su ‘empatía natural’ con el sector empresarial para generar un ‘shock’ de confianza que lleve a los actores privados a invertir a manos llenas, lo cual no necesariamente sucederá. El escenario es preocupante no para el próximo año o el 2018 sino después, cuando la locomotora de la minería se ralentice casi hasta la inmovilidad. ¿Qué tendrá que pasar para que los demás sectores cubran estos vacíos? Por lo pronto, parece que relajar estándares ambientales es un riesgo que, lamentablemente, el gobierno parece dispuesto a correr.

¿Y qué significa todo esto para las personas que no han llevado posgrados en Economía como los Ministros de PPK? La reducción del IGV en efecto debería apreciarse en una mayor capacidad de consumo relativo. Pero los pilares del Presupuesto del nuevo gobierno: agua y saneamiento, educación, salud y seguridad, no parecen asegurados por muchos años más. La inversión en Educación se enfocará en ampliar la jornada educativa en 400 instituciones y en creación de nuevos colegios de Alto Rendimiento. Los impulsos a la educación venían ya desde el gobierno pasado, aunque algunas voces se han pronunciado sobre la continuidad del manejo de la educación por tecnócratas. La brecha entre educación pública y privada, lamentablemente naturalizada en los discursos neoliberales, debe ser tema a abordarse también. En Salud casi no hay incremento entre el año pasado y éste.

En la cartera de Desarrollo e Inclusión hay mensajes enfocados en la eficiencia de los programas sociales que hacen temer que la Ministra Aljovín opte por eliminar algunos programas que han sido cruciales para proveer una red de protección a la población más vulnerable. Cabría preguntarse hasta qué punto la focalización, concebida como la única solución desde el razonamiento tecnocrático, no termina incrementando los costos de operación del MIDIS y si no nos conviene avanzar hacia esquemas universales de protección que, a la larga, tendrían el efecto de requerir «menos Estado», como ellos mismos reclaman.

El gobierno de PPK, en suma, se da el lujo de ser optimista –PPK ha dicho que la inversión depende de las expectativas en más de una oportunidad– aunque los resultados pareciera que van a ser notorios únicamente en agua y saneamiento, donde piensa invertir S/ 6032 millones. Acicateado por su fama como ‘destrabador’ y por gestos que han redundado en un buen «colchón» de aprobación ciudadana, el gobierno exhibe algún manejo político cuando propone frenar la rebaja del Impuesto a la Renta para las empresas efectuada por el gobierno pasado, para hacer que vuelva a 30%. Esta medida sí generará ingresos en el corto plazo y aleja a PPK de una imagen de gobierno a favor de los ricos. La sustentación del 8 de setiembre también será excelente oportunidad de evaluar cómo se posicionan las fuerzas políticas en el Parlamento, incluyendo al fujimorismo, que muy probablemente ceda a las presiones por un populismo menos liberal que el oficialista, lo cual podría terminar por jugarle en contra.

desco Opina / 5 de setiembre de 2016
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La OEA y su canto de cisne

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos - OEA se reunió en Lima y, como se esperaba, fue un acontecimiento inadvertido. No es secreto para nadie la profunda crisis del sistema hemisférico que aún está bajo la conducción de OEA. Su decrepitud se evidencia actualmente en la manera como trata el caso de Honduras. En efecto, siempre fue debatible la eficacia de los mandatos que emanan desde esta instancia, más aún cuando debió cumplir los roles protagónicos que le asignaba, en el papel, el diseño multilateral que se impulsó desde Washington para todo el continente, sobre la base del ALCA y la consolidación de la democracia electoral.

En tanto el ALCA pasó a mejor vida –dejando espacio para la formulación de los TLC– y las democracias continentales empezaron a multiplicar alternativas distantes de la óptica norteamericana, la preocupación ha empezado a centrarse, desde hace algunos años, en cómo instalar en el hemisferio, con lo poco que se tiene y la credibilidad cuesta abajo, algunos sentidos generales en el ámbito de la defensa y la seguridad. Por ello, la declaración final del referido evento, tuvo como eje estos asuntos.

En esa línea, debe traerse a colación la dirección que adquirió la política hemisférica cuando debió reorientar sus mecanismos de defensa y seguridad, en tanto la definición de campos que había propiciado la Guerra Fría, dejó de existir. A partir de ese momento, bajo el criterio de que «las democracias no se hacen la guerra» y al considerar que había desaparecido la amenaza mayor –«el comunismo internacional»– se asumió que podía liberarse recursos que se habían destinado a defensa y seguridad para aplicarlos a las tareas del desarrollo, dejando provisiones para prevenir y eventualmente enfrentar amenazas tales como el narcotráfico y el crimen organizado, entre otros.

Estas tendencias cambiaron radicalmente, como se recuerda, luego de setiembre del 2001. La vaga definición de «terrorismo» que el entonces presidente Bush dio como argumento para definir al «nuevo enemigo», orientó los sentidos de la seguridad hemisférica, lo que se plasmaría desde Bridgetown, en junio del 2002, hacia adelante. Pero, habría que agregar que estos cambios empezaron a delinearse cuando en el contexto latinoamericano operaban variaciones sustanciales. Los cada vez más evidentes límites mostrados por el modelo que se auspiciaba desde Washington, dieron como resultado la instalación de gobiernos que intentan presentarse como alternativas ante la ausencia de resultados sociales, políticos y económicos del esquema imperante.

Una consecuencia de esta nueva realidad, empezó a plantear la posibilidad de nuevas formas de integración, que permitieran marcos más auspiciosos para hacer frente a la globalización. De esta manera, en la medida que las experiencias subregionales –como la CAN y MERCOSUR– manifestaron sus debilidades, emergió la posibilidad de integraciones más amplias. Así, empieza a plasmarse UNASUR, cuya novedad más importante radica en ser el primer intento al respecto, sin considerar a los Estados Unidos.

Dadas las cosas de esta manera, la denominada Declaración de Lima vuelve a mostrar los problemas de siempre; es decir, la manifestación de voluntades que son acompañadas de escasos instrumentos para plasmarlas en realidades. Más aún, si bien en los considerandos se estima que la seguridad es un componente importante para el desarrollo, en la parte resolutiva no puede identificarse siquiera un punto que formule la manera cómo ambas dimensiones pudieran integrarse.

De alguna forma, da la impresión de que la OEA no toma en cuenta sus dificultades estructurales y asume que el escenario actual sólo es pasible de algunos ajustes, cuando en realidad no es así. Son muchos los países que declaran abiertamente su desafecto hacia ella, otros comunican a través de sus acciones la poca expectativa que les genera e, incluso, hay países miembros a los que simplemente no les interesa mucho la promoción de la multilateralidad. En esa línea, no deja de ser loable el llamado para controlar armamentos, limitar las armas convencionales y evitar la proliferación de armas de destrucción en masa, en tanto estas acciones «permitirían dedicar un mayor número de recursos al desarrollo económico y social». Sin embargo, hay una frontera entre el deseo y la realidad. La OEA sabe bastante bien de esto y, por tanto, lo interesante será ver cómo lo declarativo se va a expresar en un Plan de Acción que, de otro lado, no repita el pobre resultado de otros por el estilo. La dificultad mayor reside en que una afirmación en ese sentido reafirma la premisa de que la defensa y la seguridad están reñidas con el desarrollo, cuando debieran ser componentes fundamentales de este último.

El documento reafirma esa preocupante tendencia que busca diluir los ámbitos de la seguridad interior, seguridad exterior y seguridad ciudadana, para compactarlos en un gran paquete, lo cual reafirma la militarización del Estado. Un ejemplo de esto es la desconcertante inclusión de la corrupción como «amenaza», no tanto por que no lo sea, y cómo, sino porque está en el mismo plano que el terrorismo, narcotráfico y otros, lo que conduciría a suponer que no está vinculada a la reforma profunda del aparato estatal y el establecimiento de equilibrios entre poder económico y político, sino circunscrita al sector Defensa.

En suma, la Declaración de Lima pareciera ser más de lo mismo, en escenarios cada vez más difíciles: la voluntad de hacer las cosas bien (desde la perspectiva estadounidense) y la nula capacidad de llevarlas a cabo. La decaída legitimidad de OEA potencia esta sensación.

desco Opina / 11 de junio de 2010

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Qué bonita vecindad

El canciller de la República debió salir rápidamente a decir que no había nada de extraordinario en que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, notificara a Ecuador sobre su habilitación como declarante ante la demanda presentada por Perú, en el diferendo marítimo que sostiene con Chile. Lo mismo ha hecho con Colombia y la Comisión Permanente del Pacífico Sur.

En efecto, como señala el canciller García Belaúnde, son cuestiones estrictamente procedimentales y será Ecuador quien finalmente decida si acude o no a la cita. Sin embargo, eso bastó para que las alarmas se activaran en nuestro país y dio pie a que algunos diarios vieran casi una «invasión ecuatoriana» en lo que, al parecer, era una faena de rutina por parte de militares de ese país.

Lejos de la anécdota, lo cierto es que esta especie de ejercicio muy semejante a los recordados sicosociales que implementaba el autoritarismo fujimorista, pone en discusión el enorme mar de fondo que subyace en las maneras como el país está tratando su defensa y seguridad con los vecinos.

El hecho evidenció que luego de más de diez años de haberse firmado el Tratado de Paz con Ecuador y a pesar de las reiteradas declaraciones del presidente Correa respecto a que no hay una agenda pendiente con Perú, los temores subsisten y posiblemente haya mucho de razón. Por ahora, Ecuador está concentrado en los problemas fronterizos que mantiene con Colombia y, seguramente, lo último que pasa por los gobernantes de ese país es plantearle al Perú, entre otras cuestiones, el cumplimiento cabal de lo que se firmó en Itamaratí en 1998.

En relación a esto, la situación provocada por una «infidencia» de la prensa chilena –los procesos en La Haya deben ser reservados– y evidentemente monitoreada desde los altos círculos de ese país, ha dejado un mensaje muy claro. Ecuador ha sido un aliado histórico de Chile y, en esa línea, lo presiona para formular una situación fáctica que se contraponga a un probable fallo jurídico adverso a sus intereses. Recordemos sino, como tiempo atrás buscó comprometer a Bolivia en este asunto bilateral.

Al respecto, está claro que el escenario formado debería estar en el horizonte de probabilidades que maneja la Cancillería peruana. La duda que se instala es si esto es efectivamente así o estamos ante una diplomacia que está realmente sorprendida frente a las «revelaciones» de la prensa chilena.

En todo caso, llama a preocupación que esto ocurra cuando las evidencias de la inexistencia de una mínima coordinación entre Relaciones Exteriores y Defensa son bastante fuertes, a lo que debemos agregar la clara direccionalidad comercial que tiene la política exterior peruana, limitando severamente el planteamiento de una estrategia con los países vecinos en que se demuestren la defensa y la seguridad como componentes centrales.

En efecto, la centralidad en los aspectos comerciales de la política exterior peruana no ha permitido considerar en su exacta dimensión el hecho de que los Estados conducen intereses nacionales que van mucho más allá y, en esa línea, identifican amenazas y oportunidades en el desenvolvimiento de sus amigos y oponentes en otros planos. Así, está claro que para los gobernantes peruanos «las buenas relaciones» están midiéndose exclusivamente en la balanza comercial, dejando peligrosamente de lado aspectos fundamentales de la soberanía nacional en las relaciones con los vecinos.

Es lo que sucede cuando sin mayores preocupaciones dejamos que nuestros gobernantes apliquen un recetario sin los cuidados y precauciones que exigen los intereses nacionales. Lejos están los tiempos en que los esquemas hemisféricos consideraban que la defensa era un gasto innecesario, porque «las democracias no se hacen la guerra y el único regulador es el mercado libre». La realidad, como vemos todos los días, es otra. Es decir, el mercado también es una guerra que el Perú no sabe enfrentar. Allí están las inversiones chilenas en nuestro país para recordárnoslo cotidianamente.

desco Opina / 28 de mayo de 2010

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