El futuro gobierno: entre dilemas y desafíos

Creer que el ajustado triunfo de Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) cierra la crisis política del país es ingenuo o definitivamente interesado. En realidad, en medio de la continuidad de un orden que el partido naranja y la cuatro veces candidata fueron construyendo aplicadamente desde la elección de Pedro Castillo, asistimos al inicio de un nuevo momento del mismo, marcado por la débil legitimidad de la nueva mandataria, la continuidad de una polarización que viene creciendo desde el final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y un escenario de difícil gobernabilidad en el que conviven un Estado exánime y depredado, instituciones capturadas por el poder político y una sociedad fuertemente fragmentada y atravesada por distintos malestares y exclusiones, que profundizan su desconfianza en la política y los políticos.

La nueva presidenta llega al poder tras un proceso electoral intenso y disputado en el que las denuncias de fraude y las acusaciones atravesaron toda la campaña. Iniciadas por López Aliaga y Renovación Popular, repitiendo una práctica y un discurso que compartieron con Fujimori el 2021, finalmente fueron el refugio de Roberto Sánchez para enfrentar su derrota en la segunda vuelta. Con el 50,13% del sufragio válido y una diferencia de 49 641 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú (JPP) en una suerte de “déja vu” de las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular llega al poder en un país partido en mitades casi exactas. Su victoria fue la de la derecha que cerró filas atrás de ella en la segunda vuelta como no lo había hecho tan nítida y unánimemente en los tres procesos electorales anteriores, donde fue derrotada por Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo, sucesivamente.

Como es claro, más importante que la división electoral que aparece nítida, es la fractura profunda que combina las distancias entre ricos y pobres, entre una Lima percibida como abusiva y el resto del país, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnica y cultural y los diversos clivajes territoriales. El triunfo de Keiko introduce, además, un elemento no por simbólico menos significativo: el retorno del fujimorismo al poder 25 años después de la caída del dictador y fundador de la dinastía, Alberto Fujimori. Se trata de un apellido que, aunque su rechazo ha disminuido, sigue dividiendo al Perú entre apoyos decididos y resistencias igualmente intensas. Esa ambivalencia habla de una fortaleza y una debilidad. Le garantiza a la mandataria una base mínima relativamente sólida, pero también hace crecer un antifujimorismo que podría convertirse en movilización social.

En este escenario, el país está en compás de espera, aguardando los anuncios de la nueva mandataria sobre la conformación de su gabinete y las principales medidas para enfrentar los urgentes desafíos que tiene por delante, varios de los cuales tienen entre sus principales artífices a su actual representación parlamentaria. En la espera, constatamos que el nuevo gobierno tiene ya al frente la difícil tarea de responder a los intereses y presiones de sus distintas clientelas. De las históricas y las nuevas. El desfile de visitas, saludos y felicitaciones ya empezó. Los compañeros de Alfonso Ugarte, con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder a la cabeza, ya pasaron por la oficina presidencial de San Isidro, gestionando una cartera para Luis Carranza quien parece invertir en la misma desde el 2021, cuando también integró el equipo técnico naranja para los debates. Rivales hasta el 12 de abril, –Juan Sheput, Carlos Neuhaus y Rafael Belaunde–, circulan por los medios como ministeriables, mientras Daniel Barragán, recientemente elegido senador por el Partido Cívico Obras y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, conversa con Fuerza Popular la futura conducción del Parlamento.

No son los únicos. Desde los diversos sectores empresariales, algunos con cierto cuidado con las formas, otros, como el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sin ningún tapujo, multiplican saludos y felicitaciones y no olvidan los distintos pronunciamientos y declaraciones que hicieran a su favor y en contra de su competidor, las dos semanas previas a las elecciones. La mayoría de medios de comunicación nacionales que se dedicaron a demoler a JPP entre la primera y la segunda vuelta, hoy día se llenan de recomendaciones y consejos a la mandataria. Pero también desde algunos de los sectores que han arribado al Congreso, empiezan a sucederse cantos de sirena y voces interesadas que se distancian del discurso con el que llegaron.

La composición del próximo Gabinete podrá darnos una pista del futuro modelo de gobierno que resultará de las múltiples presiones que existen y de los apoyos que hay que reconocer. Un camino es el del exclusivo color naranja, combinando un ala tecnocrática y una social clientelar, priorizando y respondiendo a las presiones del partido y sus figuras, al estilo Fernando Rospigliosi. Uno segundo es un modelo en el que los sectores empresariales tienen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores productivos en sus manos, mientras el partido maneja los ministerios sociales. En ambos, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será indudablemente importante, a juzgar por las declaraciones de diversos voceros de FP. En cualquiera de los casos, la continuidad del orden actual no está en cuestión.

 

desco Opina / 10 de julio de 2026

CADE, el Estado ausente y la minería ilegal

 

El tira y afloja entre los mineros informales y el Estado y sus alianzas previas, han quedado en plena evidencia luego de la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

El plazo de registro de formalización minera, conocido como REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) culmina en este año y el Poder Ejecutivo pretendía cambiarlo por una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal, llamada Ley MAPE. Los mineros informales y los ilegales exigen ampliar el plazo y, mientras tanto, seguir laborando libremente –como lo hacen ahora– afectando seriamente el medio ambiente. El dictamen congresal flexible a los requerimientos de la minería informal aprobado aceptando por ley un plazo de seis meses y la posibilidad de ser renovado por Resoluciones Supremas a la culminación del plazo, les asegura su libre funcionamiento, además del apoyo político proveniente de este sector y probablemente un respaldo económico a esas fuerzas políticas que los defienden.

Que las familias serranas dejen sus chacras y ganado para dedicarse a otra actividad, que en este tiempo es crecientemente la minería ilegal dentro de un boom del oro y el cobre, está transformando las formas de subsistencia y hasta las costumbres campesinas en una ruta que para algunos produce que los pueblos enfermen de oro, abandonen sus animales y cultivos amenazados por una anunciada y larga sequía, para convertirse –como está ocurriendo– en nueva mano de obra explotada, ilegal e informal. Así, miles entran sin saberlo al servicio de mafias bien organizadas, y como se evidencia, con articulaciones cercanas al poder congresal, al de tráfico de minerales y de maderas, provocando, además, el deterioro ambiental de su propio entorno rural.

Con esas reglas juegan organizadamente los congresistas del bloque conservador y reaccionario, mientras sus “socios” en la calle presionan con múltiples movilizaciones y bloqueos de carreteras hasta en seis regiones del país. El agravamiento de la situación cae por su propio peso y pone en evidencia el juego de poder del fujimorismo, que viene por más. La ley Chlimper 2.0 ya aprobada por la Comisión Agraria del Congreso, otorgando amplias exoneraciones a las grandes empresas de agroexportación, la mayoría en manos de capitales extranjeros, para provocar un mayor enriquecimiento del sector rico más dinámico, en contra de la posibilidad de mayores recursos fiscales. Recursos ahora indispensables para atender las necesidades de la población vulnerable, invirtiendo en crear más trabajo para todas y todos y en darle atención a los temas del hambre, la inseguridad, la educación y la salud para todas las personas del campo y más de un centenar de ciudades que constituyen los centros de concentración poblacional muy desatendidos en sus necesidades básicas.

En medio de ese escenario que promete convulsiones sociales a futuro, la asesina delincuencia callejera de las bandas de extorsionadores escapa de las manos de ambos poderes del Estado. La coartada de acusar al Poder Judicial de dejar libres a los delincuentes ya no sirve como excusa ahora que, ampliado por 45 días el Estado de emergencia, rige sobre la tercera parte del territorio urbano de Lima Metropolitana. Mientras tanto, las extorsiones contra los pequeños negocios van en aumento, y el miedo se convierte en un nuevo negocio, atendiendo a las repercusiones de las recientes estadísticas del Sistema Informático de Denuncias Policiales.

Al mismo tiempo, asistimos a un deslucido CADE 2024 realizado en Arequipa, que con el lema “De la degradación a la reconstrucción de nuestro futuro”, tocó con distinta profundidad temas como la urgencia de retomar ritmo de crecimiento del pasado, la necesidad de mejorar las relaciones y reglas para el empleo y la inversión, así como la demanda indispensable de una reforma política e institucional que defienda los intereses nacionales de quienes se sienten identificados con las voces de CADE.

Ningún ministro de Estado se hizo presente para participar en el evento, y la Presidenta de la República o su Primer Ministro tampoco acudieron a esta invitación para la clausura del CADE Ejecutivos 2024 “De la Degradación a la Reconstrucción de Nuestro Futuro”, que se asume tradicionalmente como el encuentro empresarial más significativo del año.

Una situación en la cual las expectativas de los grupos de poder nacional son defraudadas por la ineficiencia pública, el desborde creciente de demandas que les afecta, sin que puedan hacer uso del Estado para controlar esas presiones, como siempre lo han hecho. Por eso no sorprende que la encuesta IPSOS CADE 2024 evidencie el amplio rechazo del empresariado con cifras de aceptación mínima, que sin duda repercutirán con fuerza en la confianza y el descrédito sobre el futuro de la inversión extranjera y nacional en nuestro país, pues muestran un clima empresarial harto pesimista en el que se agranda la inseguridad ciudadana que padecemos, y el temor al crecimiento de las protestas aparece en sus agendas. Al parecer, sienten que se roba sin hacer obra y que no se dispone de un rumbo u orientación. Expresan con razón, que el Estado no les aporta ninguna visión de futuro, lo que pone en duda nuestra capacidad nacional de responder, de tomar decisiones en medio de un Estado sin planes y solo listados de proyectos aislados unos de otros.

El reordenamiento planificado que ha emprendido desde fuera la más importante inversión extranjera china en el país, ya dice mucho de cómo se gobierna. El paso de la minería a la manufactura industrial en el Perú, será un derivado del efecto Chancay impulsado para atender los intereses comerciales asiáticos que, en este caso, son diferentes en varios aspectos a los de quienes piensan en el futuro de los peruanos y en asentarnos en una patria compartida por todas y todos, en el hogar que nos corresponde en el mundo como nación soberana.

Debemos saber qué queremos como nación y sociedad. Cuál es el proyecto que enarbolamos y, finalmente, qué nos une como peruanos. En un país que se descapitaliza peligrosamente de lo más valioso en una sociedad, sus jóvenes más comprometidos y capacitados, que al migrar evidencian que han dejado de creer en el futuro promisor del Perú.

 

desco Opina / 29 de noviembre de 2024

Salario mínimo: un impulso necesario y justo para la recuperación

 

Cada vez que se propone un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú, el debate público estalla como una tormenta. Desde el sector empleador, algunos de sus voceros, rápidamente alzan la voz, advirtiendo que cualquier aumento pondría en riesgo la recuperación económica del país. Del otro lado, el sector trabajador no deja de insistir en que la RMV debe ajustarse para cubrir el costo de la canasta básica familiar, una demanda largamente postergada que refleja la necesidad de justicia económica para los trabajadores de menores ingresos.

A pesar de la intensidad de estas posturas, lo cierto es que el debate sobre el salario mínimo debería darse en un espacio técnico, donde prevalezca el análisis riguroso y las cifras sirvan como base de las decisiones. Ese foro existe, es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), en particular, la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM). Es en este espacio donde se debe buscar el equilibrio entre las preocupaciones empresariales sobre los costos laborales y las legítimas demandas de los trabajadores por una remuneración digna.

En este contexto, el pleno del CNTPE encargó a la CEPSM, el 12 de agosto último, la tarea de evaluar la solicitud de incremento de la RMV, formulada en el discurso presidencial del 28 de julio. Se espera que la comisión concluya su trabajo hacia mediados de octubre y comunique sus conclusiones al Poder Ejecutivo, quien finalmente tomará una decisión. No obstante, este debate no debería terminar ahí. El reto mayor radica en avanzar hacia la institucionalización de un proceso que permita reajustes periódicos y predecibles de la RMV, evitando que éste se convierta en una disputa sujeta a los vaivenes políticos o a la presión coyuntural. Consolidar un mecanismo transparente y sostenible para futuros reajustes será clave para garantizar la estabilidad económica, como la equidad social.

La discusión sobre el aumento de la RMV se enmarca en un contexto económico relativamente favorable. En los últimos seis meses, Perú ha mostrado una tasa de crecimiento cercana al 3%, lo que indica cierta recuperación después de un período de inestabilidad global. Este crecimiento otorga alguna capacidad al mercado laboral para absorber un aumento en la RMV sin que comprometa la competitividad o cause un impacto negativo en la creación de empleos formales.

Una de las cuestiones centrales a evaluar a favor de un incremento de la RMV, es la mejora en las condiciones del mercado laboral. La tasa de desempleo ha disminuido en los últimos dos años, lo que sugiere que el mercado tiene capacidad para generar empleo y absorber un aumento en los costos laborales. Además, la informalidad, que ha sido una barrera histórica para el desarrollo económico en Perú, ha caído en 1.6 puntos porcentuales en los últimos doce meses, lo que representa una mejora en la calidad del empleo. Esta reducción, también refuerza la idea de que un incremento de la RMV podría ayudar a consolidar la formalización de más trabajadores.

Adicionalmente, cabe destacar que la relación entre la RMV y el salario medio ha disminuido, tanto en el mercado laboral en su conjunto, como en el empleo formal. Esto significa que el salario mínimo ha perdido terreno frente a los salarios promedio, lo que ejerce presión social y económica para que se ajuste de manera que mantenga su poder adquisitivo y cumpla con los estándares de equidad que promueve la Constitución.

Por último, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo del salario mínimo en más de 9% desde el último incremento producido en mayo de 2022. Este deterioro afecta principalmente a los trabajadores y sus familias que dependen de la RMV para subsistir. Por tanto, un aumento no sólo es necesario desde el punto de vista económico, sino también social, para garantizar que los trabajadores puedan hacer frente al incremento en los costos de vida.

Sin embargo, no todos los indicadores socioeconómicos son tan alentadores. Un componente necesario para justificar un aumento de la RMV es la productividad multifactorial, que no ha mostrado avances, sino por el contrario, retrocesos en los últimos años. La informalidad sigue siendo masiva y, por tanto, se constituye en un obstáculo para mejorar la productividad, ya que una gran parte de la fuerza laboral no tiene acceso a capacitación o tecnología. Además, aún falta una recuperación significativa de la inversión privada en sectores de valor agregado y del consumo, lo que limita el dinamismo económico general. Es posible que el aumento de la RMV contribuya a la recuperación del consumo, pero serán necesarias también, políticas que apunten a mejorar el capital humano de los trabajadores y el clima de confianza para reactivar la inversión privada.

Para concluir, el aumento de la RMV, más allá de las tensiones que genera en el debate público, debe seguir discutiéndose en el marco institucional del CNTPE, con el rigor técnico que amerita. Como ya se ha explicado, el verdadero desafío, además de subir el salario mínimo antes de fin de año, es el de garantizar que este proceso se institucionalice en una norma y se maneje de forma predecible, protegiendo tanto a los trabajadores como al desarrollo económico del país. De esta manera, el proceso se alineará mejor con el mandato constitucional de garantizar una remuneración equitativa y suficiente para los trabajadores y un desarrollo sostenible.

 

 

desco Opina – Regional / 27 de setiembre de 2024