El futuro gobierno: entre dilemas y desafíos

Creer que el ajustado triunfo de Keiko Fujimori y Fuerza Popular (FP) cierra la crisis política del país es ingenuo o definitivamente interesado. En realidad, en medio de la continuidad de un orden que el partido naranja y la cuatro veces candidata fueron construyendo aplicadamente desde la elección de Pedro Castillo, asistimos al inicio de un nuevo momento del mismo, marcado por la débil legitimidad de la nueva mandataria, la continuidad de una polarización que viene creciendo desde el final del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y un escenario de difícil gobernabilidad en el que conviven un Estado exánime y depredado, instituciones capturadas por el poder político y una sociedad fuertemente fragmentada y atravesada por distintos malestares y exclusiones, que profundizan su desconfianza en la política y los políticos.

La nueva presidenta llega al poder tras un proceso electoral intenso y disputado en el que las denuncias de fraude y las acusaciones atravesaron toda la campaña. Iniciadas por López Aliaga y Renovación Popular, repitiendo una práctica y un discurso que compartieron con Fujimori el 2021, finalmente fueron el refugio de Roberto Sánchez para enfrentar su derrota en la segunda vuelta. Con el 50,13% del sufragio válido y una diferencia de 49 641 votos sobre el candidato de Juntos por el Perú (JPP) en una suerte de “déja vu” de las elecciones del 2021, la lideresa de Fuerza Popular llega al poder en un país partido en mitades casi exactas. Su victoria fue la de la derecha que cerró filas atrás de ella en la segunda vuelta como no lo había hecho tan nítida y unánimemente en los tres procesos electorales anteriores, donde fue derrotada por Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo, sucesivamente.

Como es claro, más importante que la división electoral que aparece nítida, es la fractura profunda que combina las distancias entre ricos y pobres, entre una Lima percibida como abusiva y el resto del país, entre lo urbano y lo rural, además de la notoria distancia étnica y cultural y los diversos clivajes territoriales. El triunfo de Keiko introduce, además, un elemento no por simbólico menos significativo: el retorno del fujimorismo al poder 25 años después de la caída del dictador y fundador de la dinastía, Alberto Fujimori. Se trata de un apellido que, aunque su rechazo ha disminuido, sigue dividiendo al Perú entre apoyos decididos y resistencias igualmente intensas. Esa ambivalencia habla de una fortaleza y una debilidad. Le garantiza a la mandataria una base mínima relativamente sólida, pero también hace crecer un antifujimorismo que podría convertirse en movilización social.

En este escenario, el país está en compás de espera, aguardando los anuncios de la nueva mandataria sobre la conformación de su gabinete y las principales medidas para enfrentar los urgentes desafíos que tiene por delante, varios de los cuales tienen entre sus principales artífices a su actual representación parlamentaria. En la espera, constatamos que el nuevo gobierno tiene ya al frente la difícil tarea de responder a los intereses y presiones de sus distintas clientelas. De las históricas y las nuevas. El desfile de visitas, saludos y felicitaciones ya empezó. Los compañeros de Alfonso Ugarte, con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder a la cabeza, ya pasaron por la oficina presidencial de San Isidro, gestionando una cartera para Luis Carranza quien parece invertir en la misma desde el 2021, cuando también integró el equipo técnico naranja para los debates. Rivales hasta el 12 de abril, –Juan Sheput, Carlos Neuhaus y Rafael Belaunde–, circulan por los medios como ministeriables, mientras Daniel Barragán, recientemente elegido senador por el Partido Cívico Obras y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, conversa con Fuerza Popular la futura conducción del Parlamento.

No son los únicos. Desde los diversos sectores empresariales, algunos con cierto cuidado con las formas, otros, como el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, sin ningún tapujo, multiplican saludos y felicitaciones y no olvidan los distintos pronunciamientos y declaraciones que hicieran a su favor y en contra de su competidor, las dos semanas previas a las elecciones. La mayoría de medios de comunicación nacionales que se dedicaron a demoler a JPP entre la primera y la segunda vuelta, hoy día se llenan de recomendaciones y consejos a la mandataria. Pero también desde algunos de los sectores que han arribado al Congreso, empiezan a sucederse cantos de sirena y voces interesadas que se distancian del discurso con el que llegaron.

La composición del próximo Gabinete podrá darnos una pista del futuro modelo de gobierno que resultará de las múltiples presiones que existen y de los apoyos que hay que reconocer. Un camino es el del exclusivo color naranja, combinando un ala tecnocrática y una social clientelar, priorizando y respondiendo a las presiones del partido y sus figuras, al estilo Fernando Rospigliosi. Uno segundo es un modelo en el que los sectores empresariales tienen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores productivos en sus manos, mientras el partido maneja los ministerios sociales. En ambos, la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será indudablemente importante, a juzgar por las declaraciones de diversos voceros de FP. En cualquiera de los casos, la continuidad del orden actual no está en cuestión.

 

desco Opina / 10 de julio de 2026

El espectáculo del cinismo

 

La política peruana, una vez más, nos ofrece un lastimoso espectáculo donde el cinismo compite con la irresponsabilidad. La amenaza de negación de la confianza al Gabinete encabezado por la señora Miralles –y el clima político que terminó precipitando su renuncia–, revelan hasta qué punto el Congreso ha decidido jugar con la estabilidad del país, como si se tratara de una pieza más en su tablero de cálculo político. El rumor de una negación de confianza fue suficiente para generar rápidamente una crisis de Gabinete, sin que mediara ningún debate serio sobre políticas públicas o sobre el rumbo del gobierno en los cuatro meses que le quedan. Bastó el cálculo frío de los integrantes del pacto corrupto guiados por sus intereses particulares.

Hoy, la negación de confianza no es en la práctica un mecanismo constitucional útil para equilibrar poderes o exigir responsabilidad política al Ejecutivo, sino una herramienta para producir desgaste, forzar reacomodos y mantener al gobierno en un estado de fragilidad constante. En ese contexto, la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros –resultado de un clima político deliberadamente alimentado desde el Parlamento– es un síntoma más de la normalización de la inestabilidad como forma de hacer política.

Renuncia, hay que decirlo, que siguió a la comunicación firmada por el Secretario de Palacio, quien por encargo del Presidente, le agradecía por sus servicios; Balcázar, con el estilo sinuoso que lo caracterizó desde su aparición en el Congreso, sacrificó a Miralles y a unos pocos ministros más, para evitarse una posible derrota y recomponer las componendas que lo instalaron en la Plaza de Armas.

La conformación del nuevo Gabinete, encabezado por Luis Arroyo Sánchez, un general retirado que ocupaba el Ministerio de Defensa, se recibe con una mezcla de indiferencia y escepticismo. La pregunta sobre si el Congreso le otorgará o no la confianza parece menos importante que el espectáculo mismo del proceso. Para buena parte de la clase política parlamentaria que soportamos, lo fundamental no es la gobernabilidad ni la continuidad de la administración pública, sino la capacidad de marcar distancia del gobierno cuando conviene y, al mismo tiempo, influir en él cuando resulta útil.

Ese doble juego es evidente en el comportamiento de las principales bancadas que hoy dominan el Parlamento: Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre, Avanza País y los pequeños grupos parlamentarios que orbitan a su alrededor. Todas estas fuerzas políticas han participado, de una u otra forma, en la dinámica que ha sostenido al actual gobierno, continuidad del repudiado régimen de Dina Boluarte, que siguió a la caída de Pedro Castillo. Sin embargo, luego del espectáculo vergonzoso que fue la gestión del inefable Jerí en la Presidencia, ahora pretenden presentarse ante la opinión pública como actores externos, como observadores críticos de un escenario del cual en realidad han sido los protagonistas y únicos gestores.

La distancia que intentan marcar resulta imposible de sostener frente a los hechos. El Congreso no es un actor marginal en la actual configuración del poder político en el país. Por el contrario, ha sido uno de sus principales arquitectos. La continuidad del gobierno, las decisiones clave en materia institucional y la supervivencia misma de la actual administración han dependido en buena medida de acuerdos tácitos, convergencias circunstanciales y cálculos compartidos entre el Ejecutivo y las bancadas parlamentarias que se sumaron al pacto corrupto. Pretender ahora que el deterioro de la situación política es responsabilidad exclusiva del gobierno, constituye, en el mejor de los casos, un ejercicio de amnesia selectiva.

Este intento –vano y fallido– de reescribir la realidad política tiene un objetivo claro: preservar el que creen su capital político ante una ciudadanía profundamente desencantada. Las encuestas muestran niveles históricamente bajos de confianza tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. En ese contexto, cada bancada busca posicionarse como crítica del gobierno sin renunciar a los beneficios que le ha otorgado la correlación actual de fuerzas. Es un ejercicio de equilibrio precario, pero, sobre todo, extremadamente cínico.

El problema es que, mientras esos actores se concentran en sus estrategias de supervivencia electoral, el país enfrenta problemas urgentes que requieren atención y liderazgo. La inseguridad ciudadana, la desaceleración económica, las tensiones sociales y la persistente debilidad institucional no desaparecen porque el sistema político se encuentre atrapado en su propia dinámica de confrontación calculada. Por el contrario, se agravan.

Sin duda, la política democrática requiere conflicto, debate y control entre poderes. Pero también un mínimo de responsabilidad compartida respecto al funcionamiento del Estado. Cuando el Congreso convierte la amenaza de crisis en una rutina y los partidos que lo dominan buscan simultáneamente ejercer poder y negar su responsabilidad en las consecuencias, el sistema entero se degrada.

El espectáculo del cinismo que hoy observamos no es solo un problema de estilo o de retórica. Es un asunto de fondo que ya ha deteriorado la credibilidad de las instituciones y profundiza la distancia entre la ciudadanía y quienes la representan. Y mientras ese espectáculo continúe, lo que seguirá en veremos no será únicamente la confianza al segundo Gabinete de un Presidente con apenas un mes en el cargo, sino la confianza de los peruanos en nuestro propio sistema político. Los votos mayoritarios seguramente lo expresarán así el próximo abril.

 

desco Opina / 20 de marzo de 2026