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El gas para el sur


En medio del ruido mediático por las denuncias de corrupción en el Poder Judicial y por el caso Odebrecht, el Gasoducto Sur se ha posicionado nuevamente en la agenda nacional, y no precisamente por alguna decisión del Gobierno Nacional, sino por la iniciativa de dos gobernadores regionales: Walter Aduviri (Puno) y Zenón Cuevas (Moquegua), quienes se aventuraron a solicitar una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para tratar temas de interés de la denominada megarregión continental; entre ellos, el abastecimiento del sur con gas boliviano.
Esta reunión puso en alerta al Gobierno Nacional, que prontamente envió una misión ministerial para tratar el tema del gas de Estado a Estado, pues su importación no pasa por una decisión de política regional, sino de nivel nacional. A pocos días de esta reunión, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara Dodds, les desinfló el globo a los gobernadores del sur, asegurando que la masificación del gas es prioridad del Gobierno, pero "solo con el gas peruano".
Al margen de lo que suceda hacia adelante con Bolivia –pues habrá otra reunión bilateral a nivel de viceministros, en la ciudad de Lima, en febrero–, hay que reconocer que la iniciativa de los gobernadores del sur ha respondido a una demanda de la población de la Macro Región Sur, que viene siendo «mecida» hace varios años con el proyecto del Gasoducto Sur Andino, después denominado Gasoducto Sur Peruano y ahora, Sistema Integrado de Transporte de Gas. Al respecto, el Ministerio de Energía y Minas está decidiendo sobre un nuevo trazo del ducto, sin que nuevamente, medie ninguna consulta a los gobernadores del sur, ni una definición clara sobre si el nuevo diseño del proyecto incluirá la petroquímica. Tampoco hay información respecto al estado de la infraestructura (avance del gasoducto) que quedó instalada, luego de la anulación del contrato al concesionario de la obra, donde Odebrecht figuraba como socio mayoritario del consorcio que la ejecutaba.
Tras la paralización del gasoducto, el Gobierno anunció el proyecto de distribución de gas “Siete Regiones”, para masificar su uso en la zona centro sur (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali). El cronograma de adjudicación de este proyecto también se ha ido dilatando, inicialmente se dijo que sería en mayo del 2018, luego en el tercer trimestre de ese año y posteriormente, en el 2019, sin precisar el mes. Lo único claro desde el Gobierno, respecto al proyecto, es que esta infraestructura de energía será alimentada por gas peruano.
Actualmente, tres distritos de Arequipa ya cuentan con el servicio de gas domiciliario que es suministrado por dos plantas de gas, que a su vez son abastecidas por camiones cisterna. La concesión es para ocho distritos y la empresa Naturgy (antes Fenosa), está a cargo de la distribución de gas natural (la instalación de conexiones domiciliarias), lo mismo se proyecta para Ilo, Moquegua y Tacna, bajo la misma modalidad. La empresa tiene como meta instalar 40 162 conexiones de gas natural en la región y 64 000 en el suroeste del país.
El Gasoducto Sur Andino, lo reiteramos, es vital para el desarrollo de la Macro Región Sur, por lo pronto abarataría los costos del gas domiciliario ya instalado y luego, con el desarrollo de la industria petroquímica, se podrá avanzar en la tan anhelada diversificación productiva, que hasta el momento no pasa de ser una declaración. Por otro lado, el interés de exportación del gas boliviano por Moquegua es estratégico para el sur, pues permitiría la repotenciación del Puerto de Ilo, por ello nos parece importante que el Gobierno Nacional facilite la ejecución de este proyecto boliviano. Queda en el tintero volver sobre el contrato vigente de exportación del gas de Camisea, y revisar el costo de la molécula de gas peruano para la exportación, un negociado donde el Perú viene perdiendo muchísimo dinero. Señor Presidente, hay mucho por hacer.


desco Opina - Regional / 25 de enero de 2019
Programa Regional Sur - descosur

Un verano agitado


El 2019 empezó con la misma intensidad con la que concluyó el año anterior. La torpe decisión de retirar a los fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato, le costó finalmente el cargo al exfiscal Pedro Chávarry. Seguramente entusiasmado por las curiosas declaraciones del presidente Vizcarra tomando distancia de la negociación con Odebrecht, acicateado por Alan García, al que se le viene la noche en el caso de marras, no calculó la reacción de la calle, que el propio 31 de diciembre, inició su movilización. El mandatario –en ese momento en Brasil para la juramentación de Bolsonaro– evidenció su olfato y volvió rápidamente al país para encabezar las presiones al hoy extitular del Ministerio Público y presentar apuradamente una propuesta de reforma de dicha institución, que tenía poca reflexión y algunos problemas de constitucionalidad.
En paralelo, las disputas en el Congreso de la República, luego de que a fines de diciembre, Daniel Salaverry autorizara el registro de nuevas bancadas ordenado por un fallo del Tribunal Constitucional, continuaron y subieron de decibeles. El fujimorismo keikista amagó con la censura del presidente del Legislativo, quien finalmente renunció a la bancada y fue seguido por varios otros inconformes. Reducida a 53 miembros, la otrora aplanadora naranja se vio obligada a retroceder, evidenciando una vez más, su falta de estrategia y orden, agravada por la prisión preventiva de su lideresa. Así, a los primeros días de enero, doble victoria del mandatario: Chávarry tuvo que renunciar al quedarse sin respaldo en la Junta de Fiscales y el Presidente del Congreso, con el que parece desarrollar un entendimiento, se queda en el cargo. Un «gana-gana» de corto plazo que se ve en las encuestas recientes: la aprobación presidencial llega a 66% y la de Salaverry asciende sorprendentemente por encima del 30%.
Es obvio, sin embargo, que estamos aún bastante lejos de encontrar una luz al final del túnel, y que el fujimorismo y el APRA –como lo vienen demostrando cotidianamente– mantienen una cuota de poder y una capacidad de acción significativas. Su poder institucional –Congreso de la República, Ministerio Público, Poder Judicial– se ha visto mellado, pero no ha desaparecido. Con la cuota que conservan, pero también ayudados por los errores de sus oponentes, parece que acaban de poner en suspenso, por lo menos retrasar, el «caso de los cocteles del fujimorismo», retirando al juez del caso. Mantienen una relación y una presencia intensa en varios de los medios de comunicación y todo indica que, con el concurso de algunos de ellos, su estrategia de ataque pretende «descubrir» los vínculos de Vizcarra con la corrupción, además de poner en evidencia las limitaciones de gestión de su gobierno. Todo con el afán de neutralizar el caso Lava Jato. El cargamontón de los últimos días, así lo demuestra. El «descubrimiento» de los vínculos comerciales de la empresa familiar del Presidente con Odebrecht, una década atrás, lo asemejaría a todos los expresidentes acusados por corrupción.
En este escenario, la política en la escena oficial se mantiene móvil y llena de acuerdos puntuales y coyunturales. No es, como quieren creer algunos, uno en el que se vayan dibujando coaliciones con el 2021 como horizonte, porque para buena parte de nuestra clase política, el futuro termina el fin de semana. De esta manera, muchos de quienes respaldaron al Ejecutivo en su apuesta por el referéndum o en su enfrentamiento con Chávarry, marcharon esta semana contra el Plan de Competitividad y la pretensión de nuevos cambios en materia laboral, mientras que otros, que comparan frecuentemente a Martín Vizcarra con el venezolano Chávez, aprueban y defienden la desafortunada política de Torre Tagle en esta materia.
En el corto plazo, esos acuerdos puntuales serán cruciales en un Congreso que tiene que asegurar la selección de la denominada Junta Nacional de Justicia, pieza indispensable para la limpieza y reforma que se pretende en el sector y que además, mantiene una cierta capacidad de retrasar los procesos judiciales a la corrupción, así como la posibilidad de aprobar leyes proempresariales o populistas. En ese proceso, el Ejecutivo, todo lo indica, sigue ganando tiempo y mantiene la buena disposición de la calle. Como hemos sostenido antes, la misma no es un cheque en blanco.


desco Opina / 18 de enero de 2019

sábado

Aterricemos, señor gobernador


Cuando se inicia una nueva gestión, siempre se espera que quien asume el cargo envíe un mensaje conciliador que cierre las heridas de la campaña electoral para permitir la tranquilidad que asegure un clima políticamente favorable para los primeros meses de gobierno. Vladimir Cerrón rompió las reglas de este supuesto protocolo al proclamar públicamente, que retomará su iniciativa de gestionar la construcción de un nuevo aeropuerto para el valle del Mantaro, la misma que durante su primer período al frente del Gobierno Regional de Junín (2011-2014) recibió el rechazo y la movilización de la provincia de Jauja, cuyo saldo social sangriento fue de un muerto, cuarenta y tres heridos y muchos detenidos. Esta propuesta fue sorpresiva, pues no fue levantada durante su campaña; sin embargo, en su programa de gobierno, se contempla la «Creación, culminación y mejoramiento de infraestructuras aeroportuarias en Junín», obra proyectada para el III trimestre de 2020 mediante inversión privada.
Si bien es cierto electoralmente, Jauja no ha sido generosa con Cerrón, ello no significa que desde el inicio de su gestión aliente más las enemistades políticas, sobre todo tomando en cuenta que ya en febrero del 2012 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, le dijo NO al proyecto de aeropuerto en Orcotuna; por lo que no llega a entenderse qué intereses subalternos motivan la voluntad de Cerrón al insistir con una propuesta que encienda la pradera con nueva conflictividad social.
El aeropuerto de Jauja recibe vuelos desde la ciudad de Lima e incluso hay dos nuevas líneas aéreas con autorización para operar a este destino y siendo honestos, es una plaza que requiere ser comercialmente mejorada para lograr su mejor aprovechamiento. Sin embargo, nada indica que un nuevo aeropuerto en el valle del Mantaro tenga mejor tráfico.
En julio del 2017, PPK inauguró las obras de remodelación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Francisco Carlé (Jauja) a un costo de 18 millones de soles, que permitirían que aeronaves de mayor capacidad lo utilicen (hasta120 asientos). Esto mostró que el MTC no tiene la intención de promover la construcción de un nuevo aeropuerto a menos de 30 kilómetros de distancia del actual. Por el contrario, el MTC tiene en su cartera de inversiones la modernización del actual a través de la modalidad de Iniciativa Privada (IP), un tipo de asociación público privada (APP). Así, el 31 de diciembre último, el MTC publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, abriendo una ventana que permitirá la presentación de iniciativas del sector privado para la construcción del tercer grupo de aeropuertos regionales, que incluye, entre otros, el terminal aéreo de Jauja.
La propuesta de Cerrón aspira a un terminal aéreo con capacidad de atender vuelos internacionales, pero el perfil elaborado durante su gestión en 2012, no habría sido sustentado adecuadamente. Quienes argumentan que para asegurar la competitividad regional se requiere más de un aeropuerto, olvidan que Junín no es sólo el valle del Mantaro; en cuyo caso, sería preferible impulsar la mejora del aeroparque de Mazamari en Satipo, zona selvática de la región que sufre de una débil conectividad con los mercados.
Aunque los colectivos sociales de Jauja aún no se han pronunciado sobre el tenor del discurso de toma de posesión de Cerrón, es de esperarse que no se quedarán con los brazos cruzados y que las movilizaciones y los manifiestos no serán nada amigables para con él. Así las cosas, sería más sensato que la voluntad del Gobernador Regional aterrice en resolver los verdaderos problemas de Junín que no son pocos, y dentro de los cuales no debemos olvidar la culminación del Puente Comuneros, obra que en su primera gestión estuvo envuelta en serios cuestionamientos de corrupción, pero que costó muchos millones de soles, los cuales aún no han sido puestos al servicio de los pobladores. Finalmente, propuestas como la del polémico aeropuerto, que refuerzan la tradicional rivalidad Jauja-Huancayo, debieran estudiarse con sumo cuidado, pues un gobernador con visión política debe abocarse –antes que a dividir– a integrar esfuerzos e intereses en su región.

desco Opina - Regional / 11 de enero de 2019
Programa Regional Centro - descocentro