En medio del ruido mediático por las
denuncias de corrupción en el Poder Judicial y por el caso Odebrecht, el
Gasoducto Sur se ha posicionado nuevamente en la agenda nacional, y no
precisamente por alguna decisión del Gobierno Nacional, sino por la iniciativa
de dos gobernadores regionales: Walter Aduviri (Puno) y Zenón Cuevas
(Moquegua), quienes se aventuraron a solicitar una reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para tratar
temas de interés de la denominada megarregión continental; entre ellos, el abastecimiento del sur con gas
boliviano.
Esta reunión puso en alerta al Gobierno
Nacional, que prontamente envió una misión ministerial para tratar el tema del gas de Estado a Estado, pues su importación
no pasa por una decisión de política regional, sino de nivel nacional. A pocos
días de esta reunión, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Guevara Dodds, les
desinfló el globo a los gobernadores del sur, asegurando que la masificación del gas es prioridad del Gobierno, pero "solo con el gas peruano".
Al margen de lo que suceda hacia
adelante con Bolivia –pues habrá otra reunión bilateral a nivel de
viceministros, en la ciudad de Lima, en febrero–, hay que reconocer que la
iniciativa de los gobernadores del sur ha respondido a una demanda de la
población de la Macro Región Sur, que viene siendo «mecida» hace varios años
con el proyecto del Gasoducto Sur Andino, después denominado Gasoducto Sur
Peruano y ahora, Sistema Integrado de Transporte de Gas. Al respecto, el Ministerio de Energía
y Minas está decidiendo sobre un
nuevo trazo del ducto, sin que nuevamente, medie ninguna consulta a
los gobernadores del sur, ni una definición clara sobre si el nuevo diseño del
proyecto incluirá la petroquímica. Tampoco hay información respecto al estado de la infraestructura (avance del gasoducto) que quedó instalada, luego
de la anulación del contrato al concesionario de la obra, donde Odebrecht
figuraba como socio mayoritario del consorcio que la ejecutaba.
Tras la paralización del gasoducto, el Gobierno
anunció el proyecto de distribución de gas “Siete Regiones”, para masificar su uso en la zona centro sur (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y
Ucayali). El cronograma de
adjudicación de este proyecto también se ha ido dilatando, inicialmente se dijo
que sería en mayo del 2018, luego en el tercer trimestre de ese año y
posteriormente, en el 2019, sin precisar el mes. Lo único claro desde el Gobierno,
respecto al proyecto, es que esta infraestructura de energía será alimentada
por gas peruano.
Actualmente, tres distritos de Arequipa
ya cuentan con el servicio de gas domiciliario que es suministrado por dos
plantas de gas, que a su vez son abastecidas por camiones cisterna. La
concesión es para ocho distritos y la empresa Naturgy (antes Fenosa), está a
cargo de la distribución de gas natural (la instalación de conexiones
domiciliarias), lo mismo se proyecta para Ilo, Moquegua y Tacna, bajo la misma
modalidad. La empresa tiene como meta instalar 40 162 conexiones de gas natural en
la región y 64 000 en el suroeste del país.
El Gasoducto Sur Andino, lo reiteramos,
es vital para el desarrollo de la Macro Región Sur, por lo pronto abarataría
los costos del gas domiciliario ya instalado y luego, con el desarrollo de la
industria petroquímica, se podrá avanzar en la tan anhelada diversificación
productiva, que hasta el momento no pasa de ser una declaración. Por otro lado,
el interés de exportación del gas boliviano por Moquegua es estratégico para el
sur, pues permitiría la repotenciación del Puerto de Ilo, por ello nos parece
importante que el Gobierno Nacional facilite la ejecución de este proyecto
boliviano. Queda en el tintero volver sobre el contrato vigente de exportación
del gas de Camisea, y revisar el costo de la molécula de gas peruano para la
exportación, un negociado donde el Perú viene perdiendo muchísimo dinero. Señor Presidente,
hay mucho por hacer.
desco Opina - Regional / 25 de
enero de 2019
Programa Regional Sur
- descosur