viernes

Más allá del desastre ecológico de La Pampilla

 

El sábado 15 en la noche se produjo lo que parece ser uno de los mayores derrames de petróleo en nuestra historia. La versión inicial de Repsol, la empresa involucrada, hablaba de un lamentable accidente en el que se habría producido un derrame de 0.16 barriles de crudo en el proceso de descarga en la Refinería La Pampilla como consecuencia de oleajes anómalos, resultado de la erupción de un volcán submarino en Tonga. Con el paso de las horas y los días se evidenció que se trataba de una catástrofe ambiental causada por la negligencia y la incompetencia de la empresa española. Más de 6000 barriles del hidrocarburo destruyendo la vida en el océano, un impacto directo de larga duración en más de 180 hectáreas de suelo en nuestro litoral y más de 713 hectáreas en el mar y la vida diaria de miles de personas que viven de los recursos afectados, son apenas algunos de los datos del daño causado.

El impacto de la noticia ante la opinión pública y la indignación generada por aquella han sido crecientes. La inaceptable y mentirosa versión de la empresa que se demoró cuatro días en reconocer que eran 6000 los barriles vertidos, así como su incapacidad para responder de inmediato al derrame causado, obligaron a muchos de los medios que inicialmente no la mencionaban, a poner los reflectores sobre ella. La ubicación del desastre en la costa limeña, además de su magnitud y dimensión, con el mar cubierto por manchas de petróleo que avanzan desde Ventanilla hacia el norte, habiendo superado ya Chancay, explican también la resonancia de una tragedia que se repite con más frecuencia de la que se cree. Como se ha recordado recientemente, entre el 2000 y 2019 se han producido 474 derrames de petróleo, los más de ellos en la Amazonía, mientras desde el inicio de la pandemia se han sucedido 14, antes de éste.

Con el paso de los días, los especialistas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fueron desarmando las versiones iniciales: el derrame de petróleo se habría ocasionado por la ruptura de la conexión entre el tanquero Mare Doricum y el terminal multiboyas N° 2. Los testimonios de distintos deportistas náuticos que estuvieron en la zona al momento del derrame, así como del propio capitán del barco tanquero, demuestran la inexistencia de oleaje irregular.

Todo indica que la empresa buscó eludir su responsabilidad desde el primer momento; no tuvieron los sistemas de control funcionando, porque éstos tienen unas válvulas que miden las presiones en la hidrostática y así habrían detectado la fuga; no pudieron precisar cuánto petróleo salió porque su sistema de control de flujo no habría funcionado, ni lo habrían hecho tampoco los sistemas de resguardo que eventualmente se cierran de forma automática. A ello se suma que su personal no estaba entrenado y no supo responder. Repsol, de acuerdo a la revisión hecha por un portal informativo, registra en los últimos diez años 50 resoluciones de sanción por incumplir las normas de protección al medioambiente impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a las empresas de ese conglomerado. Sin embargo, sólo en tres de los procesos sancionadores se emitieron multas firmes, mientras en el resto no hubo castigo económico.

Por su parte, la respuesta del Estado se demoró, fue bastante desordenada y sin canales de coordinación entre las distintas entidades que intervinieron y las diversas voces que se pronunciaron. Las imágenes y muchos testimonios indican que sencillamente, no se hizo nada efectivo en las primeras setenta y dos horas, mientras en la orilla del mar se intentaban respuestas con lo que se tenía a la mano y sin ningún recurso tecnológico; el sistema de “skimmers”, por ejemplo, especie de aspiradoras que retienen los residuos de crudo flotante, aparecieron limitadamente después de varios días.

En este escenario, donde es claro que distintas actividades extractivas, hidrocarburos y minería entre ellas, son de alto riesgo y deben ser reguladas y fiscalizadas de manera eficaz por el Estado, recordemos que desde buen tiempo atrás diferentes sectores interesados presionan constantemente por debilitar nuestra limitada institucionalidad ambiental. La Ley 30230 del 2014 fue un ejemplo claro de esa voluntad por mantener sin sanción prácticas depredatorias capitalistas. No olvidemos que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que ha tenido que lamentar el comportamiento de Repsol e iniciarle un proceso interno, buscó acabar con el aporte por regulación que deben pagar las empresas para que organismos como OEFA se puedan sostener. Recordemos que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que le pide acelerar los procesos de remediación, promovió con otros gremios empresariales el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, argumentando falazmente que el mismo afecta a las inversiones y a la soberanía nacional.

Más allá del desastre ecológico inmediato, desde la sociedad debemos exigir respuestas y cambios drásticos, rechazando el silencio de la representación nacional, normalmente locuaz y altisonante, arrastrando los pies en esta situación. Es urgente que las autoridades evalúen y determinen si es conveniente y seguro continuar permitiendo la descarga de petróleo en una zona sensible como un ecosistema marino o en otras áreas frágiles como la Amazonía. En el marco del cambio climático es indispensable que este gobierno que se dice de izquierda, defina un planeamiento territorial largamente postergado y establezca áreas donde no se pueden realizar estas actividades.

 

desco Opina / 28 de enero de 2022

El enemigo que se hace visible

 

La lucha contra un enemigo invisible continúa tanto a nivel nacional como en la región Junín. Iniciado el 2022 con el 80% de su población inmunizada con dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, se anunció el primer caso de la variante Ómicron en el distrito de San Ramón, en la selva central de la región. La Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Junín (Diresa Junín), se pronunció indicando que el contagio en los últimos días de enero se incrementó, contando alrededor de 1013 casos en solo 24 horas para el último jueves 13 del presente mes, superando los meses de noviembre y diciembre del 2021.

El Dr. Luis Zúñiga Villacresis, Director de la oficina de Epidemiología de Diresa Junín, indicó que el 30% de contagiados no cuenta con ninguna dosis de la vacuna y que el incremento se da como consecuencia de las fiestas de Año Nuevo. Es por ello que la región Junín registra a la fecha la cifra más alta de contagios diarios de Covid-19 desde inicios de la pandemia, siendo aún la variante Delta la predominante, tal como lo demuestra un trabajo conjunto del equipo médico de salud en la región Junín. De diez muestras aplicadas aleatoriamente a personas contagiadas, y analizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), se tuvo como resultado que nueve de ellas fueron la variante Delta y solo una Ómicron. Las cifras continúan avanzando y ya se han confirmado ocho casos de esta última focalizados en la provincia de Huancayo (Pilcomayo, El Tambo y Huancayo), en pacientes de un rango de edades entre los 6 a 63 años (tres mujeres y cinco varones), de los cuales dos de ellos no cuentan con ninguna vacuna, otros dos no tienen la tercera dosis y solo cuatro cumplieron con las dosis completas.

Asimismo, según datos de la Diresa Junín, durante el último fin de semana la provincia de Huancayo reportó 1240 casos, Satipo 280 y Chanchamayo 404 nuevos casos del SARS- coV-2. Del 10 al 16 de enero se detectaron 190 casos en niños, 170 en adolescentes y en adultos, 2702. Lo que viene causando alarma a la fecha, es el aumento de casos en niños, pues si contraen el virus, esté podría llevarlos a hospitalización e incluso a requerir cama UCI.

En estos dos años de pandemia, los niños contagiados con Covid-19 desarrollaron cuadros leves, moderados o fueron asintomáticos. Pese a ello, hay un grupo que se encuentra en mayor riesgo de contraer el virus y afectarse seriamente; son aquellos menores con comorbilidades como enfermedades crónicas, que padecen inmunosupresión, trasplante de órganos, obesidad, diabetes, o alguna enfermedad del sistema respiratorio como el asma, entre otras. Los casos atendidos en el Hospital del Carmen (Huancayo) han ido en incremento, comenzando el año con el contagio de una menor que contrajo neumonía por Covid-19, dicho nosocomio inició el 2022 con cinco menores y cuatro gestantes internados a causa del virus.

Dado el severo aumento de los contagios, Junín continúa en el nivel de alerta alta, con restricciones como la inmovilización social obligatoria de lunes a domingo desde las 12 a.m. a 4 a.m. Pese a detectarse además de la variante Delta, la Ómicron, la población continúa indiferente frente a esta situación, una muestra de ello es que a raíz de las fiestas transcurridas en Navidad y Año Nuevo el número de casos se elevó de una manera considerable. Así, las autoridades asumen que falta muy poco para que nuevamente las camas de hospitalización y UCI se encuentren totalmente ocupadas.

Junín continúa con el proceso de vacunación de adultos en su tercera dosis, pero los casos a la fecha aumentan sustantivamente, lo que hace suponer que la población ha dejado de lado la preocupación respecto a los cuidados frente al contagio de esta enfermedad. Junín, en especial el valle del Mantaro, tiene una serie de festividades culturales que forman parte de sus tradiciones y costumbres que han ido reactivándose, así como el inicio de actividades comerciales principalmente en las capitales de provincia. Pero ¿qué puede ocurrir cuando un ciudadano decide no acatar medidas simples como el uso adecuado de la doble mascarilla, lavarse las manos correctamente al llegar a casa o guardar el debido distanciamiento social?  ¿Podrían estas sencillas recomendaciones frenar el contagio?  

Como obligación, lo que debe entenderse ahora es que los contagios, sobre todo con las variantes Delta y Ómicrón vienen acelerando con mayor rapidez los casos de Covid-19, no solo porque un 20% de la población aún no recibió su vacuna, sino principalmente por no acatar estrictamente las recomendaciones básicas de cuidado, lo que trae como consecuencia la vulneración de los derechos de las demás personas con las que compartimos la vivienda y el trabajo.

 

desco Opina – Regional / 21 de enero del 2022

descocentro

La libertad de expresión en busca de un contexto

 

Por ahora, esperando las decisiones de segunda instancia de la justicia peruana, el periodista Christopher Acosta ha sido sentenciado a dos años de prisión suspendida y el pago solidario de una reparación civil de 400 000 soles compartida con Jerónimo Pimentel, director de Penguin Random House en Perú, por difamación contra César Acuña, en su libro Plata como cancha.

Acosta y Pimentel manifestaron su sorpresa ante dicho fallo, resaltando la pobreza de argumentos en la decisión del Juez. “La sentencia del Juez se basa especialmente en exigirme como periodista casi que yo haya tenido un nivel de presencialidad durante los hechos”, dice Acosta.

Por su lado, Pimentel calificó la sentencia como “una cosa muy grotesca”. “Me ha sorprendido bastante que el juez se arrogue una suerte de capacidad para determinar qué fuentes le parecen legítimas y qué fuentes no. El juez ha estimado y desestimado otras, como si fuera una suerte de editor periodístico”, comentó.

Es posible que Acosta y Pimentel tengan mucha razón en sus argumentos. Por ejemplo, resulta muy complicado aceptar la afirmación de Enrique Ghersi, abogado de César Acuña, en el sentido de que su patrocinado nunca fue convocado por el autor del libro para hacer sus descargos. Así no procede ningún periodista, por muy bisoño que sea. Ghersi lo sabe bien, dicho sea de paso.

Sin embargo, eso no significa que todos los argumentos que alegan sean siempre aceptables. Según Acosta, los periodistas arman sus historias con citas y en el caso de la publicación en cuestión, no hay testimonios de fuentes anónimas sino personas con nombres y apellidos, “que relatan cosas que han vivido con César Acuña”. Craso error.

El testimonio como tal no es evidencia y, dado el caso, el problema no se resuelve afirmando que el demandante debió dirigirse contra los que opinaron sobre su persona y no contra quien los escribió, porque lo que vale en este caso es la intencionalidad: una situación es comentarle a alguien lo que se opina sobre una persona y otra, muy distinta, es publicarlo para apoyar un argumento, a favor o no, de quien está referido.

Por eso, lo expresado por Rosa María Palacios es cierto, pero en el sentido contrario al que ella quiere darle. Estima que las frases que el juez considera “difamatorias” no le quedaban claras. Pero “la lectura de éstas son un buen recordatorio de lo que los familiares, parejas y allegados de Acuña dijeron de él. No lo dijo Acosta. Si no le gusta, ¿por qué no los demanda a ellos?” Sencillamente, porque lo dicho por los entrevistados no es materia demandable, pero la publicación de ello, buscando apoyar una hipótesis sobre el referido, sí lo es.

Lo de Acosta es relevante como caso de investigación política en un contexto como el peruano, en el que una parte considerable de la vida de un personaje público está sumida en parajes recónditos y oscuros que necesitan mucha imaginación para construir una cadena casuística que permita ponerlos en evidencia.

Por ejemplo, algo que se actualizó a partir del caso Acosta es el doctorado de César Acuña en la Universidad Complutense de Madrid y su maestría en la Universidad de Lima. Si bien resulta complicado asociar la sindéresis y sintaxis que normalmente usa Acuña para comunicarse, con los grados académicos que ostenta, lo cierto es que formalmente es así. En el primer caso, la Comisión Jurídica Asesora de Madrid no aceptó el pedido de la Universidad Complutense, lo que significó que Acuña no ha perdido su grado de doctor. En el segundo, si bien la Universidad de Lima aceptó las evidencias de plagio en la tesis de maestría, siguió manteniendo su grado. ¿Algún investigador puede aclarar estas situaciones?

En todo caso, no debemos perder de vista que la construcción de estos relatos alrededor de controvertidos personajes públicos (las “biografías no autorizadas”) son producto de una lógica editorial muy conocida alrededor del mundo, en donde no primará la fineza de las técnicas de investigación ni la pulcritud en el trabajo editorial, sino las proyecciones de ventas. Todos sabemos que, pasado algún tiempo, se dejará de prestar atención al producto y la idea es sacarle todo el provecho posible mientras tanto.

Desgraciadamente, es así y la hipocresía frente a esta realidad hace mucho daño a lo que se ha puesto en cuestión con Christopher Acosta y César Acuña, porque todos sabemos que esta situación no se reduce a un juez que parece no tener muy clara la tipología de difamación y a un autor que tampoco parece tener plenamente claro qué es la veracidad que puede producir un informante y, a partir de ello, convertirse en fuente probada de su argumento. Son situaciones que se reproducen en muchos espacios editoriales, periodísticos, jurídicos, políticos de nuestro país diariamente.

Y no es que siempre hacemos mal las cosas. A propósito de lo que tenemos ahora entre manos, cuando una investigación busca estándares de rigurosidad y sólo luego de asegurarlos aspirar a buenas ventas, vamos a tener un producto estupendo como Los doce apóstoles de la economía peruana. Una mirada social a los grupos de poder limeños y provincianos, de Francisco Durand, en donde entre otros grupos trata extensamente a los Acuña, sin contemplaciones y sin haber recibido hasta la actualidad amago alguno de demandas.

Desde un ámbito judicial, creemos que no hay mejor ejemplo de cómo se construyen pruebas que apoyan contundentemente una sentencia, que el realizado por los jueces que procesaron a Alberto Fujimori. El espléndido documento que se produjo entonces es un ejemplo de la legitimidad que guarda a través del tiempo una decisión bien construida.

 

desco Opina / 14 de enero de 2022