COVID-19: desarmados frente a la cuarta ola

 

Hace unos días el gobierno prorrogó la emergencia sanitaria por el COVID-19 por 180 días a partir del 29 de agosto del 2022 debido a que persiste el riesgo del daño a la salud de las personas durante la cuarta ola de la pandemia en la que nos encontramos y que viene azotando a las diferentes regiones del país. La norma establecida a través del Decreto Supremo Nº 015-2022-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, considera importante mantener y reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica, para prevenir y controlar la transmisión del virus dado el alto riesgo de mortalidad que supone para grupos poblacionales como los adultos mayores y las personas con comorbilidades.

Al 16 de agosto del 2022 se habían reportado 3331 casos positivos confirmados; mientras que 27 pacientes fallecieron ese día a causa del virus, según el Ministerio de Salud (Minsa). Ese día en el país había 1192 personas hospitalizadas por la pandemia, 263 de las cuales estaban en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica. Se registraron además los resultados de 61 626 personas muestreadas, de las cuales 3331 fueron casos sintomáticos confirmados de ese momento. ESSALUD, por su parte, había reportado más de 70 000 nuevos casos positivos registrados en el país en las últimas semanas del mes de julio, demostrando una tendencia creciente de casos. Con tales números se evidenciaba el crecimiento de la que constituye la cuarta ola del virus.

La situación en Huancavelica es similar. A lo largo del mes de julio se observó que los casos aumentaron significativamente de semana a semana en una tendencia que puede mantenerse en las próximas. A partir de ese mes se reportaron más de 200 casos nuevos semanales, duplicando los números de junio cuando se presentaban 100 casos nuevos por semana. Huancavelica está atravesando también su cuarta ola porque luego de algunos meses en cero casos hospitalizados y un contagio bajo, ahora el virus se viene disparando con más fuerza. Según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica, en julio se incrementaron los casos nuevos en las provincias de Huancavelica, Acobamba, Castrovirreyna y Tayacaja, entre otras cosas como resultado de que la población ya no está cumpliendo de forma estricta las medidas de prevención como es el uso de mascarillas y el lavado de manos.

A pesar de esta situación, Huancavelica se está debilitando para enfrentar esta nueva ola. El Hospital Regional se ha quedado sin Área UCI COVID porque el Minsa desinstaló esta área a pesar de su necesidad por el incremento significativo de casos positivos, poniendo en riesgo a los pacientes con COVID-19 quienes de necesitar cuidados intensivos no recibirían una atención inmediata y tendrían que ser referidos al Hospital de Huancayo. Según el director del Hospital Regional ya tienen tres camas UCI COVID y se viene gestionando la implementación de otras más.

Otro problema que se suma es la probable falta de recursos humanos en los hospitales y establecimientos de salud del departamento. Existen cerca de mil trabajadores con contratos de modalidad CAS-COVID que están en una situación incierta al haber vencido la vigencia de aquellos el 31 de julio, encontrándose a la espera de que amplíen y puedan pasar a la modalidad de CAS-regular. Aunque el Ejecutivo observó la ley que los pasa a dicha modalidad, la norma fue aprobada por insistencia por el Congreso. En este escenario se han producido distintas protestas en la región, donde los trabajadores CAS-COVID que fueron retirados de su trabajo, le exigen al Gobierno Regional su reposición a los puestos que pretenden ser lanzados a concurso contra lo que establece la ley.

Esperemos que el Gobierno Central y Regional tomen medidas inmediatas ante esta problemática y que Huancavelica cuente con las armas mínimas necesarias para continuar la lucha contra la pandemia sin repetir los errores del pasado y lamentar más pérdidas humanas.

 

desco Opina – Regional / 19 de agosto del 2022

descocentro – UOT Huancavelica

Retorno a clases poco seguro

Lamentablemente, estos dos últimos años de pandemia no sólo se ha visto afectada la situación de salud sino también, y en gran medida, el servicio de educación, que se vio suspendido al inicio de la pandemia y posteriormente se redujo sustantivamente a la plataforma de Aprendo en Casa, donde la principal dificultad fue la escasa conectividad y el acceso a los medios que permitían llegar a ella, especialmente en las comunidades rurales, agravándose aún más las brechas en educación.

En Huancavelica, por ejemplo, la pérdida de aprendizajes fue devastadora. En diciembre último, la Dirección Regional de Educación aplicó una evaluación en su territorio a 4310 estudiantes de secundaria; sólo el 14% de estudiantes evaluados lograron resultados satisfactorios, un 30% se encontraba en proceso de lograr los aprendizajes requeridos y 55% estaba apenas en la etapa inicial. A pesar de los esfuerzos realizados con los programas de la plataforma citada o los materiales impresos, no se ha podido evitar que la calidad de los aprendizajes de los y las estudiantes se vea afectada, disminuyendo su competencia para comprender diversos tipos de textos.

En este escenario y dadas las limitaciones que existen en el acceso a los medios de comunicación en gran parte de las comunidades de Huancavelica, lo que dificulta llegar al Programa Aprendo en Casa, se suma una razón más por la que muchos estudiantes, padres y madres de familia desean volver a lo presencial. ¿El servicio educativo público está preparado para volver a lo presencial? Lamentablemente, la respuesta es no; en Huancavelica la mayoría de instituciones educativas no se encuentran preparadas, tal como lo indicó la Defensoría del Pueblo basándose en una reciente supervisión donde se inspeccionó instituciones educativas del casco urbano con miras al reinicio de clases, encontrando falencias en las condiciones de bioseguridad; por ejemplo, la mayoría de planteles inspeccionados no cuenta con los kits de comunicación para la prevención del COVID-19, tampoco disponen de mascarillas, hay algunos donde no se compraron kits de higiene y otros carecen de una adecuada ventilación por tener ventanas selladas. Más preocupante aún es que pese a estas necesidades más de la mitad de planteles tampoco ha retirado el dinero para los requerimientos de mantenimiento.

La cobertura de vacunación contra la COVID-19 tampoco es alentadora y es realmente preocupante, porque niños, niñas y adolescentes, si vuelven a clases no estarán debidamente protegidos. Según reporte del Minsa al 3 de marzo del 2022, Huancavelica presenta avances mínimos en la vacunación del grupo de edad de 5 a 17 años, es decir, en la población escolar. La cobertura de la segunda dosis en población de 5 a 11 años es de 6.97% y de 12 a 17 años, 55.85%. Existe una marcada brecha de vacunación que incrementa el riesgo del contagio en este grupo etario. El principal factor que explica esta situación es el rechazo de la población a la vacuna por creencias religiosas.

Como es obvio aún hay mucho por hacer en Huancavelica y hay retraso. Recién se conformó la Comisión Regional Multisectorial para el “Buen Retorno del Año Escolar 2022” –conformada por las Direcciones Regionales de Educación, Transportes, Salud, Trabajo, Agricultura, Defensa Civil, Cultura, Prefectura, Midis, Policía, Gobierno Regional, Defensoría del Pueblo, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Inabif, Qali Warma, Unicef y otras instituciones públicas y privadas–, el pasado 18 de febrero. Según el Director Regional de Educación, Julio César Sáez Requena, “…las nuevas competencias educativas no son exclusividad del sector Educación, sino que son resultado de la fuerza y la unión de todas las instituciones del Estado porque la educación es tarea de todos”.

Dicha comisión se encargará de promover el retorno seguro a clases 2022 en la región Huancavelica, haciendo el seguimiento y evaluando las condiciones que garanticen el retorno a clases, previendo los riesgos de contagio de COVID-19. Se trata de una carrera contra el tiempo considerando que las clases se iniciarán el 14 de marzo.

Esperemos que esta comisión recoja la información necesaria para la toma de decisiones oportunas pensando en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, como primer paso para avanzar en revertir los índices de aprendizaje y demostrar en la próxima evaluación regional los logros en la recuperación de los aprendizajes perdidos.

 

desco Opina – Regional / 4 de marzo del 2022

descocentro – UOT Huancavelica

 

Recuerdos del futuro

 

Un gran mito de los economistas latinoamericanos, entusiasmados a más no dar por el impresionante rush que tuvo el crecimiento económico regional entre el 2000 y 2013, además de lo visto en el Brasil de Lula, fue haber creído a rajatabla en la creciente importancia y consolidación de la clase media regional. La idea era que la progresión social y política que debía otorgar el crecimiento económico se sostenía, precisamente, con el ensanchamiento de las clases medias en tanto este segmento social apuntaba a tener propiedades, aumentar su consumo y aspirar a una educación de calidad.

Es cierto que hubo llamados de atención a esa algarabía. Desde la División Social de Cepal, Martín Hopenhayn, Rolando Franco, Arturo León, entre otros, advertían que las cosas no eran tan sólidas como parecían, y si bien los números de la economía eran importantes, no bastaban para identificar a las clases medias latinoamericanas como los agentes del desarrollo de la región por antonomasia.

En efecto, solo algunos años después, la situación prepandemia de los sectores medios latinoamericanos dejaba ya mucho que desear, salvo algunos ejemplos puntuales como Uruguay, Costa Rica o Panamá. Los impactos del COVID-19 sobre ellos fueron realmente deprimentes: según cifras del Banco Mundial, su disminución en Argentina fue de -5.9, en Chile de -6.75 y en Perú nada menos que de -9.1.

En la lógica de sus entusiastas promotores de antaño, la pandemia reconfiguró los patrones de consumo de las clases medias peruanas y su restablecimiento deberá conducirse mediante políticas que se orienten a mejorar su acceso a empleos productivos y a reconstruir sus activos financieros, que han sido destruidos por la crisis sanitaria. Para Rolando Arellano, la pandemia ha reorientado sus gastos hacia rubros como comunicaciones, mejoras del hogar y artefactos, en un ambiente de expansión del trabajo remoto y tendencialmente con menores ingresos.

Pero, la situación se presenta bastante más complicada que la supuesta por los gurúes del consumismo. De acuerdo con la ENAHO, la disminución de ingresos de los hogares peruanos fue dramática: En el año 2020, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 673, disminuyendo en 16 %, al compararlo con el nivel de gasto del año anterior. Más aún, el gasto real promedio mensual por habitante descendió en todos los dominios geográficos y quintiles del gasto, al compararlo con el año 2019.

Esto significa, entre otras cosas, que en todos los estratos sociales se han incrementado relativamente los gastos en alimentos y han disminuido los dedicados, por ejemplo, a salud y educación. Al respecto, el estrato socioeconómico E dedica en promedio el 53% de sus ingresos familiares a alimentación y solo el 1% a educación, lo que señala claramente la enorme hipoteca al futuro que deben hacer los que están en este grupo para sobrevivir en el presente y, peor aún, empobrecerse cada vez más.

Además, la disminución de ingresos afectó la capacidad de ahorro: en el 2019 una familia promedio ahorraba el 21% de sus ingresos; en el 2020 alcanzaron sólo el 5%. En buen romance, estos promedios significan que los hogares de mayores ingresos disminuyeron de manera importante el porcentaje de aquellos dedicados al ahorro, mientras los de ingresos medios dejaron de tenerlos y no tienen posibilidad de restablecerlos en el corto plazo, en tanto los de ingresos bajos simplemente «quemaron» activos para sobrevivir.

A ello, hay que agregar que antes de la pandemia nada menos que el 60% de los hogares peruanos –en el que, obviamente, está incluida una parte importante de nuestras clases medias– manifestaban no tener los recursos suficientes para subsistir por más de tres meses en caso de perder su fuente principal de ingresos. Ahora bien, como podremos suponer, el impacto de las tres olas sucesivas de la pandemia ha hecho estragos en la economía familiar promedio y la mala noticia es que no se palió –ni se paliará– con la distribución de bonos. En el 2020 el gasto por encima de sus ingresos de los hogares más pobres fue de 9700 millones de soles y, sencillamente, estas transferencias no pueden ser permanentes.

Lo que podría hacerse es tomar otras medidas complementarias. Según Miguel Jaramillo, de GRADE, debieran fortalecerse los programas de seguridad alimentaria y salud para los hogares, generar programas de empleo temporal orientados hacia pequeños proyectos de infraestructura y promover la inversión privada.

Como vemos, la situación es muy delicada y, seguramente, cualquier salida, aunque sea de cortísimo plazo, no tendrá efecto si no hay un mínimo de confianza instalada hacia las entidades de gobierno. De esta manera, se nos presenta una situación por demás complicada que se potencia con el descalabro institucional que nos muestran cotidianamente nuestros actores políticos.

 

desco Opina / 25 de febrero de 2022