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Sin oficialismo y sin oposición

Las recientes encuestas y entrevistas al presidente Humala definen claramente la magnitud de los desafíos que debe gestionar el actual gobierno y sus flagrantes limitaciones para dar cuenta de ellos. Apenas un dato puede graficar esta falta de sintonía: tanto el presidente del consejo de ministros como el titular del Congreso, el oficialista Víctor Isla resultan desconocidos por gran parte de los ciudadanos del país. Sin blindaje, el presidente de la República queda expuesto a la crítica directa.
Sin duda, los cambios operados en el Gabinete en julio último ensanchan el divorcio existente entre los rumbos tomados por el Ejecutivo y la naturaleza de las demandas sociales. Buscando establecer un equipo mínimo para gobernar, la PCM anunció la conformación de un grupo asesor en el que llama la atención que no figure ningún componente nacionalista. Esto nos muestra un Ejecutivo que ha prescindido del partido «oficialista», al que suple con mecanismos informales que intentan generar nuevas y efímeras alianzas, con las que pretende enfrentar dos escenarios inmediatos: los conflictos redistributivos y el latente malestar en el Sur Andino.
Amenguado momentáneamente el frente socio-ambiental, el relevo de la protesta social lo toman los maestros, los profesionales de la salud y, próximamente, los jueces, dando un giro sustancial a la conflictividad: el escenario es eminentemente urbano, con actores sindicalizados provenientes de un sector medio empobrecido. Pese a los esfuerzos de las dirigencias por mantener cierta cohesión, es claro que en estos espacios actúan abiertamente expresiones cercanas al radicalismo senderista, sin que el gobierno considere en la negociación alguna fórmula que permita aislarlos.
En cuanto al escenario Sur Andino, la preocupación por el gasoducto paulatinamente se coloca en el centro del debate, de manera comprometedora para el gobierno no sólo porque desdice lo prometido durante la campaña electoral sino, más importante aún, porque acrecienta las sospechas de la actuación de lobbies muy fuertes y dinámicos que estarían imponiendo la tónica a la cambiante posición oficial.
Si las deficiencias del gobierno son alarmantes lo es aún más la inexistencia de oposición. La prensa de derecha difundió con alegría inocultable que una reciente encuesta diera como resultado el perfilamiento del fujimorismo como primera fuerza opositora, dato que relativizamos, pues depende de su remota posibilidad de extender este rol más allá de las paredes del Congreso, y del juego que les abra la reciente maniobra del indulto humanitario. Otra opción que pugna por ubicarse como contrapeso a la política oficialista es la izquierda, que transita por ahora en carriles paralelos con Tierra y Libertad, el incipiente MAS del cajamarquino Santos y el nuevo intento de reagrupamiento denominado Fuerza Ciudadana. Al parecer la primacía de la desconfianza y el cortoplacismo posponen aún la búsqueda común del discurso y la práctica que ubiquen a las fuerzas de izquierda como alternativa legítima entre un gobierno que perdió el rumbo y el creciente radicalismo violentista.
Un logro del modelo neoliberal es haber alejado la política de la economía, imponiendo el indicador macroeconómico como medidor universal de la realidad social y principio del bien común. No obstante, la persistencia de expectativas embalsadas y las grietas sociales en las que prospera el violentismo son los puntos en los que ese principio hace agua. La derecha nativa, acostumbrada a equiparar política con captura de aparatos estatales y acción lobista ha demostrado que no tiene nada que proponer en este punto. El reto político de más y mejor democracia le corresponde a la izquierda. Queda por ver con qué instrumento político y con qué rostros decidirá a enfrentarlos en la cancha social y en la electoral.

desco Opina / 28 de setiembre de 2012
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Dos luces y una sombra en la Región Junín

La actual administración regional, encabezada por Vladimiro Cerrón, muestra buenas iniciativas en dos temas sectoriales de la mayor importancia: Salud y Educación. Donde no se ven avances significativos es en la lucha contra la corrupción. A continuación un recuento somero de los logros y desafíos de la sexta región más poblada del Perú.
En Salud hay que destacar las grandes inversiones en infraestructura y equipamiento hospitalario. El esfuerzo ha sido reconocido por la Dirección de Descentralización del Ministerio de Salud (MINSA), que calificó a nuestra región como una de las más empeñosas en buscar mejorar los servicios y accesos de salud en bien de su población.
Entre los programas más representativos en el sector tenemos: «Médico de familia», «Odontólogo y psicólogo por colegio» y últimamente el «Residentado médico», que buscan revertir los altos índices de mortalidad y morbilidad que se expanden en nuestra región. Esta apuesta por una mejor calidad de vida, se verá «a futuro», como lo señala el presidente regional. Aunque también es cierto que sectores de la población en estos casos reclaman resultados más rápidos, o en todo caso, ‘menos graduales’. Aquí el gobierno regional debe comunicar con claridad de qué tipo de intervención cabe esperar impactos inmediatos y de cuáles no.
«Mi gestión como presidente del Gobierno Regional de Junín, pone en relieve, una vez más, mi compromiso en primera línea con la educación, por considerar una herramienta fundamental para que nuestro país pueda estar más cerca de lograr el desarrollo con sus propios esfuerzos», con estas palabras el presidente regional lanzó el programa “Junín Libre de Analfabetismo“ el cual busca implementar comunidades de aprendizaje dirigidas a los adultos iletrados de la región. Para cumplir con dicha labor se propone la creación de ”Brigadas de Alfabetización“ las cuales estarán conformadas por jóvenes de diferentes centros de formación tales como universidades e institutos. Asimismo, se tiene como objetivo contribuir a que los iletrados en edad de trabajar se incluyan en las dinámicas del entorno local, social y productivo de la región. Como vemos, es un proyecto que combina capacitación económica productiva con los esfuerzos por erradicar el analfabetismo, tarea titánica teniendo en cuenta que la región Junín registra, de acuerdo al INEI, alrededor del 8% de su población sin instrucción escolar.
Donde no cabe el mismo entusiasmo es en la lucha contra la corrupción, uno de los temas que el titular de la región, al igual que el Presidente de la República, destacaron durante sus respectivas campañas. No olvidemos que la autopercepción de corrupción entre los ciudadanos de Junín está entre las más altas del país. En ese sentido, la creación de un Consejo Regional Anticorrupción, presidido por el propio Cerrón sin duda es una buena señal pero debe enfrentar las denuncias de casos que ya han empezado a aparecer, incluso entre los que fueron partidarios de su gestión. Este tipo de denuncia mella la imagen pública del presidente regional, lo que puede debilitar cualquier acción que se promueve desde dicho nivel.
Para luchar contra la corrupción es imprescindible que el presidente regional y demás funcionarios, la lideren, haciendo una gestión transparente más que discutiendo sobre su necesidad. Creemos que el gobierno regional tiene lo necesario para lograr cambios positivos en el corto plazo en el complejo terreno de la lucha contra la corrupción.

desco Opina - Regional / 21 de setiembre de 2012
Programa Sierra Centro
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Problemas de «inteligencia»

Los veinte años de la captura de Abimael Guzmán coinciden con el reavivado «protagonismo» del grupo que hizo del terrorismo su principal arma. La muerte del supuesto «camarada William», quien finalmente resultó no ser quien se decía que era y la poca prolija manipulación política que se trató de hacer de ese hecho, abrió las puertas para que el fujimorismo, pero no sólo éste, abriera fuegos una vez más contra el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
La pronta respuesta del Premier Jiménez pareció expresar el aval del gobierno a dicho documento. Sin embargo, unas declaraciones del propio Presidente de la República, señalando que habían aspectos de aquél que podían revisarse, aunque poco resaltadas por los medios de comunicación, reavivaron el debate, coincidiendo con el rechazo mayoritario que viene generando la propuesta de ley sobre el negacionismo. ¿Qué debe revisarse? ¿Quién debe hacerlo? son preguntas que deberían responderse pero, antes, se tiene que asegurar el acceso a la información que se necesita para contrastar hechos y aseveraciones. Entonces, preguntamos, ¿hay disposición, por ejemplo, para desclasificar documentación tipificada como secreta, que ofrezca la posibilidad de abrir nuevas comprensiones de lo que sucedió?
Para hacerse las cosas más difíciles para el gobierno, la primera dama y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aparecieron recibiendo a tres niños, supuestos cautivos de Sendero Luminoso. Posteriormente, la aparición del padre de los niños y las declaraciones de un alcalde que los identifica, peor aún, la evidencia de que en la operación murió otra niña de tan sólo 8 años, obligaron a apuradas aclaraciones sobre un hecho a todas luces confuso, que no es de ninguna manera lo que inicialmente se le anunció al país. El corolario de esta penosa situación, fue un conjunto de comunicados y declaraciones oficiales contradictorias entre sí, ofreciendo el lamentable espectáculo de un gobierno carente de mínimas coordinaciones entre sus altos funcionarios. Por lo pronto, los ministros Cateriano y Pedraza ya han sido citados al Congreso para que expliquen sobre el caso, mientras que Otárola sigue viendo operaciones impecables donde no las hay.
En este escenario convulso, el fujimorismo organizó un reconocimiento a los captores de Gonzalo en el Congreso de la República, ganándole el vivo al oficialismo y evidenciando su conocida intención de relativizar y desprestigiar el informe de la CVR, como parte de su voluntad de construir una falsa memoria del aciago conflicto interno. Hoy vuelve a salir a la luz el grosero manejo político que hicieron del enfrentamiento con Sendero Luminoso, al extremo que según distintas versiones, “postergaron” su captura para justificar el autogolpe de 1992.
Esta imagen de debilidad desde el gobierno es capitalizada por el fujimorismo, que busca posicionarse como oposición. Uno de sus pocos argumentos parece ser la imagen de un ‘buen’ o al menos ordenado manejo contra-senderista aunque aludiendo por un lado ‘montajes’ de este gobierno, lo cual resulta contraproducente para sus intereses pues suena demasiado a Montesinos, recordado por estos días al cumplirse 12 años del primer ‘vladivideo’.
Los despliegues fujimoristas más bien distraen del hecho tangible de que Sendero Luminoso, además de su presencia activa en el narcotráfico, se está reactivando de distintas maneras, buscando lograr presencia en distintas protestas sociales legítimas e incluso al interior de algunas organizaciones sociales. El MOVADEF que es, sin duda, una de sus fachadas, está particularmente activo.
En ese contexto, resulta grave que el gobierno no tenga iniciativa ni propuesta para enfrentar esta pretensión. La sociedad y los partidos tenemos la responsabilidad ciudadana de cerrarles el paso y derrotarlos políticamente, no con leyes apuradas, sino con la divulgación de la tragedia vivida y la construcción de nuestra memoria como país. El gobierno por su lado, tiene la obligación imperativa de implementar las políticas necesarias para su derrota definitiva, pero también para que la historia no se repita. Esa estrategia gubernamental que demandamos, supone un trabajo de inteligencia alejado de la búsqueda del rédito político, de uno y otro lado.

desco Opina / 14 de setiembre de 2012
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Los programas sociales en la realidad de la selva

En las últimas semanas reportajes difundidos en los medios periodísticos han cuestionado la idoneidad de la implementación de los programas sociales (PPSS), tales como Pensión 65 y recientemente Gas Barato en Pichari (Cuzco). Las investigaciones periodísticas han expuesto los beneficios a quienes no lo necesitan. Cabe observar que las denuncias de irregularidades se han presentado mayoritariamente en lugares urbanos de la costa, donde se esperaría existan relativas facilidades para la fiscalización y el control. Qué podemos esperar, entonces, de la situación de las áreas rurales de nuestra selva.
Hay condiciones particulares en la selva que elevan el riesgo de ineficacia de los programas sociales tal como están diseñados actualmente. Dentro de estas particularidades podemos identificar la dispersión demográfica; la escasez de vías de comunicación; lo costoso y poco verificable del Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO); entre otros. En la provincia de Oxapampa, por ejemplo, sólo dos distritos son beneficiarios del Programa Juntos: Puerto Bermúdez y Constitución. En muchos casos, sus beneficiarios deben de trasladarse durante horas a través de los ríos para recibir el beneficio. Si consideramos que tres horas de viaje por río cuesta en promedio 30 nuevos soles y que, al no tener conocimiento de posibles reprogramaciones, es necesario pernoctar en las ciudades de distribución; todo se encarece y se reducen los impactos esperados.
Una situación similar ocurre en el programa de Vaso de Leche. Los costos de distribución de los recursos (leche, avena y algún otro complemento nutricional) son altos, por este motivo se realizan en muchos casos de manera trimestral. Por otro lado, se corre el riesgo de que terminen en manos de los comercios locales por la tentación del volumen acumulado. Sólo en el distrito de Villa Rica, 18 de los 51 Comités reconocidos formalmente pertenecen al ámbito urbano. Los demás, de áreas rurales, distribuyen los insumos de manera directa a los beneficiarios, sin prepararlos. Inclusive quienes los reciben, deben acarrearlos vía trocha hasta sus domicilios.
Un tema que no ha sido considerado en el diseño de este programa es el escaso (y a veces nulo) hábito de consumo de lácteos que tienen las comunidades nativas. No se ha estudiado que muchos pobladores demuestran seria intolerancia a la lactosa, por lo que este programa les es poco atractivo. La situación llega a tal punto que algunos líderes nativos señalan: «si desean implementar un programa de apoyo alimenticio deberían apoyarnos con la crianza de peces o zamaños, porque la leche no es buena para nosotros».
El Programa Pensión 65 ha sido reclamado por algunos congresistas de la región. Ante las serias deficiencias que ha demostrado el SISFHO, no sería de extrañar que se manifiesten irregularidades en igual o mayor intensidad que las hasta hoy presentadas. La realidad nos muestra que en las áreas urbanas, no se ha podido establecer un padrón confiable de beneficiarios, ello nos invita a ser cautos en el entorno rural de la selva. En relación al SISFOH, es una propuesta metodológica que permitiría identificar a los sectores más necesitados de la población. Aun así, es evidente que ante la falta de una adecuada supervisión del trabajo de los consultores –a quienes recurren las municipalidades para su elaboración– seguirán apareciendo deficiencias.
Para terminar, debe reflexionarse sobre la realidad de la formación educativa y acceso a la información en la región. Si los programas sociales son parte de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza, se hace necesaria una reingeniería de la implementación de los mismos, propuesta que debe depurar los errores en la selección de beneficiarios. Desde nuestro modesto entender, para la selva, lo más funcional sería darle mayor énfasis a los programas sociales promotores de oportunidades económicas, ya que tienen el agregado de ir reduciendo la dependencia de los beneficiarios a programas asistencialistas.

desco Opina - Regional / 7 de setiembre de 2012
Programa Selva Central
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