Al maestro con cariño

Hasta que nos demos cuenta que la situación actual de la educación en el Perú es un serio problema sin resolverse, no sabremos bien cómo salir adelante como país de una manera seria y consistente. Creemos que aumentar los salarios, recrudecer la represión al movimiento magisterial, apostar a la censura de la persona encargada de la cartera o a una fantasía como el reemplazo de estos profesores y sus atomizadas dirigencias por otros, no representan en modo alguno salidas sostenibles a los problemas del magisterio. La crisis de la educación en el Perú nos muestra, con desgarro, la profundidad de nuestros problemas nacionales y, por cierto, que éstos no se resuelven principalmente haciendo que la economía crezca y que el PBI sea cada vez más grande. Está claro que eso no basta y que el país debe enfrentarse desde una mirada menos centralista y tecnocrática.

La huelga en sí misma, desatada en el Cusco, en su plataforma nacional de lucha, expresa tres demandas principales: la mejora de los sueldos, el pago de la deuda social y su rechazo a la evaluación de docentes como instrumento de despido de maestros. A eso deben sumarse en el proceso de la huelga el pliego maximalista añadido por dirigencias regionales radicalizadas que demandan la derogatoria de la ley de reforma educativa y magisterial, y la derogatoria del Decreto Supremo que restringe ciertos derechos de los profesores procesados y/o sentenciados por delitos de terrorismo.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que en el año 2010 el gasto anual por alumno fue de 1580 soles en primaria y que actualmente se elevó a 2600 soles. El caso es similar en secundaria  donde se aumentó la inversión; sin embargo, aun así, Chile gasta cinco veces más que el Perú en ello. Resolver el déficit de infraestructura educativa en nuestro país, por ejemplo, requiere de más de 18 mil millones de dólares. Un informe del Instituto Integración revela que el 25 por ciento de las edificaciones educativas demandan ser sustituidas completamente, que siete de cada diez colegios rurales no cuentan con servicios de agua y desagüe y 25% no recibe energía eléctrica, mientras que nueve de cada diez instituciones carece de acceso a internet.

Esta gran huelga magisterial ha mostrado al país una realidad en verdad conocida por todos los padres de familia vinculados a la educación pública, situación que se agrava cuando se expone también el agotamiento institucional y de representatividad del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (CEN SUTEP) como interlocutor pleno.

Su impacto movilizador ha sido muy grande, involucrando a más del 60% del magisterio y ha mostrado también el enorme fraccionamiento en el que se encuentra el sindicalismo magisterial que aparentemente estaba liderado y conducido por Patria Roja. Hoy queda claro que existen muchos grupos regionales que siguen distintas vertientes de Pukallacta, CONARE y Conare-Movadef dificultando ciertamente la interlocución y el diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos regionales.

La importancia de esta protesta en la actual coyuntura muestra al mismo tiempo el descontrol político interno, en el que los principales poderes del Estado no dialogan ni ofrecen propuestas de solución concertadas a las demandas y reivindicaciones sindicales, lo que presagia una ola radical que no puede ser organizada ni aglutinada; y las maneras fallidas de hacer política en el país, fraccionado en territorios regionales y municipios. Fraccionamiento que en el trato podría llevar a una explosión impensada que empieza a preocupar, en otra dimensión a diferentes actores nacionales como el mundo empresarial, principalmente los gremios mineros, los agroexportadores y la propia Confiep.

Ante este escenario entendemos la urgencia de cambiar las lógicas políticas, de apostar por mejorar la concertación entre los peruanos, trabajar seriamente en la inclusión social, mejorando nuestra conectividad real para enfrentar una realidad que no encuentra una masa crítica de peruanos que vaya más allá de la política cortesana parlamentaria, que a decir verdad no ha conseguido enfrentar exitosamente la demanda de contar con un proyecto nacional viable. Al vernos así a las puertas del bicentenario de nuestra fundación republicana, constatamos lo poco que hemos avanzado para consolidar al Perú como una colectividad democrática y viable para el conjunto de sus ciudadanos.

desco Opina / 18 de agosto de 2017

La huelga de los derechos

En las últimas semanas los hechos vinculados a las manifestaciones de los maestros en huelga han generado una serie de tensiones con los ministerios, pero a la vez también, con varios sectores de la población. Esta protesta iniciada en Cusco en el mes de junio pasado, se extendió a varias regiones y no tiene visos de solución en el corto plazo, debido a que la representatividad no está centralizada y los interlocutores originalmente reconocidos por el Estado no tienen capacidad de decisión para levantar esta medida de protesta. A esta conflictiva situación, se han agregado las demandas de la Federación Médica, la cual ha ocasionado serios malestares en amplios sectores de la población.

En las ciudades del interior las manifestaciones cotidianas ya han alterado la vida cotidiana y han logrado –como en el caso de Huancayo y Huancavelica– que grupos de padres de familia se sumen a las protestas. En el VRAEM las movilizaciones de los docentes se han hecho sentir con arengas en contra del gobierno y también de Patria Roja, organización política que desde hace varios años ostenta la dirigencia central del SUTEP pero que es desconocida en su legitimidad por una parte de los huelguistas.

El gobierno, la dirigencia central del SUTEP y un amplio sector de la prensa no han tenido reparos en señalar que las verdaderas motivaciones de la huelga de los docentes, obedecen a intereses de carácter desestabilizador promovidos por dirigentes vinculados al Movadef (brazo político de Sendero Luminoso); situación que no ha podido ser desmentida por sus dirigentes. De ser real esta manipulación política de los docentes, la sensibilidad del VRAEM hace temer un recrudecimiento de las acciones armadas en esta zona ya que estos maestros tienen trato directo con los pobladores de los caseríos más aislados en donde los servicios y alcances del Estado son limitados o inexistentes.

Cuando se agotan los canales de negociación, la huelga es un derecho de los trabajadores del sector público y privado constitucionalmente reconocido por el Estado peruano. Sin embargo, estas mismas normas reconocen que las huelgas deben mantener ciertos criterios para que no se afecten los derechos de terceros; situación que ha ocurrido cuando los docentes manifestantes han bloqueado carreteras e inclusive las pistas de aterrizaje de varios aeropuertos del interior poniendo en peligro la integridad física de los usuarios. El bloqueo de carreteras también ha afectado la economía de las localidades que buscaron aprovechar los feriados largos para generar recursos para sus familias a través del turismo.

La dirigencia del SUTEP señaló que ya llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Educación para el aumento de los salarios y en esa misma lógica se firmó un acuerdo con los gobernadores regionales y el Ministerio de Educación; acta de entendimiento que no es reconocida por muchos de los profesores en protesta. La lectura inmediata es que el gobierno no ha sido capaz de afrontar la situación, porque no ha logrado establecer canales de diálogo y negociación con representantes de los huelguistas que tengan capacidad de decisión para levantar la medida de fuerza. El pliego de reclamos que se esgrime desde el interior es distinto al que entienden los dirigentes limeños a quienes se les acusa de haberles dado la espalda a las verdaderas necesidades laborales de los docentes rurales.

Si de derechos hablamos: ¿dónde queda el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes? En diversas zonas del Perú este cese de las actividades escolares se suma a la suspensión de clases por los fenómenos climatológicos de inicios de año. Existen proyecciones que ya auguran que sería imposible recuperar las horas lectivas, lo que indefectiblemente derivará en la pérdida del año escolar a pesar de que desde el MINEDU se establecen y diseñan propuestas para que esto no ocurra. La concentración de docentes que desde distintos puntos se trasladaron hacia la capital avizora que la solución está lejos del alcance en el corto plazo, y que el incumplimiento oportuno de la promesa de aumentos que hizo PPK en campaña le pasará factura a los estudiantes.

desco Opina - Regional / 11 de agosto de 2017

Programa Regional Centro

Si camina como pato y nada como pato…

El pasado 15 de noviembre, Javier Diez Canseco fue finalmente suspendido de la función parlamentaria por 90 días, luego de un proceso confuso y lleno de irregularidades. La decisión que se impuso en el pleno del Congreso de la República no es otra cosa que el anunciado castigo político del Ejecutivo a uno de los congresistas oficialistas que se negaron a aceptar en silencio el viraje derechista del gobierno.

Pese al lamentable esfuerzo de las emisarias palaciegas –la ministra Ana Jara y la Presidenta en funciones, Marisol Espinoza– por organizar una posición «disciplinada» en contra de Diez Canseco, la votación de la bancada de Gana Perú fue un patético desbande: 21 a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. En suma, hubo de todo, menos una explicación coherente acerca de esta diversidad de posiciones, que a pesar del resultado, refleja uno de los más serios reveses del oficialismo en el Congreso.

Muy diferente fue el comportamiento de los nuevos aliados del Gobierno y principales acusadores del congresista. El voto en bloque del fujimorismo es la prueba de que la iniciativa empieza a trasladarse a ese sector del hemiciclo, recordándonos un pasado que creímos derrotado en las elecciones de 2011. No es la primera señal de alarma respecto a un peligroso aire de familia entre el viraje oficialista y los modales imperantes en la nefasta década fujimorista.

Impuesta la sanción, la reacción de Diez Canseco apuntó a Nadie Heredia, cuyo protagonismo en las decisiones políticas de no deja ya lugar a muchas dudas. En una discusión que se arrastra desde la campaña electoral, en la que Humala intenta pasar por alto polos de referencia políticos («no soy de izquierda, soy de abajo»), hoy la pregunta sobre con quién gobierna Ollanta Humala adquiere nuevos matices. Entre los anillos de poder alrededor del Presidente –graficados por el sociólogo Francisco Durand-, el círculo primigeniamente compuesto por diversos familiares de la pareja presidencial parece haberse cerrado al punto que la señora Heredia lo ha monopolizado hasta hacerse imprescindible para la toma de decisiones. Y de acuerdo a la denuncia de Diez Canseco y por lo visto en el Pleno, ya no se trata sólo de las decisiones que competen al Ejecutivo.

Las dudas sobre el entorno de confianza con el que el Presidente gobierna adquieren mayor importancia, si observamos algunos aspectos clave en el corto plazo, como la inversión pública y la gestión de conflictos sociales, por mencionar apenas dos de ellos. La incapacidad de gasto en el gobierno nacional no se resuelve con «shocks de gerencia y gestión pública» como se pretende hasta ahora, menos aún cuando esos reflejos centralistas entran en contradicción con la mejora de ejecución que sostenidamente protagonizan los gobiernos subnacionales. De igual modo, la conflictividad social no se transforma por el simple cambio de la denominación de la oficina encargada de su atención, ni su nuevo tratamiento puede basarse en cargarle culpas a un proceso de descentralización «mal conducido» o a un enemigo particular, lugar que en período último ha ocupado cómodamente el MOVADEF. Somos contundentes en rechazar los intentos senderistas por aparecer nuevamente como factor político en el país, tanto como en denunciar el uso interesado que hacen del MOVADEF quienes para gobernar apuestan por legitimar situaciones de excepción e ir más allá de los márgenes de la convivencia democrática.

desco Opina / 23 de noviembre de 2012
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La división del profesorado y el estancamiento educativo en el sur

Las prolongadas huelgas del profesorado este año en particular, han develado dos problemas. Para comenzar el resquebrajamiento del SUTEP, uno de los sindicatos más fuertes a nivel nacional, en dos bandos, el Conare Sutep y el Sutep oficial, aunque un reducido grupo de profesores, aún en huelga en Arequipa, han manifestado no pertenecer a ningún bando sino ser simplemente indignados. Lo cierto es que el crecimiento del primero, en especial en provincias, ha entrampado las negociaciones entre el Sutep oficial (cabeza de la dirigencia nacional, controlado por Patria Roja) y el Ministerio de Educación (MINEDU) para resolver el conflicto surgido por la implementación de una nueva ley para el magisterio.

El segundo problema desnudado por las huelgas tiene que ver con el avance del grupo neosenderista Movadef en el sindicato de maestros. Esto ha sido una consecuencia inesperada del poco trabajo político de los partidos para fortalecer sus organizaciones así como su falta de compromiso en la construcción de alternativas para el desarrollo nacional y su debate.

La dirigencia del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) que tiene claros vínculos con el Movadef, desafió al Estado con una huelga de dos meses que envió a los escolares del Cusco, Tacna, Apurímac y Puno a sus casas con vacaciones forzadas. Durante ese tiempo el MINEDU se negó a entablar el diálogo con esta facción del sindicato. Solo un acuerdo firmado por la ministra Salas, el Premier y los presidentes regionales de las regiones donde se mantenía esta paralización, donde se autorizaba los descuentos a los huelguistas, los obligó a deponer su medida.

No obstante, apenas unos días después del levantamiento de la huelga del Conare-Sutep, la otra facción planteó una huelga indefinida que se prolongó durante un mes más. Esta vez las dirigencias de Puno, Tacna y Cusco no acataron la medida, pero sí lo hicieron en Arequipa, Moquegua, Apurímac y Madre Dios. Previas conversaciones con el MINEDU, la dirigencia del Sutep oficial acordó el regreso al dictado de clases, aunque un grupo reducido no estuvo de acuerdo y continuó con protestas en las calles, desconociendo incluso a las dirigencia regionales, como pasó en Arequipa.

El clamoroso desorden en el manejo sindical al interior del gremio de maestros que dio lugar a estas dos huelgas continuas y superpuestas en varias regiones, ha quedado en el ojo de la opinión pública más como una disputa por el liderazgo del sindicato entre estas dos facciones, que como una lucha por las reinvindicaciones magisteriales desatendidas.

La mayoría de los escolares en el sur han retornado a las aulas, pero no se sabe a ciencia cierta si podrán recuperar las horas de clase, o si su rendimiento será afectado más adelante. El MINEDU alista un plan para que no se pierda el año escolar, pero más allá de esta medida de emergencia, se le exige al ministerio un mejor desempeño político para afrontar los reclamos del magisterio y una acción más eficaz para revertir los resultados de la medición del nivel de aprendizaje de los alumnos. Y es que los resultados de la evaluación censal de estudiantes en Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios, Puno y Apurímac, han registrado resultados poco alentadores, en especial en estos cuatro últimos departamentos.

desco Opina - Regional / 19 de octubre de 2012
Programa Regional Sur
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El indulto y los campos en disputa

La presentación oficial del pedido de indulto para Fujimori por parte de sus vástagos amenaza con dejar a nuestro no tan locuaz presidente sin el único argumento que tenía para no hablar sobre el tema: «no he recibido nada». Queda claro que un sector, el mismo que se opuso con tenacidad a Humala en 2011, está a favor del indulto y mueven sus fichas en privado y en público para que éste sea otorgado. Panamericana televisión, por ejemplo, titulaba la noticia con el conmovedor rótulo ‘Con fe y esperanza’, palabras que uno esperaría para informar sobre la Teletón.

Cabría esperar algún resquicio de pudor para manifestarse desembozadamente desde la prensa ‘seria’ a favor de Fujimori, exaltando sus virtudes. Y cabría esperarlo porque él y su aparato se encargaron de comprar la línea editorial de diarios y canales de televisión. Hoy, los columnistas que rechazan –legítimamente– las expropiaciones del pasado, se hacen de la vista gorda con la compra fujimorista; al parecer mientras las cosas se mantengan dentro de la lógica del intercambio de prestaciones todo vale. En positivo, el tema ha tenido la virtud de explicitar las posturas de influyentes figuras del medio, tras varios años de apoyos oblicuos y tras el amago de mea culpa de los medios en conjunto, a poco de caer el régimen de Fujimori y Montesinos.

Pero más allá de los medios, los operadores políticos juegan su partido. La especulación sobre el canje de favores entre el nacionalismo y el fujimorismo no deja de tener cierto asidero, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que parece estar supliendo su orfandad de ideas con la posibilidad cada vez más cierta de terminar asemejándose a quienes fueron sus rivales electorales. Por el momento, las declaraciones del presidente contra los «infiltrados» en organizaciones que podrían participar en las elecciones regionales y municipales de 2014, relacionadas sin duda a su animadversión por algunos presidentes regionales tipo Santos y con la huelga de maestros del SUTEP, le hacen el juego –tal vez inadvertidamente– al tipo de alertas sobre el terrorismo que más que defender al Estado buscan beneficiar a los Fujimori, por un lado, y reforzar aquella visión de los acontecimientos que pone en el mismo saco a Patria Roja y al Movadef, y, con nulo rigor histórico, a toda la izquierda, del lado del ‘terror’.

Sumado a eso, el presidente viene dejando claro que su hartazgo con algunos ministros de su primer gabinete con quienes, supuestamente él tenía que fungir como «profesor», es inversamente proporcional a su confianza casi ciega en figuras como el ministro Castilla. El MEF parece haber amasado, sin oposición alguna dentro de un gabinete demasiado cambiante, el poder para decidir respecto de las transferencias a gobiernos locales y regionales con miras a capitalizar apoyos para el 2014. Esto juega en pared, por ejemplo, con espadas de Damocles que penden sobre la institucionalidad de los gobiernos regionales, como las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que están dando vueltas en el Pleno del Congreso.

Si la reconcentración es la forma que el gobierno considera óptima para acumular fuerzas y capital político que no podrá obtener de operadores políticos –que no tiene– entonces parece que se quiere cuidar más de sus propias bases que de quienes tienen el poder de susurrarle al oído en salones privados.

La derecha, ante la sensación de haber perdido algo a nivel regional con la tercera victoria sucesiva de Chávez en Venezuela, parece más empeñada en que salga el indulto. Hay una afinidad que podríamos llamar cultural con «valores» como la mano dura y el autoritarismo que el personaje encarna, pero también, se percibe que golpea a los adversarios, lo cual es una forma difusa pero eficiente de ir ganando. Lo que continúa en el guión es el ataque a fondo al Informe de la CVR y, cómo no, ampliar la amnistía a niveles insospechados.

Por otro lado, la izquierda en sus intentos por fortalecer sus bases tiene un camino complicado con la pendiente recolección de firmas que enfrentan las fuerzas que quieren inscribirse para participar en 2014 y en 2016. Parece imposible pedirles que dejen de pensar en las elecciones a favor de hacer política, si entendemos esto último como la consolidación de discursos que disputen los sentidos comunes del libre mercado y el exitismo basado en la capacidad disuasiva del consumo. En ese sentido, la batalla del indulto sí es un pleito que debe comprarse para sentar posición contra la antipolítica como forma de relacionamiento entre Estado y sociedad.

desco Opina / 12 de octubre de 2012
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Problemas de «inteligencia»

Los veinte años de la captura de Abimael Guzmán coinciden con el reavivado «protagonismo» del grupo que hizo del terrorismo su principal arma. La muerte del supuesto «camarada William», quien finalmente resultó no ser quien se decía que era y la poca prolija manipulación política que se trató de hacer de ese hecho, abrió las puertas para que el fujimorismo, pero no sólo éste, abriera fuegos una vez más contra el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

La pronta respuesta del Premier Jiménez pareció expresar el aval del gobierno a dicho documento. Sin embargo, unas declaraciones del propio Presidente de la República, señalando que habían aspectos de aquél que podían revisarse, aunque poco resaltadas por los medios de comunicación, reavivaron el debate, coincidiendo con el rechazo mayoritario que viene generando la propuesta de ley sobre el negacionismo. ¿Qué debe revisarse? ¿Quién debe hacerlo? son preguntas que deberían responderse pero, antes, se tiene que asegurar el acceso a la información que se necesita para contrastar hechos y aseveraciones. Entonces, preguntamos, ¿hay disposición, por ejemplo, para desclasificar documentación tipificada como secreta, que ofrezca la posibilidad de abrir nuevas comprensiones de lo que sucedió?

Para hacerse las cosas más difíciles para el gobierno, la primera dama y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aparecieron recibiendo a tres niños, supuestos cautivos de Sendero Luminoso. Posteriormente, la aparición del padre de los niños y las declaraciones de un alcalde que los identifica, peor aún, la evidencia de que en la operación murió otra niña de tan sólo 8 años, obligaron a apuradas aclaraciones sobre un hecho a todas luces confuso, que no es de ninguna manera lo que inicialmente se le anunció al país. El corolario de esta penosa situación, fue un conjunto de comunicados y declaraciones oficiales contradictorias entre sí, ofreciendo el lamentable espectáculo de un gobierno carente de mínimas coordinaciones entre sus altos funcionarios. Por lo pronto, los ministros Cateriano y Pedraza ya han sido citados al Congreso para que expliquen sobre el caso, mientras que Otárola sigue viendo operaciones impecables donde no las hay.

En este escenario convulso, el fujimorismo organizó un reconocimiento a los captores de Gonzalo en el Congreso de la República, ganándole el vivo al oficialismo y evidenciando su conocida intención de relativizar y desprestigiar el informe de la CVR, como parte de su voluntad de construir una falsa memoria del aciago conflicto interno. Hoy vuelve a salir a la luz el grosero manejo político que hicieron del enfrentamiento con Sendero Luminoso, al extremo que según distintas versiones, “postergaron” su captura para justificar el autogolpe de 1992.

Esta imagen de debilidad desde el gobierno es capitalizada por el fujimorismo, que busca posicionarse como oposición. Uno de sus pocos argumentos parece ser la imagen de un ‘buen’ o al menos ordenado manejo contra-senderista aunque aludiendo por un lado ‘montajes’ de este gobierno, lo cual resulta contraproducente para sus intereses pues suena demasiado a Montesinos, recordado por estos días al cumplirse 12 años del primer ‘vladivideo’.

Los despliegues fujimoristas más bien distraen del hecho tangible de que Sendero Luminoso, además de su presencia activa en el narcotráfico, se está reactivando de distintas maneras, buscando lograr presencia en distintas protestas sociales legítimas e incluso al interior de algunas organizaciones sociales. El MOVADEF que es, sin duda, una de sus fachadas, está particularmente activo.

En ese contexto, resulta grave que el gobierno no tenga iniciativa ni propuesta para enfrentar esta pretensión. La sociedad y los partidos tenemos la responsabilidad ciudadana de cerrarles el paso y derrotarlos políticamente, no con leyes apuradas, sino con la divulgación de la tragedia vivida y la construcción de nuestra memoria como país. El gobierno por su lado, tiene la obligación imperativa de implementar las políticas necesarias para su derrota definitiva, pero también para que la historia no se repita. Esa estrategia gubernamental que demandamos, supone un trabajo de inteligencia alejado de la búsqueda del rédito político, de uno y otro lado.

desco Opina / 14 de setiembre de 2012
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Política chica en cancha grande

Los cambios en el gabinete han sido leídos y analizados como parte de una disputa entre izquierda y derecha, una competencia por ganar terreno en la orientación del gobierno. A pesar que esta disputa se presenta como un asunto ideológico, podemos leerla también como una pelea por el control de sectores del aparato estatal, en la medida en que la derecha no está dispuesta a ceder ningún espacio y sólo parece flexible frente a la tecnocracia social. Si bien por el momento el péndulo se mantiene inclinado hacia la derecha, los avatares de un eventual remezón debido a la crisis internacional podrían provocar un giro populista, cuya principal consecuencia podría ser alterar la ahora armónica relación entre la derecha –siempre recelosa– y el presidente Humala.

Por ahora, sin embargo, el gobierno empezó el año afirmándose en el pragmatismo expresado en el discurso del premier Valdés, que no hizo sino profundizar la frustración de los partidarios de la «Gran Transformación». Esta línea ha impactado fuertemente entre los cuadros oficialistas y ex colaboradores. Para muestra están las severas críticas de Ricardo Soberón respecto al rumbo de la política antidrogas con su salida de DEVIDA y las versiones paralelas que el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal y su predecesor Ricardo Giesecke dan sobre la existencia del Informe Conga.

En este escenario, la virtual alianza de oposición parlamentaria –conformada por el fujimorismo, el APRA y los pasajeros de PPK– ha tenido en el caso Chehade el mayor instrumento de ataque al oficialismo. Si bien se trata de un capítulo más en el ataque focalizado que la derecha puso en marcha sobre los cuadros que resultaban más problemáticos para su proyecto de continuidad, lo cierto es que lo de Chehade va más allá. Perdido ya el principal activo en su perfil «moralizador», el oficialismo profundizó el traspié al consentir una maniobra que salvó a Chehade del desafuero, rifando su credibilidad y restando para cualquier iniciativa anticorrupción futura, empezando por la comisión que debe investigar el gobierno de Alan García.

Por otro lado, con el intento de inscripción del MOVADEF, el año también empezó volviéndonos el rostro hacia el lado oscuro de la política. Nuestra democracia enfrenta el reto de aceptar como parte del juego a una organización que propugna la «amnistía para civiles, policías y militares de la guerra interna» y la libertad para Abimael Guzmán. Sin lugar a ninguna duda, las banderas del MOVADEF representan un retroceso en la inconclusa batalla que el país ha librado en materia de derechos humanos y justicia tras las décadas de muerte y sectarismo que el PCP-SL impuso a los peruanos y peruanas, imposición llevada al límite con su irresponsable tesis sobre “inducir genocidio” con la que se convirtieron en los principales cómplices de la represión criminal que las fuerzas armadas llevaron al campo, a las universidades, a los barrios. Reducir el asunto del MOVADEF a su inscripción como partido es apenas un consuelo para quienes creen que la política se ordena en un «sistema» custodiado por los organismos electorales. Cualquier medida en ese campo será intrascendente en tanto los partidos democráticos, especialmente los de izquierda, no confronten con las armas de la democracia a los seguidores del «Pensamiento Gonzalo», que tienen presencia política en barrios y academias preuniversitarias y tienen decenas de importantes cuadros próximos a terminar el plazo de su condena.

Enlace de interés ¿Qué hacemos con MOVADEF?
http://www.elmorsa.pe/2012/01/20/que-hacemos-con-movadef/


desco Opina / 20 de enero de 2012
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