La arremetida de Con Mis Hijos No Te Metas

 

Tal parece que los congresistas que aprobaron el proyecto de Ley nº 904/2021-CR, viven de espaldas a nuestra cruda realidad; en Perú, 13 de cada 100 adolescentes mujeres ya es madre o está embarazada. Este indicador resulta más alarmante cuando nos focalizamos en algunas localidades de la Amazonía, en donde encontramos hasta 40 de cada 100 adolescentes que ya son madres o están embarazadas.

Según el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente, para el 2021 esta situación se debía reducir en 20%. A la fecha, no se ha alcanzado la meta propuesta y las medidas de control sanitario por la COVID-19 terminaron por relegar a un segundo plano todas las acciones que debían ser implementadas por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Salud (Minsa). Si bien la prevención del embarazo en adolescentes es una prioridad, actualmente el embarazo y la maternidad en la adolescencia aumentaron incluso durante el aislamiento por la pandemia y continúa siendo un problema de salud pública, de derechos y oportunidades para las mujeres y las niñas, así como de desarrollo para el país.

Desplazar al Minedu como órgano rector de los contenidos de la educación sexual que se brinda en las aulas y convertir a las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa) en una suerte de inquisidores contemporáneos, generará más de una discrepancia y una presión para el «silencio» de los docentes a fin de evitar la censura y el veto sobre textos y materiales por muy científicos y pedagógicos que sean. Al obligar a los profesores a someterse a la voluntad de los padres y esquivar la meticulosidad interesada para no estar en falta, se transmitirá el mensaje de que el sexo no tiene cabida para ser conversado en el colegio.

Escuchar los argumentos de distintos congresistas sobre la existencia de «textos con contenido pornográfico» da cuenta de dos posibilidades: que sus asesores no supieron darles la información correcta o que se trata de una postura para identificarse o congraciarse con grupos ultraconservadores, que están convencidos de que el enfoque de género y la educación sexual integral promueven la homosexualización y la iniciación sexual temprana de los jóvenes.

La norma fue impulsada por un legislador de conocida proximidad con el colectivo ultraconservador Con Mis Hijos No Te Metas; es de suponer entonces que esté materializando alguna promesa de campaña. Vivir de espaldas a la realidad, no niega el que posiblemente muchos de los adultos de esos colectivos ultraconservadores siendo adolescentes exploraran su sexualidad sin permiso ni conocimiento de sus padres, mientras hoy quieren satanizar al sexo y las inquietudes adolescentes como si no fueran algo natural.

La Defensoría del Pueblo ha solicitado que el Presidente de la República observe el referido proyecto, porque la Educación Sexual Integral (ESI) está acorde con el segundo objetivo prioritario de la Política Nacional de Igualdad de Género en tanto “contribuye a reducir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como la tasa de embarazos en la adolescencia”. Si bien es cierto que el Congreso aún no remite la norma al Ejecutivo para su promulgación, ya existen pronunciamientos del Minedu y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que indicarían que la ley será observada. Queda siempre el riesgo de que aquella sea aprobada por insistencia, por lo que ya existen movilizaciones ciudadanas promoviendo su archivamiento definitivo.

Las y los jóvenes tienen todo el derecho de recibir información calificada que les permita evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual; esa información debe ser técnicamente bien cualificada con el concurso de opiniones expertas, con estrategias pedagógicas validadas y con docentes en las aulas con las mejores capacidades para hacerlo.

 

desco Opina – Regional / 27 de mayo del 2022

descocentro

Al maestro con cariño

Hasta que nos demos cuenta que la situación actual de la educación en el Perú es un serio problema sin resolverse, no sabremos bien cómo salir adelante como país de una manera seria y consistente. Creemos que aumentar los salarios, recrudecer la represión al movimiento magisterial, apostar a la censura de la persona encargada de la cartera o a una fantasía como el reemplazo de estos profesores y sus atomizadas dirigencias por otros, no representan en modo alguno salidas sostenibles a los problemas del magisterio. La crisis de la educación en el Perú nos muestra, con desgarro, la profundidad de nuestros problemas nacionales y, por cierto, que éstos no se resuelven principalmente haciendo que la economía crezca y que el PBI sea cada vez más grande. Está claro que eso no basta y que el país debe enfrentarse desde una mirada menos centralista y tecnocrática.

La huelga en sí misma, desatada en el Cusco, en su plataforma nacional de lucha, expresa tres demandas principales: la mejora de los sueldos, el pago de la deuda social y su rechazo a la evaluación de docentes como instrumento de despido de maestros. A eso deben sumarse en el proceso de la huelga el pliego maximalista añadido por dirigencias regionales radicalizadas que demandan la derogatoria de la ley de reforma educativa y magisterial, y la derogatoria del Decreto Supremo que restringe ciertos derechos de los profesores procesados y/o sentenciados por delitos de terrorismo.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó que en el año 2010 el gasto anual por alumno fue de 1580 soles en primaria y que actualmente se elevó a 2600 soles. El caso es similar en secundaria  donde se aumentó la inversión; sin embargo, aun así, Chile gasta cinco veces más que el Perú en ello. Resolver el déficit de infraestructura educativa en nuestro país, por ejemplo, requiere de más de 18 mil millones de dólares. Un informe del Instituto Integración revela que el 25 por ciento de las edificaciones educativas demandan ser sustituidas completamente, que siete de cada diez colegios rurales no cuentan con servicios de agua y desagüe y 25% no recibe energía eléctrica, mientras que nueve de cada diez instituciones carece de acceso a internet.

Esta gran huelga magisterial ha mostrado al país una realidad en verdad conocida por todos los padres de familia vinculados a la educación pública, situación que se agrava cuando se expone también el agotamiento institucional y de representatividad del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (CEN SUTEP) como interlocutor pleno.

Su impacto movilizador ha sido muy grande, involucrando a más del 60% del magisterio y ha mostrado también el enorme fraccionamiento en el que se encuentra el sindicalismo magisterial que aparentemente estaba liderado y conducido por Patria Roja. Hoy queda claro que existen muchos grupos regionales que siguen distintas vertientes de Pukallacta, CONARE y Conare-Movadef dificultando ciertamente la interlocución y el diálogo con el gobierno nacional y los gobiernos regionales.

La importancia de esta protesta en la actual coyuntura muestra al mismo tiempo el descontrol político interno, en el que los principales poderes del Estado no dialogan ni ofrecen propuestas de solución concertadas a las demandas y reivindicaciones sindicales, lo que presagia una ola radical que no puede ser organizada ni aglutinada; y las maneras fallidas de hacer política en el país, fraccionado en territorios regionales y municipios. Fraccionamiento que en el trato podría llevar a una explosión impensada que empieza a preocupar, en otra dimensión a diferentes actores nacionales como el mundo empresarial, principalmente los gremios mineros, los agroexportadores y la propia Confiep.

Ante este escenario entendemos la urgencia de cambiar las lógicas políticas, de apostar por mejorar la concertación entre los peruanos, trabajar seriamente en la inclusión social, mejorando nuestra conectividad real para enfrentar una realidad que no encuentra una masa crítica de peruanos que vaya más allá de la política cortesana parlamentaria, que a decir verdad no ha conseguido enfrentar exitosamente la demanda de contar con un proyecto nacional viable. Al vernos así a las puertas del bicentenario de nuestra fundación republicana, constatamos lo poco que hemos avanzado para consolidar al Perú como una colectividad democrática y viable para el conjunto de sus ciudadanos.

desco Opina / 18 de agosto de 2017

La división del profesorado y el estancamiento educativo en el sur

Las prolongadas huelgas del profesorado este año en particular, han develado dos problemas. Para comenzar el resquebrajamiento del SUTEP, uno de los sindicatos más fuertes a nivel nacional, en dos bandos, el Conare Sutep y el Sutep oficial, aunque un reducido grupo de profesores, aún en huelga en Arequipa, han manifestado no pertenecer a ningún bando sino ser simplemente indignados. Lo cierto es que el crecimiento del primero, en especial en provincias, ha entrampado las negociaciones entre el Sutep oficial (cabeza de la dirigencia nacional, controlado por Patria Roja) y el Ministerio de Educación (MINEDU) para resolver el conflicto surgido por la implementación de una nueva ley para el magisterio.

El segundo problema desnudado por las huelgas tiene que ver con el avance del grupo neosenderista Movadef en el sindicato de maestros. Esto ha sido una consecuencia inesperada del poco trabajo político de los partidos para fortalecer sus organizaciones así como su falta de compromiso en la construcción de alternativas para el desarrollo nacional y su debate.

La dirigencia del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del SUTEP) que tiene claros vínculos con el Movadef, desafió al Estado con una huelga de dos meses que envió a los escolares del Cusco, Tacna, Apurímac y Puno a sus casas con vacaciones forzadas. Durante ese tiempo el MINEDU se negó a entablar el diálogo con esta facción del sindicato. Solo un acuerdo firmado por la ministra Salas, el Premier y los presidentes regionales de las regiones donde se mantenía esta paralización, donde se autorizaba los descuentos a los huelguistas, los obligó a deponer su medida.

No obstante, apenas unos días después del levantamiento de la huelga del Conare-Sutep, la otra facción planteó una huelga indefinida que se prolongó durante un mes más. Esta vez las dirigencias de Puno, Tacna y Cusco no acataron la medida, pero sí lo hicieron en Arequipa, Moquegua, Apurímac y Madre Dios. Previas conversaciones con el MINEDU, la dirigencia del Sutep oficial acordó el regreso al dictado de clases, aunque un grupo reducido no estuvo de acuerdo y continuó con protestas en las calles, desconociendo incluso a las dirigencia regionales, como pasó en Arequipa.

El clamoroso desorden en el manejo sindical al interior del gremio de maestros que dio lugar a estas dos huelgas continuas y superpuestas en varias regiones, ha quedado en el ojo de la opinión pública más como una disputa por el liderazgo del sindicato entre estas dos facciones, que como una lucha por las reinvindicaciones magisteriales desatendidas.

La mayoría de los escolares en el sur han retornado a las aulas, pero no se sabe a ciencia cierta si podrán recuperar las horas de clase, o si su rendimiento será afectado más adelante. El MINEDU alista un plan para que no se pierda el año escolar, pero más allá de esta medida de emergencia, se le exige al ministerio un mejor desempeño político para afrontar los reclamos del magisterio y una acción más eficaz para revertir los resultados de la medición del nivel de aprendizaje de los alumnos. Y es que los resultados de la evaluación censal de estudiantes en Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios, Puno y Apurímac, han registrado resultados poco alentadores, en especial en estos cuatro últimos departamentos.

desco Opina - Regional / 19 de octubre de 2012
Programa Regional Sur
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