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La competitividad regional en Junín


El Instituto Peruano de Economía (IPE), presentó el nuevo Índice de Competitividad Regional INCORE 2019, en el que Junín ocupa el puesto 14 de un total de 25 regiones. Este informe anual pretende medir diferentes aspectos de la competitividad entre las regiones, incluyendo la forma como éstas, bajo un régimen de libre mercado, mejoran la calidad de vida de sus habitantes y crean las condiciones para atraer inversión pública y privada. El índice se compone de 40 indicadores distribuidos en seis pilares (Educación, Salud, Entorno económico, Infraestructura, Laboral e Instituciones). Los resultados de Junín no son alentadores, pues respecto al INCORE del año pasado, nuestra región ha descendido tres posiciones (del puesto once al catorce), lo que significa un deterioro del desempeño en algunos de los seis pilares mencionados.
Las regiones más competitivas son Lima, Arequipa y Tacna, y las menos competitivas Huánuco, Cajamarca y Huancavelica. Junín está dentro del promedio, pero cabe preguntarse por qué descendió y por qué ocupa el puesto catorce del ranking.
Las mayores caídas de Junín se produjeron en los pilares Salud y Laboral, en los cuales retrocedió cuatro posiciones: (i) Salud, el retroceso responde al preocupante aumento de la desnutrición crónica, de 12.4% a 14.6%, y la prevalencia de anemia, de 53.3% a 57.0%, (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - Endes 2018 del Instituto de Estadística e Informática INEI). (ii) Laboral, Junín continúa con un alto índice de empleados informales: 82.2% en el 2017 y 83.5% en el 2018, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO); esta cifra no ha cambiado en los últimos diez años, debido principalmente a que las sectores que concentran mayor fuerza laboral (agricultura, comercio y algunos servicios) están formados básicamente por pequeños agricultores, trabajadores eventuales y micro y pequeños empresarios, segmentos marginales en un modelo cuyas reglas de juego se basan en promover y facilitar grandes inversiones en el sector primario, los servicios, telecomunicaciones y otros.
Las cifras del INCORE 2019 muestran también, que Junín tiene un bajo nivel de capital humano, lo que contribuye a limitar el crecimiento de la región. Si revisamos los pilares de Salud y Empleo en Junín se constata que, en el primero, se ha incrementado la anemia, que puede explicarse por factores como la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas (diarreas y parasitosis), las condiciones de vivienda y saneamiento, las malas prácticas de higiene, etc., todas ellas derivadas en gran medida de la pobreza –según INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2017-2018, la pobreza monetaria en la región Junín fluctúa entre el 21.6% y 24.6%, y la extrema pobreza entre 2.6% y 3.6%–, aunque también de otros factores inerciales. En el segundo, según INCORE 2019, el 53.7% de la PEA en Junín tiene empleo inadecuado, y el 72.6% es una fuerza laboral sin educación. Esta situación refleja lo antes mencionado: un modelo que prioriza grandes inversiones muy productivas, pero con escasa capacidad para dar empleo adecuado a la mano de obra.
Las mismas políticas de inversión del Gobierno Regional, y el programa de inversiones en las provincias de Huancayo y Satipo (año fiscal 2018), distan de dinamizar los sectores de Agricultura y Comercio; es decir, no se están priorizando inversiones en función de los intereses de la mayoría, sino más bien, de las percepciones e intereses de algunas autoridades y grupos con mayor poder e influencia. De acuerdo al Presupuesto Participativo –Aplicativo de la Dirección Nacional de Presupuesto Público - DNPP– el GORE Junín tiene seis proyectos, pero solo uno en la esfera productiva, lo que difícilmente contribuye a dinamizar el empleo. En la Provincia de Huancayo se han priorizado seis proyectos, cuatro de ellos están a nivel de estudios de preinversión y son mayormente de tipo vial. En Satipo, de los nueve proyectos priorizados, solo tres son económicos, pero ninguno en los sectores Comercio y Agricultura.
En Salud la situación es aún más alarmante, pues no se priorizan proyectos con efecto directo en la reducción de la anemia y la desnutrición crónica infantil (DCI). Las políticas de salud que se implementaron en la gestión regional y gestiones locales anteriores, han sido ejecutadas con lineamientos nacionales, lo cual les ha restado eficacia. Por ello, los programas sociales orientados a disminuir la anemia y la DCI, además de los programas presupuestales (como el PAN), a pesar de invertir muchos recursos en las regiones, no logran resultados efectivos. Se requiere entonces, invertir no solo bajo lineamientos dados por los entes rectores nacionales, sino también por las regiones. Hacemos un llamado de atención a la nueva gestión regional y de gobiernos locales para que se enfoquen en estos indicadores, convoquen y consensúen el aporte de todos los actores presentes en la región.
En síntesis, pese a progresos innegables en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, persisten en Junín importantes problemas relacionados con el subempleo, la informalidad y la salud. Afrontar estos, supone esfuerzos más amplios que crear competitividades regionales, pensadas sobre todo para una economía basada en promover la gran inversión en sectores primarios. Mientras la mano invisible del mercado no genere empleo adecuado para la mayoría, y el Estado tenga una serie de candados para invertir en promover la pequeña agricultura familiar o los pequeños emprendimientos urbanos, los problemas antes señalados van a persistir por mucho tiempo.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2019
Programa Regional Centro - descocentro

No basta la confianza



Bien conviene que el Ejecutivo vea el lado vacío del vaso. Esos vaivenes extremos que muestran las encuestas de popularidad presidencial, muy positivas este mes, denotan la inexistencia de aquello que denominamos institucionalidad, algo que no terminamos de comprender, pero nos queda claro que es esencial para cualquier sistema democrático que se precie de serlo.
Que sepamos, lo que tenemos como estructura estatal desde hace 30 años no es una que propenda a los mutuos controles mediante pesos y contrapesos entre sus partes componentes. Lo que organizó Fujimori en los 90 –seguramente exacerbando lo que ya se había incubado en los años previos– fue un remedo institucional en el que las formas no expresaban contenido alguno, salvo encubrir una discrecionalidad en el ejercicio del poder cuyas consecuencias conocemos hoy en toda su magnitud.
Al haberse carcomido las instancias y los procedimientos, sin realizarse esfuerzos para efectuar algún tipo de reparaciones básicas, que era lo que se esperaba en la coyuntura antidictatorial del 2000-2001, señalar simpatías hacia el Presidente de la República no significa, aunque suene paradójico, tenerle confianza ni, mucho menos, respaldo que pueda traducirse en acción política.
Sumado a ello, pareciera que lo más delicado es que tanto el Ejecutivo como el Parlamento empiezan a constatar que son mutuamente dependientes. Para ambos, la única manera que vislumbran para llegar al 2021 es atacando al otro, sin posibilidad de que el Presidente de la República termine cerrando el Legislativo, ni que éste promueva la vacancia del primero.
Pero, este espiral sin solución de continuidad se desarrolla en medio de un contexto de incesante deterioro económico, que no puede ser intervenido por una conducción política del país que es extremadamente frágil y solo busca cumplir con su cometido de arribar al fin de su mandato a como dé lugar.
Sí, debemos tener cuidado que no haya habido crecimiento en el mes de abril, más aún con el continuo deterioro que vienen mostrando los indicadores de consumo en los últimos meses. Pero, el aspecto central que no queremos ubicar en el centro de nuestro debate político es el empleo.
En efecto, el ritmo del crecimiento económico que tenemos, hace que seamos muy escépticos sobre la capacidad de absorber laboralmente a los nuevos contingentes de jóvenes que se suman anualmente a la PEA. El resultado será una ampliación de las brechas laborales y mayor informalización, cuyas consecuencias directas serán la disminución de los ingresos reales de las familias y menor recaudación.
Así, el empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en Lima Metropolitana solo creció 0.5% en marzo pasado. Si bien esta cifra mejora el registro del mes anterior (febrero), que fue de 0.2%, en realidad son cifras muy magras y sin mayores impactos positivos en una mayor inclusión laboral. En el 2011 el empleo crecía más del 5% mensualmente, pero en los años siguientes esto se desaceleró y pasó a cifras negativas en el 2017.
Ahora bien, como acostumbramos «resolver» nuestros problemas cortando el hilo por el lado más delgado, empezamos a culpar a los migrantes venezolanos de nuestro desolador panorama laboral. Al respecto, no era necesario que el presidente Vizcarra asistiera al abordaje de un grupo de venezolanos que fueron expulsados del país por haber delinquido, porque corría el riesgo que este acto sea interpretado como una demostración contraria a la presencia de los migrantes, como finalmente ocurrió.
Finalmente, está el lado empresarial, en donde muchísimas cosas importantes deben empezar a resolverse, en medio de esta situación crecientemente complicada. En primer lugar, está el control de daños ante el vendaval Lava Jato que ha comprometido el centro mismo del sector construcción que, para mayor detalle, ha sido uno de los factores que contribuyó al crecimiento del PBI durante las últimas décadas.
A su vez, los empresarios deben adoptar una posición frente a la desaceleración de la economía que no afecta en mayor grado a la minería, como se sospechaba, pero sí a los demás sectores, que disminuyen sus expectativas en relación directa a la baja constante del consumo y de la inversión. ¿Cuál es la receta, según ellos, para superar esta situación? Se llama erradicar el «ruido político». Entonces, ya sabemos por dónde vienen parte de las presiones más importantes y cuál es su objetivo.


desco Opina / 21 de junio de 2019

1, 2, 3, frío otra vez


A pesar de que el próximo viernes empieza recién la época invernal en todo el país, en la ciudad capital venimos registrando el descenso de la temperatura desde finales del mes pasado con las ya clásicas lloviznas que acompaña el invierno limeño. Tan clásico como este cambio estacional, es la campaña que se genera en torno a la ayuda que se debe brindar a aquellas personas de escasos recursos que viven en zonas periurbanas de la ciudad, con la característica peculiar de ser espacios en los que se concentran altos niveles de humedad y en los que se sufre de manera más intensa los embates de la temporada más fría de la capital.
Lo alarmante de esta situación es que desde hace años, otro clásico al que podemos hacer referencia, es que cuando uno trata de registrar noticias sobre los altos niveles de afectación para este grupo de poblaciones vulnerables, los medios de comunicación centran su atención en la zona denominada Ticlio Chico, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. Año tras año las acciones de ayuda y apoyo a esta zona de la ciudad se dan de manera constante, desde campañas de vacunación y de entrega de ropa abrigadora de este año o la declaratoria de emergencia del año pasado, solo por citar algunos ejemplos.
Si bien creemos que es importante la ayuda que se brinda en esta zona de la ciudad, la realidad es que son muchos más los asentamientos humanos que con similares condiciones de vulnerabilidad vienen siendo dejados de lado. Esta afirmación la hacemos con pruebas, puesto que ya hace algunos años desco realizó un estudio sobre la temperatura y nivel de humedad en dos barrios de características socioeconómicas similares a las de Ticlio Chico, demostrando que los niveles de afectación producto del cambio estacional, son una realidad que afecta a decenas de miles en toda la ciudad.
En todo caso, y a pesar de que empezamos a percibir un cambio respecto al reconocimiento de las zonas de Lima en las que familias de escasos recursos son afectadas por la crudeza del invierno capitalino, creemos que, en lo referido a visibilizar el problema fundamental concerniente a los bajísimos niveles en materia de condiciones de habitabilidad, se hace poco o nada. En ese sentido, es necesario cambiar el enfoque «humanitario» que nos moviliza cada invierno a donar frazadas y colchas, pues si bien son importantes las campañas solidarias como la que actualmente viene promoviendo la comuna metropolitana, estas resultan siendo paliativos temporales a la problemática de fondo, como es el hecho de garantizar vivienda y servicios adecuados para «ciudadanos» de escasos recursos de Lima. Para ello es necesario empezar a pensar e implementar políticas integrales de habitabilidad, las cuales sirvan de una manera más efectiva que los «placebos» que cada invierno se aplican y que se diluyen de la misma forma como llegan; con el cambio de estación.

desco Opina - Regional / 14 de junio de 2019
Programa Urbano