JDC debe continuar

Las largas colas y los rostros genuinamente conmovidos de los ciudadanos que salían del velorio de Javier Diez Canseco en la casona de San Marcos, nos llaman la atención sobre la magnitud de la pérdida. El adiós público es lo que corresponde, precisamente porque JDC ha puesto de relieve no solamente valores y virtudes que de seguro harán falta en su círculo de familiares y amigos cercanos durante el largo proceso del luto, sino virtudes públicas, es decir, construidas por fuera del ámbito de nuestras riquezas o miserias individuales, dirigidas al corazón del vínculo social peruano. Por eso, una forma de recordarlo, es que su voz permanezca y que su agenda continúe.

Una lucha especialmente tenaz que libró Diez Canseco fue contra la corrupción. Como se ha señalado en múltiples espacios, éste es el tipo de causa que le generaron odios viscerales entre sus más «destacados» adversarios. Desde el Parlamento JDC presidió la Comisión de Delitos Económicos y Financieros para investigar los hechos de corrupción en el periodo 1990 – 2001, liderando un proceso ejemplar que le dio un conocimiento sobre el funcionamiento de los engranajes de la corrupción en el gobierno que probablemente solo ostenten quienes, desde el otro lado, han detentado el poder el suficiente tiempo como para saber por dónde viene el dinero.

Hoy que la llamada ‘megacomisión’ acaba de obtener del Congreso un plazo de 120 días adicionales conviene que las organizaciones de la sociedad civil en pro de la transparencia gubernamental apoyemos decididamente su labor, sobre todo cuando se procedió al rápido archivamiento de los indicios sobre los ‘colegios emblemáticos’ mientras el caso de los ‘narcoindultos’ sí ha motivado apasionadas versiones de parte.

Todo ello, mientras tenemos que asistir al espectáculo inverosímil de la congresista Martha Chávez señalando con el dedo acusador a otro ex presidente por las compras de su suegra mientras el líder máximo de su partido se declaró culpable de flagrantes casos de corrupción en 2009. Cabe señalar que uno de los pocos que señaló con claridad que esa era precisamente una maniobra para evitar que se ventile el caso, afectando las posibilidades de la entonces candidata Keiko Fujimori, fue Javier Diez Canseco.

Otro tema insistente y notorio en la acción política del parlamentario fallecido fue el ejercicio de derechos, que no se redujo a los de la población con discapacidad. En ese sentido, sus posiciones están en el centro mismo de temas álgidos como la Ley de Consulta Previa, actualmente en el ojo de la tormenta a propósito de la renuncia del Viceministro de Interculturalidad. El Presidente mismo agregó más confusión al señalar en una entrevista que, prácticamente solo habría comunidades indígenas en la selva, que antes se llamaban «no contactados». Además de insinuar, que las comunidades campesinas de la sierra, como fueron «inventadas» por Velasco, no tendrían nada de indígenas. Es decir, exhibiendo una ignorancia digna de mejor causa que por suerte puede ser cuestionada y rebatida.

En la práctica, parece que ni siquiera en el caso Cañaris, una de las pocas comunidades que ha mantenido su nombre desde antes del Virreynato, se negociará la obtención de rentas mineras provenientes de la gran inversión: parece que los proyectos van a ir sí o sí, lo que en la práctica nos está llevando a revocar las promesas presidenciales al formular la Ley y a decir a algunos comentaristas que la Ley de Consulta Previa termine como un fracaso más. Es indudable que la defensa cerrada de los Derechos Humanos de JDC hubiera hecho eco de los reclamos de las comunidades que, nuevamente, se ven ninguneadas puesto que el gobierno ha anunciado, poniendo el parche, que una gran cantidad de proyectos serán exonerados de cualquier consulta.

El parlamentario del Partido Socialista será reemplazado en su escaño por Manuel Dammert, actual miembro del frente Fuerza Ciudadana, que incluye al PS y a otras agrupaciones de izquierda. Mientras tanto, la figura de JDC crecerá aún más como un símbolo de reivindicaciones muy claras a partir de las cuales podrían aglutinarse voces diversas alrededor de un proyecto común para hacer del Perú una sociedad menos excluyente, menos injusta y más vivible. Seguramente ese sería el mejor homenaje para un dirigente que más allá de sus errores, siempre apostó por la unidad de quienes creemos en el cambio.

desco Opina / 13 de mayo de 2013
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Si camina como pato y nada como pato…

El pasado 15 de noviembre, Javier Diez Canseco fue finalmente suspendido de la función parlamentaria por 90 días, luego de un proceso confuso y lleno de irregularidades. La decisión que se impuso en el pleno del Congreso de la República no es otra cosa que el anunciado castigo político del Ejecutivo a uno de los congresistas oficialistas que se negaron a aceptar en silencio el viraje derechista del gobierno.

Pese al lamentable esfuerzo de las emisarias palaciegas –la ministra Ana Jara y la Presidenta en funciones, Marisol Espinoza– por organizar una posición «disciplinada» en contra de Diez Canseco, la votación de la bancada de Gana Perú fue un patético desbande: 21 a favor, 10 en contra, 2 abstenciones y 5 ausencias. En suma, hubo de todo, menos una explicación coherente acerca de esta diversidad de posiciones, que a pesar del resultado, refleja uno de los más serios reveses del oficialismo en el Congreso.

Muy diferente fue el comportamiento de los nuevos aliados del Gobierno y principales acusadores del congresista. El voto en bloque del fujimorismo es la prueba de que la iniciativa empieza a trasladarse a ese sector del hemiciclo, recordándonos un pasado que creímos derrotado en las elecciones de 2011. No es la primera señal de alarma respecto a un peligroso aire de familia entre el viraje oficialista y los modales imperantes en la nefasta década fujimorista.

Impuesta la sanción, la reacción de Diez Canseco apuntó a Nadie Heredia, cuyo protagonismo en las decisiones políticas de no deja ya lugar a muchas dudas. En una discusión que se arrastra desde la campaña electoral, en la que Humala intenta pasar por alto polos de referencia políticos («no soy de izquierda, soy de abajo»), hoy la pregunta sobre con quién gobierna Ollanta Humala adquiere nuevos matices. Entre los anillos de poder alrededor del Presidente –graficados por el sociólogo Francisco Durand-, el círculo primigeniamente compuesto por diversos familiares de la pareja presidencial parece haberse cerrado al punto que la señora Heredia lo ha monopolizado hasta hacerse imprescindible para la toma de decisiones. Y de acuerdo a la denuncia de Diez Canseco y por lo visto en el Pleno, ya no se trata sólo de las decisiones que competen al Ejecutivo.

Las dudas sobre el entorno de confianza con el que el Presidente gobierna adquieren mayor importancia, si observamos algunos aspectos clave en el corto plazo, como la inversión pública y la gestión de conflictos sociales, por mencionar apenas dos de ellos. La incapacidad de gasto en el gobierno nacional no se resuelve con «shocks de gerencia y gestión pública» como se pretende hasta ahora, menos aún cuando esos reflejos centralistas entran en contradicción con la mejora de ejecución que sostenidamente protagonizan los gobiernos subnacionales. De igual modo, la conflictividad social no se transforma por el simple cambio de la denominación de la oficina encargada de su atención, ni su nuevo tratamiento puede basarse en cargarle culpas a un proceso de descentralización «mal conducido» o a un enemigo particular, lugar que en período último ha ocupado cómodamente el MOVADEF. Somos contundentes en rechazar los intentos senderistas por aparecer nuevamente como factor político en el país, tanto como en denunciar el uso interesado que hacen del MOVADEF quienes para gobernar apuestan por legitimar situaciones de excepción e ir más allá de los márgenes de la convivencia democrática.

desco Opina / 23 de noviembre de 2012
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(Otra vez) La tentación autoritaria

La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.

Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.

Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.

En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.

Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.

desco Opina / 8 de junio de 2012
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