Tía María II: el fracaso de la «participación ciudadana en minería»

El conflicto en torno al proyecto Tía María ha mostrado el fracaso del gobierno para manejar un asunto tan delicado y complejo, lo que resulta especialmente alarmante y clamoroso considerando los antecedentes de Conga y la experiencia misma en el valle del Tambo hace pocos años. Es sin duda el fracaso de un abordaje que cree encontrar salidas «técnicas» y no políticas a los conflictos sociales.

Intentando superar la situación, el gobierno del Presidente Humala ha enviado a cuatro ministros a Arequipa para que expliquen en detalle el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la población, que desconoce los pormenores del mismo y no tiene idea de la medida en que éste ha superado las 138 observaciones que la UNOPS hizo al anterior EIA. Dada la coyuntura en el valle del Tambo, los ministros optaron por exponer en una universidad de la ciudad de Arequipa.

Más allá de la contundencia o no de sus argumentos, no deja de ser lamentable que cuatro altos representantes del Estado se vean obligados a hacer una exposición pública que, se supone, la empresa interesada debió hacer a la población en los denominados talleres informativos, como requisito para la posterior aprobación de su EIA.

Como se sabe, la legislación vigente establece como mecanismo de participación ciudadana, la obligación que tiene una empresa de realizar dichos talleres informativos para que los actores involucrados de la «zona de influencia directa» conozcan el proyecto, tanto los beneficios como los riesgos y las medidas que se van a adoptar para mitigar eventuales daños. La población convocada es la de un ámbito delimitado con criterios técnicos relacionados con las futuras operaciones mineras, dividiendo el territorio de una manera que no toma en cuenta el entramado o estructura económica, social y de poderes existentes, que normalmente entrelazan amplios espacios en donde los actores sociales reproducen su vida cotidiana, excluyéndose a población que, sin vivir en las cercanías del proyecto, va a ser afectada (o percibirá que puede serlo) por este.

Según las normas, la empresa debe poner a disposición del público el documento del EIA, que frecuentemente es un informe de muchos volúmenes y cientos o miles de páginas escritas en un lenguaje técnico y especializado, aunque se contempla la inclusión de un resumen ejecutivo en lenguaje sencillo y accesible. Los interesados deben acceder para ello a una versión digital o a una de las pocas versiones impresas que se pone a disposición, revisarla en un plazo relativamente corto e inscribirse para asistir al evento (controlado por la empresa), a fin de plantear allí sus observaciones que, se supone, deben ser tomadas en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas.

Southern utilizó estos procedimientos cuando en diciembre del año 2013 convocó a talleres informativos en la zona de influencia del proyecto, para presentar los resultados de su EIA. La organización de los eventos fue estricta y el acceso de los opositores controlado, encargándose la Policía Nacional de mantenerlos a raya y evitar desmanes. La empresa y el MINEM quedaron satisfechos con los resultados y el EIA terminó siendo aprobado por este último, a pesar de las observaciones presentadas por quienes se oponían.

La confianza en que los talleres informativos habían dado luz verde al proyecto y se había logrado neutralizar a los opositores, no generó mayor preocupación en la empresa ni en el MINEM por procurar que la población del valle (no sólo la de la zona de influencia directa) conociera realmente los detalles del EIA y se informara respecto cómo supuestamente se había logrado el levantamiento de las observaciones efectuadas por la UNOPS, menos aún por instalar una mesa para ir negociando oportunamente inversiones y mecanismos para solucionar eventuales conflictos, y mucho menos todavía por el siguiente movimiento de los sectores opositores en la campaña electoral del 2014. La visita de los cuatro ministros es producto de este grave error político, pero en un contexto mucho más complicado que en diciembre del 2013; quizá sea ya tarde.

Más allá de las maniobras concretas que puedan haberse producido en los talleres, y que los opositores al proyecto juzgan como reales, lo cierto es que el modelo de «participación ciudadana en minería» es bastante restrictivo; las dificultades de la población para acceder a la información, el plazo relativamente corto que se tiene, la organización de los talleres generalmente en manos de la empresa –la que juega también un rol decisivo en la selección de los participantes–, constituyen problemas serios que limitan dicha participación. No hay, además, mecanismos efectivos para asegurar que las observaciones al estudio sean tomadas en cuenta por el MINEM. Tan importante como lo anterior, es que los talleres informativos se limitan a convocar a la población residente en la ya mencionada «zona de influencia directa», excluyendo a otros sectores técnica aunque no social ni territorialmente fuera y que, por tanto, pueden jugar un rol decisivo en la obtención de la licencia social. Justamente, en el caso de Conga, la protesta partió de estas áreas y terminó bloqueando el proyecto y no es de extrañar que población «externa» a ese ámbito participe ahora en las movilizaciones contra Southern.

Por ello, creemos que esta crisis es una buena oportunidad para repensar la normatividad y plantear la necesidad de introducir cambios que permitan una participación ciudadana amplia, efectiva y democrática, reduciendo las fuentes de conflictividad social.

desco Opina - Regional / 17 de abril de 2015

Programa Regional Sur
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De Conga a Tía María: el fracaso de la política

Tres años después de las movilizaciones que paralizaron el desarrollo del proyecto Conga en Cajamarca, una nueva crisis ha estallado en la provincia de Islay (Arequipa); un importante sector de la población, liderado por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, se oponen al desarrollo del proyecto Tía María de la empresa Southern Perú Copper.

Estas movilizaciones dejan la sensación de un déjà vu, y es inevitable preguntarse con cierto aire de incredulidad, si las lecciones del conflicto de Cajamarca, al inicio mismo del mandato del Presidente Humala, han sido realmente aprendidas. Los errores de su primer año de gestión podían ser atribuidos, hasta cierto punto, a su inexperiencia; tres años más tarde, y luego de las ricas y complejas lecciones que ha dejado la conflictividad en tiempos recientes, el problema está más bien relacionado con el enfoque predominante, la incompetencia y las evidentes limitaciones políticas del gobierno.

Son muchos los factores que explican lo que está pasando, pero queremos resaltar al menos dos de ellos: la pobre o escasa visión política del gobierno y el manejo inadecuado de los tiempos. La desastrosa experiencia de Conga enseña que, cuando un conflicto social escala hacia la escena política e involucra a actores clave en el espacio en que se desenvuelve, su gestión se torna más compleja y, desde luego, demanda arreglos políticos para su solución. Los memoriosos deben recordar que, muchos meses antes del estallido, se conocía ya de la oposición y resistencias existentes al desarrollo del proyecto, pero ni la empresa, ni el sector Energía y Minas u otras entidades públicas involucradas, adoptaron oportunamente medidas para lograr acuerdos y evitar el escalamiento; más adelante, la polarización a la que se llegó desnudó la incapacidad del gobierno para hallar y pactar una salida, y varios meses después, luego de trágicos episodios de violencia, se optó por congelar el conflicto y, en los hechos, mantener paralizado el proyecto.

El fracaso de Conga determinó en el gobierno un viraje hacia una opción más represiva, liderada por el ex–premier Valdés, bajo la convicción de que estos conflictos eran producidos por un reducido grupo de activistas que manipulaban y agitaban a la población. A los pocos meses, esta opción fracasa también en Espinar (otro caso que escaló igualmente hasta la escena política), y se produce entonces un nuevo viraje, esta vez hacia una opción que planteaba el diálogo y la prevención como mecanismos fundamentales para atender los conflictos. A partir de entonces, segunda mitad del 2012, y por diversos factores, entre ellos esta nueva estrategia, el país no conoció situaciones comparables en su escalada y violencia.

Es así que, a fines del 2013, y luego de algunos años del conflicto inicial, en un período de relativa calma, Southern retoma en Islay el proceso, realizando los talleres de presentación a la población de los nuevos estudios de Tía María. Mediante un buen manejo de los eventos por parte del MINEM, y con un hábil apoyo policial, se logró neutralizar los intentos de los no pocos opositores que, bajo la gestión del gobierno del Presidente Alan García, habían conseguido detener el proyecto. Esta suerte de triunfo de corto plazo, explica justamente la derrota que el gobierno y la empresa están a punto de experimentar.

La confianza en los resultados de los talleres influyó al parecer en la decisión de no instalar, en ese momento, la mesa que hoy el gobierno busca a toda costa poner en funcionamiento, habiendo desperdiciado un tiempo valioso; más grave aún, pocos dentro de la administración Humala previeron que los opositores iban a tener éxito en la arena electoral. En los tres distritos mencionados, los candidatos que triunfaron en las elecciones municipales de octubre pasado fueron líderes con un discurso claramente opuesto al desarrollo del proyecto minero, sin que los partidarios del mismo en la sociedad civil (que sin duda los hay) fueran capaces de organizarse y disputar también en ese plano. Son estas nuevas autoridades las que están encabezando las movilizaciones y prácticamente han convertido el conflicto en un problema regional, involucrando a otras fuerzas e incluso a la gobernadora regional (partidaria del proyecto pero con licencia social).

Así, estamos ante un  conflicto que llegó a la escena política y es allí, al parecer donde tendrá que resolverse. En la mirada tecnocrática, hoy hegemónica en el gobierno, se abriga la expectativa de que explicando los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ofreciendo inversiones sociales, se logrará desescalar el conflicto y continuar con el proyecto. Esta visión olvida la profunda desconfianza de la población (o de un sector significativo de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un vocero de la empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en 50 años, no es precisamente muy positiva. Es difícil creer que eventuales explicaciones detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza (recordemos la estéril experiencia con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el caso de Conga). Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la empresa ha ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan antes a intentos de comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos niveles de pobreza, donde existe un importante sector de pequeños y medianos productores dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los que tienen que perder más ante una eventual deterioro del valle por la minería.

El uso hábil de las herramientas manejadas por expertos conflictólogos no pondrá fin al problema. La salida más viable sería entonces una de carácter político, un arreglo entre el Estado, las empresas y las fuerzas opositoras y partidarias del proyecto, que sin perjuicio de las inversiones sociales que hayan de realizarse, establezcan mecanismos de vigilancia ciudadana a la actividad minera y un instrumento efectivo e inmediato de compensaciones y mitigaciones de eventuales daños, a partir del supuesto, claro está, de que el proyecto pueda convivir con la actividad agropecuaria local.

desco Opina / 10 de abril de 2015

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Vieja minería, caras «nuevas»

La 31 Convención Minera Perumin, celebrada en Arequipa hace algunos días, se desarrolló dentro de lo predecible; a las declaraciones genéricas del Presidente sobre una «nueva minería» y la necesidad de que las empresas trabajen por el «desarrollo local» (ambas alusiones vacías de contenido en el discurso del Mandatario), se sumaron las declaraciones del Ministro de Energía y Minas sobre la viabilidad de Conga y la condena a la minería informal, que motivó a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería a dejar de referirse a dicha actividad con el nombre de “minería”, como para no contaminar aquella palabra bendita.

Por decirlo eufemísticamente, hubo escasa autocrítica y sí muchos señalamientos. Como suele ocurrir, las críticas vinieron de fuera, a cargo de algunos académicos invitados y de Nicholas Holland, CEO de Gold Fields, quien se manifestó contra el cortoplacismo rentista al que podría inducir el sector. Por otro lado, Tania Quispe, Jefa de la SUNAT, aclaró que la importancia relativa de la minería para la tributación ha pasado de representar el 33% de todo lo recaudado por Impuesto a la Renta en 2011, al 14.2% en lo que va del año, como para relativizar la importancia de un sector que sigue pensando que el canon, que sale del Impuesto a la Renta, es algo así como una dádiva para las regiones.

La sorpresa vino del lado de Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, y unas de las caras visibles con más influencia en el sector. En una entrevista en el marco de la Convención señaló que no había descartado la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2016. A primera vista parece ser una manera de eliminar a los intermediarios en su relación con el aparato del Estado, ya bastante fluida. Es claro que los grupos mediáticos en  recomposición le garantizarían un trato bastante amable, lo cual no es un dato menor. Algunos comentaristas señalan que, pese a sus «anticuerpos», el descrédito de la política y la sensación de que es uno de los guardianes del crecimiento, podría ganarle una base de aprobación no desdeñable.

Compartimos la idea de que sectores de clases medias en ciudades como Lima y otras que pueden ser mapeadas probablemente por la proliferación de centros comerciales, creen que el crecimiento económico se debe en parte a empresarios como Benavides, sumando poder simbólico a su influencia efectiva en las dependencias del Gobierno que quedan fuera del ojo público. Este sector de la población no se plegaría así nada más a la reciente y aparentemente exitosa marcha organizada por los gremios de trabajadores en varias ciudades del país, siendo que el empleo estable y digno en situación de dependencia es poco valorado en un país con altos índices de autoempleo y empleo informal.

Esta informalidad se ha extendido a muchos sectores; en este país ¿es acaso una sorpresa que se haya «informalizado» la actividad minera? Ante la falta de comprensión del fenómeno y el contexto en que estas actividades ocurren, el discurso de la criminalización corre solo y legitima solamente a los grandes capitanes de empresa, como Roque, una cara nueva de un viejo esquema de orden social peruano.

desco Opina / 27 de setiembre de 2013

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Mucho ruido para tanto silencio

El mensaje a la Nación del 28 de julio pasado fue sorprendentemente largo y lleno de detalles. Su protagonista –que no cuenta entre sus dones la facilidad de palabra o el entusiasmo en la lectura- repasó tediosamente la gestión sectorial del Ejecutivo y concluyó, tras cerca de dos horas, con un colofón que invitaba al gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la empresa y la sociedad civil, a trabajar juntos para “la gobernabilidad y la paz social”. Carente de un eje articulador, sin prioridades claras a comunicarle al país, plagado del anuncio de nuevos programas sociales y lleno de cifras, el discurso no transmitió ninguna imagen precisa de la voluntad gubernamental, menos aún del destino del país.

En su falta de orden, se perdieron algunos anuncios importantes. El compromiso al 2016 de reducir la pobreza total al 15% de la población, la ley de carrera docente, la reforma constitucional para establecer el derecho al agua o la advertida reforma del SNIP fueron apenas titulares, teniendo en cuenta su innegable interés y el debate que alimentarán en breve. También fueron evidentes algunas ausencias particularmente graves, como la situación peruana frente a la crisis internacional. El silencio alrededor del tema sugiere que el Ministerio de Economía mantiene al Presidente en la tesis del supuesto “blindaje” que nos protege. Más aún, expresa el manejo automático de la economía, que se traduce en nuestra dependencia plena de la demanda externa. El discurso tampoco adelantó nada concreto sobre la llamada nueva minería, más allá de la retórica de que ésta deberá ser sostenible y ambiental y socialmente respetuosa y del impreciso anuncio de iniciativas normativas a partir de la propuesta de la Comisión creada por el Ejecutivo para tal fin.

A pesar de la naturaleza y la extensión de la intervención presidencial, el término descentralización no fue usado en ningún momento. La única reforma estrucutural iniciada por el país el siglo XXI se redujo a unas cuantas menciones instrumentales a los gobiernos regionales –su concurso en la masificación del gas natural en las zonas altoandinas o la transferencia de recursos para construir escuelas- asumiendo, aparentemente, que la descentralización se reduce a los Consejos de Ministros Descentralizados y a reuniones puntuales con presidentes regionales y alcaldes.

Los anuncios de reforma del SNIP y la creación de una Dirección General de Diálogo en reemplazo de la Unidad de Conflictos fueron gotas de agua en el desierto, la excepción en un discurso que muestra a un Ejecutivo carente de reacción ante los temas que le aprietan el paso, entre ellos el narcotráfico, los remanentes de Sendero Luminoso o los conflictos vinculados a la minería. Respecto a ello, no fueron recordados por el Mandatario los civiles fallecidos en el marco de las protestas sociales ni los policiales y militares caídos en los enfrentamientos del VRAEM el último año. Para peor, el anuncio de una nueva licitación para el Gasoducto del Sur niega el compromiso presidencial de iniciar la construcción del ducto con un crédito puente del Estado a Petroperú-Kuntur, postergando una vez más un proyecto largamente demandado y poniendo en cuestión la viabilidad del polo petroquímico en esa zona del país.

La ausencia de autocrítica en el Mensaje no llama para nada la atención. Cierto que un año es poco tiempo para revertir los problemas centrales del país, pero es sin duda tiempo suficiente para tenerlos claros, establecer prioridades y definir las políticas públicas y los instrumentos para atenderlos. A juzgar por el discurso, el gobierno no lo ha aprovechado.

desco Opina / 3 de agosto de 2012

Detener la violencia

La nota de opinión que debió aparecer en esta ocasión fue elaborada el martes 3 de julio, por la mañana. Debía tratar sobre las dificultades que tendría el gobierno en las próximas semanas. También sobre los impactos de la crisis económica mundial en el país. Sólo horas después todo ello perdió sentido.

Lo ocurrido en Celendín confirmó que haberle sustraído momentáneamente la espoleta a situaciones que amenazaban con convertirse en inmanejables, como Conga en Cajamarca o Espinar en Cusco, no debía conducirnos a falsas expectativas. En ambos casos, un desenlace consensuado era algo aún lejano y, en el mejor de los casos, la situación conflictiva había ingresado a una nueva fase, sin desaparecer del todo la probabilidad de un renovado desencadenamiento de la confrontación.

La probabilidad se hizo realidad en Celendín. Las víctimas de la protesta social siguieron sumándose, en medio de la inaudita soberbia de los directivos de la empresa involucrada en el proyecto Conga, la profunda incapacidad política del gobierno y las enormes dificultades que tiene la población para encontrar liderazgos que estén a la altura de las circunstancias.

Una situación ya gravísima no impidió que continuara el deterioro. La incalificable detención –por su forma y su fondo– de Marco Arana y la bárbara acción policial en Bambamarca que deja como saldo parcial un muerto, más heridos y más detenciones, indican claramente que la ruptura entre el gobierno y sus esperanzados votantes de hace un año es profunda y parece que sin retorno. Para el caso, es malo perder las exiguas esperanzas de diálogo y apostar firmemente por éste, pero siendo muy conscientes también, que algo o alguien muy poderoso lo impide a toda costa, para quien nada está resultando tan funcional como la infinita torpeza del Ejecutivo.

En suma, este nuevo hito en el ciclo conflictivo se escenifica en medio del desgaste continuo de los actores involucrados. Resulta patético verlos pidiendo diálogo cuando a todas luces no muestran una mínima vocación para instalarlo. De esta manera, queda claro que la voluntad y la legitimidad para generar un espacio indispensable que ponga fin a la ola de violencia, pasa a otras instancias.

Obvio que esto acarreará enormes costos políticos al Ejecutivo, pero son las consecuencias de la inacción y la incapacidad de ver incluso lo evidente. A estas alturas, se supone que el gobierno tendrá pleno conocimiento que su precaria estabilidad está colocada al borde mismo del abismo. Ojalá sea así e inicie la rectificación.

Sin embargo, también están los que insisten en la mano dura. Existen, pisan fuerte y tienen grandes medios de comunicación. Para ellos, no importa demasiado un gobierno que hace sólo un año era la bestia negra al que se debía impedir su triunfo electoral a toda costa. Lo realmente existente para ellos es la utilidad del corto plazo y que el resto asuma sus pasivos. Queda en manos del gobernante, entonces, decidir con quién y para qué gobernar.

Finalmente aunque no menos importante, expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los deudos de las víctimas. Las de Celendín y Bambamarca. Las de Espinar. Las del VRAE. Asimismo, hacemos nuestra la indignación por la injustificada detención de Marco Arana, felizmente corregida, permitiendo aún un hilo de esperanza en la posibilidad de una salida distinta a la que ahora se afirma, a un conflicto que nos acerca al abismo.

desco Opina / 6 de julio de 2012

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(Otra vez) La tentación autoritaria

La digna renuncia de la congresista Verónika Mendoza, una de las fundadoras del Partido Nacionalista y cercana a la pareja presidencial, y el posterior retiro de la bancada oficialista de los parlamentarios Mavila, Diez Canseco y Coa evidencian las contradicciones entre los varios discursos que acogió el proyecto nacionalista en su camino al poder. Los ya prolongados conflictos de Conga y Espinar, cierto que heredados, han pasado la factura a un Ejecutivo que –usando los instrumentos autoritarios que le legara Alan García– muestra serias resistencias para procesar situaciones difíciles con maneras democráticas.

Desvanecida el aura de triunfo de la captura de «Artemio», la política militar y de inteligencia desplegada en el VRAE se muestra como más de lo mismo. Una columna narcoterrorista armada retuvo –durante una acción de propaganda en Kumpirushiato– a trabajadores de la Transportadora de Gas del Perú, evidenciando que el Estado peruano no está en capacidad de garantizar la seguridad interna en el corazón del eje energético. El narcoterrorismo golpea en una materia particularmente sensible para el país y directamente para el Presidente de la República, dada su formación militar.

Ante la opción oficialista por calificar de azuzadores o extremistas a quienes encabezan el malestar social relacionado a la inversión minera, el minoritario país conservador aplaude porque ha logrado reponerse del revés electoral y vuelve a ser parte de la mayoría oficial que rodea al Presidente para incidir en sus decisiones económicas, políticas, legales y judiciales. La tentación autoritaria ha llevado al alcalde de Espinar a prisión preventiva, mientras sectores de derecha aventuran la propuesta de ilegalizar a Tierra y Libertad, uno de los movimientos que se opone activamente al proyecto Conga en Cajamarca.

En este escenario, las declaraciones de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca cuestionando la legitimidad del gobierno de Humala tienen el efecto perverso de dar en el gusto a quienes quieren hacer equivaler las exigencias de cambio en el comportamiento del Estado y las mineras con intentos de desestabilización democrática. El comportamiento de Santos, además, ha sido aprovechado por la prensa de derecha para omitir en sus reportes la presencia de decenas de miles de cajamarquinos en el acto del 5 de junio y la violenta represión policial contra los grupos que tras el mitin se dispersaron de regreso a Bambamarca y Celendín.

Así se han cumplido tres años de los hechos de Bagua –trágico hito en la conflictividad social peruana– y un año del triunfo electoral del candidato que ofreció transformar ese malestar en un gobierno de cambio. Si bien no estamos cerca de un nuevo «5 de abril» –como provocadoramente sugirió un importante analista– es evidente que 20 años después del inicio del régimen cívico-militar, no es difícil encontrar parecidos, en la medida en que el Presidente Humala, amparado en su interpretación de la Hoja de Ruta, se distancia sistemáticamente de los sectores que contribuyeron a su victoria. Cada vez más lejos de su electorado de primera vuelta, hoy parece dispuesto a enfrentarse incluso con quienes lo acompañaron en el primer tramo de su gobierno. Sin un partido que le garantice base social y equilibre sus decisiones y acicateado por la prensa que expresa a la derecha más extrema, no ha dudado en profundizar la criminalización de la protesta social.

desco Opina / 8 de junio de 2012
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De la sartén a las brasas

La crisis política que resultó en la renuncia de los ministros de Interior y Defensa continuó su curso con el nombramiento de Urquizo y Calle en las carteras que fueron «abatidas» por la situación generada en el renovado conflicto del VRAE. Los nuevos ministros no han sabido responder los cuestionamientos a sus trayectorias e idoneidad y muestran a un Ejecutivo moviéndose en círculos no sólo más estrechos, sino también con menos ideas para sortear los escollos. En ese margen veremos cómo enfrenta, camino a su primer aniversario, los conflictos políticos más inmediatos.

El pedido del Ejecutivo para legislar en materia tributaria nos devuelve al tema de la (des) confianza que las instancias políticas generan en los agentes económicos. Urgido de recursos para financiar los programas de inclusión social, el gobierno recibe por un lado respaldo de la CONFIEP, gremio para el que el único interlocutor válido en la materia es el Ministro de Economía y una eventual reforma se «politiza» al pasarla por la criba parlamentaria. Por otro lado, en la hipótesis de que la propuesta del MEF no contempla cómo ampliar la base de la recaudación, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, y algunos sectores empresariales temen que la solicitud del Ejecutivo sea la manera de encubrir una mayor imposición a los ciudadanos, señalando que la decisión también es «política» y, por tanto, debe tratarse en el Congreso.

De cualquier modo, instalados en el consenso de que el enemigo es la evasión y el reto la formalización, se posterga atacar el fondo del debate: la necesidad de descentralización fiscal y, no está de más decirlo, la necesidad de sincerar la renta extractiva. Estos dos asuntos, que en la práctica condicionan en buena medida el proceso político de la descentralización, son obviados en gestos como el anuncio de «relanzamiento» de la misma, realizado nada menos que por el premier Valdés, el menos adecuado para proponer un ambiente dialogante en la interlocución con los presidentes regionales.

Por otro lado, sumando a la prolongada polarización generada por el proyecto Conga, Newmont, inversionista principal de la operación, anunció la reprogramación de sus inversiones en el país. Y a la movilización convocada en Cajamarca contra el proyecto Conga, lejos de los paños fríos, el gobierno responde con una marcha que cuenta con la entusiasta colaboración del connotado fujimorista Absalón Vásquez y otros personajes ávidos de recobrar protagonismo, como Luis Guerrero.

Visto desde la promesa de construir institucionalidad ambiental, Conga no ha supuesto un punto de quiebre de dimensión nacional. Tras el intenso debate que propició el peritaje al estudio de impacto ambiental del proyecto, ni desde el Estado ni desde la sociedad se registran esfuerzos reales de centrar en el MINAM la rectoría de la política ambiental. Peor aún, en ese vacío la opción gubernamental fue la creación de una unidad ambiental en la PCM. Una isla más al archipiélago del proceso de toma de decisiones en esta materia. Otra decisión que no hace sino reafirmar esa extraña vocación del gobierno de resolver situaciones apremiantes generando otras peores.

desco Opina / 25 de mayo de 2012
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El Sacha VRAE

A diez meses de iniciada su gestión, el presidente Humala debe lidiar con los primeros síntomas de desgaste. Exitoso en mantenerse a distancia de la caída del vicepresidente Chehade y de los sinsabores causados por sus hermanos Alexis y Antauro, hoy Humala es víctima nada menos que de la imagen que intenta transmitir. Al revés del dicho, son las circunstancias las que no están a la altura que pretende el Presidente.

Los entretelones de la llamada «Operación Libertad» muestran, en primer lugar, lo lejos que las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía están de manejar adecuadamente la derrota de Sendero Luminoso. Humala y su entorno pecaron de exitismo al querer duplicar los dividendos que supuso la captura de «Artemio» hace unos meses y con ese objetivo presentaron la liberación de los rehenes de Kepashiato como producto de la supuesta presión ejercida por las fuerzas del orden sobre la columna senderista. Las revelaciones periodísticas y las desafiantes declaraciones del senderista «Gabriel» muestran la fragilidad de la imagen presidencial cuando esta se sostiene en la fantasía de que «todo está bajo control», alimentada por los mandos militares.

De fondo, algunos temas llaman a preocupación. En primer lugar, es claro que no existe una estrategia ante los escenarios de seguridad interna que se derivan ya no solamente del narcotráfico, sino también del aún invisible entramado social, económico y político que viene provocando la operación de inversiones extractivas en los territorios amazónicos La conversión de columnas armadas –en las que apenas puede rastrearse el componente ideológico– en aparatos de extorsión a empresas principalmente extranjeras es un componente que el Estado no debe subestimar intentando encajar en el discurso de la «lucha contrasubversiva». Nada impide que el cobro de cupos sea enfrentado con mucho pragmatismo por los inversionistas, lo que crecientemente supondrá un problema de gobernabilidad en el centro del eje energético del país.

En segundo lugar, surge la pregunta por la capacidad de nuestra democracia para hacer frente a situaciones de conflicto. La región militar del VRAE, creada en 2009 por el gobierno del APRA, no comprende el distrito de Echarate, donde desde 2010 se reporta actuación de subversivos en operaciones del narcotráfico y donde hoy se ha trasladado la persecución a «Gabriel». Nuestra historia reciente nos ha dejado cargados de lecciones –por lo visto inútiles– sobre lo que ocurre cuando el mando militar prima sobre los gobiernos civiles: a cuenta gotas la prensa informa sobre las etnias desplazadas y los bombardeos en áreas pobladas por civiles. 

Vemos así cómo un proceso que debería despertar la unidad de los peruanos, como lo es la derrota final de Sendero Luminoso, termina en realidad teñida de cuestionamientos. Mientras el Premier, el ministro de Defensa y los adeptos al poder quieren ver en esto mezquindad y hasta complicidad con el senderismo, lo cierto es que no hay que ser especialmente crítico con el gobierno para notar sus deficiencias en el manejo civil y militar de la situación. Como vemos, no sólo en lo relativo al proyecto Conga Humala tiene serios problemas para gobernar un «modelo económico» que se sostiene tanto en la actuación de las grandes extractivas, como en los recursos de la coca ilegal y el «chorreo» de la minería informal.

desco Opina /  27 de abril de 2012
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