Corrupción en clave política

Lo que tenemos entre manos en materia de corrupción actualmente, pareciera una reedición de lo experimentado en el 2000. Sin embargo, además de los videos –ahora ausentes– que nos mostraban sin intermediación cómo y a quiénes se corrompía entonces, hubo también –a diferencia de hoy– un sector de la élite peruana reaccionando en contra de estas prácticas. Sino, miremos los otros videos de esos años, los de Toledo en las calles, y reparemos quienes iban a su lado.

Sobre ello, tal vez sería importante recordar que la manera como entendemos actualmente la corrupción no tiene muchos años de vigencia, contra lo que suponen las versiones «historicistas». Fue en los 90 –no más allá– cuando luchar contra la corrupción apareció como la nueva estrategia del Banco Mundial y del FMI para darse legitimidad en el mundo que surgió al concluir la Guerra Fría, cuando los países del Norte buscaron adaptarse a la circunstancia de menores recursos disponibles para la cooperación internacional y mayor presión de los movimientos sociales del Sur y de sus propios países, buscando generar mayores niveles de accountabilty. Surge entonces el paradigma del «buen gobierno», en su versión moderna, que impulsa un conjunto de medidas políticas dirigidas a convertir instituciones públicas «disfuncionales» en proveedores de servicios eficientes y transparentes. 

En los 90 también se planteó la irrelevancia de una «teoría general de la corrupción» que solo se refería a la corrupción política sin casi tocar «las áreas privadas no gubernamentales», una deficiencia que aparecía como fundamental para comprender un sistema como el neoliberal, que centraba gran parte de su argumentación en la privatización de servicios y recursos, antes en manos del Estado. Un paso importante de esta nueva perspectiva fue construir definiciones centradas en el interés público con un enfoque en el daño causado al bien común como resultado de una actividad corrupta, independientemente de quien la ejecute, mientras que esa persona realice una función que, por lo menos oficialmente, sirva al público. De esta manera, la corrupción se empezó a entender como algo que podía estar más allá de la ley misma: esta comprensión implicaba que un acto podía verse como corrupto y criminal, aunque pudiera ser legal.

Todo ello, en la actualidad, se pone en el centro mismo del debate sobre la calidad democrática. En otras palabras, cualquier política para promover la democracia debe incluir esfuerzos más audaces e inteligentes para combatir la corrupción. Diamond señala que, aun cuando hay avances, lo realizado es insuficiente y el sistema internacional debería cumplir roles estelares en este asunto: “Estados Unidos debería esforzarse más para identificar los activos internacionales de los dictadores venales y sus compinches, procesarlos por lavado de dinero y devolver su inmensa fortuna a sus ciudadanos”. Concluye afirmando que la administración Trump debe ordenar a USAID que dé prioridad a los programas que buscan crear burocracias profesionales y agencias autónomas capaces de auditar las cuentas del gobierno y de procesar la corrupción. Asimismo, debe ayudar a los grupos de la sociedad civil y a los medios de comunicación en sus esfuerzos por rastrear los fondos robados y responsabilizar a los servidores públicos.

Sin embargo, nuestro proceso de construcción institucional parece trascender la teoría que viene alimentando los debates sobre el declive de la democracia. Para el caso, Óscar Ugarteche identificó al menos seis tipos de corrupción en el Perú de los años 90. La primera –y más generalizada– fue el envilecimiento de la clase política y de los medios de comunicación cuyo precio, bochornoso, fue pagado para asegurar el apoyo al régimen. Un segundo tipo fue el desvío de fondos públicos hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Poder Judicial y al mismísimo presidente de la República.

Un tercer tipo de corrupción estuvo vinculado al manejo y uso del dinero de las privatizaciones. Un cuarto tuvo que ver con el uso de información privilegiada. Un quinto tipo, más frecuente y pequeño, fue el uso de recursos para favorecer a familiares a través de mecanismos tramposos. Por último, está la privatización del Estado, “que da lugar a que ocurran casos de nepotismo y concurrencia”.

De esta manera, las definiciones de corrupción que han estado circulando son insuficientes para catalogar con precisión el caso peruano y aun cuando era consensual que en los 90 –y ahora– estábamos ante una situación sistémica, la realidad supera con creces esta categoría y subraya el hecho de que estos actos no son excepcionales sino la regla y, fundamentalmente, una manifestación de poder, a decir de Ugarteche:  “En el Perú [desde] los años noventa, la corrupción de las élites tradicionales se unió con la generada por las corporaciones transnacionales creando una nueva combinación que tuvo su punto culminante durante la época de Fujimori. Este hecho ha afectado profundamente la sociedad peruana y continuará haciéndolo por varios años”.

desco Opina / 16 de febrero de 2017

La democracia ajena como pretexto doméstico

Con la promulgación del reglamento de la Ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú, los fervientes seguidores de la coyuntura venezolana han encontrado por fin una utilidad práctica a la atención que le dedicaron en las últimas semanas al presente y futuro de la democracia bolivariana. En las salas de prensa local y en las tiendas de la margen derecha de la política peruana, la necesidad principal es encontrar evidencia de que el fantasma –en este caso, el «pajaritico»– del chavismo ronda de nuevo la cabeza de Ollanta Humala.

El Presidente, por su rol en UNASUR frente a la crisis venezolana, ha sido objeto de una serie de cuestionamientos que, más que adhesión a la causa democrática, demostraron el interés de sus opositores y críticos por ejercer una suerte de control ideológico en el plano local. De acuerdo a quienes esgrimen que el viaje de Humala a Caracas revelaba un «regreso a la semilla» de Chávez, la integración regional vía UNASUR y hasta la modernización de la empresa estatal de petróleos son apuestas que se alejan de la institucionalidad democrática a la que debiera ceñirse el Ejecutivo.

Lejos de la coherencia política de los activistas antichavistas en el plano internacional –los Vargas Llosa– los detractores locales del gobierno venezolano son poco creíbles en su rol de vigilantes de las maneras democráticas. Paradójicamente, fue su eventual favorito, Henrique Capriles, quien les recordó quizá sin querer que el factor Fujimori –el amañamiento de los órganos electorales, la terca re reelección– les impide justificar su celo por la democracia, expediente que apenas en 2011 fue actualizado por su apoyo incondicional a la candidatura de Keiko Fujimori, la «heredera natural» del proceso político y económico abierto en el país con el autogolpe del 92.

Queda claro entonces, que el affaire Venezuela se ha convertido hoy en la palanca para empujar a Humala a una serie de definiciones en el plano local. En ese intento, la actividad empresarial del Estado a través de Petroperú equivale a estatismo de corte chavista, el interés por La Pampilla es evidentemente velasquismo, y como guitarra llama cajón, una eventual negativa al indulto a Fujimori no puede leerse sino como la prueba final de caviarismo, enfermedad final del izquierdismo que aqueja al gobierno.

La viga en el ojo ajeno, sin embargo, no debe impedir mirar con preocupación tanto el futuro del pueblo hermano de Venezuela, como el presente del gobierno aquí dirigido por Humala. El heredero de Chávez –y con él las izquierdas peruanas que lo avalan– debe advertir que el cuestionamiento por la institucionalidad democrática no es un tema menor, pues en el caso del «proyecto bolivariano» no se trata únicamente del dinamismo electoral y la legitimidad plebiscitaria construida por Chávez, ni siquiera de la representación mayoritaria con la que el oficialismo controla el Congreso; también suman y restan a la legitimidad política interna del régimen, la pluralidad política y su manejo del aparente desmadre económico que se avecina, generado en parte por un estatismo que se salió del cauce de los recursos estratégicos e intentó jugar en el mercado del abastecimiento local, multiplicando empresas nacionales a diestra y siniestra.

De vuelta al Perú, es evidente que la compra de los activos de REPSOL en el rubro de comercialización, tanto como la sobrecarga ideológica en los argumentos en contra de dicha operación, enturbian lo que debiera ser la discusión de fondo: la definición de una política energética en tiempo de incertidumbre económica global y, en ese marco, la validez de la apuesta estatal por capturar la renta petrolera, con la apertura de los frentes financieros y ambientales que ello supone.

desco Opina / 29 de abril de 2013
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El indulto y los campos en disputa

La presentación oficial del pedido de indulto para Fujimori por parte de sus vástagos amenaza con dejar a nuestro no tan locuaz presidente sin el único argumento que tenía para no hablar sobre el tema: «no he recibido nada». Queda claro que un sector, el mismo que se opuso con tenacidad a Humala en 2011, está a favor del indulto y mueven sus fichas en privado y en público para que éste sea otorgado. Panamericana televisión, por ejemplo, titulaba la noticia con el conmovedor rótulo ‘Con fe y esperanza’, palabras que uno esperaría para informar sobre la Teletón.

Cabría esperar algún resquicio de pudor para manifestarse desembozadamente desde la prensa ‘seria’ a favor de Fujimori, exaltando sus virtudes. Y cabría esperarlo porque él y su aparato se encargaron de comprar la línea editorial de diarios y canales de televisión. Hoy, los columnistas que rechazan –legítimamente– las expropiaciones del pasado, se hacen de la vista gorda con la compra fujimorista; al parecer mientras las cosas se mantengan dentro de la lógica del intercambio de prestaciones todo vale. En positivo, el tema ha tenido la virtud de explicitar las posturas de influyentes figuras del medio, tras varios años de apoyos oblicuos y tras el amago de mea culpa de los medios en conjunto, a poco de caer el régimen de Fujimori y Montesinos.

Pero más allá de los medios, los operadores políticos juegan su partido. La especulación sobre el canje de favores entre el nacionalismo y el fujimorismo no deja de tener cierto asidero, sobre todo si estamos hablando de un gobierno que parece estar supliendo su orfandad de ideas con la posibilidad cada vez más cierta de terminar asemejándose a quienes fueron sus rivales electorales. Por el momento, las declaraciones del presidente contra los «infiltrados» en organizaciones que podrían participar en las elecciones regionales y municipales de 2014, relacionadas sin duda a su animadversión por algunos presidentes regionales tipo Santos y con la huelga de maestros del SUTEP, le hacen el juego –tal vez inadvertidamente– al tipo de alertas sobre el terrorismo que más que defender al Estado buscan beneficiar a los Fujimori, por un lado, y reforzar aquella visión de los acontecimientos que pone en el mismo saco a Patria Roja y al Movadef, y, con nulo rigor histórico, a toda la izquierda, del lado del ‘terror’.

Sumado a eso, el presidente viene dejando claro que su hartazgo con algunos ministros de su primer gabinete con quienes, supuestamente él tenía que fungir como «profesor», es inversamente proporcional a su confianza casi ciega en figuras como el ministro Castilla. El MEF parece haber amasado, sin oposición alguna dentro de un gabinete demasiado cambiante, el poder para decidir respecto de las transferencias a gobiernos locales y regionales con miras a capitalizar apoyos para el 2014. Esto juega en pared, por ejemplo, con espadas de Damocles que penden sobre la institucionalidad de los gobiernos regionales, como las modificaciones a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que están dando vueltas en el Pleno del Congreso.

Si la reconcentración es la forma que el gobierno considera óptima para acumular fuerzas y capital político que no podrá obtener de operadores políticos –que no tiene– entonces parece que se quiere cuidar más de sus propias bases que de quienes tienen el poder de susurrarle al oído en salones privados.

La derecha, ante la sensación de haber perdido algo a nivel regional con la tercera victoria sucesiva de Chávez en Venezuela, parece más empeñada en que salga el indulto. Hay una afinidad que podríamos llamar cultural con «valores» como la mano dura y el autoritarismo que el personaje encarna, pero también, se percibe que golpea a los adversarios, lo cual es una forma difusa pero eficiente de ir ganando. Lo que continúa en el guión es el ataque a fondo al Informe de la CVR y, cómo no, ampliar la amnistía a niveles insospechados.

Por otro lado, la izquierda en sus intentos por fortalecer sus bases tiene un camino complicado con la pendiente recolección de firmas que enfrentan las fuerzas que quieren inscribirse para participar en 2014 y en 2016. Parece imposible pedirles que dejen de pensar en las elecciones a favor de hacer política, si entendemos esto último como la consolidación de discursos que disputen los sentidos comunes del libre mercado y el exitismo basado en la capacidad disuasiva del consumo. En ese sentido, la batalla del indulto sí es un pleito que debe comprarse para sentar posición contra la antipolítica como forma de relacionamiento entre Estado y sociedad.

desco Opina / 12 de octubre de 2012
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Segunda vuelta: pasado reciente y futuro imperfecto

Tal como lo adelantaron desde una semana antes las encuestadoras, la primera vuelta electoral, concluyó con la victoria de Ollanta Humala, seguido de Keiko Fujimori. La votación de ambos, que representa poco más de la mitad del electorado, no debió ser una sorpresa para nadie, aunque los seguidores de PPK y Alejandro Toledo mantuvieron hasta el último momento la esperanza de que su candidato llegara a competir con Humala.

En una primera lectura, los votos por Humala y Fujimori expresan con claridad la demanda de más Estado y de políticas que garanticen la inclusión social. En el caso del primero mediante políticas redistributivas; la segunda, como no podía ser de otra manera, a través de los programas asistenciales que marcaron el régimen populista de Alberto Fujimori. Los nacionalistas recogieron también el voto anticorrupción y sacaron partido de contar con el único candidato relativamente distinto en la contienda, por sus propuestas y por no caer en el espectáculo, como lo hicieran todos los demás. Los fujimoristas, recurrieron al «voto duro», ese 20% de peruanos y peruanas, que a pesar de lo vivido siguen creyendo en el sentenciado Alberto Fujimori.

Dado que en la segunda vuelta electoral el punto de partida de cada competidor está dado por su «voto duro»; la disputa se dará alrededor de convencer a un electorado disperso y sobre todo, atemorizado por el escenario futuro por el que tendrá que optar. Como es obvio, la capacidad de endose de quienes perdieron el 10 de abril, es prácticamente inexistente: quienes optaron por ellos, mayoritariamente rechazan a uno de los finalistas, si no a ambos. Así, buena parte del resultado final descansará en la capacidad de cada uno de ellos de convencer a un electorado que se debate entre la incertidumbre del futuro y la sombra de un retorno al pasado.

Ante este reto, ambos candidatos deberán perfilarse mejor comunicando de manera muy concreta cómo realizarán las demandas consagradas en la primera vuelta: qué reformas harán en el funcionamiento del Estado y cómo financiarán la redistribución que ambos ofrecen. En este terreno tendrán que aclarar las propuestas tributarias y las condiciones de explotación de nuestros recursos naturales, dos temas particularmente sensibles en la agenda social de los últimos años. Este examen de fondo se verá atravesado al menos por tres factores de polarización. La afirmación de la democracia y los derechos humanos es el primero; la lucha contra la corrupción, el segundo y los cambios al modelo económico, sin ninguna duda, el tercero.

Ciertamente nada asegura que un eventual gobierno Humala vaya a respetar las instituciones, las formas y los poderes de la democracia, pero la historia nos indica que Alberto Fujimori canceló la democracia mediante un autogolpe, cambió la Constitución, forzó su interpretación auténtica y se eligió tres veces, antes de fugar del país, renunciar por fax y tentar un lugar en el Senado de Japón. La candidata Fujimori pretende gobernar acompañada del staff paterno y dentro de la misma fuerza política, que insiste en la tesis de la inocencia de Fujimori y en la legitimidad de violentar derechos humanos en pro de la pacificación tras el conflicto armado. Nada garantiza tampoco que el nacionalismo enfrente con éxito la corrupción, pero es innegable que la cleptocracia en nuestra historia en el siglo XX tuvo en el régimen de Alberto Fujimori a su principal abanderado.

En lo que hace al modelo económico, a estas alturas es indiscutible que éste requiere de cambios. Así lo sostuvieron todos los candidatos y lo evidenciaron en sus distintas propuestas. Keiko Fujimori es la garantía del menor número posible de reformas, a condición de financiar el asistencialismo al que se ha comprometido y que es en última instancia su factor de legitimación. De otro lado, Humala, así propusiera transformaciones radicales –que no aparecen ni en su plan de gobierno ni en su discurso de campaña– no está en condiciones de hacerlo, entre otras cosas porque no es mayoría en el Congreso ni tiene control de los distintos poderes del Estado.

Más allá de los miedos que puedan azuzarse de un bando y el otro, es claro que mientras el nacionalismo está marcado por los temores que genera desde su surgimiento, Fuerza 2011 está marcada por la historia reciente del gobierno de su mentor, que expectante aguarda el desenlace, tras las rejas de la DINOES.

desco Opina / 15 de abril de 2011

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Dos maneras de ver el país

El Informe de la comisión que fue constituida para investigar los sucesos acontecidos en Bagua, meses atrás, ha generado incertidumbre; dado que se cuestionan los enfoques utilizados y existen sospechas de manipulación de la información. Así pues, es posible observar como la problemática se ve reflejada cuando Jesús Manacés, dirigente awajun, decidió no firmar el documento y ratificar las observaciones que ya había difundido por los medios de comunicación; siendo acompañado por la hermana Carmen Gómez Callejas (miembro de la referida comisión).

Por otro lado, entre los desacuerdos que señalan Manacés y Gómez, resalta el hecho de que la investigación no siguió un protocolo riguroso; lo cual no sólo es perjudicial en sí mismo, sino conlleva a que la información disponible sea insuficiente y sesgada. De ésta manera se crea una desarticulación, en donde las conclusiones a las que se arribó carecen de consistencia. Asimismo, los autores subrayan las profundas deficiencias de interpretación que condujeron a afirmaciones tan fuera de lugar, como que los pobladores nativos de la Amazonía no sabían los contenidos de los decretos legislativos que estaban en cuestión y, por ende, fueron manipulados por «agentes externos» con objetivos políticos.

Todo ello acompañado de acciones y actitudes de las autoridades que a estas alturas no llaman la atención; aun cuando siempre serán motivo de indignación, como no haber financiado a la comisión a pesar de contar con partidas aprobadas y recursos disponibles aportados por el PNUD o que el Ministerio Público no haya facilitado los informes que requería para cumplir con su labor.

Estos señalamientos nos conducen inmediatamente al pasado reciente. Nos hace recordar el tiempo que emplearon los gobernantes y autoridades de los años 80, buscando cubanos y soviéticos, mientras Sendero Luminoso lanzaba diariamente sus coches bomba. Nos actualiza a esos empleados judiciales que –invadidos por el miedo– no atinaban a imponer el estado de Derecho y a esos funcionarios públicos cuya escasa visión era una de las mejores armas de la subversión.

Nos trae a la mente la comisión Uchuraccay y sus insólitas conclusiones, como también la de Accomarca, Cayara o aquella que formó el fujimorismo para no hallar nada en el Bolsón Cuchara, previamente bombardeado de manera intensa por las fuerzas del orden. Invita a reflexionar nuevamente sobre la sorprendente respuesta que dio a mediados de los años 80, el entonces subteniente Hurtado –que debía matar campesinos en Ayacucho para que la democracia de Lima pudiera funcionar– a los congresistas que investigaban lo sucedido en Accomarca.

Lo que dicen los firmantes del informe Bagua sólo es una reedición de este pasado y, por lo mismo, una señal de que poco o nada se aprendió. Según ese informe, la policía actuó de manera eficiente y atinada en Bagua. Nada había que reprocharle. Tampoco a las decisiones tomadas desde el Ministerio del Interior, bajo la conducción de Mercedes Cabanillas. La masacre de agentes policiales fue producto de la agitación que diseminaron agentes extranjeros en la zona. El gobernante actual ya no busca cubanos, pero sí venezolanos y bolivianos porque, como sus antecesores, asume que los pobres e ignorantes peruanos de los Andes y la Amazonía no pueden defender sus derechos, homologando en sus fantasías el ejercicio ciudadano y la subversión.

Sin embargo, la medalla tiene otro lado, que señala un derrotero para escapar de este permanente regreso al pasado. La ratificación de la sentencia a Fujimori, por asesinatos alevosos, lesiones y secuestro, pone punto final a su proceso judicial. Debe destacarse el hecho de que parte del lamentable Poder Judicial que tenemos, da muestra de idoneidad y brillantez. La contundencia de las conclusiones, del proceso y, en suma, de la actuación de los magistrados involucrados no permite argumentos en contra ni asomo de indulto que, dicho sea de paso, sería un imposible jurídico dado la naturaleza de los hechos.

Este hecho reivindica a esa otra parte del país que en su momento denunció firmemente y con pruebas las responsabilidades en las masacres de El Frontón y Lurigancho. La que intentó develar al comando Rodrigo Franco. A los militares que integraron el COMACA y a los familiares, investigadores y periodistas que no cejaron en su empeño hasta demostrar el asesinato de los estudiantes de La Cantuta, con los restos calcinados entre manos.

Es indudable que el hecho histórico de tener a un ex presidente cumpliendo condena por crímenes de lesa humanidad, se debe en gran parte a la movilización, compromiso y esfuerzo de esa parte de la sociedad organizada en la comunidad de derechos humanos que en estos años no descansó hasta traer de vuelta a Fujimori y exigir su enjuiciamiento.

desco Opina / 8 de enero 2010

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