Peligro inminente sin respuesta en Huancavelica

 

El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta. En Huancavelica se vive esta situación con riesgo evidente para la población y sus bienes. Un caso paradigmático es el del sector de Quinta Boliviana en el distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica.

Se trata de un territorio en constante situación de riesgo por la frecuente caída de rocas durante la temporada de lluvias. Más aún, durante los últimos años las lluvias se han intensificado provocando el debilitamiento y la erosión del Cerro Aparinacu. La población en ese territorio se encuentra expuesta a un posible desastre y vive temerosa de ser afectada por el desprendimiento de rocas.

Conocer ese riesgo no es novedad para sus pobladores y las autoridades de la ciudad. Según el Informe Técnico de caídas de roca del Cerro Aparinacu elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en el año 2018, el sector de Quinta Boliviana ubicado en el barrio de Ascensión, se encuentra en una situación de alto riesgo por la posible caída de rocas de ese cerro. El informe advierte expresamente que una roca fracturada de unos 30 m de largo por 40 m de altura podría desprenderse y afectar a las viviendas y familias que se encuentran debajo. La inspección geológica da cuenta de agrietamientos en la roca y evidencias de desprendimientos anteriores.

La vulnerabilidad del sector está fuera de dudas. Se incrementa en la temporada de lluvias por la saturación de suelos que favorece la meteorización y desmovilización de los depósitos coluviales de las laderas del cerro. Al riesgo que traen las lluvias se añade la propensión de la ciudad de Huancavelica a soportar sismos de gran intensidad por epicentros subductivos cercanos y fuentes corticales activos sobre zonas pobladas.

Esta situación, es todo un desafío para territorios como este en los que se requiere abordar en profundidad el análisis de los actores comprometidos con la finalidad de construir, urgentemente, alternativas de gestión social del riesgo. Más aún si tal como indica el informe, las laderas del cerro Aparinacu se caracterizan por una susceptibilidad que varía de alta a muy alta ante el peligro por movimientos en masa, tales como deslizamientos, flujos y erosión, frecuentes en la época de lluvias.

En el año 2021 la Municipalidad Distrital de Ascensión elaboró el Informe de Evaluación de riesgo por caída de rocas del sector urbano del cerro Aparinaku, hasta el sector urbano del Cerro Potocchi, el cual  ratifica que el sector de Quinta Boliviana se encuentra dentro de una zona de alta susceptibilidad a la ocurrencia del peligro por caída de rocas a causa de precipitaciones intensas, la topografía accidentada y factores antrópicos como el inapropiado sistema de drenaje pluvial y residual.

La gestión social del riesgo en esta zona debe asumirse desde el sector urbano del cerro Aparinacu hasta el sector urbano del cerro Potocchi. Se requiere tomar en cuenta no solamente que es medio, alto y muy alto, según el análisis de susceptibilidad que se ha hecho. También es indispensable asumir que se está ante un escenario de exclusión que se manifiesta en dos grandes problemas relacionados entre sí: la pobreza de la mayoría de la población en ese territorio y la precaria legitimidad y eficiencia del sistema de gestión pública, de sus autoridades y funcionarios. Son al menos 485 viviendas y 1600 m de pistas y veredas que se encuentran dentro del área de incidencia directa e influencia del fenómeno, que presentan niveles de peligro considerables.

Finalmente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en su último reporte de Escenarios de riesgo de lluvias para el periodo enero – marzo 2024, señala que Huancavelica se ubica en un contexto en el que por un lado se pronostica una probabilidad de normal – inferior, pero asimismo, considera la susceptibilidad de movimientos de masa de nivel alto a muy alto, que podrían activar la caída de rocas.

Hasta el momento, como en otros territorios habitados de nuestro país, no se han aplicado las acciones de mitigación requeridas ante un alto nivel de probabilidad de ocurrir en medio del escenario incierto del Fenómeno El Niño, y el peligro que se cierne en este caso, en torno a medio millar de familias, viviendas, infraestructura pública y más. Esta situación propia de muchos territorios del departamento de Huancavelica se repite en otras regiones de Perú, mientras la población convive día a día con peligros inminentes sin respuesta.

Es indispensable generar mayor conciencia ante estos riesgos y afrontarlos de manera adecuada. Para ello se requiere planes desarrollo territorial y de prevención articulados a instrumentos técnico-normativos sobre el uso del suelo que permitan una eficiente gestión del riesgo, la adecuada coordinación entre los diferentes entes del Estado, normas coherentes integradas a la gestión del territorio de tal manera que la información que se dispone respecto al riesgo de las ciudades no quede solo a nivel de diagnóstico. Exigir a los gobiernos regionales y locales asumir su responsabilidad frente a los efectos de los desastres naturales para minimizarlo en el futuro es una tarea urgente.

 

desco Opina – Regional / 22 de diciembre del 2023

descocentro

Más allá del desastre ecológico de La Pampilla

 

El sábado 15 en la noche se produjo lo que parece ser uno de los mayores derrames de petróleo en nuestra historia. La versión inicial de Repsol, la empresa involucrada, hablaba de un lamentable accidente en el que se habría producido un derrame de 0.16 barriles de crudo en el proceso de descarga en la Refinería La Pampilla como consecuencia de oleajes anómalos, resultado de la erupción de un volcán submarino en Tonga. Con el paso de las horas y los días se evidenció que se trataba de una catástrofe ambiental causada por la negligencia y la incompetencia de la empresa española. Más de 6000 barriles del hidrocarburo destruyendo la vida en el océano, un impacto directo de larga duración en más de 180 hectáreas de suelo en nuestro litoral y más de 713 hectáreas en el mar y la vida diaria de miles de personas que viven de los recursos afectados, son apenas algunos de los datos del daño causado.

El impacto de la noticia ante la opinión pública y la indignación generada por aquella han sido crecientes. La inaceptable y mentirosa versión de la empresa que se demoró cuatro días en reconocer que eran 6000 los barriles vertidos, así como su incapacidad para responder de inmediato al derrame causado, obligaron a muchos de los medios que inicialmente no la mencionaban, a poner los reflectores sobre ella. La ubicación del desastre en la costa limeña, además de su magnitud y dimensión, con el mar cubierto por manchas de petróleo que avanzan desde Ventanilla hacia el norte, habiendo superado ya Chancay, explican también la resonancia de una tragedia que se repite con más frecuencia de la que se cree. Como se ha recordado recientemente, entre el 2000 y 2019 se han producido 474 derrames de petróleo, los más de ellos en la Amazonía, mientras desde el inicio de la pandemia se han sucedido 14, antes de éste.

Con el paso de los días, los especialistas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fueron desarmando las versiones iniciales: el derrame de petróleo se habría ocasionado por la ruptura de la conexión entre el tanquero Mare Doricum y el terminal multiboyas N° 2. Los testimonios de distintos deportistas náuticos que estuvieron en la zona al momento del derrame, así como del propio capitán del barco tanquero, demuestran la inexistencia de oleaje irregular.

Todo indica que la empresa buscó eludir su responsabilidad desde el primer momento; no tuvieron los sistemas de control funcionando, porque éstos tienen unas válvulas que miden las presiones en la hidrostática y así habrían detectado la fuga; no pudieron precisar cuánto petróleo salió porque su sistema de control de flujo no habría funcionado, ni lo habrían hecho tampoco los sistemas de resguardo que eventualmente se cierran de forma automática. A ello se suma que su personal no estaba entrenado y no supo responder. Repsol, de acuerdo a la revisión hecha por un portal informativo, registra en los últimos diez años 50 resoluciones de sanción por incumplir las normas de protección al medioambiente impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a las empresas de ese conglomerado. Sin embargo, sólo en tres de los procesos sancionadores se emitieron multas firmes, mientras en el resto no hubo castigo económico.

Por su parte, la respuesta del Estado se demoró, fue bastante desordenada y sin canales de coordinación entre las distintas entidades que intervinieron y las diversas voces que se pronunciaron. Las imágenes y muchos testimonios indican que sencillamente, no se hizo nada efectivo en las primeras setenta y dos horas, mientras en la orilla del mar se intentaban respuestas con lo que se tenía a la mano y sin ningún recurso tecnológico; el sistema de “skimmers”, por ejemplo, especie de aspiradoras que retienen los residuos de crudo flotante, aparecieron limitadamente después de varios días.

En este escenario, donde es claro que distintas actividades extractivas, hidrocarburos y minería entre ellas, son de alto riesgo y deben ser reguladas y fiscalizadas de manera eficaz por el Estado, recordemos que desde buen tiempo atrás diferentes sectores interesados presionan constantemente por debilitar nuestra limitada institucionalidad ambiental. La Ley 30230 del 2014 fue un ejemplo claro de esa voluntad por mantener sin sanción prácticas depredatorias capitalistas. No olvidemos que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que ha tenido que lamentar el comportamiento de Repsol e iniciarle un proceso interno, buscó acabar con el aporte por regulación que deben pagar las empresas para que organismos como OEFA se puedan sostener. Recordemos que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que le pide acelerar los procesos de remediación, promovió con otros gremios empresariales el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, argumentando falazmente que el mismo afecta a las inversiones y a la soberanía nacional.

Más allá del desastre ecológico inmediato, desde la sociedad debemos exigir respuestas y cambios drásticos, rechazando el silencio de la representación nacional, normalmente locuaz y altisonante, arrastrando los pies en esta situación. Es urgente que las autoridades evalúen y determinen si es conveniente y seguro continuar permitiendo la descarga de petróleo en una zona sensible como un ecosistema marino o en otras áreas frágiles como la Amazonía. En el marco del cambio climático es indispensable que este gobierno que se dice de izquierda, defina un planeamiento territorial largamente postergado y establezca áreas donde no se pueden realizar estas actividades.

 

desco Opina / 28 de enero de 2022

Ciudad inhabitable: cuando la capital se cae a pedazos

 

A más de 486 años de su fundación, la ciudad de Lima, nuestra capital de la República, cuenta con más de nueve millones y medio de habitantes que representan casi la tercera parte de la población a nivel nacional. Según datos al 2020 del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), más de 94% de la población accede a servicios básicos, el 75,9% cuenta con internet y casi 74 de cada 100 habitantes de la provincia de Lima tienen seguro de salud; sin embargo, la pandemia del COVID-19 demostró que muchas de estas cifras son una simple estadística que no profundiza en la solución a problemas estructurales que arrastramos hace décadas.

Respecto a los servicios básicos, por ejemplo, la desatención al abastecimiento de agua en zonas periurbanas es más que evidente. Al margen de que desde que estamos en emergencia sanitaria se ha brindado acceso al agua potable «vía camión cisterna» de manera gratuita en zonas de pobreza y pobreza extrema, la solución estructural para atender esta necesidad básica es para nada sostenible. Una muestra de ello es el problema de desabastecimiento de agua ocurrido hace un par de semanas en zonas más consolidadas de la ciudad como San Juan de Lurigancho.

Acá se evidencia la poca capacidad de planificación y atención a situaciones similares que se pueden acrecentar en el futuro; pero además, ratifica las prácticas de corte asistencialista que se proponen para dar solución al problema como ofrecer «agua gratuita», intentando apaciguar el ruido ocasionado en medios de prensa. No se atiende así el tema de fondo; el Estado debe entender que se requiere una reingeniería completa de la forma como se brinda actualmente el servicio para hacerlo eficiente, pero sobre todo sostenible en una ciudad que está asentada sobre un desierto y con fuentes de abastecimiento limitadas debido al poco caudal de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, principales proveedores de agua.

Respecto al acceso a internet, pareciera ser un tema poco importante, pero habría que precisar que si bien un porcentaje alto tiene acceso al mismo, este se da sobre todo por medio de un teléfono celular, cuyo uso en zonas periurbanas muchas veces suele ser un solo equipo para toda la familia; esta situación como producto de las estrategias virtuales implementadas para estudiar y trabajar en tiempos de pandemia. En los temas de salud han sido más que evidentes los diversos e innumerables problemas que ya existían previamente y que con o sin pandemia han demostrado una crisis generalizada del sector, actualmente volcado al tema de vacunación masiva en todo lugar que sea posible, evitando que la población se dirija a los centros de salud, de por sí ya colapsados en su atención y servicio desde antes de la llegada del COVID-19.

A lo ya mencionado se suman los problemas de inseguridad y delincuencia que son parte del día a día y que, lamentablemente, se vienen normalizando e inclusive generando nuevas modalidades delictivas, tal como sucede en las instalaciones del sistema de transporte metropolitano. Incluso en el tema de transporte, no podemos sino avergonzarnos del «galardón» obtenido esta semana, al ser considerados el país más congestionado del mundo, y Lima, particularmente conocida por sus problemas de tráfico; es innegable reconocer que algo estamos haciendo mal.

Finalmente, quizá la principal afirmación que resta por hacer es que Lima se ha convertido en una ciudad inhabitable; pero más que eso, se ha vuelto –por no decir que siempre lo fue– una ciudad altamente vulnerable, producto de múltiples factores. Así, todo hace presagiar que, en breve, los problemas pueden terminar explotándonos en la cara, si es que el Estado no se da cuenta de que la gestión reactiva termina generando al final de cuentas, más costos que beneficios.

Los dos derrumbes ocurridos en un mismo día en la ciudad de Lima, tanto en Chorrillos como en Puente Piedra, son señales inequívocas de alerta de una ciudad que se cae a pedazos, cuando aún no sucede el temblor.

 

desco Opina - Regional / 1º de octubre de 2021

descoCiudadano

Apagando incendios en una ciudad en llamas

La tarde del pasado viernes 19 de abril, mientras muchos probablemente tomaban un descanso por los días feriados de Semana Santa, se producía un incendio de proporciones en el cercado de Lima, el cual movilizó a una importante cantidad de bomberos que tuvo grandes dificultades para llegar al lugar del siniestro debido a las características de la zona en la que se producía. En horas de la noche del mismo Viernes Santo, se informaba que el incendio estaba fuera de control y se requería la participación de todas las unidades de bomberos de Lima y Callao. Luego de una ardua labor, se confirmó que el siniestro venía siendo controlado y se contó en el lugar con la presencia no solo del alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, sino también del presidente Martín Vizcarra, y los ministros del Interior y Salud quienes brindaron sus declaraciones manifestando preocupación por lo sucedido. Si bien este hecho no cobró vidas humanas, los primeros momentos hicieron recordar la tragedia ocurrida en la misma zona hace 18 años, cuando en un gran incendio perdieron la vida 267 personas según cifras oficiales, demostrando el alto nivel de vulnerabilidad y poca preparación por parte de todos los ciudadanos para enfrentar los peligros que se pueden producir por la falta de implementación de medidas mínimas de seguridad.

Este tipo de problemas son, lamentablemente, más recurrentes de lo que podríamos imaginar, ya que desde abril del año pasado hasta la fecha, se han producido por lo menos 19 siniestros de consideración entre Lima y Callao, sin que esto haya servido para evaluar la pertinencia y capacidad de las unidades, gerencias o direcciones de gestión de riesgo y de Defensa Civil que operan en cada una de las municipalidades del conurbado metropolitano Lima Callao, en materia de asesoría y control de los protocolos de seguridad necesarios ante la ocurrencia de un siniestro.

Más allá de la estrategia de inspección y suspensión de licencias de funcionamiento a infractores de las normas o la propuesta de reordenamiento que se viene ejecutando desde hace un par de semanas en la zona del siniestro, el problema de fondo que muestra este caso, es el de una pugna entre fiscalizadores ediles que tienen una serie de normativas estandarizadas para que todos cumplan –sean grandes o pequeños comercios con gran o poco flujo de personas– y, por otro lado, un grupo de comerciantes que lo único que ven es exigencias y sanciones que consideran exageradas para la labor y actividades que realizan. Este hecho genera confrontación y tensión sobre deberes y derechos en una ciudad donde nunca se ha discutido a profundidad cuáles son los parámetros sobre los que vivimos en esta metrópoli; sobre todo, porque no hemos podido evaluar con mayor objetividad la pertinencia de los requerimientos que se solicitan, más allá de que tanto propios como extraños lo ven como una lista de cumplimiento y no como medidas de prevención reales que nos puedan servir ante la ocurrencia de un peligro.

Hay que destacar también, que de nada servirá que se genere un plan de reordenamiento en Mesa Redonda si no se entiende lo mencionado en el párrafo anterior. Claro ejemplo de ello es lo ocurrido hace algunos meses cuando se realizó un plan de erradicación de ambulantes en Gamarra, el cual lo único que ha conseguido es generar el traslado de ambulantes a las afueras de este damero comercial, con los problemas de tránsito y congestión que se generan alrededor del mencionado emporio comercial textil.

Por eso, es necesario que se entienda que el problema de la gestión de riesgos no es un tema de licencias y permisos, sino de compromisos asumidos por los ciudadanos para hacer de nuestro hábitat un lugar seguro, mientras que esto no se comprenda de esta manera, seguiremos siendo testigos de tragedias que cada cierto tiempo nos estamos acostumbrando a lamentar.

desco Opina - Regional / 3 de mayo de 2019

Programa Urbano