Peligro inminente sin respuesta en Huancavelica

 

El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta. En Huancavelica se vive esta situación con riesgo evidente para la población y sus bienes. Un caso paradigmático es el del sector de Quinta Boliviana en el distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica.

Se trata de un territorio en constante situación de riesgo por la frecuente caída de rocas durante la temporada de lluvias. Más aún, durante los últimos años las lluvias se han intensificado provocando el debilitamiento y la erosión del Cerro Aparinacu. La población en ese territorio se encuentra expuesta a un posible desastre y vive temerosa de ser afectada por el desprendimiento de rocas.

Conocer ese riesgo no es novedad para sus pobladores y las autoridades de la ciudad. Según el Informe Técnico de caídas de roca del Cerro Aparinacu elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en el año 2018, el sector de Quinta Boliviana ubicado en el barrio de Ascensión, se encuentra en una situación de alto riesgo por la posible caída de rocas de ese cerro. El informe advierte expresamente que una roca fracturada de unos 30 m de largo por 40 m de altura podría desprenderse y afectar a las viviendas y familias que se encuentran debajo. La inspección geológica da cuenta de agrietamientos en la roca y evidencias de desprendimientos anteriores.

La vulnerabilidad del sector está fuera de dudas. Se incrementa en la temporada de lluvias por la saturación de suelos que favorece la meteorización y desmovilización de los depósitos coluviales de las laderas del cerro. Al riesgo que traen las lluvias se añade la propensión de la ciudad de Huancavelica a soportar sismos de gran intensidad por epicentros subductivos cercanos y fuentes corticales activos sobre zonas pobladas.

Esta situación, es todo un desafío para territorios como este en los que se requiere abordar en profundidad el análisis de los actores comprometidos con la finalidad de construir, urgentemente, alternativas de gestión social del riesgo. Más aún si tal como indica el informe, las laderas del cerro Aparinacu se caracterizan por una susceptibilidad que varía de alta a muy alta ante el peligro por movimientos en masa, tales como deslizamientos, flujos y erosión, frecuentes en la época de lluvias.

En el año 2021 la Municipalidad Distrital de Ascensión elaboró el Informe de Evaluación de riesgo por caída de rocas del sector urbano del cerro Aparinaku, hasta el sector urbano del Cerro Potocchi, el cual  ratifica que el sector de Quinta Boliviana se encuentra dentro de una zona de alta susceptibilidad a la ocurrencia del peligro por caída de rocas a causa de precipitaciones intensas, la topografía accidentada y factores antrópicos como el inapropiado sistema de drenaje pluvial y residual.

La gestión social del riesgo en esta zona debe asumirse desde el sector urbano del cerro Aparinacu hasta el sector urbano del cerro Potocchi. Se requiere tomar en cuenta no solamente que es medio, alto y muy alto, según el análisis de susceptibilidad que se ha hecho. También es indispensable asumir que se está ante un escenario de exclusión que se manifiesta en dos grandes problemas relacionados entre sí: la pobreza de la mayoría de la población en ese territorio y la precaria legitimidad y eficiencia del sistema de gestión pública, de sus autoridades y funcionarios. Son al menos 485 viviendas y 1600 m de pistas y veredas que se encuentran dentro del área de incidencia directa e influencia del fenómeno, que presentan niveles de peligro considerables.

Finalmente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en su último reporte de Escenarios de riesgo de lluvias para el periodo enero – marzo 2024, señala que Huancavelica se ubica en un contexto en el que por un lado se pronostica una probabilidad de normal – inferior, pero asimismo, considera la susceptibilidad de movimientos de masa de nivel alto a muy alto, que podrían activar la caída de rocas.

Hasta el momento, como en otros territorios habitados de nuestro país, no se han aplicado las acciones de mitigación requeridas ante un alto nivel de probabilidad de ocurrir en medio del escenario incierto del Fenómeno El Niño, y el peligro que se cierne en este caso, en torno a medio millar de familias, viviendas, infraestructura pública y más. Esta situación propia de muchos territorios del departamento de Huancavelica se repite en otras regiones de Perú, mientras la población convive día a día con peligros inminentes sin respuesta.

Es indispensable generar mayor conciencia ante estos riesgos y afrontarlos de manera adecuada. Para ello se requiere planes desarrollo territorial y de prevención articulados a instrumentos técnico-normativos sobre el uso del suelo que permitan una eficiente gestión del riesgo, la adecuada coordinación entre los diferentes entes del Estado, normas coherentes integradas a la gestión del territorio de tal manera que la información que se dispone respecto al riesgo de las ciudades no quede solo a nivel de diagnóstico. Exigir a los gobiernos regionales y locales asumir su responsabilidad frente a los efectos de los desastres naturales para minimizarlo en el futuro es una tarea urgente.

 

desco Opina – Regional / 22 de diciembre del 2023

descocentro

Tanto va el cántaro al agua…

Las primeras planas de los periódicos y la cobertura diaria de la radio y la televisión fueron ocupadas las últimas semanas por los desastres y la emergencia asociada al ciclón Yaku. La presidenta y su primer ministro creyeron descubrir una oportunidad para “pasar la página” de los muertos, heridos, detenidos y perseguidos de las protestas y las demandas que se iniciaran hace ya más de 4 meses. Pensaron, con la soberbia que los caracterizó desde su instalación como parte de la coalición autoritaria que nos gobierna, que podían empezar a atender su inexistente legitimidad. Esa capacidad –asociada al liderazgo y la confianza, indispensables para gobernar– aparece en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos por debajo del nivel de flotación: con una aprobación de apenas 15% y una desaprobación de 78% que supera el 80% en el sur y el oriente del país, en el medio rural y en los estratos D y E, no cancela la legalidad del poder de la señora Boluarte, pero evidencia su precariedad en el cargo en el que la sostiene la coalición autoritaria que sucedió a Castillo.

La última encuesta de IPSOS Apoyo que preguntó al respecto (con tarjeta y opción múltiple), muestra que 32% cree que ella es la responsable mayor de la crisis que vivimos, 17% lo sindica a Alberto Otárola, 29% piensa que el fujimorismo y un 28% señala a las bancadas de extrema derecha, aliadas del gobierno. La percepción instalada en la opinión pública es clara y que la explosión social de los últimos meses haya disminuido en fuerza y cantidad, como no podía ser de otra manera dado el tiempo transcurrido, no significa, como creen el gobierno y sus socios, que ésta vaya a cambiar y que el piso empiece a emparejarse y estabilizarse.

Entonados por la nueva situación, los integrantes de la coalición gubernamental siguieron con sus andadas. En el Ejecutivo, la velocidad que mostraron para comprar material antidisturbios y desplazar raudamente tropas al sur, fue reemplazada por sobrevuelos en helicóptero y el turismo de distintos ministros y ministras que buscaron “ensuciarse” y lamentarse por la falta de recursos y motobombas, como los argumentos para la futura creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura. El Congreso por su lado, buscando el disimulo de sus escándalos cotidianos –el buffet parlamentario, la pretensión del policlínico propio, los viajes sin control, el blindaje de sus integrantes y la práctica regular de “expropiación” de las remuneraciones de sus trabajadores–, se redujo al acopio de donaciones y a la búsqueda de fotos de algunos de sus integrantes con cara de circunstancia en algunas de las zonas afectadas, combinado con el sonoro rechazo a discutir la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Confiando en el olvido, por cierto, del incumplimiento de sus funciones como lo muestran la inexistencia de cualquier iniciativa legislativa frente a la emergencia climática, de algún proyecto de vivienda popular y reubicación de las zonas afectadas o el fracaso de su comisión de seguimiento a la reconstrucción del Niño Costero del 2017 que nos ha costado ya más de medio millón de soles en asesores de confianza, sin ningún resultado concreto.

Por su parte, el alcalde de Lima, aunque socio menor de la coalición por el momento, pasó con singular entusiasmo de la oración por los damnificados y para que pare el desastre, a la queja porque carece de recursos y tiene poco tiempo en el cargo, exigiendo una ley de intangibilidad de las quebradas, que ya existe hace mucho, y proponiendo que se protejan quebradas y ríos con “dos paredes y piso”, seguramente para que Lima sea potencia mundial.

En este contexto, y más allá de las apariencias que les ha permitido el ciclón, el gobierno y el Congreso parecen confiados, si no de llegar al 2026, de durar lo necesario para “restaurar” el orden neoliberal y asegurar su control pleno de las instituciones (Defensoría del Pueblo, JNE, ONPE, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia) para organizar el futuro del país a partir de sus intereses y a su imagen y semejanza, repitiendo el modelo fujimorista. Se sienten tan confiados e impunes que continúan con las provocaciones torpes, no obstante, la presión de la comunidad internacional –desde el Departamento de Estado americano y la ONU hasta el New York Times– por la gravedad de la situación que vivimos, en la que desde el gobierno se ha impuesto un patrón de violación de derechos humanos, con el silencio cómplice del Congreso, el Ministerio Público y la justicia. El cierra filas por la impunidad es parte de su decisión firme de cerrar el sistema político de toda forma de participación que suponga algún cuestionamiento al modelo o la inclusión en las decisiones políticas de quienes lo exigen en las calles, demandando cambios de fondo y un nuevo contrato social.

La clausura del LUM, la agresión contra quienes hacían una alfombra de flores en la semana santa ayacuchana recordando a los muertos recientes o el patético desembarco de la derecha extrema española y latinoamericana en el denominado Foro de Madrid, son evidencia de tales provocaciones. La novedad en el escenario de hoy es la campaña lanzada desde distintos medios de comunicación desnudando distintas acciones de la presidenta en su reciente pasado “castillista”. Que la mayoría de “acusadores” sean aspirantes a colaboradores eficaces y cercanos al profesor, indicaría la contribución de la Fiscalía a lo que parece una campaña de demolición de mediana intensidad, iniciada por los programas políticos de la televisión del 19 de marzo y reproducida y amplificada por los medios escritos desde el día siguiente. La misma, en lo inmediato, apuntaría a la salida de Otárola y a la designación de un nuevo gabinete, más directamente vinculado a los sectores que realmente cortan el jamón.

A fin de cuentas, en la derecha también hay quienes se dan cuenta de la precariedad del gobierno –el reciente anuncio del paro piurano, convocado por sus autoridades territoriales para el 18 de abril, evidenciando el fracaso del turismo de desastres, así se los ratifica– y empiezan a buscar parches para blindar el modelo y desaparecer cualquier progresismo que afecte sus intereses. Saben bien que tanto va el cántaro al agua…

desco Opina / 10 de abril de 2023