Fatalidad signo cruel

 

Son varios los certificados de defunción que ha fedateado la crisis venezolana. Uno de ellos, por supuesto, es el de la otrora importante diplomacia peruana, aun cuando a nadie parece importarle esta situación. También, el de una izquierda política anquilosada, maniatada por la perpetua fantasía de “lo popular”. Luego, sin duda, el del sistema hemisférico -OEA-, incapaz no solo de actuar, lo que no hace desde hace décadas, sino incluso de ponerse de acuerdo en cuestiones tan significativas como lo que acontece en Venezuela, por disensos mínimos.

De otra parte, Venezuela también revela la historia inevitable no sólo de ese país sino de gran parte de América Latina. Para el caso, lo adjetivo es que el régimen de Maduro se denomine socialista, cuando lo fundamental es que haya perpetrado un inmenso desastre, muy parecido a los acontecidos en otros lugares de la región, sin importar el sello ideológico con los que se identificaban.    

Detrás de la agitación social, radica un colapso económico prolongado: "Venezuela ha experimentado una recesión sin precedentes para un país latinoamericano o globalmente para un país sin guerra. La contracción económica entre 2014 y 2021 superó el 70%".

Aun cuando haya amenguado la hiperinflación que sufrió entre 2018 y finales de 2019, es prematuro afirmar que se han restablecido las pérdidas acumuladas en la última década. El Producto Interno Bruto está recuperándose lentamente, con un valor estimado de 102,300 millones de dólares estadounidenses en 2024, pero sigue siendo una fracción de los niveles anteriores a la crisis. Aun así, la deuda pública nacional pudo haber alcanzado entre 120-200 mil millones de dólares en 2023, agravando la más que precaria situación económica. De igual manera, aunque la tasa de desempleo se encuentra relativamente baja, 5,5%, esta cifra no refleja plenamente el subempleo y el trabajo informal que enfrentan actualmente muchos venezolanos.

De otro lado, si bien la inflación venezolana ya no es la más alta de América Latina -Argentina supera el 200% anual- se mantenía por encima del 50% en junio de 2024, afectando directamente el nivel de vida de los venezolanos. El salario mínimo ha permanecido congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, con un valor actual de aproximadamente 3.50 dólares. Si bien en mayo el presidente Maduro anunció un aumento en los bonos estatales para el sector público, que incluyen el salario mínimo, un bono de alimentación de 40 dólares y un "Bono de Guerra Económica" que aumentará de 60 a 90 dólares; los resultados de esta situación son, entre otros, más del 80% de la población viviendo en pobreza y  53% enfrentando la pobreza extrema.

Pero, no son solamente las presiones económicas. Junto a ellas, destacan los desafíos políticos y sociales alimentados por la terca continuidad de un entramado de relaciones entre el Estado y la sociedad venezolana, que Fernando Coronil ha denominado el “Estado mágico” o, en otras palabras, la constitución del petro-Estado. Como señala Edgardo Lander, con la revolución bolivariana, Venezuela se volvió “más rentista que nunca”.

De manera certera, Lander afirma que en lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petro-Estado se creó, financió y dirigió al partido, siguiendo el patrón clásico de un Estado nacional, que se arroga la representación de la nación, del pueblo y del bien común; y, en esa lógica, es el lugar donde necesariamente debieran concentrarse todas las iniciativas y las principales decisiones.

Como podrá suponerse, esto niega tajantemente cualquier aspiración democrática, en tanto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible asentarla: amplios, variados y múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.

De esta manera, desde la izquierda no son cuestiones de cálculo -político o pecuniario- lo que debería estar en juego. Son principios. Por eso la enorme importancia de la posición del presidente chileno Gabriel Boric, antes incluso de desencadenarse la actual crisis venezolana. El 10 de marzo, refirió claramente que en la izquierda en general, y en América Latina en particular, “ha habido una tendencia a no hacerse cargo de los errores propios”, tipificando como tal la defensa de ciertos regímenes, “porque se entienden como parte de la misma familia”.

Boric fue muy claro y tajante en esto: “No miro el color político de una persona que viole los derechos humanos o restrinja libertades que son esenciales”. Por supuesto, estaba plenamente consciente de las críticas que eso provocaría, pero, consideraba que políticamente era un error cerrar los ojos a las gravísimas violaciones de derechos que hacen los regímenes que se denominan de izquierda, creyendo ingenuamente que esto es propio sólo de la derecha que está al frente: “la gente no es tonta y esas confusiones o desviaciones le hacen mal a la política”.

 

 

desco Opina / 9 de agosto de 2024

Crecimos como nunca, nos empobrecimos como siempre

 

¿Para qué sirvió el crecimiento? Todo parece indicar que regresamos a la normalidad. Las nuevas cifras de pobreza monetaria muestran que el número de pobres en Perú ascienden en el año 2023 a 9 780 000 personas, constituyéndose en la segunda cifra más alta en las últimas dos décadas, sólo superada levemente por la registrada en el 2020, donde se restringieron la mayoría de las actividades económicas en el país, a consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19.

La cantidad de pobres alcanzada el 2023 en el país, es mayor en 596 000 personas a la registrada el 2022 y significativamente superior, más de 3 290 000 pobres adicionales, si se compara con el 2019, año previo a la pandemia.

¿Cómo traducir esta cifra en las vivencias cotidianas de los y las peruanas? Un dato ilustrativo es la evolución de la pobreza extrema. Entre los años 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó en 11,0% pasando de S/ 226 a S/ 251; mientras que, respecto del año 2019 (anterior a la pandemia), la línea de pobreza extrema se incrementó en 33,9 %. Según área de residencia, entre 2022 y 2023, la línea de pobreza extrema se incrementó, tanto en el área urbana como en el área rural en 10,9% y 10,7%, respectivamente. Al comparar con el año 2019, el incremento de la línea de pobreza extrema fue mayor en el área rural (35,0%) respecto al área urbana (33,1%).

En otras palabras, 1 922 000 de peruanos y peruanas perciben ingresos mensuales por debajo de los 251 soles (67.8 dólares) al mes. En parte, la explicación recae en la inflación, contribuyendo a que la canasta básica se incrementara 11%. En esa línea, hay un aumento de la pobreza extrema rural de 14,6% a 16,2%, mientras que en el área urbana pasó de 2,6% a 3,2%.

Para el caso de la línea de pobreza, el valor para 2023 es de 446 soles (120.5 dólares). El peruano que perciba ingresos por encima de esta cantidad para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias no es considerado pobre.

Esta situación, vista desde el gasto, indica que el 2023 el gasto real promedio per cápita mensual, se ubicó en 866 soles, registrando una disminución de 0,7% respecto al año 2022 (equivalente a 6 soles per cápita). En comparación con el año 2019, disminuyó en 10,7% (equivalente a 104 soles per cápita), disminución altamente significativa, reflejando que los niveles del gasto del año 2023, se encuentran por debajo de los niveles alcanzados antes de la pandemia.

De otro lado, se observa que el 29,5% del gasto per cápita se destinó a alimentos consumidos dentro del hogar (S/ 256), seguido del gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 21,6% (S/ 187), los alimentos consumidos fuera del hogar con 11,8% (S/ 102), salud 8,4% (S/ 73), transporte con 7,5% (S/ 65), bienes y servicios diversos con 4,2% (S/ 36), comunicaciones 3,6% (S/ 31), muebles y enseres con 3,6% (S/ 31) y educación con 3,4% (S/ 30), entre otros.

Cuando se compara esta estructura de gasto con la del 2014 (la última realizada), la proporción del gasto en alimentos consumidos dentro del hogar, se incrementó en 0,7% (de 28,8% a 29,5%) que, si la vinculamos al gasto en alimentos consumidos fuera del hogar, muestran que las familias peruanas gastan en promedio casi 42% de su presupuesto familiar en alimentarse. Esto contrasta nítidamente con lo que disponen para rubros como la salud y la educación, las que sumadas son menos del 12% del gasto familiar.

Otro aspecto resaltante que nos alcanza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es la brecha de pobreza, que refleja cuán pobres son los pobres, es decir, el déficit promedio de consumo de la población para satisfacer las necesidades mínimas de bienes y servicios de todos sus integrantes (expresado como proporción de la línea de pobreza), donde el déficit de la población no pobre es cero por definición.

En el año 2023, la brecha promedio del gasto de los pobres respecto al costo de la canasta básica de consumo fue de 7,5%. Comparada con los resultados del año 2022, aumentó en 0,4%, diferencia significativa. Comparando con los resultados del año 2019 creció en 3,0 puntos porcentuales, siendo esta diferencia muy altamente significativa.

De igual manera, es importante observar los resultados que alcanza sobre la vulnerabilidad monetaria que, en otras palabras, es el riesgo de caer en la situación de pobreza monetaria. En el 2023, el 31,4% del total de la población del país se encontraba en esta condición, que equivale en cifras absolutas a 10 590 000 personas que se encontraban en esa situación de riesgo.

A nivel de área de residencia, la vulnerabilidad monetaria afectó al 44,6% de la población residente del área rural y al 28,2% de la población del área urbana. Respecto al año 2022, la vulnerabilidad monetaria disminuyó de manera altamente significativa en el área urbana en 1,3 puntos porcentuales; por el contrario, en el área rural, las diferencias no fueron significativas, por lo que se han mantenido en el mismo nivel del año anterior. Al comparar con el año 2019, la vulnerabilidad monetaria disminuyó en el área urbana en 2,5 puntos porcentuales; en tanto, en el área rural se contrajo en 1,6 puntos porcentuales.

Esto se condice con el hecho de que 76% de los peruanos afirmen que es complicado asumir los gastos mensuales. En detalle, 33% reconoce que “llega con las justas a fin de mes”; 28% tuvo que reducir sus gastos y 15% tuvo que usar parte de sus ahorros para subsistir.

Como señala David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, regresar a la tasa de pobreza de 20%, como antes de la pandemia, posiblemente le tomará 20 años al país, toda vez que la proyección de crecimiento entre 2024 y 2028 es de 3% anual: “nuestro problema es la pérdida de productividad continua por culpa de malos congresistas y malos gobiernos”.

Igualmente, Carolina Trivelli, consideró que con que esta situación “nos vamos muy atrás, hemos perdido más de 15 años y probablemente no sería el mismo lapso que nos costará recuperarnos”.

 

desco Opina / 17 de mayo de 2024

Tanto va el cántaro al agua…

Las primeras planas de los periódicos y la cobertura diaria de la radio y la televisión fueron ocupadas las últimas semanas por los desastres y la emergencia asociada al ciclón Yaku. La presidenta y su primer ministro creyeron descubrir una oportunidad para “pasar la página” de los muertos, heridos, detenidos y perseguidos de las protestas y las demandas que se iniciaran hace ya más de 4 meses. Pensaron, con la soberbia que los caracterizó desde su instalación como parte de la coalición autoritaria que nos gobierna, que podían empezar a atender su inexistente legitimidad. Esa capacidad –asociada al liderazgo y la confianza, indispensables para gobernar– aparece en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos por debajo del nivel de flotación: con una aprobación de apenas 15% y una desaprobación de 78% que supera el 80% en el sur y el oriente del país, en el medio rural y en los estratos D y E, no cancela la legalidad del poder de la señora Boluarte, pero evidencia su precariedad en el cargo en el que la sostiene la coalición autoritaria que sucedió a Castillo.

La última encuesta de IPSOS Apoyo que preguntó al respecto (con tarjeta y opción múltiple), muestra que 32% cree que ella es la responsable mayor de la crisis que vivimos, 17% lo sindica a Alberto Otárola, 29% piensa que el fujimorismo y un 28% señala a las bancadas de extrema derecha, aliadas del gobierno. La percepción instalada en la opinión pública es clara y que la explosión social de los últimos meses haya disminuido en fuerza y cantidad, como no podía ser de otra manera dado el tiempo transcurrido, no significa, como creen el gobierno y sus socios, que ésta vaya a cambiar y que el piso empiece a emparejarse y estabilizarse.

Entonados por la nueva situación, los integrantes de la coalición gubernamental siguieron con sus andadas. En el Ejecutivo, la velocidad que mostraron para comprar material antidisturbios y desplazar raudamente tropas al sur, fue reemplazada por sobrevuelos en helicóptero y el turismo de distintos ministros y ministras que buscaron “ensuciarse” y lamentarse por la falta de recursos y motobombas, como los argumentos para la futura creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura. El Congreso por su lado, buscando el disimulo de sus escándalos cotidianos –el buffet parlamentario, la pretensión del policlínico propio, los viajes sin control, el blindaje de sus integrantes y la práctica regular de “expropiación” de las remuneraciones de sus trabajadores–, se redujo al acopio de donaciones y a la búsqueda de fotos de algunos de sus integrantes con cara de circunstancia en algunas de las zonas afectadas, combinado con el sonoro rechazo a discutir la moción de vacancia contra Dina Boluarte. Confiando en el olvido, por cierto, del incumplimiento de sus funciones como lo muestran la inexistencia de cualquier iniciativa legislativa frente a la emergencia climática, de algún proyecto de vivienda popular y reubicación de las zonas afectadas o el fracaso de su comisión de seguimiento a la reconstrucción del Niño Costero del 2017 que nos ha costado ya más de medio millón de soles en asesores de confianza, sin ningún resultado concreto.

Por su parte, el alcalde de Lima, aunque socio menor de la coalición por el momento, pasó con singular entusiasmo de la oración por los damnificados y para que pare el desastre, a la queja porque carece de recursos y tiene poco tiempo en el cargo, exigiendo una ley de intangibilidad de las quebradas, que ya existe hace mucho, y proponiendo que se protejan quebradas y ríos con “dos paredes y piso”, seguramente para que Lima sea potencia mundial.

En este contexto, y más allá de las apariencias que les ha permitido el ciclón, el gobierno y el Congreso parecen confiados, si no de llegar al 2026, de durar lo necesario para “restaurar” el orden neoliberal y asegurar su control pleno de las instituciones (Defensoría del Pueblo, JNE, ONPE, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia) para organizar el futuro del país a partir de sus intereses y a su imagen y semejanza, repitiendo el modelo fujimorista. Se sienten tan confiados e impunes que continúan con las provocaciones torpes, no obstante, la presión de la comunidad internacional –desde el Departamento de Estado americano y la ONU hasta el New York Times– por la gravedad de la situación que vivimos, en la que desde el gobierno se ha impuesto un patrón de violación de derechos humanos, con el silencio cómplice del Congreso, el Ministerio Público y la justicia. El cierra filas por la impunidad es parte de su decisión firme de cerrar el sistema político de toda forma de participación que suponga algún cuestionamiento al modelo o la inclusión en las decisiones políticas de quienes lo exigen en las calles, demandando cambios de fondo y un nuevo contrato social.

La clausura del LUM, la agresión contra quienes hacían una alfombra de flores en la semana santa ayacuchana recordando a los muertos recientes o el patético desembarco de la derecha extrema española y latinoamericana en el denominado Foro de Madrid, son evidencia de tales provocaciones. La novedad en el escenario de hoy es la campaña lanzada desde distintos medios de comunicación desnudando distintas acciones de la presidenta en su reciente pasado “castillista”. Que la mayoría de “acusadores” sean aspirantes a colaboradores eficaces y cercanos al profesor, indicaría la contribución de la Fiscalía a lo que parece una campaña de demolición de mediana intensidad, iniciada por los programas políticos de la televisión del 19 de marzo y reproducida y amplificada por los medios escritos desde el día siguiente. La misma, en lo inmediato, apuntaría a la salida de Otárola y a la designación de un nuevo gabinete, más directamente vinculado a los sectores que realmente cortan el jamón.

A fin de cuentas, en la derecha también hay quienes se dan cuenta de la precariedad del gobierno –el reciente anuncio del paro piurano, convocado por sus autoridades territoriales para el 18 de abril, evidenciando el fracaso del turismo de desastres, así se los ratifica– y empiezan a buscar parches para blindar el modelo y desaparecer cualquier progresismo que afecte sus intereses. Saben bien que tanto va el cántaro al agua…

desco Opina / 10 de abril de 2023

Un tablero de ajedrez sin reglas de juego

 

A fines de marzo, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó a la población que las empresas petroleras Petroperú y Repsol alzaron precios de los combustibles hasta en S/ 0.83 por galón, incluidos los impuestos. El conductor de un colectivo que gastaba doscientos soles por semana, ahora gastaría trescientos soles, monto que perjudicaría seriamente sus bolsillos ya que al alza de la gasolina se añadían gastos adicionales que también se incrementaron como el peaje.

En ese escenario diversos gremios de transportistas convocaron al paro indefinido nacional, iniciado el lunes 28 de marzo en la provincia de Huancayo; a la medida se sumaron agricultores, comerciantes, comuneros y miles de ciudadanos de a pie que exigían al presidente del Perú, Pedro Castillo, arribar a dicha ciudad para calmar a la población y disculparse por declaraciones altisonantes en las que indicó que algunos dirigentes que encabezaban estas protestas estarían siendo pagados. La medida se amplió entonces a la población en general, que exigía a las autoridades bajar el precio de los productos de primera necesidad que están perjudicando seriamente al país entero.

Ciertamente, los conflictos más allá del alza en los combustibles sumaban distintos motivos entre los que destacamos diversos conflictos socioambientales, protestas por las condiciones laborales (Ica), el rechazo a las vacunas, el impacto ambiental y sonoro de las operaciones de la petrolera PetroTal en Loreto, por mencionar algunos de ellos, en un contexto donde de acuerdo al Informe de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, desde mayo 2021 asistimos a un incremento de éstos, a lo que se añade en los meses recientes la creciente desaprobación presidencial por el malestar que genera el incumplimiento de sus promesas de campaña.

Al cierre de la semana pasada a los varios muertos a nivel nacional se sumaban 130 heridos, 43 civiles y 87 agentes de la policía. La respuesta del gobierno en la mayoría de casos fue la represión, que se hizo patente con la orden de encierro emitida a media noche evidenciándose su nula capacidad para atender los problemas y demandas de la población.

Al séptimo día de paro, el 3 de abril el Gobierno envió a tres ministros a Huancayo para iniciar la mesa diálogo. Los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo Agrario y Cultura, se hicieron presentes ante la mesa de concertación para buscar los acuerdos necesarios para frenar el paro indefinido, mientras cientos de manifestantes mostraban su indignación por la ausencia presidencial. Un sector de la población expresó su descontento con los acuerdos, desconociendo a varios supuestos representantes, mientras algunos gremios de agricultores aseguraron que no se llegó a ningún acuerdo y que el paro continuaría. Sin aprender la lección, el gobierno sigue prometiendo cosas difíciles de cumplir, mientras los principales acuerdos adoptados en Junín eran una reiteración que no alcanzaba para esconder la inaudita apología a Hitler que ensayó el Primer Ministro.

El 7 de abril Pedro Castillo arribó a la ciudad de Huancayo con más de 200 policías de resguardo. Su entrada al coliseo fue accidentada y entre pifias de la gente que compartió su malestar con la gestión del gobierno, forzándolo a pedir disculpas y solidarizarse con los deudos de los muertos en la protesta.

En esa línea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió exonerar el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos, así como a los diferentes tipos de diésel. El profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, señaló que, si bien la medida es necesaria, no es la más acertada ni efectiva. Observó que esta última medida no beneficiará, específicamente, a los que más lo necesitan, porque al darse en la primera parte de la cadena y no en los grifos, no se tiene la certeza de que el beneficio se traslade al consumidor final, suponiendo un costo fiscal para el Gobierno que deja de percibir ingresos tributarios.

Hoy, el paro indefinido en la región deja un escenario que parece un tablero de ajedrez con toda las piezas caídas y desordenadas; pocos saben dónde apuntan, muchos están en el tablero, pero no saben dónde ir ni qué hacer, mientras otros ni siquiera están en él. Sin reglas de juego conocidas por las distintas piezas.

 

desco Opina – Regional / 13 de abril del 2022

descocentro – UOT Huancayo