Fatalidad signo cruel

 

Son varios los certificados de defunción que ha fedateado la crisis venezolana. Uno de ellos, por supuesto, es el de la otrora importante diplomacia peruana, aun cuando a nadie parece importarle esta situación. También, el de una izquierda política anquilosada, maniatada por la perpetua fantasía de “lo popular”. Luego, sin duda, el del sistema hemisférico -OEA-, incapaz no solo de actuar, lo que no hace desde hace décadas, sino incluso de ponerse de acuerdo en cuestiones tan significativas como lo que acontece en Venezuela, por disensos mínimos.

De otra parte, Venezuela también revela la historia inevitable no sólo de ese país sino de gran parte de América Latina. Para el caso, lo adjetivo es que el régimen de Maduro se denomine socialista, cuando lo fundamental es que haya perpetrado un inmenso desastre, muy parecido a los acontecidos en otros lugares de la región, sin importar el sello ideológico con los que se identificaban.    

Detrás de la agitación social, radica un colapso económico prolongado: "Venezuela ha experimentado una recesión sin precedentes para un país latinoamericano o globalmente para un país sin guerra. La contracción económica entre 2014 y 2021 superó el 70%".

Aun cuando haya amenguado la hiperinflación que sufrió entre 2018 y finales de 2019, es prematuro afirmar que se han restablecido las pérdidas acumuladas en la última década. El Producto Interno Bruto está recuperándose lentamente, con un valor estimado de 102,300 millones de dólares estadounidenses en 2024, pero sigue siendo una fracción de los niveles anteriores a la crisis. Aun así, la deuda pública nacional pudo haber alcanzado entre 120-200 mil millones de dólares en 2023, agravando la más que precaria situación económica. De igual manera, aunque la tasa de desempleo se encuentra relativamente baja, 5,5%, esta cifra no refleja plenamente el subempleo y el trabajo informal que enfrentan actualmente muchos venezolanos.

De otro lado, si bien la inflación venezolana ya no es la más alta de América Latina -Argentina supera el 200% anual- se mantenía por encima del 50% en junio de 2024, afectando directamente el nivel de vida de los venezolanos. El salario mínimo ha permanecido congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, con un valor actual de aproximadamente 3.50 dólares. Si bien en mayo el presidente Maduro anunció un aumento en los bonos estatales para el sector público, que incluyen el salario mínimo, un bono de alimentación de 40 dólares y un "Bono de Guerra Económica" que aumentará de 60 a 90 dólares; los resultados de esta situación son, entre otros, más del 80% de la población viviendo en pobreza y  53% enfrentando la pobreza extrema.

Pero, no son solamente las presiones económicas. Junto a ellas, destacan los desafíos políticos y sociales alimentados por la terca continuidad de un entramado de relaciones entre el Estado y la sociedad venezolana, que Fernando Coronil ha denominado el “Estado mágico” o, en otras palabras, la constitución del petro-Estado. Como señala Edgardo Lander, con la revolución bolivariana, Venezuela se volvió “más rentista que nunca”.

De manera certera, Lander afirma que en lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petro-Estado se creó, financió y dirigió al partido, siguiendo el patrón clásico de un Estado nacional, que se arroga la representación de la nación, del pueblo y del bien común; y, en esa lógica, es el lugar donde necesariamente debieran concentrarse todas las iniciativas y las principales decisiones.

Como podrá suponerse, esto niega tajantemente cualquier aspiración democrática, en tanto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible asentarla: amplios, variados y múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.

De esta manera, desde la izquierda no son cuestiones de cálculo -político o pecuniario- lo que debería estar en juego. Son principios. Por eso la enorme importancia de la posición del presidente chileno Gabriel Boric, antes incluso de desencadenarse la actual crisis venezolana. El 10 de marzo, refirió claramente que en la izquierda en general, y en América Latina en particular, “ha habido una tendencia a no hacerse cargo de los errores propios”, tipificando como tal la defensa de ciertos regímenes, “porque se entienden como parte de la misma familia”.

Boric fue muy claro y tajante en esto: “No miro el color político de una persona que viole los derechos humanos o restrinja libertades que son esenciales”. Por supuesto, estaba plenamente consciente de las críticas que eso provocaría, pero, consideraba que políticamente era un error cerrar los ojos a las gravísimas violaciones de derechos que hacen los regímenes que se denominan de izquierda, creyendo ingenuamente que esto es propio sólo de la derecha que está al frente: “la gente no es tonta y esas confusiones o desviaciones le hacen mal a la política”.

 

 

desco Opina / 9 de agosto de 2024

Lecciones desde Latinoamérica

Un aspecto fundamental que coloca en el debate los acontecimientos latinoamericanos es la desigualdad. Ahora bien, contra lo que supone el extendido sentido común –que la desigualdad es una consecuencia del modelo neoliberal– debemos tener claro que es una premisa que lo supone. Más aún, la desigualdad es un rasgo persistente en América Latina, que atraviesa a todos los modelos económicos que se han implementado a lo largo del último siglo.

Entonces, bajo este marco, como afirma Paul Gootenberg, “la población latinoamericana vive y observa cada día estas disparidades, expresadas en el modo en que hace política, construye espacios urbanos, trabaja la tierra, integra movimientos sociales nuevos y antiguos, es víctima del crimen y del estrés ambiental, y accede a los recursos educativos, nutricionales, legales, culturales, a las prestaciones de salud y a los medios de información”.

De esta manera, cuando las brechas no son cerradas y, en su lugar, se abren cada vez más, empieza a cundir una percepción de injusticia, como resultado de un acto de despojo. Tal vez, la particularidad del momento actual está en que el malestar es consecuencia de la privatización que vendió la fantasía de que lo público-estatal es malo y lo privado es bueno per se. En suma, la acción social latinoamericana ha empezado a delinear una noción de despojo, que ha sido llevado a cabo mediante la privatización de los bienes que se suponen comunes. De esta manera, vamos formulando la relación entre desigualdad y neoliberalismo.

Aun así, no es suficiente. Barrington Moore Jr. estima que la "necesidad social" contiene tres elementos esenciales. El primero es una noción de causalidad con el orden temporal ordinario invertido: algo muy desagradable sucederá en el futuro si no se satisface hoy la necesidad. En segundo lugar, debe elegirse la salida para la insatisfacción y esto, como tercera condición, siempre conllevará un juico ético.

Lo anterior involucra un liderazgo que ha empezado a ser cuestionado, críticas a las formas como es distribuida la riqueza y malestares ante una división del trabajo que no está generando oportunidades para todos.

Una segunda cuestión es la falta de funcionamiento de las correas de transmisión que supone la democracia liberal, es decir, los partidos políticos. Nuevamente, el supuesto neoliberal es que la política se debía relativizar, para dar paso a lo «técnico» y, por lo mismo, el partido político y la representación debían quedar en un disminuido rincón. Si un actor ausente tenemos en los casos chileno y ecuatoriano, es precisamente la nula presencia de estas organizaciones.

Asociado a este tema, está la ineficacia de los organismos supranacionales, en nuestro caso OEA y específicamente el Grupo de Lima. Por lo visto, los problemas democráticos en América Latina son evaluados de manera diferente, según el gusto ideológico

Una tercera cuestión es la potencia de la movilización social, llevada a cabo por organizaciones que muestran una naturaleza «líquida», en otras palabras, en continua recomposición para adecuarse a coyunturas específicas, para lo cual proponen agendas sumamente elásticas. Es lo que Hardt y Negri denominan la primacía estratégica desde la base social que, lamentablemente en Perú, no encuentra una conducción central que le dé sentido táctico a estas líneas.

Todo ello hay que entenderlo como una acción social en el marco de economías ordenadas por el extractivismo que, en otras palabras, también señala el fracaso relativo de los progresismos latinoamericanos. En el caso de Perú debe asociarse, además, con la bajísima tasa de generación de empleo que provocó el modelo, promoviendo una impresionante informalidad.

Finalmente, los movimientos sociales como el indígena en el Ecuador y los estudiantes y jóvenes en Chile, evidencian tres cuestiones indispensables para su presencia contundente: (i) Memoria. Los movilizados han hecho continuas referencias a Pinochet y la dictadura, así como a Correa y sus posiciones antiambientales. En ambos casos el estado de excepción ha sido un aspecto central para cuestionar la democracia imperante; (ii) Aprendizajes. En el caso chileno, entre los adultos, se subraya la frase “nosotros teníamos miedo, los jóvenes no”, como una manera de aceptar y legitimar las movilizaciones; y (iii) Proyecciones. Ante el despojo, se exige la recuperación de “lo extraído”.

desco Opina / 25 de octubre de 2019