La reciente inauguración del puente de
la carretera Arequipa – La Joya
es una buena noticia. Mejorará la conectividad regional, reducirá tiempos de
viaje y fortalecerá la articulación logística entre Arequipa y el corredor
hacia Matarani, Puno, Cusco y otras regiones del sur. Sin embargo, dejando de
lado la pompa de la inauguración, este acto nos hace preguntarnos ¿por qué una
infraestructura de esta importancia necesitó tantos años, múltiples
paralizaciones, adicionales de obra y reiteradas observaciones técnicas para
acercarse a su culminación? Acercarse, es un decir, porque ya han pasado seis
administraciones regionales y no se logra terminar.
Lamentablemente, lo que pasa con la
carretera Arequipa – La Joya no es una excepción. Es la consecuencia de uno de
los mayores problemas de la inversión pública peruana: la incapacidad del
Estado (en todos sus niveles) para ejecutar proyectos de manera oportuna y
eficiente. Las obras paralizadas no solo inmovilizan miles de millones de soles
de recursos públicos, sino que retrasan servicios esenciales, encarecen la inversión,
pero, sobre todo, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Por
eso es común escuchar que el gobierno regional no hace nada, o la municipalidad
o el ministerio.
La Contraloría General de la República
viene alertando desde hace varios años sobre la magnitud de este problema
mediante informes y también en su portal web. Actualmente, a nivel nacional tenemos
634 obras paralizadas que tienen un valor conjunto de S/. 9211 millones. Cusco ostenta
el triste récord de ser el departamento con el mayor número de obras
paralizadas, 187 proyectos que representan la inmovilidad de S/.1060 millones
de los recursos públicos.
Las causas se repiten con preocupante
frecuencia. En una reciente exposición de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) en el evento “Conectar el Estado: articulación
multinivel y sistemas públicos para cerrar brechas territoriales” se mencionó que entre las principales
causales de la paralización de proyectos de inversión pública en el país están:
la programación presupuestal insuficiente para la continuidad, las controversias
legales o arbitrales, el quiebre financiero contractual por pagos pendientes y los
expedientes técnicos insuficientes (o mal hechos). Lo más preocupante es que
gran parte de estas dificultades se pueden identificar antes del inicio de las
obras.
El caso del puente Arequipa – La Joya
resulta particularmente ilustrativo. La obra se gestó durante el gobierno
regional de Vera Ballón, en el de Guillén Benavides se culminó con el
expediente técnico, y recién se inició en el gobierno de Osorio Delgado en
octubre de 2017, con un presupuesto superior a los S/ 107 millones y un plazo
contractual de 510 días. Sin embargo, durante su desarrollo se aprobaron
adicionales de obra y se registraron paralizaciones, resoluciones contractuales,
reactivaciones y controversias judiciales que encarecieron el proyecto. Según
data del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF), el proyecto tiene un costo de inversión actualizado de S/ 914.8 millones.
A esto, hay que añadirle las múltiples denuncias de corrupción y de invasiones de terrenos en zonas aledañas, que la han
acompañado durante todo su trayecto de ejecución.
Lo alarmante es que varios de los
proyectos de inversión pública que se ejecutan en la actualidad presentan uno o
más de los problemas mencionados en el proyecto de la carretera Arequipa – La
Joya. No se trata de ineficiencias exclusivas de obras de gran complejidad. Esta
situación revela una debilidad más profunda: la insuficiente calidad de los
expedientes técnicos y la escasa capacidad institucional para gestionar
proyectos.
El estudio Políticas de Desarrollo Regional en Perú de la OCDE, recomienda que el país
fortalezca la gobernanza multinivel, mejore la coordinación entre los distintos
niveles de gobierno y desarrolle capacidades técnicas permanentes para formular
y ejecutar inversiones públicas. Sin embargo, la reciente presidenta electa,
Keiko Fujimori, quien ha anunciado que reivindicará el gobierno de su padre en
su gestión, es posible que implemente políticas que recentralicen el poder,
evitando que se puedan resolver estos escollos en las gestiones subnacionales.
Quizá volveremos a ver la acumulación del poder en un ministerio de la
presidencia, con otro nombre, pero con las mismas artimañas para usar las
alianzas estratégicas regionales como ejercicio de un clientelismo ramplón.
La descentralización necesita ir
acompañada de instituciones más sólidas, mejores sistemas de planificación y
equipos profesionales especializados, fundamentalmente en gobiernos regionales
y locales que administran una parte significativa de la inversión pública. Quizá
así, el cronograma de un proyecto de inversión pública se pueda cumplir sin
complicaciones.
Sea cual sea la decisión del gobierno
nacional, la ciudadanía tiene una tarea: vigilar la ejecución presupuestal.
Recientemente la cooperación suiza ha inaugurado el portal de Alertas de Obras Públicas Paralizadas en
el Perú con una base de
datos de organismos oficiales. En él, cualquier persona puede monitorear los
proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno, además de ver cuánta es
la cantidad de la población potencialmente afectada.
Celebrar la culminación de una obra
siempre será motivo de satisfacción, pero sería un error conformarnos con el
acto simbólico y no preguntarnos por qué tardamos tanto en concluir proyectos
que debieron estar al servicio de la ciudadanía mucho antes. Debemos exigir que
cada inauguración venga acompañada del acta oficial de cierre de proyecto, un
trámite inconcluso de muchas obras, y que son un pasivo que se hereda de
gestión en gestión.
Es imprescindible corregir las
deficiencias estructurales en la formulación de proyectos, mejorar la calidad
de los expedientes técnicos y fortalecer la capacidad de gestión pública para
culminarlos con eficiencia, de lo contrario difícilmente seguiremos sonriendo
en las fotos de inauguración.
desco Opina – Regional / 17 de julio del 2026
descosur
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