Mediocridad y recentralización

 

La reciente inauguración del puente de la carretera Arequipa – La Joya es una buena noticia. Mejorará la conectividad regional, reducirá tiempos de viaje y fortalecerá la articulación logística entre Arequipa y el corredor hacia Matarani, Puno, Cusco y otras regiones del sur. Sin embargo, dejando de lado la pompa de la inauguración, este acto nos hace preguntarnos ¿por qué una infraestructura de esta importancia necesitó tantos años, múltiples paralizaciones, adicionales de obra y reiteradas observaciones técnicas para acercarse a su culminación? Acercarse, es un decir, porque ya han pasado seis administraciones regionales y no se logra terminar.

Lamentablemente, lo que pasa con la carretera Arequipa – La Joya no es una excepción. Es la consecuencia de uno de los mayores problemas de la inversión pública peruana: la incapacidad del Estado (en todos sus niveles) para ejecutar proyectos de manera oportuna y eficiente. Las obras paralizadas no solo inmovilizan miles de millones de soles de recursos públicos, sino que retrasan servicios esenciales, encarecen la inversión, pero, sobre todo, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Por eso es común escuchar que el gobierno regional no hace nada, o la municipalidad o el ministerio.  

La Contraloría General de la República viene alertando desde hace varios años sobre la magnitud de este problema mediante informes y también en su portal web. Actualmente, a nivel nacional tenemos 634 obras paralizadas que tienen un valor conjunto de S/. 9211 millones. Cusco ostenta el triste récord de ser el departamento con el mayor número de obras paralizadas, 187 proyectos que representan la inmovilidad de S/.1060 millones de los recursos públicos.

Las causas se repiten con preocupante frecuencia. En una reciente exposición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el evento “Conectar el Estado: articulación multinivel y sistemas públicos para cerrar brechas territoriales” se mencionó que entre las principales causales de la paralización de proyectos de inversión pública en el país están: la programación presupuestal insuficiente para la continuidad, las controversias legales o arbitrales, el quiebre financiero contractual por pagos pendientes y los expedientes técnicos insuficientes (o mal hechos). Lo más preocupante es que gran parte de estas dificultades se pueden identificar antes del inicio de las obras.

El caso del puente Arequipa – La Joya resulta particularmente ilustrativo. La obra se gestó durante el gobierno regional de Vera Ballón, en el de Guillén Benavides se culminó con el expediente técnico, y recién se inició en el gobierno de Osorio Delgado en octubre de 2017, con un presupuesto superior a los S/ 107 millones y un plazo contractual de 510 días. Sin embargo, durante su desarrollo se aprobaron adicionales de obra y se registraron paralizaciones, resoluciones contractuales, reactivaciones y controversias judiciales que encarecieron el proyecto. Según data del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el proyecto tiene un costo de inversión actualizado de S/ 914.8 millones. A esto, hay que añadirle las múltiples denuncias de corrupción y de invasiones de terrenos en zonas aledañas, que la han acompañado durante todo su trayecto de ejecución.

Lo alarmante es que varios de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en la actualidad presentan uno o más de los problemas mencionados en el proyecto de la carretera Arequipa – La Joya. No se trata de ineficiencias exclusivas de obras de gran complejidad. Esta situación revela una debilidad más profunda: la insuficiente calidad de los expedientes técnicos y la escasa capacidad institucional para gestionar proyectos.

El estudio Políticas de Desarrollo Regional en Perú de la OCDE, recomienda que el país fortalezca la gobernanza multinivel, mejore la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y desarrolle capacidades técnicas permanentes para formular y ejecutar inversiones públicas. Sin embargo, la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori, quien ha anunciado que reivindicará el gobierno de su padre en su gestión, es posible que implemente políticas que recentralicen el poder, evitando que se puedan resolver estos escollos en las gestiones subnacionales. Quizá volveremos a ver la acumulación del poder en un ministerio de la presidencia, con otro nombre, pero con las mismas artimañas para usar las alianzas estratégicas regionales como ejercicio de un clientelismo ramplón.

La descentralización necesita ir acompañada de instituciones más sólidas, mejores sistemas de planificación y equipos profesionales especializados, fundamentalmente en gobiernos regionales y locales que administran una parte significativa de la inversión pública. Quizá así, el cronograma de un proyecto de inversión pública se pueda cumplir sin complicaciones.

Sea cual sea la decisión del gobierno nacional, la ciudadanía tiene una tarea: vigilar la ejecución presupuestal. Recientemente la cooperación suiza ha inaugurado el portal de Alertas de Obras Públicas Paralizadas en el Perú con una base de datos de organismos oficiales. En él, cualquier persona puede monitorear los proyectos paralizados en los tres niveles de gobierno, además de ver cuánta es la cantidad de la población potencialmente afectada.

Celebrar la culminación de una obra siempre será motivo de satisfacción, pero sería un error conformarnos con el acto simbólico y no preguntarnos por qué tardamos tanto en concluir proyectos que debieron estar al servicio de la ciudadanía mucho antes. Debemos exigir que cada inauguración venga acompañada del acta oficial de cierre de proyecto, un trámite inconcluso de muchas obras, y que son un pasivo que se hereda de gestión en gestión.

Es imprescindible corregir las deficiencias estructurales en la formulación de proyectos, mejorar la calidad de los expedientes técnicos y fortalecer la capacidad de gestión pública para culminarlos con eficiencia, de lo contrario difícilmente seguiremos sonriendo en las fotos de inauguración.

 

desco Opina – Regional / 17 de julio del 2026

descosur

Cada vez más lejos

 

Cuestiones más vendibles porque pueden presentarse de manera más «espectacular», como la declaratoria de emergencia en tres distritos por considerar que la inseguridad ciudadana ha desbordado la capacidad de los agentes públicos que debieran controlarla, pusieron de medio lado la visita al Perú de Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para, entre otras actividades, presentar oficialmente el primer informe económico de la OCDE sobre nuestro país.

El sueño de opio de nuestros gobernantes en la última década ha sido, precisamente, la admisión a dicho espacio, al considerar que así mejoraría nuestra imagen y credibilidad internacional, a modo de un ISO que indicaría al mundo nuestra estabilidad económica, buen gobierno y capacidad para responder eficazmente a las demandas y desafíos económicos y sociales. Esto se vería reforzado porque OCDE, se dice, permitiría el acceso a las buenas prácticas que llevan a cabo los otros países miembros, facilitaría la asistencia técnica y formaríamos parte de una red de cooperación internacional que nos beneficiaría en términos comerciales.

Esta expectativa fue reiterada por la canciller Ana Cecilia Gervasi, cuando afirmó que “el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permitirá brindar servicios públicos de mejor calidad, así como cerrar brechas estructurales”. Agregó que “la adhesión de nuestro país a dicho organismo brinda un sello de calidad internacional para atraer inversiones que permitan promover un desarrollo inclusivo y sustentable”.

Pero, en extremo diplomático, si bien Cormann refirió que nuestro país avanza a “paso firme” en su proceso de admisión, iniciado en enero de 2022, a renglón seguido desinfló las expectativas al indicar que hay todavía una gran cantidad de pasos que deben darse como los informes que debe emitir una serie de misiones de investigación, otra lista de revisiones de 24 comités de expertos sobre un amplio espectro de temas que incluye políticas públicas, económicas, sociales, ambientales, comerciales, de inversión, gobernanza pública, entre otras. Finalmente, cuando este camino esté recorrido, OCDE dará sus recomendaciones sobre lo que necesita nuestro país para afinar su perfil como socio de este espacio.

Luego, refiriéndose específicamente al informe sobre nuestro país, indicó que necesitamos inmediatamente fortalecer [sic] las oportunidades, restaurar el crecimiento a largo plazo mejorando la productividad y la competencia, hacer progresos en la cohesión social, fortalecer la protección social reduciendo la informalidad, y asegurar que la estructura fiscal y el marco presupuestario continúen siendo sostenibles en el futuro.

¿Qué le preocupa a la OCDE? Fundamentalmente, el crecimiento económico ralentizado, debido al impacto de shocks externos (manifiesto en presiones inflacionistas y alza de precios, que pudieron manejarse gracias al rápido endurecimiento de la política monetaria, esperándose que el BCR mantenga posiciones restrictivas para cumplir con las metas inflacionarias) y las frecuentes catástrofes naturales –intensificadas por el cambio climático– que provocan daños en las infraestructuras, agravan las perturbaciones en la cadena de suministros y contribuyen a la inflación.

En ese sentido, debemos revertir esta situación para generar mejores contextos que permitan satisfacer la demanda de servicios sociales y cerrar la brecha en infraestructura, mejorando la eficiencia del gasto público y elevando los ingresos tributarios. Para ello, debemos implementar urgentemente un programa de reformas estructurales que impulse el crecimiento de largo plazo y permita a Perú “volver a la ruta de la convergencia con los países OCDE, algo que se ha estancado en la última década”.

Estas reformas deben privilegiar el fortalecimiento de la independencia y la eficiencia del Poder Judicial y el avance en la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas de información de los tribunales. Asimismo, debe implementarse una estrategia integral para disminuir la corrupción, que obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones.

En esa línea, OCDE también considera que la existencia de una función pública fragmentada, limita la capacidad del Estado para llevar a cabo la tan necesaria inversión pública y prestar servicios públicos de alta calidad. A su vez, es necesario reestructurar la descentralización fiscal y reducir la informalidad.

En fin, como vemos, el Informe de la OCDE no dice nada que no se haya repetido hasta la saciedad durante las dos últimas décadas, sin ofrecer ningún tipo de evaluación sobre el fracaso estrepitoso de anteriores y densas reformas que alguna vez se hicieron en el aparato estatal peruano. Al respecto, ¿no hubiera sido más valioso que nos indicaran sus apreciaciones sobre las causas de los fracasos que acumulamos, en lugar de alentar improbables logros?

Así, como el extraño caso de Mr. Jekyll y Dr. Hyde, la limitada mirada de la tecnocracia neoliberal ha permitido que nos cercioremos de que, en realidad, no era el par antagónico de lo que en su momento denominaba “burocracia mercantilista”, sino su otro yo.

Como señaló el recordado David Graeber, “La ley de hierro del liberalismo dicta que toda reforma del mercado, toda iniciativa del gobierno dirigida a reducir trámites burocráticos e impulsar las fuerzas del mercado tendrá, como efecto final, el aumento del número total de regulaciones, la cantidad total de papeleo y la cantidad total de burócratas que emplea el gobierno.”

Además, en este discurso que busca abrumar con sesgos «técnicos» ¿dónde están los ciudadanos y las ciudadanas? Porque, anotamos, la eficiencia en la respuesta del Estado no puede ser, de ninguna manera, solo un indicador que se otorga la propia burocracia para el control de la acción que debe llevar a cabo, sino, sobre todo, la apreciación del que tiene derecho a ser respondido por el Estado en sus demandas y expectativas, es decir los ciudadanos y las ciudadanas.

 

desco Opina / 6 de octubre de 2023

El país que pudimos ser y los culpables de impedirlo

 

Los peruanos debimos debatir y ponernos de acuerdo sobre una cantidad enorme de cuestiones para salir del hoyo infinito en el que nos ha colocado la pandemia, tomando posición para arribar a objetivos de desarrollo antes del 2030. Los involucrados en la formulación de políticas públicas, fundamentalmente los agentes políticos, debieron decirnos cómo iban a conciliar los objetivos económicos, sociales y ambientales para garantizarlos y no quedarnos con la simple enunciación economicista de «asegurar el 10% de crecimiento» para el presente año que sale del MEF.

La cuestión es que el país sea sostenible y que la vida de los ciudadanos sea mejor. Para ello, hubiera sido conveniente que nos digan cómo iban a diseñar políticas y estrategias que promovieran el desarrollo y no simplemente el crecimiento (lo cierto es que ni siquiera eso fue planteado). Como señalaba nítidamente el voto indignado por Pedro Castillo, se debió proponer el fortalecimiento del aparato gubernamental para diseñar, implementar y monitorear políticas coherentes e integradas para el desarrollo sostenible. Esto suponía “fomentar sinergias entre las áreas de política económica, social y medioambiental, identificar compensaciones y conciliar los objetivos nacionales y multilaterales y abordar decididamente los efectos secundarios de las políticas nacionales”.

Lo anterior, debió tener como base tres cosas:

·     Una visión estratégica, respaldada por un claro compromiso político y liderazgo para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

·     Mecanismos institucionales y de gobernanza eficaces e inclusivos para abordar las interacciones de las políticas en todos los sectores y alinear las acciones entre los niveles de gobierno.

·      Un conjunto de herramientas que permitieran anticipar, evaluar y abordar los impactos de largo plazo de las políticas.

En resumen, debió buscarse coherencia de las políticas para el desarrollo, integrando las dimensiones comprometidas en las políticas diseñadas, homogenizando los mecanismos institucionales y organizativos: estructuras, sistemas, procesos y métodos de trabajo aplicados por el gobierno en todos los sectores y niveles, así como por los actores interesados fundamentales.

Debimos estar conscientes que estas tareas necesitaban de liderazgos y compromisos políticos sólidos e incluyentes, que propusieran metas en los niveles de pobreza, equidad de género y ejercicio de DESCA, alineados con los ODS, todo lo cual demandaba una visión estratégica (ahora inexistente) que debía definir los resultados deseados, los escenarios y las acciones para mejorar la coherencia entre todos los sectores y niveles de gobierno, y entre las políticas externas e internas.

En ese sentido, debió saberse la urgencia de hacernos cuanto antes de medios como la previsión estratégica, la elaboración de escenarios y enfoques sistémicos en la formulación y aplicación de políticas, para determinar, prevenir y mitigar las repercusiones adversas, reales y potenciales, en el bienestar y las perspectivas de desarrollo sostenible.

También era menester llamar la atención hacia la integración de las políticas para incorporar mejor el desarrollo sostenible a las políticas y las finanzas y, en ese sentido, aprovechar las interrelaciones y los beneficios entre los sectores de la política económica, social y medioambiental, así como entre los objetivos de desarrollo sostenible nacionales e internacionalmente reconocidos.

Asimismo, preocuparnos de integrar el desarrollo regional y territorial en las políticas sectoriales para lograr mayores sintonías con la planificación estratégica a largo plazo, garantizar la coordinación del gobierno para identificar y mitigar las divergencias entre las prioridades y las políticas sectoriales y promover acciones que se apoyen mutuamente entre sectores e instituciones.

De esta manera, podemos seguir enumerando la gran cantidad de pendientes que tiene el país si lo que se quiere es enrumbarlo de manera decidida hacia el desarrollo, recuperando con la mayor rapidez posible la pérdida de más de una década en resultados sociales que nos viene dejando la pandemia.

Pero, no hemos puesto nada de esto en la mesa de debates que, dicho sea de paso, es lo que propone OCDE para nuestro país. La lucha política para el fujimorismo no es interpelar en función a estos objetivos, sino ensuciar el panorama al punto de hacer imposible cualquier atisbo de gobernabilidad hacia adelante.

En esa línea, no les han importado los costos que cada uno de los peruanos y peruanas –incluyendo a los que en estos momentos siguen entendiendo que lo central es evitar el «comunismo»– hemos empezado a asumir por esta abominable manera de proceder que no podemos entender. Porque si la razón fuera evitar la prisión de su lideresa a costa del futuro de todos y todas, es por ahora incomprensible la fila infinita de arrimados que han adoptado como programa el sonsonete de «comunismo no», y para ello vale todo, incluyendo la ruptura de reglas básicas de convivencia democrática.

 

desco Opina / 16 de julio de 2021