Cada vez más lejos

 

Cuestiones más vendibles porque pueden presentarse de manera más «espectacular», como la declaratoria de emergencia en tres distritos por considerar que la inseguridad ciudadana ha desbordado la capacidad de los agentes públicos que debieran controlarla, pusieron de medio lado la visita al Perú de Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para, entre otras actividades, presentar oficialmente el primer informe económico de la OCDE sobre nuestro país.

El sueño de opio de nuestros gobernantes en la última década ha sido, precisamente, la admisión a dicho espacio, al considerar que así mejoraría nuestra imagen y credibilidad internacional, a modo de un ISO que indicaría al mundo nuestra estabilidad económica, buen gobierno y capacidad para responder eficazmente a las demandas y desafíos económicos y sociales. Esto se vería reforzado porque OCDE, se dice, permitiría el acceso a las buenas prácticas que llevan a cabo los otros países miembros, facilitaría la asistencia técnica y formaríamos parte de una red de cooperación internacional que nos beneficiaría en términos comerciales.

Esta expectativa fue reiterada por la canciller Ana Cecilia Gervasi, cuando afirmó que “el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) permitirá brindar servicios públicos de mejor calidad, así como cerrar brechas estructurales”. Agregó que “la adhesión de nuestro país a dicho organismo brinda un sello de calidad internacional para atraer inversiones que permitan promover un desarrollo inclusivo y sustentable”.

Pero, en extremo diplomático, si bien Cormann refirió que nuestro país avanza a “paso firme” en su proceso de admisión, iniciado en enero de 2022, a renglón seguido desinfló las expectativas al indicar que hay todavía una gran cantidad de pasos que deben darse como los informes que debe emitir una serie de misiones de investigación, otra lista de revisiones de 24 comités de expertos sobre un amplio espectro de temas que incluye políticas públicas, económicas, sociales, ambientales, comerciales, de inversión, gobernanza pública, entre otras. Finalmente, cuando este camino esté recorrido, OCDE dará sus recomendaciones sobre lo que necesita nuestro país para afinar su perfil como socio de este espacio.

Luego, refiriéndose específicamente al informe sobre nuestro país, indicó que necesitamos inmediatamente fortalecer [sic] las oportunidades, restaurar el crecimiento a largo plazo mejorando la productividad y la competencia, hacer progresos en la cohesión social, fortalecer la protección social reduciendo la informalidad, y asegurar que la estructura fiscal y el marco presupuestario continúen siendo sostenibles en el futuro.

¿Qué le preocupa a la OCDE? Fundamentalmente, el crecimiento económico ralentizado, debido al impacto de shocks externos (manifiesto en presiones inflacionistas y alza de precios, que pudieron manejarse gracias al rápido endurecimiento de la política monetaria, esperándose que el BCR mantenga posiciones restrictivas para cumplir con las metas inflacionarias) y las frecuentes catástrofes naturales –intensificadas por el cambio climático– que provocan daños en las infraestructuras, agravan las perturbaciones en la cadena de suministros y contribuyen a la inflación.

En ese sentido, debemos revertir esta situación para generar mejores contextos que permitan satisfacer la demanda de servicios sociales y cerrar la brecha en infraestructura, mejorando la eficiencia del gasto público y elevando los ingresos tributarios. Para ello, debemos implementar urgentemente un programa de reformas estructurales que impulse el crecimiento de largo plazo y permita a Perú “volver a la ruta de la convergencia con los países OCDE, algo que se ha estancado en la última década”.

Estas reformas deben privilegiar el fortalecimiento de la independencia y la eficiencia del Poder Judicial y el avance en la digitalización y la interoperabilidad de los sistemas de información de los tribunales. Asimismo, debe implementarse una estrategia integral para disminuir la corrupción, que obstaculiza la capacidad del gobierno para implementar políticas, recaudar impuestos y hacer cumplir leyes y regulaciones.

En esa línea, OCDE también considera que la existencia de una función pública fragmentada, limita la capacidad del Estado para llevar a cabo la tan necesaria inversión pública y prestar servicios públicos de alta calidad. A su vez, es necesario reestructurar la descentralización fiscal y reducir la informalidad.

En fin, como vemos, el Informe de la OCDE no dice nada que no se haya repetido hasta la saciedad durante las dos últimas décadas, sin ofrecer ningún tipo de evaluación sobre el fracaso estrepitoso de anteriores y densas reformas que alguna vez se hicieron en el aparato estatal peruano. Al respecto, ¿no hubiera sido más valioso que nos indicaran sus apreciaciones sobre las causas de los fracasos que acumulamos, en lugar de alentar improbables logros?

Así, como el extraño caso de Mr. Jekyll y Dr. Hyde, la limitada mirada de la tecnocracia neoliberal ha permitido que nos cercioremos de que, en realidad, no era el par antagónico de lo que en su momento denominaba “burocracia mercantilista”, sino su otro yo.

Como señaló el recordado David Graeber, “La ley de hierro del liberalismo dicta que toda reforma del mercado, toda iniciativa del gobierno dirigida a reducir trámites burocráticos e impulsar las fuerzas del mercado tendrá, como efecto final, el aumento del número total de regulaciones, la cantidad total de papeleo y la cantidad total de burócratas que emplea el gobierno.”

Además, en este discurso que busca abrumar con sesgos «técnicos» ¿dónde están los ciudadanos y las ciudadanas? Porque, anotamos, la eficiencia en la respuesta del Estado no puede ser, de ninguna manera, solo un indicador que se otorga la propia burocracia para el control de la acción que debe llevar a cabo, sino, sobre todo, la apreciación del que tiene derecho a ser respondido por el Estado en sus demandas y expectativas, es decir los ciudadanos y las ciudadanas.

 

desco Opina / 6 de octubre de 2023

Bajo el volcán

 

El presidente Castillo pudo haber sido un buen personaje de Malcolm Lowry. Igual o mejor que Geoffrey Firmin en el Día de los Muertos, en Quauhnáhuac (México), paseando de cantina en cantina, sin saber cómo resolver su crisis existencial, mientras el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl están a punto de erupcionar.

Es innegable el impacto de los factores externos sobre los precios de alimentos y combustibles. Pero, suponerlos como causa única, como ha expresado el presidente Castillo, no es un buen argumento. Menos aun cuando de por medio hay un creciente malestar social. Más grave todavía cuando se pretende controlar la complicada situación declarando un estado de emergencia, a la medianoche y por menos de veinticuatro horas de duración.

Al respecto, para abordar un punto importante, si algo comparten nuestros «sistemas» de suministro de alimentos y combustibles es la inexistencia de una cadena interna ordenada y con supuestos que pongan en funcionamiento mecanismos regulatorios o compensatorios reales cuando un acontecimiento, de cualquier naturaleza, afecta al consumidor que, dicho sea de paso, debiera ser el objetivo final de cualquier política pública bajo los marcos en que nos desenvolvemos actualmente.

Así, deberíamos preocuparnos, desde hace mucho tiempo atrás, de nuestra altísima dependencia externa en alimentos y combustibles. Sin embargo, pese a la enorme fragilidad que mostramos desde siempre en este sentido, no parece que despierte mayor inquietud en los análisis del momento.

Tampoco han sido parte de la preocupación presidencial los pobrísimos resultados que ha tenido el Estado peruano durante las últimas dos décadas en la resolución de conflictos. Con un poco más de atención, el presidente Castillo y sus operadores podrían haberse dado cuenta de que tales acontecimientos han sido procesados como un «arbitraje» que, muchas veces, no tuvo objetivos generales salvo terminar con un puntual «escalamiento», una suerte de mantra doctrinario de gran parte de los funcionarios empíricos que han tenido responsabilidad en estos menesteres.

Al Estado peruano nunca le interesaron «los conflictos» más allá de aquellos que denominó «socioambientales», cuyo tratamiento está en relación directa con la importancia asignada a la inversión minera y de hidrocarburos. Por ello, la sorpresa ante situaciones como las actuales, en las que el foco de la protesta social no está en estas actividades. La misma perplejidad que seguramente tuvo el Estado cuando, años atrás el maestro Castillo conducía una huelga magisterial que buscaba descabezar a la dirigencia del SUTEP allegada a Patria Roja.

De allí que preguntas como las planteadas por el ex ministro de Economía, David Tuesta, sobre la capacidad del gobierno de negociar, carecen de sentido. Lo que debemos preguntarnos es si el Estado la tiene. Y, obviamente que no, porque las capacidades para la negociación son aptitudes netamente políticas, algo que un ministro de Economía de este país jamás va a entender. Además, el problema adicional que debemos atender hoy, a partir de la experiencia adquirida, es que incluso la capacidad negociadora se opaca ante la incapacidad para efectivizar lo acordado y comprometido.

A estas alturas, es de aceptación general que las mesas de diálogo y/o concertación como mecanismo para «solucionar» conflictos, son la expresión más cercana de lo que los peruanos denominamos «la mecedora». No es la falta de voluntad, sino la imposibilidad de que los acuerdos abordados se plasmen, porque las formas en que se organiza el Estado peruano no facilitan para nada que lo pactado por las partes llegue a buen puerto.

Paradójicamente, en momentos en que para que maneje un momento complicado es reclamada la habilidad política como el valioso activo de un experimentado sindicalista, éste muestra su real dimensión. Sin operadores idóneos, su propio desempeño deja hasta el momento mucho que desear, oscilando entre el negacionismo, el mutismo y la sorprendente afirmación de que los dirigentes de los transportistas eran «pagados».

En este escenario donde las limitaciones del mandatario son evidentes, debemos afirmar sin atajos, que las personas no somos simples portadoras de acciones mecánicas, tal como parecen concluir parte de nuestros analistas y el propio gobierno, movilizándonos e indignándonos desde el simple expediente de nuestras necesidades básicas: «protestamos porque tenemos hambre».

El problema que tenemos entre manos, además de económico, es fundamentalmente moral. Es cierto que una serie de factores deterioran el escenario que debiera sernos propicio, pero igualmente cierto es que el gobierno que elegimos apenas hace ocho meses no hace nada para manejar la situación en función a las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas, que no es solamente tener algo que comer. Los peruanos nos sentimos cada vez más inseguros, más frustrados y menos optimistas.

En medio de esta situación en franco y cotidiano deterioro, sentimos que no todos nos estamos mojando de igual manera. Todo parece indicar que las brechas de nuestras desigualdades han continuado abriéndose aún más, exponiendo a un creciente número de compatriotas a situaciones cada vez más precarias. En efecto, la economía «realmente sentida» por las personas, está bastante lejos de los formulismos teóricos del mercado.

El intercambio que demandamos debe ser, sobre todo, justo. Cuando no lo es, sucede lo que estamos viendo ahora; en otras palabras, estamos ante la exigencia de un «buen gobierno» que distribuya mejor los activos, tanto los económicos como los que no lo son. De un mandatario que gestione y que en su afán de sobrevivir no se resigne a repetir los manidos argumentos contra la movilización de la misma derecha que lo combate.

 

desco Opina / 5 de abril de 2022