Ciudad inhabitable: cuando la capital se cae a pedazos

 

A más de 486 años de su fundación, la ciudad de Lima, nuestra capital de la República, cuenta con más de nueve millones y medio de habitantes que representan casi la tercera parte de la población a nivel nacional. Según datos al 2020 del Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), más de 94% de la población accede a servicios básicos, el 75,9% cuenta con internet y casi 74 de cada 100 habitantes de la provincia de Lima tienen seguro de salud; sin embargo, la pandemia del COVID-19 demostró que muchas de estas cifras son una simple estadística que no profundiza en la solución a problemas estructurales que arrastramos hace décadas.

Respecto a los servicios básicos, por ejemplo, la desatención al abastecimiento de agua en zonas periurbanas es más que evidente. Al margen de que desde que estamos en emergencia sanitaria se ha brindado acceso al agua potable «vía camión cisterna» de manera gratuita en zonas de pobreza y pobreza extrema, la solución estructural para atender esta necesidad básica es para nada sostenible. Una muestra de ello es el problema de desabastecimiento de agua ocurrido hace un par de semanas en zonas más consolidadas de la ciudad como San Juan de Lurigancho.

Acá se evidencia la poca capacidad de planificación y atención a situaciones similares que se pueden acrecentar en el futuro; pero además, ratifica las prácticas de corte asistencialista que se proponen para dar solución al problema como ofrecer «agua gratuita», intentando apaciguar el ruido ocasionado en medios de prensa. No se atiende así el tema de fondo; el Estado debe entender que se requiere una reingeniería completa de la forma como se brinda actualmente el servicio para hacerlo eficiente, pero sobre todo sostenible en una ciudad que está asentada sobre un desierto y con fuentes de abastecimiento limitadas debido al poco caudal de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, principales proveedores de agua.

Respecto al acceso a internet, pareciera ser un tema poco importante, pero habría que precisar que si bien un porcentaje alto tiene acceso al mismo, este se da sobre todo por medio de un teléfono celular, cuyo uso en zonas periurbanas muchas veces suele ser un solo equipo para toda la familia; esta situación como producto de las estrategias virtuales implementadas para estudiar y trabajar en tiempos de pandemia. En los temas de salud han sido más que evidentes los diversos e innumerables problemas que ya existían previamente y que con o sin pandemia han demostrado una crisis generalizada del sector, actualmente volcado al tema de vacunación masiva en todo lugar que sea posible, evitando que la población se dirija a los centros de salud, de por sí ya colapsados en su atención y servicio desde antes de la llegada del COVID-19.

A lo ya mencionado se suman los problemas de inseguridad y delincuencia que son parte del día a día y que, lamentablemente, se vienen normalizando e inclusive generando nuevas modalidades delictivas, tal como sucede en las instalaciones del sistema de transporte metropolitano. Incluso en el tema de transporte, no podemos sino avergonzarnos del «galardón» obtenido esta semana, al ser considerados el país más congestionado del mundo, y Lima, particularmente conocida por sus problemas de tráfico; es innegable reconocer que algo estamos haciendo mal.

Finalmente, quizá la principal afirmación que resta por hacer es que Lima se ha convertido en una ciudad inhabitable; pero más que eso, se ha vuelto –por no decir que siempre lo fue– una ciudad altamente vulnerable, producto de múltiples factores. Así, todo hace presagiar que, en breve, los problemas pueden terminar explotándonos en la cara, si es que el Estado no se da cuenta de que la gestión reactiva termina generando al final de cuentas, más costos que beneficios.

Los dos derrumbes ocurridos en un mismo día en la ciudad de Lima, tanto en Chorrillos como en Puente Piedra, son señales inequívocas de alerta de una ciudad que se cae a pedazos, cuando aún no sucede el temblor.

 

desco Opina - Regional / 1º de octubre de 2021

descoCiudadano

COVID-19 y las vacunas en Junín

 

En Junín el COVID-19 causó crisis sanitaria, económica y social, por ello el proceso de vacunación es importante para enfrentar los riesgos en la salud pública derivados de la pandemia, principalmente en la disminución de la sobrecarga del sistema de salud para contener los casos graves de hospitalización. Los estragos que viene generando están asociados al decreciente acceso a los derechos económicos y sociales, con un impacto diferenciado y desproporcional en los diversos grupos en situación de vulnerabilidad.

En lo que va del 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Producto Bruto Interno en Junín creció solo en 3,8%, además, según las proyecciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) en la jurisdicción, la pobreza multidimensional alcanzaría al 27% de la población, es decir, más de 336 000 personas se encontrarían en esta situación de vulnerabilidad; a ello se suma que según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la región Junín el empleo en el sector privado formal se redujo en 6,1% y la informalidad creció al 70%.

Asimismo, la Dirección Regional de Salud Junín (Diresa Junín) reporta más de 20 000 partos por año, de los cuales 3607 nacidos vivos entre el 2020 y 2021 no cuentan con el documento de identidad por los servicios restringidos durante los picos altos de la pandemia. Otro indicador desalentador es la salud mental, según la misma fuente, 3554 personas sufren alteraciones de salud mental, un 25% incrementó ansiedad, depresión y estrés.

Datos actualizados al mes de agosto de casos confirmados de contagios por COVID-19 en la región Junín arrojan la suma de 122 926, mostrando una curva oscilante que representa entre 80 a 90 nuevos casos diarios. Las provincias con mayor incidencia de casos son Huancayo (60 529), Satipo (15 781) y Chanchamayo (15 652). Bajo este escenario la Diresa Junín, en el marco del Plan Junín Libre de Coronavirus, logró inocular a la fecha con vacunas Pfizer y Sinopharm: (i) 423 804 personas con primera dosis, (ii) 361 239 personas con ambas dosis; así el 34.1% de la población total de Junín cuenta con la primera dosis de la vacuna y el 28.99% está totalmente inmunizado. Cabe precisar que las personas vacunadas tanto con primera y segunda dosis, son mayores de 28 años.

Sin embargo, aun siendo optimistas en el proceso de vacunación –entre primera y segunda dosis contamos con 785 043 vacunas aplicadas–, esto no es suficiente para proteger a la población regional. Por esta razón exhortamos a las personas acudan a vacunarse, pues pese a las campañas de cuidados difundidas por la Diresa, en Junín se confirmaron los primeros dieciséis casos de la variante Delta, los que fueron registrados en los distritos de Huancayo (3), El Tambo (6), Chilca (1), Huayucachi (2), Pilcomayo (2), y la Provincia de Chanchamayo (2), que a la fecha se encuentran aislados. Este escenario es preocupante por la capacidad resolutiva del sistema de salud en la región ante una eventual tercera ola; sumado a que un sector de la población sigue reaccionando negativamente respecto a las vacunas, sobre todo frente a Sinopharm, debido a una mala información.

Finalmente, insistimos con la población juninense en la urgente necesidad de cumplir con las dos dosis de vacunación para asegurar su efectividad. Según la Diresa, a pesar de todo lo mencionado, Junín es una de las regiones que más avanzó con el proceso de vacunación y generó un impacto positivo, la demanda de hospitalización ha disminuido en un 30 a 40%. Sin embargo, el tema sociocultural podría jugar en contra en una región altamente festiva, donde las celebraciones de distinta índole son cotidianas, lo que debería poner en alerta a las autoridades a fin de no bajar la guardia respecto a los protocolos de seguridad.

 

desco Opina - Regional / 3 de setiembre de 2021

descocentro

La salud es un asunto político

La situación es muy grave. Como inicia la crónica que publicó el diario argentino Página 12 sobre Perú, “regresa la pesadilla”. Continúa, “otra vez hospitales saturados, enfermos que mueren sin poder ser atendidos, largas filas para comprar oxígeno en negocios privados que aprovechan que para miles conseguirlo es la diferencia entre vivir o morir para especular con su precio, mientras las autoridades observan sin actuar porque dicen que el modelo defiende el libre mercado”.

Entonces, no había excusa para dejar de intervenir, pese a la indolencia de los empresarios y los desatinos del ministro de Economía. Volvemos a cuarentena que, en principio, para calmar iras, aparenta ser «focalizada» y si bien se hará solo en diez regiones, el hecho es que afecta a más de la mitad de la población del país. La verdad del asunto, no es estrictamente focalizada porque no estamos en capacidad de hacerla. Es, en suma, tener fe a que el resultado sea algo positivo. Nada más.

Pero, debe guardarse los equilibrios en el análisis y considerar también varias acciones previas del gobierno de transición que, creemos, están en la dirección correcta. Una de ellas, muy importante y poco publicitada, fue la reunión de la premier Violeta Bermúdez, con un conjunto de alcaldes de Lima Metropolitana y provincias además de algunos gobernadores, el 12 de enero, para coordinar acciones contra la segunda ola de la pandemia. Entre otros, estuvieron presentes el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra. También asistieron el presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), y representantes del Congreso de Alcaldesas y Mancomunidades Municipales de Lima.

De alguna manera, esto es una respuesta a los requerimientos que fueron dándose incluso hasta el mismo día que el Gobierno central decidió el nuevo confinamiento. Por ejemplo, Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, propuso “cuarentenas focalizadas”. Precisó que, de los 1874 distritos existentes en el país, se ha identificado hasta el momento alrededor de 100 que actualmente deberían estar "cercados y con todas las medidas sanitarias del cerco epidemiológico".

Una segunda exigencia del gremio médico es el fortalecimiento del sistema de salud, sobre todo en los centros de oxigenación temporal, donde actualmente se encuentran solo 38 camas pese a la alta demanda de la población por este recurso importante. Un tercer aspecto contemplado por Palacios es la formación de una comisión que convoque a las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales "para trabajar con el Estado y poder hacer una gestión concertada".

Sobre esto último, es más que evidente que cualquier estrategia contra la pandemia, exige que los gobiernos locales se presenten como los principales protagonistas de las mismas. En otras palabras, solo ellos pueden trazar, identificar, aislar y poner en cuarentena a la población, en un sentido realmente focalizado. En esa línea, hay iniciativas loables, como la que está llevando a cabo Alberto Tejada, alcalde de San Borja, cuya administración está levantando un censo distrital que alimenta un observatorio, permitiendo la difusión de información confiable y aumentar los niveles de seguridad. Cabe señalar, que este Observatorio Municipal es el primero entre los gobiernos locales y permite la geolocalización de los casos confirmados de coronavirus en el distrito.

Al respecto, tenemos casos resaltantes que deben estudiarse. Por ejemplo, la gestión realizada por el gobierno regional de Kerala, en India. Conducido por comunistas, Kerala es un territorio con fronteras porosas, un gran número de trabajadores migrantes y una economía dependiente de las remesas de una enorme población expatriada –particularmente en los países del Golfo Persa– que continuamente está entrando y saliendo del país.

Aun así, logró controlar la propagación del virus mucho mejor que en el resto de India, pudiendo aplanar la curva en tan solo cuatro meses después de haberse detectado el primer caso. En cifras, este Estado en el que habitan 35 millones de personas tuvo apenas 524 casos y 4 víctimas debido, al parecer, al estricto y temprano confinamiento, seguido de una rigurosa estrategia de rastreo, elaboración de mapas de rutas de personas que llegaban del exterior, instalación de lugares donde lavarse las manos y centros de atención por doquier para inmovilizar a las personas que buscaban desplazarse. En pocas palabras, implementaron la estrategia que ahora se conoce como “la caza del virus”, es decir, no esperar diagnosticar los casos cuando las personas acuden a un centro de salud, sino buscarlos en sus viviendas y demás lugares de residencia.

Pero lo que realmente hizo la diferencia, según los expertos, fue el robusto sistema de salud pública de Kerala –construido a lo largo de los últimos 50 años– y la cultura de una pujante democracia afincada en las bases y con el poder delegado efectivamente en los concejos comunales. Así, en el auge de coronavirus en Kerala, 170 000 personas fueron puestas en cuarentena, bajo estricta vigilancia y visitadas por trabajadores de la salud. Las que no tenían baño en casa fueron acomodadas en unidades de aislamiento improvisadas, con el costo asumido por el gobierno. El gobierno local también acomodó y alimentó a 150 000 trabajadores migrantes de Estados vecinos que se encontraron varados, para luego enviarlos en trenes fletados a sus casas.

 

desco Opina / 29 de enero de 2021