La autoridad en la
escuela no se construye con prohibiciones y castigos, sino con formación,
condiciones adecuadas y respeto.
El Ministerio de
Educación ha vuelto a colocar la disciplina escolar en el centro de su
discurso. Los lineamientos
anunciados por el ministro José A. Chang consideran faltas graves, entre otras, el uso
indebido de celulares y la acumulación de tardanzas injustificadas. A ello se
suman las repetidas exigencias sobre el corte de pelo, el largo de las faldas,
la puntualidad y la presentación personal.
Las escuelas públicas o
privadas necesitan reglas de convivencia, y ciertas conductas exigen respuestas
oportunas y proporcionales. Sin embargo, aparecen problemas cuando la
disciplina se toma como el eje de la política educativa y la autoridad se
confunde con la imposición de obediencia ciega. Educar no es uniformar
conductas ni administrar castigos: es formar personas capaces
de convivir, asumir responsabilidades y ejercer sus derechos. Más en un país multicultural,
diverso, profundamente racista y clasista como el nuestro.
La insistencia en
regular la apariencia, particularmente la vestimenta y el cabello de las
alumnas y alumnos, revela una concepción propia de patrones autoritarios y
machistas. En lugar de promover la autonomía y el respeto mutuo, se pretende
transmitir que el orden depende del sometimiento a una autoridad que decide,
incluso, la apariencia de los estudiantes. Las normas son necesarias, pero
deben justificarse por su contribución al aprendizaje, la convivencia y la
protección de las personas, no por la obediencia como valor en sí mismo. Así no
se educa a nadie para vivir en democracia. Asunto éste que parece no
preocuparles ni al Ministro ni al gobierno.
Quedan fuera de este
debate las condiciones materiales para cumplir las exigencias escolares. Se
pide aseo y buena presentación, pero ¿todas las escuelas disponen de agua,
servicios higiénicos adecuados y materiales de limpieza? No. ¿Se considera la
situación económica de las familias y las diferencias entre los entornos
urbanos, rurales e indígenas? No. Más grave aún es la distancia entre el
énfasis en la disciplina formal y los problemas de
violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Los casos de agresión
sexual, y particularmente de una presunta agresión
sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guisse parece hacer
disparado la reacción disciplinaria del Ministro y su entorno, parte del cual
parecía mirar al techo y silbar en el caso Condorcanqui. Quisiéramos saber si
también se han preguntado ante lo ocurrido, qué mecanismos de prevención,
supervisión y protección funcionaron y cuáles fallaron, y por qué.
Este tipo de violencia
no se previene únicamente con reglamentos más severos. Se necesitan educación
sexual integral, formación para reconocer y enfrentar el abuso, canales seguros
de denuncia, atención a las víctimas, protocolos efectivos y responsabilidades
institucionales. También faltan recursos para capacitar
a los docentes y directivos, así como para trabajar con los estudiantes sobre el
consentimiento, el respeto, la resolución de conflictos y las relaciones entre
hombres y mujeres. ¿Dónde están estos componentes en el discurso que insiste en
la presentación personal y el endurecimiento de las sanciones?
La cuestión trasciende
las escuelas. Lo hemos visto en un reciente enfrentamiento verbal entre
senadores y representantes del Ejecutivo durante el debate de las facultades
legislativas. En el mismo se mostró hasta qué punto las instituciones pueden
apartarse de las normas que reclaman a la sociedad. La convivencia democrática
no se enseña mediante reglamentos, también se aprende observando cómo actúan
quienes ejercen responsabilidades públicas. Exigir autocontrol a los escolares
mientras los adultos protagonizan confrontaciones y descalificaciones debilita
la legitimidad del mensaje.
Peor aun cuando la
respuesta a la inseguridad ciudadana se expresa principalmente mediante despliegues y demostraciones públicas de
autoridad.
Frente a las extorsiones, los asesinatos y los secuestros, la ciudadanía
necesita resultados: investigación criminal, inteligencia policial, protección
de las víctimas, coordinación institucional y justicia. Las ceremonias pueden tener
una función simbólica, pero no reemplazan una política de seguridad capaz de reducir
la violencia y proteger a las personas.
No se trata de
equiparar disciplina escolar con seguridad ciudadana, sino de entender que la
ruta no es creer que los problemas complejos se resuelven multiplicando las
sanciones, exhibiendo autoridad y endureciendo las reglas. El desafío educativo
peruano va más allá que el control de la apariencia y la conducta. La autoridad
democrática, tanto en la escuela como en el Estado, necesita legitimidad,
capacidad de respuesta y coherencia entre lo que se exige y lo que se hace.
Necesitamos mejorar los
locales escolares, los servicios básicos, fortalecer la formación docente,
prevenir la violencia y reconocer la diversidad social,
lingüística y cultural del país. El tema exige, asimismo, escuchar a
estudiantes, las familias diversas del Perú y a los maestros, en lugar de
tratarlos como receptores pasivos de disposiciones ministeriales.
Una política educativa
responsable debe preguntarse no solo por qué conductas sancionar, sino por
cuales capacidades desarrollar, qué recursos proporcionar y qué
responsabilidades asumir para que las escuelas sean espacios seguros,
inclusivos y democráticos. La escuela necesita autoridad, pero una autoridad
que eduque; disciplina, pero una disciplina que forme; normas, pero normas que
puedan comprenderse y reconocerse como legítimas. De lo contrario, estaremos
ordenando la superficie mientras dejamos sin respuesta los problemas que
atraviesan la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.
desco Opina / 16 de octubre del
2026
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