Agenda de género para Lima Metropolitana

La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad. 

La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas. 

Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas  cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país. 

El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023  asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente. 

Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación. 

desco Opina / 25 de noviembre de 2022

descoCiudadano

Una renuncia con sabor a crisis

 

Han transcurrido unos días de la renuncia de Avelino Guillén al cargo de Ministro del Interior por la falta de respaldo político del presidente Castillo en su malestar con el comandante general de la Policía, Javier Gallardo, señalado de guardar relación con una supuesta mafia corrupta que desnaturalizaba y entorpecía las acciones que el exministro creía necesarias. Se esperaba entonces que el Presidente resolviera estos entredichos y respaldara a Guillén; su lenta y desconfiada manera de tomar decisiones, puso en el escenario una nueva crisis. A esta primera renuncia siguió la declinación de Mirtha Vásquez, quien como ella expresó, se había llegado a un punto que no permitía prolongar su compromiso con el mandatario optando por su renuncia al premierato.

Con la caída del gabinete se inició un nuevo ciclo de crisis política y con ella la salida de varios ministros y ministras de importantes carteras. Las salidas de Pedro Francke, Anahí Durand, Víctor Maita, Gisela Ortiz y otros, suponen un peligroso giro que muchos ya denominan traición y muestran una inclinación hacia la centroderecha y el triunfo del entorno inmediato del mandatario en Palacio que, como parte de la misma crisis, empujó la salida del Secretario de Palacio. Las declaraciones posteriores de la expremier y de Carlos Jaico, evidenciaron la existencia de un grupo de poder oscuro con importante influencia y participación en las decisiones del mandatario.

Esto se ha expresado, una vez más, en las designaciones de personajes tan cuestionables en el nuevo gabinete como las de Héctor Valer, Presidente del Consejo de Ministros, exmilitante de Renovación Popular que en su momento llamaba a no votar por el comunismo y quien acumula distintas denuncias por agresión y violencia doméstica familiar; Alejandro Salas, ministro de Cultura, excandidato congresal por Somos Perú que hasta no hace mucho no dudaba en terruquear al gobierno de Castillo, además de tener frecuentes expresiones claramente racistas y discriminatorias; Katy Ugarte, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, militante de Perú Libre, que en varias oportunidades ha dado a conocer su sesgada perspectiva sobre el enfoque de género y ha sido firmante del proyecto contra las vacunas de la congresista Margot Palacios de Perú Libre.

Este viraje inesperado pone en riesgo no sólo los avances en políticas reivindicativas que buscaban garantizar derechos de los sectores más vulnerables; también configura el camino hacia la renuncia al programa de cambio y transformación que se prometió en campaña y la adopción de una postura neoliberal. No podemos retroceder en los avances logrados y no podemos concebir como política y democráticamente correcto tener al frente del gobierno a autoridades cuestionadas por atentar contra los derechos de poblaciones vulnerables cuando, por ejemplo, en enero de 2022 se han registrado doce feminicidios en todo el país, siendo Lima Metropolitana una de las regiones con cifras más alarmantes reportando en diciembre 2021, el mayor número de mujeres desaparecidas. O poner en duda la legitimidad de las poblaciones indígenas e intentar criminalizarlas.

No cabe duda de que el presidente Castillo no ha sabido manejar sus debilidades políticas y respaldarse en un equipo con capacidad y experiencia que lo ayude a empujar el proyecto que prometió en campaña, un equipo con virtudes políticas y capacidades técnicas, que más allá de buscar réditos personales se preocupe por materializar, de una buena vez, ese tan ansiado bien común, cerrando filas frente a posturas antidemocráticas, sectarias y reaccionarias.

La actual crisis política es un parteaguas con la «alianza» que había mantenido el presidente Castillo con sectores de la izquierda, sectores que han empezado a sentar posición en contra de las decisiones tomadas, exigiendo la renuncia del actual gabinete. Esta crisis expresa lamentablemente un acercamiento del mandatario con sectores abiertamente antidemocráticos, racistas y misóginos, constituyendo un punto de inflexión quizá irremediable. Toca pues, desde los sectores progresistas, democráticos y proderechos, exigirle al Presidente que encamine al gobierno hacia una salida retomando el rumbo del cambio por el que poco más del 50% de la población apostó.

¿Qué podemos esperar en los próximos días y semanas? La renuncia del gabinete Valer y un mea culpa realmente sentido por parte de aquellos grupos y actores políticos que vienen avalando una alianza con sectores precarios de la política, no importa si de izquierda o derecha, voces infantilistas que no dudan en valerse del terruqueo y denunciar al «caviarismo» cuando buscan denigrar al oponente. Las y los peruanos necesitamos acciones firmes, que pongan por delante al ciudadano(a), con el único fin de garantizar nuestros derechos y una vida digna y más justa.

 

desco Opina – Regional / 4 de febrero del 2022

descoCiudadano

El escenario conservador que nos espera

 

Durante la campaña electoral, la discusión sobre una variedad de derechos y temas (como el aborto, la eutanasia, la inclusión del enfoque de género en el currículo nacional, el respeto hacia la diversidad afectivo-sexual, entre otros) llevó a una dinámica de polarización, en la que el diálogo y la tolerancia brillaron por su ausencia, situación que como era de esperar fue aprovechada por candidatos de corte conservador, canalizando votos a su favor a través de la exacerbación del odio y el uso del discurso despectivo y excluyente. Este proceso, además de reforzar los estereotipos y la satanización de la postura contraria, ha tenido como primer resultado el incremento considerable de grupos conservadores en el futuro Congreso, que no solo impedirán el avance de la agenda progresista, sino que afectarán los logros que se han ido obteniendo a lo largo de las últimas décadas en materia de reducción de brechas de género, violencia contra la mujer, inclusión de la diversidad afectivo-sexual, etc.

Ante este escenario conservador, ¿qué hacer como sociedad civil, con respecto a nuestra posición y actividad en la esfera pública? ¿De qué manera podemos evitar la materialización de intereses reaccionarios? En base a la experiencia en campañas comunicacionales de proyectos a favor de los derechos de la mujer y la prevención de la violencia, realizados por descociudadano en Lima Sur, se pueden sugerir algunas orientaciones.

Un aprendizaje, cuya validez ha sido más visible en el último tiempo a través de lo observado en redes sociales, es que no se debe atacar y denigrar a la población que defiende o manifiesta causas conservadoras, ni mucho menos buscar aproximar ideas a partir de una postura moralista impositiva. Haríamos bien en entender con precisión de dónde provienen los temores de gran parte de la ciudadanía y dirigir el diálogo hacia ellos con el objetivo de despejar dudas, aunque muchas veces no se vean resultados inmediatos en el cambio de postura. La postura confrontacional no hace más que alimentar el circulo vicioso de la polarización que termina favoreciendo al sector más conservador, pues lo que buscan sus líderes justamente, es la generación de dicotomías en las que exista un opuesto agresivo al cual demonizar.

Igualmente importante es reconocer qué tipo de manifestaciones y/o demandas específicas generan el rechazo masivo de la población, para manejarlas sutilmente al momento de dirigirnos al público amplio. Un ejemplo bastante ilustrativo de este tipo de manifestaciones es el forzar el uso del lenguaje inclusivo, como se pudo ver en el caso del premio otorgado por el Ministerio de Cultura a la actriz Mayra Couto, cuyo rechazo a través de redes sociales fue argumentado mayoritariamente no por “despilfarrar el dinero en situación de crisis” o “porque habían películas mejores” ni debido necesariamente al “machismo generalizado”, sino específicamente por el uso del lenguaje inclusivo en el título de la serie premiada: “Mi cuerpa, mis reglas”.

Fortalecer la posición en los temas en los que se cuenta con respaldo considerable es una tarea urgente. Por ejemplo, respecto al aborto, de acuerdo a una encuesta realizada por IPSOS GLOBAL en 25 países, en Perú, 48% de la población está de acuerdo con su legalización, 32% del cual cree que sólo debe autorizarse en ciertas circunstancias, como cuando una mujer es violada, mientras el 16 % que debe permitirse en cualquier caso. En esa dirección, la apuesta por el aborto en casos de violación, si bien generará una respuesta de los sectores más conservadores, puede ganar respaldo paulatino, en especial de sectores de la población que están dispuestos y entienden la necesidad del cambio, pero temen a demandas percibidas como más extremas.

En resumen, es claro que necesitaremos de una ciudadanía crecientemente progresista que adopte una posición estratégica en un escenario difícil, en el que toda polémica de magnitud mal llevada puede ser aprovechada para que personajes conservadores en el Congreso ganen mayor respaldo popular a través de la aplicación de medidas retardatarias.

 

desco Opina - Regional / 16 de abril de 2021

descoCiudadano

El otro virus durante la pandemia

 

A poco de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, es importante referirnos a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el Perú y, específicamente, en Lima Metropolitana. Sin duda la crisis actual generada por el COVID-19, ha afectado gravemente a las mujeres durante los meses de cuarentena, muchas de ellas se han visto obligadas a convivir con sus agresores y sido desprotegidas, no solo del amparo legal, sino también del cuidado en su salud sexual y reproductiva, debido al colapso de nuestro sistema sanitario y a la atomización de la administración pública. Aun en estos días, culminada ya la cuarentena, somos testigos de la organización de las mujeres en muchos barrios de Lima, sosteniendo ollas comunes y conformando comités de salud comunitaria, espacios en los que participan no solo mujeres adultas, sino también niñas y adolescentes que a su corta edad han tenido que lidiar con el desamparo e indiferencia de las autoridades.

Si bien desde el gobierno se han emprendido ciertas medias de contención ante la violencia y la crisis que atenta contra la dignidad y la vida de las mujeres, no se ha logrado paliar eficazmente estas problemáticas. Ello, debido en parte a la desidia de las autoridades y funcionarios que tienden una mano a la burocracia que aletarga los procesos sancionadores para los agresores y feminicidas, y con la otra mano se tapan los ojos ante los arrebatos de injusticia que tornan a gran parte de nuestro aparato judicial, que termina revictimizando y desamparando a las mujeres agredidas y violentadas; liberando a sus agresores, violadores y feminicidas por cuestionadas razones que apelan a su forma de vestir o a sus «gustos por la vida social». Asimismo, estos deliberados comportamientos y acciones, evidencian una enraizada cultura machista y discriminadora, que refleja el común denominador de los patrones de conducta y de vida naturalizados, que atraviesan la cotidianidad de nuestro propio aparato estatal.

Esta situación nos «saca al fresco» que los problemas en torno a la violencia de género –en todas sus formas– obedecen a cuestionadas relaciones de poder, históricas, estructurales y sistemáticas, que han degradado la figura de las mujeres y las han reprimido bajo relaciones de dependencia, impidiendo que ejerzan plenamente sus derechos fundamentales como acceder a educación, a una salud integral, a un trabajo digno y a intervenir en la vida pública sin el temor de ser agredidas verbal, física y sexualmente.

En lo que va del año (de enero a setiembre), según informa el Programa Nacional Aurora, se ha registrado por el Centro de Emergencia Mujer – CEM, 186 casos de intento de feminicidio a nivel nacional, siendo Lima Metropolitana la que se posiciona como la región del país con el mayor número de casos registrados (71 casos). Se identifica, además, que los agresores en su mayoría tienen un vínculo directo con la víctima, un 54% de los casos de violencia son ocasionados por la pareja y el 38%, por la expareja. Así mismo, este reporte estadístico muestra que en los meses de abril a junio no se registraron casos –justamente durante los meses en los que el periodo de cuarentena rigió fuertemente y la población quedó confinada en sus casas, con máximas restricciones de movilidad–; hecho que, sin duda alguna, no guarda relación con la realidad.

Acá no se trata de que los casos de violencia e intentos de feminicidios no hayan sucedido, sino que dada la falta de operatividad de las instancias y organismos correspondientes para canalizar y atender las denuncias y a las denunciantes, y debido también a la atomización de estas instituciones a raíz de la crisis sanitaria, se dejó en un segundo plano la organicidad de los programas y el emprendimiento de políticas adecuadas al nuevo contexto para atenderlas; se requería que tuvieran en cuenta las nuevas complejidades en torno a la problemática de la violencia de género que no se detuvo y que, por el contrario, siguió cobrando víctimas.

Por otro lado, en lo que respecta a los casos vinculados a feminicidios, según el mismo reporte del Programa Aurora, durante el periodo de enero a setiembre de este año, los servicios de este programa lograron atender un total de 96 casos a nivel nacional, concentrándose en Lima Metropolitana la mayoría de casos de víctimas de feminicidio (17 reportes), cuyos victimarios representan el entorno íntimo de las víctimas en un 65% del total y en el caso de las ex parejas feminicidas, el 14%.

Debemos notar que estas cifras solo representan una parte del universo de casos de violencia contra la mujer, ya que un importante número de mujeres víctimas de violencia de género no llegan a denunciar, debido al temor a las represalias, a la desconfianza en el sistema sancionador (Policía, Fiscalía y Poder Judicial); pero también a causa de la fuerte dependencia económica a la que están sujetas. Esta situación nos debe llevar a reflexionar acerca de la necesidad de asumir esta problemática con un enfoque que vaya más allá de medidas aisladas y cortoplacistas, que intentan negar que la violencia de género guarda intrínseca relación con la forma en la que están constituidas nuestras instituciones y que descansa en el propio sistema capitalista y patriarcal.

 

desco Opina - Regional / 13 de noviembre de 2020

descoCiudadano