La agenda de desarrollo pendiente para Lima Metropolitana

 

La población de Lima Metropolitana que bordea los 11 millones de habitantes, es un tercio de la población de todo el Perú. Pese a ser la capital del país, las y los ciudadanos no ejercen sus derechos; ni el gobierno nacional –con sus Ministerios–, ni el gobierno metropolitano y las gestiones distritales pueden solucionar los problemas que aquejan a la población que vive en esta ciudad.

Sus problemas son conocidos y los vemos y sentimos cada día. Enfrentamos la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres y la infancia, la contaminación ambiental, el constante peligro de desastres resultado de fenómenos naturales, el caos vehicular, la malnutrición, la incidencia de casos de tuberculosis, el desempleo, la informalidad, la pobreza, la desigualdad extrema y un largo etcétera más. La ineficiencia de las autoridades y los casos de corrupción han contribuido a que esta problemática se mantenga y en muchos casos se incremente.

Todos y todas –habitantes presentes y futuros– tenemos derecho a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de esta ciudad; que tiene que ser inclusiva, segura y sostenible para vivir una vida plena y decente.

¿Cuál es la agenda que se tiene que trabajar para que las mujeres, los hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, población LGTBIQ+ y toda la población ejerzan sus derechos y tengan calidad de vida? Un grupo importante de lideresas de Lima Metropolitana, preocupadas por la situación de la ciudad, han analizado esta problemática y elaborado la “Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima. Defendiendo nuestro derecho a la ciudad que queremos”. También se cuenta con el “Acuerdo de Gobernabilidad para Crecer en Comunidad. Lima Metropolitana 2023 - 2026”, en donde han participado organizaciones de la sociedad civil de Lima Metropolitana; sin embargo, este acuerdo no ha sido suscrito por el actual alcalde de Lima Metropolitana. Presentamos los principales puntos estas agendas.

En el aspecto social, uno de los temas que es parte de esta agenda de desarrollo para Lima Metropolitana es la inseguridad ciudadana. El acoso callejero tiene que ser prohibido y sancionado, se necesitan observatorios de seguridad ciudadana para el mapeo de la delincuencia, contar con sistemas de alerta ciudadana, impulsar y apoyar el trabajo en redes comunitarias y promover la vigilancia ciudadana. Para los casos de violencia contra las mujeres, es vital que funcionen las instancias de concertación para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, es urgente que se implementen y funcionen las casas refugios.

El Consejo Participativo Metropolitano/Provincial de Educación (COPARE) tiene que funcionar con el objetivo de realizar el seguimiento de la implementación del Proyecto Educativo de Lima Metropolitana. Se deben implementar espacios de trabajo cultural y artísticos, actividades de integración cultural y valoración de la identidad, historia, lengua y costumbres en los espacios púbicos, además de la creación de programas y actividades culturales y deportivas concretas orientadas a las y los jóvenes de todos los grupos étnicos, generacionales y sociales.

Es de suma urgencia el funcionamiento de la Mesa Multisectorial para la Prevención y Reducción de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil. Otra urgencia es la reducción de la incidencia de la tuberculosis a través del funcionamiento del Comité Multisectorial de Lucha contra la TBC. La prevención del embarazo adolescente tiene que ser trabajada de manera articulada con el Ministerio de Salud con una adecuada educación sexual integral.

Se necesita una política metropolitana sobre la vejez y el envejecimiento que asegure el ejercicio de derechos y una vida digna a las personas adultas mayores.

Sobre la gestión del territorio, se necesita el fomento de la vivienda en espacios con adecuadas condiciones de habitabilidad, así como contar con un programa de vivienda nueva, renovación urbana y densificación para los sectores D y E. El enfoque de gestión de riesgos de desastres tiene que ser parte del desarrollo local y los ecosistemas frágiles tienen que ser protegidos. Se tiene que garantizar la intangibilidad de las áreas verdes, los espacios públicos y la forestación en las laderas. Las acciones frente al cambio climático tienen que ser priorizadas, y se debe diseñar e implementar un programa de segregación de residuos sólidos. Necesitamos un sistema integrado de transporte público.

Otro aspecto de la agenda es la promoción de emprendimientos y el desarrollo de actividades económicas, lo que requiere el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades para el empleo y el emprendimiento, con énfasis en la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Necesitamos una gestión descentralizada y planificada, la generación y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el buen uso de los recursos públicos para la gestión local. La planificación de la ciudad debe ser concertada y participativa; se debe fortalecer la participación ciudadana de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, población LGTBIQ+, vecinos y vecinas en la priorización de la problemática y en la elaboración de las estrategias de intervención a través de la formulación e implementación de una política pública metropolitana. La Municipalidad Metropolitana de Lima debe asumir las funciones de gobierno regional que están señaladas en la normatividad, educación y salud son parte de esas competencias que deben ser asumidas.

La Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), en su artículo cuarto del título preliminar, nos dice: “los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. La actual gestión municipal metropolitana tiene la obligación de desplegar todos los esfuerzos para que la población limeña ejerza sus derechos, tiene que trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional y con todas las municipalidades distritales; los espacios de coordinación y concertación, señalados líneas arriba, tienen que funcionar y la participación ciudadana tiene que darse de manera plural y efectiva. Las y los vecinos deben ejercer su derecho a la vigilancia ciudadana.

 

desco Opina / 28 de abril de 2023

descoCiudadano

Agenda de género para Lima Metropolitana

La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad. 

La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas. 

Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas  cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país. 

El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023  asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente. 

Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación. 

desco Opina / 25 de noviembre de 2022

descoCiudadano

Se busca: gestión municipal que garantice derechos de las mujeres

 

A propósito del Día Internacional de la Mujer se visibilizan las múltiples luchas de las mujeres por avanzar en la igualdad. Las ciudades generan acciones de impacto colectivo y estrategias que denuncian las múltiples violencias hacia las mujeres.

De cara a las próximas elecciones municipales, poco se conoce de las propuestas para trabajar en torno a los derechos de las mujeres. Mientras tanto, en el espacio público y en el privado, las mujeres siguen muriendo, son acosadas, obtienen menos ingresos y terminan siendo más vulnerables a cualquier edad. En un contexto social regional de arremetida fundamentalista antiderechos, es vital y siempre lo fue, la vigilancia de las organizaciones de mujeres y las plataformas de la sociedad civil, atentas ante cualquier situación que vulnere los derechos o amenace con el retroceso.

La Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima, documento colectivo que integra problemáticas y demandas interdistritales y propuestas de alcance metropolitano para que sean atendidas por las autoridades, es un paso hacia la articulación de las organizaciones de las cuatro zonas de Lima alrededor de una misma agenda. Recogemos algunos énfasis planteados por las lideresas de organizaciones de Lima, durante el IV Encuentro Internacional de Agendas de Mujeres por el Derecho a la Ciudad, que debieran tomarse en cuenta en la cercana campaña electoral municipal.

La ciudadanía demanda la garantía de la salud y alimentación para la población escolar a nivel nacional, especialmente en familias de las zonas urbanas menos favorecidas. Junto al nivel de aprendizaje alcanzado, resulta vital hoy, que la gestión entrante pueda garantizar la alimentación y la salud de los escolares de mayor vulnerabilidad social.

Es urgente proteger el derecho a la educación sexual como parte de los aprendizajes esenciales para la vida de las y los estudiantes de todos los niveles educativos. Los gobiernos locales y el Minedu deberán orientar adecuadamente el programa presupuestal existente, para evitar la deserción de las adolescentes, especialmente afrodescendientes, migrantes y embarazadas por falta de educación sexual integral.

La pandemia fortaleció la vigilancia comunitaria en temas de salud, educación y seguridad alimentaria, demostrando el potencial de las lideresas comunitarias para coadyuvar en los aprendizajes escolares, con o sin internet. Un gobierno local comprometido con el proyecto educativo local brindará el respaldo formativo para ellas y para todas y todos.

Por su parte, el sistema de atención a la salud mental de las mujeres y en especial de quienes son víctimas de violencia, requiere estrategias adaptadas a la realidad de cada territorio, sin estandarizaciones, con protocolos según las configuraciones culturales y sociales de cada zona y en ello, el compromiso de los gobiernos locales y en especial las gerencias de la mujer son aliados fundamentales para la supervisión de todos los actores involucrados.

Violencia grave hacia las ciudadanas es la salud pública privatizada que impacta más a quienes menos tienen. La atención gratuita no debe ser un asunto de suerte, sino la garantía del derecho a la salud para todas, todos, todes, cualquiera fuere la condición de salud.

Por otro lado, es urgente que las municipalidades regulen el servicio de cuidado para mujeres cabeza de familia que salen a trabajar. La ausencia de políticas locales de cuidado efectivas, es una forma de violencia social que debe ser discutida y valorada en la vida privada y en el ámbito público, visibilizando el aporte a la economía local. Para inspirar a los candidatos se puede revisar, por ejemplo, las experiencias y reflexiones efectuadas en países cercanos.

Empoderar a las mujeres implica invertir en la educación en el espacio comunitario, desarrollar estrategias de adaptación a las nuevas tecnologías y medios para el emprendimiento, tomando en cuenta las reglas de juego de la virtualidad. La falta de acceso a internet es hoy una barrera grave que requiere una gestión municipal creativa capaz de dar soluciones tecnológicas de acceso y laboratorios de negocios con facilidades adecuadas a ello.

Las lideresas que están al frente de sus comunidades, no pueden estar desvinculadas del sistema educativo “formal” pues son un agente educativo potente, creíble y fundamental para la sociedad. Las verdaderas influencers. Por ello, formarse en tecnologías no es una cuestión generacional ni suntuaria, sino un derecho para lograr autonomía.

Los espacios comunitarios que albergan múltiples servicios, comedor, aula de clases multinivel, espacio de organización vecinal, son también un lugar para el desarrollo de capacidades y liderazgos y especialmente el cultivo del talento humano de nuestra ciudad.

Un gobierno local comprometido con las mujeres puede desarrollar, más allá de lo productivo, procesos de educación comunitaria y técnica en alianza con entidades educativas locales como Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro) e institutos.

Las organizaciones de mujeres seguirán vigilantes para evitar retrocesos en los derechos, sin embargo, el desafío de los nuevos gobiernos locales es escucharlas, trabajar en articulación con las organizaciones, tomar nota de las propuestas y emprender sus planes con el mismo entusiasmo que cada 8 de marzo congrega a todas las organizaciones de la ciudad y a las plataformas que las respaldan, para que nuestras luchas sean una sola.

 

desco Opina – Regional / 18 de marzo del 2022

descoCiudadano

Nuevas agendas por las mujeres

 

En un contexto de fiesta electoral con candidatos y candidatas debatiendo sus propuestas de futura acción parlamentaria y presidencial, nos preguntamos por la agenda que deben llevar al próximo Congreso, en especial sobre asuntos preocupantes que afectan al grupo vulnerable más numeroso del país y de nuestra ciudad: las mujeres.

¿Qué demandan las mujeres de Lima? El instrumento recientemente presentado, Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima, exige esencialmente avances concretos hacia la igualdad, que permita a las más invisibles de la sociedad salir adelante con sus familias y hacer realidad el buen vivir, tras la pandemia. La pregunta ¿quiénes demandan? nos remite al rol crucial de las organizaciones de mujeres que, conocedoras de la realidad, enfrentan la pandemia en una “primera línea verdadera pero invisible” y aportan información precisa sobre las necesidades urgentes de atender y el abordaje pertinente.

Para las mujeres organizadas de 19 distritos de Lima, una agenda por las mujeres debe abordar problemas medulares que limitan el derecho a la ciudad de todas y todos por igual. Una ciudad tan diversa como el país, cuyo territorio alberga gente en zonas planas, laderas y riberas, donde se gestan propuestas de solución. Es así que las prioridades de la Agenda política de las mujeres edifican una ciudad que permita encuentros en igualdad.

Que la ciudad provea a sus vecinas de suficiente y eficiente seguridad ciudadana, en todos los ámbitos, protegiéndolas de las múltiples violencias por género, con sistemas de alerta ciudadana, medios virtuales y móviles accesibles, impulsando soluciones comunitarias y redes de apoyo, capacitadas para atender a las víctimas de violencia, con casas refugio y trabajo educativo a todo nivel. Y, sobre todo, con barrios, viviendas, espacios habitables, saludables y amigables.

Tras 25 años de las acciones impulsadas por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la adopción de su resolución histórica, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, habría que preguntarnos también por las brechas aún irreductibles, mirar de cerca el impulso del Foro Generación Igualdad y “el conjunto de acciones concretas, ambiciosas y transformadoras para lograr un efecto inmediato e irreversible en pos de la igualdad de género”.

Mientras las mujeres peruanas forjan familias, emprendimientos, industrias, ciencia, claman que el Estado garantice su rápida adaptación a los cambios radicales del mercado laboral que la pandemia ha planteado en el Perú y en el mundo. Es urgente y nos encaminará a la igualdad al 2030 con “empleos nuevos para nuevas realidades”.

En una ciudad con casi diez millones de habitantes como Lima, urge a las mujeres y sus familias el fomento de la vivienda digna, en espacios con adecuadas condiciones, con asistencia técnica profesional provista por el Estado para las familias que siguen autoconstruyendo. Para ello es necesaria una mayor inversión pública y privada en la vivienda de las grandes mayorías, a la par de la inversión en la seguridad ciudadana.

Lograr avances en la igualdad requiere mejorar el sistema político peruano garantizando la participación real de las mujeres, visibilizando atentados contra su representación o denunciando el acoso político. Para ello, es fundamental reforzar los espacios de formación, diálogo e intercambio de saberes de lideresas, para erradicar las decisiones machistas en partidos políticos, dirigencias de barrios y en los hogares.

El desafío pendiente de articular a la sociedad civil para asegurar el acceso de las mujeres a proyectos de normas y presupuestos que incluyan sus demandas a nivel distrital metropolitano y nacional, con liderazgos de mujeres en gestión local con formación política, debe ser analizado, 25 años después de la Declaración de Beijing.

Siendo las más afectadas por la desigualdad espacial, urge planificación urbana para un desarrollo sostenible y equitativo de la ciudad, las mujeres participando como agentes de justicia espacial y ambiental, con más áreas verdes públicas, agricultura urbana y reciclaje eficiente del agua.

Construir, preservar y reforzar los espacios (virtuales) de encuentro de mujeres organizadas, en todas las etapas de vida, corresponde al Estado, pero nos toca a todas: que la experiencia y sagacidad de las lideresas nutran los nuevos análisis y diagnósticos integrales, para orientar las decisiones políticas públicas ante las diversas necesidades. La Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima está abierta al aporte colectivo y sus ejes deben ser considerados en las propuestas de normas y en el efectivo cumplimiento de las mismas. El trabajo en alianza de las organizaciones vecinales de todas las zonas fortalece la voz y las iniciativas, por ciudades equitativas, con espacios para promover el empoderamiento, autonomía económica, física, cultural y política de las mujeres.

Así estamos, llegando al 8 de marzo, decíamos, con reconocimientos justos y merecidos y con muchas luchas todavía por librar para avanzar, un poco al menos, hacia una sociedad bicentenaria que garantice el derecho a la ciudad, de las mujeres, también.

 

desco Opina - Regional / 5 de marzo de 2021

descoCiudadano