En las actuales décadas el delito, la acción criminal y otras formas de violencia interpersonal, han alcanzado una dimensión inédita de violencia urbana. Esto ha afectado las conductas de la población, su vida cotidiana, su sentido de comunidad real e imaginario y, por lo tanto, han alterado las formas de pensar y hacer la ciudad. Provoca un enorme sufrimiento a cientos de millares de personas, especialmente a quienes viven en barrios populares, donde suman millones aquellas de bajos y muy bajos ingresos, viviendo en muy malas condiciones en nuestro país.
Sin embargo, el análisis sigue siendo parcial, como lo muestra el tratamiento mediático que normalmente sostiene como respuestas la aplicación de políticas de intolerancia y corte represivo. Erróneamente se ha instalado la creencia de que la ciudad y la pobreza son la causa de la violencia, por su urbanización cada vez más caótica y agresiva, cuanto por el asentamiento en los lugares sin ciudad cuya consecuencia es la creciente degradación y hostilidad de la vida citadina. Más recientemente, culpar de esos males a los migrantes venezolanos, por la mayor visibilidad del sicariato, la extorsión y trata de personas, inseguridad que ya se sufría espectacularmente antes de su llegada, es una tendencia.
La violencia se ha trasformado en el vivir y padecer en nuestras ciudades. Nuestras existencias, lejos de manifestarse en una vida comunitaria, están signadas por la desconfianza, el individualismo, el aislamiento, la exclusión, la desesperación y la agresividad. No es así por causa natural, desviación moral o legal; es básicamente una relación social, particular y plural, que expresa la conflictividad política y social, que se da en nuestro país en estos tiempos, explicitando vínculos complejos e interconectados. Las estadísticas de criminalidad evidencian que el Perú mantiene una problemática importante de inseguridad ciudadana que afecta el derecho de todos a la vida, la libertad y la confianza, donde tres cuartas partes de las actividades se desarrollan en los límites de la total informalidad. El espacio público, escenario natural y lugar de encuentro de los distintos, pierde su significado positivo y se convierte únicamente en una ruta de circulación, muchas veces vista como de extremo riesgo.
Mientras más miedo, más fragmentada será la sociedad, y cuanto más segmentada esté la ciudad, más fácil será dominada por el miedo. La inseguridad alcanza así, día a día, niveles sin precedentes. La relación violencia-miedo-seguridad se ha integrado en una tríada difícil de desagregar, el miedo es vivido como sentimiento y la violencia como acción, pero cuando la acción cesa, el miedo persiste, asciende, cambia de motivo y de forma con políticas públicas y medios de comunicación sensacionalistas que en nada contribuyen a atender con mínimos de inteligencia el problema.
Esto es preocupante cuando las cifras dan cuenta particularmente de la violencia contra la mujer y del aumento de feminicidios en medio de una ideología instalada que relativiza la violencia de género y culpabiliza a las mujeres. Las intervenciones más eficaces tratan la epidemia de violencia como una crisis de salud pública. Perú figura entre los diez países en el mundo que sufre más gravemente este terrible delito.
Las ciudades se hacen cada vez más privadas y solo domésticas. La casa se habita en exceso y la ciudad apenas se usa, la vida se vuelca al espacio reducido del hogar, un refugio que es solo elusión del conflicto. La promiscuidad y el encierro habitacional compacta vivencias, agota la experiencia familiar en un mundo entre muros, impide la realización social y activa actos tóxicos, de género, escolares y laborales o el pánico a los lugares abiertos y el miedo a la ciudad en su totalidad. Eso, sin embargo, no logra ocultar los importantes indicadores de violencia familiar que se desarrollan con sorprendente frecuencia e intensidad entre las paredes del hogar con actores conocidos, donde las principales víctimas son mujeres y niños.
Recientes denuncias dan cuenta que durante el primer tercio del año 2023 se solicitaron 96 271 medidas de restricción y protección. Es muy fuerte reconocer que en cuatro meses se hayan registrado 65 feminicidios, que recuerdan a las 132 mujeres asesinadas el año 2022 por sus parejas y que, el Estado, encargado de asistir a los afectados por este delito, se ha hecho cargo sólo parcialmente de miles de menores huérfanos. Las leyes y reglamentos rigen en los papeles llevando a resultados letales en muchos casos de mujeres que terminan asesinadas, sumando ya más de mil víctimas desde el 2015. Hay lentitud en los procedimientos, los policías están poco preparados y los agresores están mal vigilados porque se priorizan otros asuntos.
Nuestras ciudades no pueden ser un aglomerado de gente acorralada, resignada a una vida amputada. No hay alternativa posible si se piensa en medidas aisladas. Necesitamos repensar la política, imaginar cómo recuperar los sitios urbanos para la vida comunitaria, derribar muros, reapropiarnos de barrios, plazas, calles y crear nuevos espacios donde podamos reconocernos y actuar conforme a nuestros deseos, sin que el miedo nos paralice. Tengamos en cuenta que por ahora no hay una opción válida de calidad de vida fuera de las urbes para la humanidad…cada vez más hacinada.
Promover cambios normativos a nivel local puede impactar muchísimo más de lo que uno se imagina. Redefinir a fondo la intervención de las fuerzas de seguridad pública en su trabajo, en cómo actúan en este tipo de escenarios. La aplicación de los estándares de uso de la fuerza tiene muchísima implicación en lo que pueda lograrse. Urge la prevención para proteger la vida y la dignidad de las personas víctimas de situaciones de violencia, y evitar el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.
En síntesis, requerimos mejorar los servicios públicos en las zonas de mayor violencia urbana y eso exige que el modelo contra la inseguridad sea reformado (o formulado) con la participación de la población, gobiernos locales y la Policía Nacional, incluyendo mejoras en varios proyectos de desarrollo urbano y social para integrar a los barrios pobres con el resto de la ciudad con servicios y calidad de vida, no con represión.
desco Opina / 9 de junio de 2023
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