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viernes

Lo municipal: las coordinaciones que no coordinan

 

La coordinación entre las autoridades del distrito y de la provincia no es un problema exclusivo de Lima, pues ocurre en prácticamente todo el país. La gestión local de los distritos se concentra en las realidades más tangibles y al alcance de las decisiones y recursos de la circunscripción y del vecindario. Eso es muy positivo. Cuando más cerca están los vecinos de la autoridad, mejor será la participación y el control ciudadanos en numerosos aspectos de la vida urbana. La pandemia del Covid-19 ha mostrado que muchas municipalidades han sido las herramientas más apropiadas para llegar al vecindario, orientando inclusive la acción de los demás organismos públicos. Desde los puestos de vacunación y el reparto de víveres hasta la detección y llegada a las personas solas o a los barrios más alejados han podido ser muestras en muchos casos de un redoblado esfuerzo municipal en muchos distritos donde la voluntad de la autoridad era más importante que el presupuesto del que se disponía. Para no hablar de los ruidos molestos, los animales sin dueño en las calles, la basura y desmonte en los muros perimétricos de los colegios, las edificaciones irregulares y tantos asuntos de la vida cotidiana que no es necesario enumerar.

Pero las ciudades tienen asuntos y necesidades que competen a toda la ciudad. Así, por ejemplo, las enfermedades, los roedores y los vehículos que transportan a delincuentes no conocen de límites distritales, razón por la que el esfuerzo de un solo distrito tendría que ser enorme para obtener magros resultados y sólo en el mejor de los casos. Peor es la situación de Lima y Callao, que conforman una gran metrópoli y que padecen de manera conjunta los mismos problemas y no tienen ningún canal que los obligue a funcionar de manera coordinada.

Por el lado de la municipalidad provincial, una vez que obtienen el puesto, las autoridades provinciales se comportan de manera muy arbitraria en lo que a la relación con los distritos se refiere, aún en los casos en que provengan de los distritos de Lima. Lo más curioso de todo es que la autoridad metropolitana de Lima no está interesada en los problemas cotidianos de toda su ciudad. Así, cuando un candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima habla de la seguridad ciudadana, se está refiriendo únicamente al serenazgo del Cercado. Lo peor sucede cuando los regidores metropolitanos, ilustres desconocidos en muchos casos, sienten que tienen más importancia que un alcalde distrital.

El caso del Cercado de Lima es aún más complicado, puesto que el vecindario siente que el alcalde se preocupa poco o nada por todo el territorio de «su» distrito y mucho por los importantes negocios metropolitanos. Un vecino de Palomino o de los Barrios Altos, encontrará que la oficina de registros civiles se encuentra en el distrito de Jesús María, pero un alcalde distrital descubrirá que el metropolitano o el gobierno central han decidido hacer una obra importante en su jurisdicción sin consultarles a ellos primero.

El teniente alcalde de Lima, ahora alcalde en funciones, viene proponiendo que los problemas de gestión de la ciudad se atiendan mejor fusionando los 43 distritos de Lima hasta que queden solamente 5, sin entender que lo que los políticos han desunido los burócratas jamás unirán. No podrá responder a la pregunta de si Lima y Callao también se debieran unir para una mejor gestión que necesita la metrópoli con urgencia, pues la respuesta también es obvia. ¿Será necesario explicarle cómo son las relaciones entre Independencia y San Martín de Porres, los problemas entre San Isidro y Magdalena o las disputas entre Pachacamac y Lurín?

La metrópoli necesita de salidas radicales que sean viables que exigen pensar simultáneamente, tanto en los barrios como en la metrópoli de 10 millones de habitantes. Como es de esperar, este tema de debate no ha sido mencionado por los candidatos metropolitanos, pues escapa a su comprensión. Tal vez se sientan mejor así, para poder culpar de los problemas a los alcaldes de los distritos o al gobierno central. Pensando en soluciones, podrían estudiarse medidas que respetan la variopinta multiplicidad de circunscripciones municipales y hasta regionales.

La primera consiste en crear autoridades metropolitanas en, al menos, tres aspectos: (i) La autoridad metropolitana del plan Lima-Callao, conformada en su mayoría por las municipalidades, coordinando con el gobierno central. Se evitaría así, por ejemplo, una Línea Amarilla contratada por el alcalde de Lima que se detiene en las puertas del Callao, que no aparecía en el negocio. También evitaría que Lima apruebe un Plan de Desarrollo Metropolitano, que toma decisiones sin saber si habrá o no (y por dónde pasaría) el tren de cercanías que el MTC piensa contratar, que irá de Ica hasta Barranca. (ii) La autoridad metropolitana de Seguridad ciudadana, que promueva una policía y un serenazgo metropolitanos y no solamente la conexión «sin fronteras» y el patrullaje integrado de algunos distritos con recursos, dejando a los demás a la deriva. (iii) La autoridad metropolitana del transporte para Lima y Callao, que reformule la actual ATU de manera tal que se impida que se estén echando la pelota unos a otros. Las relaciones entre los gobiernos municipales y el gobierno central podrán discutirse mejor y los acuerdos tendrán que ser sobre la base de propuestas y planes concretos de aplicación poco a poco, se entiende, en toda la metrópoli.

La segunda medida es la más sencilla de implementar: los alcaldes distritales deben conformar automáticamente el concejo metropolitano. Ellos serán los regidores y no personas extrañas que no son responsables de sus actos ante nadie. Lima, por ejemplo, en vez de tener 40 regidores tendrá 43 que, a su vez, serán alcaldes en su distrito. Ello ayudará a que los mismos alcaldes distritales miren a toda la urbe y no solamente su (propio) ombligo. De ese modo se sentirán impelidos a coordinar entre ellos, a conformar mancomunidades para resolver los problemas comunes y a pensar mejor en el rol que tiene cada distrito en el concierto de urbanizaciones de la gran ciudad.

 

 

desco Opina - Regional / 2 de setiembre de 2022

descoCiudadano

A propósito del próximo simulacro de sismo en octubre

El próximo 10 de octubre se realizará, a nivel nacional, un simulacro de sismo para contribuir a preparar a la población frente al riesgo de un sismo de gran magnitud. Avances importantes se han dado a partir de la afectación que causó el terremoto del año 2007 en el sur peruano, no solamente por la magnitud y el nivel de desastre con los resultados que todos conocemos, sino porque también, se demostró la fragilidad institucional del gobierno para hacer frente a la situación en el momento de la ocurrencia de la tragedia; sobre todo ante los escandalosos indicios de corrupción del gobierno aprista, puestos de manifiesto en el proceso de reconstrucción del sur del país.
En el año 2011 se promulgó la Ley Nº 29664, la cual crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de vulnerabilidad mediante lineamientos de gestión. La norma precisa que la Ley se aplica para todas las entidades y empresas públicas en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general.
A dos años de promulgada la referida ley, no se notan avances claros en la manera de gestionar el territorio, pues continúan  los procesos de toma de terrenos en zonas de alta vulnerabilidad, donde primero se ocupa y una vez que se logra el acceso al título de propiedad y los servicios básicos, se inicia el proceso de consolidación; que en las últimas décadas ha generado núcleos urbanos con alta probabilidad de riesgo de ocurrencia de desastres de gran magnitud. Villa El Salvador y La Molina, de acuerdo a los informes publicados por el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, presentan vulnerabilidades frente a un sismo de gran magnitud por el tipo de terreno que ocupan.
Actualmente, una de las más grandes ocupaciones del sur de la ciudad se viene dando en el distrito de Punta Hermosa, lugar donde los traficantes de terrenos lucran con las necesidades de familias, amparándose en problemas judiciales en donde los supuestos dueños abonan en el conflicto y las autoridades hacen poco o nada para enfrentar un tipo de crecimiento urbano que lo único que hace es mantener y ampliar el caos que produce el crecimiento de la ciudad sin planificación.
A modo de conclusión podemos decir que, justamente por los riesgos y vulnerabilidad que enfrenta el territorio que venimos ocupando actualmente en la ciudad de Lima, es imprescindible contar con los respectivos planes de Gestión de Riesgos; donde la población, autoridades locales y sectores competentes, actúen para evitar este modo de crecimiento urbano, que lo único que genera son problemas que permanecerán latentes en el tiempo y nos llevarán a situaciones de inseguridad, frenando el desarrollo al que muchos venimos contribuyendo.

desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2013
Programa Urbano
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Lima Sur: Autoridades Municipales Período 2011-2014