Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

¿Dónde están las y los candidatos?

 

Estamos en un año electoral previo a las elecciones generales, ello es evidente; sin embargo, en la selva central del país hay una prioridad por la promoción de las candidaturas a las alcaldías y a los gobiernos regionales, a pesar de que cronológicamente esas elecciones son posteriores, en octubre de 2026.

Según el cronograma electoral, el 1 de setiembre de 2025 será el último día para que los partidos políticos informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la modalidad de las elecciones primarias que implementarán. Era de suponer entonces que, al faltar menos de un mes, las precandidaturas a senadores y diputados ya se hiciesen visibles; sin embargo, esto no ocurre, evidenciando un posible desinterés en esta parte del país sobre estos comicios. De los 43 partidos políticos hábiles para postular, aun en alianzas, no todos cuentan con cuadros políticos “candidateables” a nivel regional, y los que existen están priorizando postular a los cargos regionales o provinciales; así, resulta un misterio conocer quiénes ocuparán los lugares de las listas al Congreso.

Hay que tener en cuenta que en las elecciones generales del 12 de abril del 2026 los partidos que no alcancen al menos cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional o si no logran asegurar la elección de al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, no sólo serán excluidos de la asignación de escaños, sino que perderían la inscripción de su organización política, por lo que no podrían lanzar candidaturas a gobernadores o alcaldes. Si una agrupación política pierde la inscripción, de nada servirá que los actuales aspirantes a los sillones regionales o municipales estén preocupados en cargar bebés y besar abuelitas, porque todo ese trajín puede no servirles para nada. No se requiere ser pitoniso para señalar que luego de los resultados de las elecciones generales del 12 de abril del 2026, de los 43 partidos políticos hábiles, a lo sumo solo unos diez de ellos sobrevivirán con inscripción. Dicho esto, muchos candidatos a las alcaldías y gobiernos regionales como en el caso de la región Pasco, podrían quedarse con los “crespos hechos” y sin partido hábil que los mantenga en carrera por los sillones municipales.

El número de postulantes al Congreso no es nada bajo, por lo que llama la atención el poco interés que se hace visible en las localidades de la selva central. Al confirmarse las cinco alianzas electorales, se tendrían que conformar 37 listas, por lo cual se requeriría cubrir 2220 postulantes a senadores (60 x 37) y 4810 candidatos a diputados (130 x 37); además de los 555 (15 x 37) postulantes al Parlamento Andino. Todo esto nos da una cifra de candidatos bastante alta: 7565. No será raro encontrar candidatos que desconozcan que han sido incorporados a las listas, tal como ocurrió en las elecciones generales del 2021, ya que los partidos buscarán completar apresuradamente sus listas congresales aun de manera forzada.

Es evidente que en las dos últimas décadas existe mucho desprestigio entre quienes ostentan puestos congresales, y es probable que ello influya en el poco interés de la población por esas postulaciones. Mientras tanto, las calles de varias localidades de la selva central empiezan a llenarse de anuncios con candidaturas a los gobiernos regionales y las alcaldías, a pesar de que hasta el momento no se ha definido la fecha para esa elección de finales del 2026. Lo cierto es que las y los ciudadanos de todas las regiones del país desconfían de aquellos que aparecen cada cinco años prometiendo solucionar las problemáticas locales, tal y como dice un viejo tango “yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento”. Esperemos que en las próximas semanas la situación cambie, porque de lo contrario, al desconocerse a los candidatos a senadores y/o diputados, el destino del voto será muy incierto e irremediablemente, se elegirá a unos perfectos extraños que nos darán más de lo mismo.

 

desco Opina – Regional / 18 de agosto de 2025

descocentro

La coyuntura en curso

 

El propósito del Congreso de prolongar la permanencia de sus actuales componentes en el poder, se expresa en estos días, una vez más, en las medidas que se toman. Apenas un par de semanas atrás la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar las investigaciones sobre los Rolex de la mandataria, mientras a diario se aprueban leyes absurdas, solamente populistas y electoreras, como la creación simultánea –en el papel– de veinte nuevas universidades en el país.

De un lado, los congresistas se esfuerzan ¿ingenuamente? por blindar a futuro la posibilidad de ser sancionados más allá del año 2026, del otro, intentan ajustar el proceso electoral en curso buscando evitar que posibles rivales, salidos desde la oposición existente en el escenario público, puedan postular en las próximas elecciones. Ello, a pesar de que su aprobación es apenas un error estadístico.

En ese propósito buscan suspender a jueces y fiscales supremos que, –particularmente el fujimorismo– consideran indispensable cambiar, por ejemplo, modificando el Reglamento del Congreso para disminuir el número de votos necesarios para sancionarlos y reemplazarlos. Se trata una vez más de dificultar la persecución del delito y mantener o ampliar las cuotas de poder que han conseguido, limitando el poder Ejecutivo y controlando progresivamente otras instituciones importantes como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia.

La lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. Incluye las recientes modificaciones a la ley APCI y su estrategia de debilitamiento de las investigaciones y sanciones por la violación de los derechos humanos cometida recurrentemente por el Gobierno, así como diversas exoneraciones tributarias a los grupos de poder, en desmedro de los recursos que requiere el presupuesto público. Eso mismo ocurre cuando plantean modificaciones puntuales a la legislación electoral para, entre otras decisiones de última hora, facilitar la reelección de autoridades municipales y regionales.

En esa línea, sin embargo, no han podido inhabilitar por ahora a figuras que un sector de la ciudadanía ve con buenos ojos como el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el expresidente Francisco Sagasti y en una tercera inhabilitación, Martín Vizcarra. Muchos de ellos, hay que recalcarlo, no salen limpios de la revisión y consecuente observación hecha por RENIEC del registro de firmas falsificadas de afiliados que incluyen a los fujimoristas de Fuerza Popular, con amplia experiencia en ese delito.

Lo que parece buscar la costra gobernante, además de favorecer los intereses de los grupos ricos de creciente poder económico, es seguir adelante con la corrupción en marcha, tan galopante como la violencia delincuencial que ya suma más de 4300 homicidios, víctimas de las condiciones en las que nos han sumido quienes ejercen las facultades legislativas y ejecutivas del Estado.

Nunca antes que se recuerde, lo dicen varios de nuestros más destacados historiadores e historiadoras, nuestro país estuvo inmerso simultáneamente en tanta violencia, corrupción y desmanejo público. El listado de los peores ministros, ponderado por especialistas nacionales y extranjeros, así como la ciudadanía expresándose en encuestas de opinión, muestran porcentajes de desaprobación superiores al 95%. El repudio ciudadano es abrumador en medio del contubernio y respaldo mutuo que una mayoría congresal autoritaria comparte con el Ejecutivo desde las protestas y muertes iniciadas en diciembre del 2022.

Son ya más de dos años de destrucción de la institucionalidad pública y privada en el país, que con el aliento a la informalidad delincuencial, en un escenario de pésima gobernanza, en el que brillan por su opacidad sujetos como el actual asesor de la presidencia y exministro del Interior Santivañez, el inaceptable ministro de Educación y la mención aparte que merecen las inauditas declaraciones del ministro de Agricultura, en esta ocasión desconociendo el papel de la agricultura familiar y su invalorable aporte a la construcción de la seguridad alimentaria, para favorecer a la minería contaminante.

Soportamos una mala gobernanza nacional, que implica un retroceso en nuestro proceso de desarrollo, y más grave aún, nos enfrenta al riesgo de un quebrantamiento serio del país, a la imposibilidad de contar con un proyecto nacional mínimo que se sustente en la democracia, la justicia y la conjunción de una concertación solidaria indispensable que permita al Perú ubicarse en medio de un escenario internacional turbio, plagado de amenazas, enfrentamientos y guerras que nos tocan cada vez más de cerca.

La disputa por heredar el poder y el interés de organizaciones como el cerronismo, el fujimorismo y Alianza para el Progreso por ampliarlo, entre grupos que soportan al gobierno actual, se produce en un escenario en el que la mayoría ciudadana expresa en las encuestas su desinterés por tentar el control de Estado y solamente demanda el cese de la violencia delincuencial en una lógica de supervivencia, incapaces de ver por ahora un futuro de desarrollo mínimamente armonioso y de prosperidad compartida.

 

desco Opina / 2 de mayo de 2025

Una cuestión de confianza

Los esfuerzos que hace la derecha peruana para que la escena sea dominada ampliamente por las declaraciones de Jaime Villanueva, son inocultables. Por supuesto, el objetivo no es, ni por asomo, arribar a la verdad, sino hacer todo el daño posible a los que considera sus enemigos, porque mientras se corrobore lo que declara, cuando las evidencias muestren finalmente el engaño, todos los impactos, desde sus expectativas, ya deberían ser irreversibles.

De esta manera, podemos entender cómo es que lo buscado no es revelar los tejidos cada vez más tupidos de la corrupción en el Perú, sino llevarle –¿a quién?– la cabeza de Gustavo Gorriti, diluir lo que queda de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), descomponer el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, en suma, dar fin a todo aquello que desde su óptica suene, se vea o se escuche como “caviar”.

Así, la colaboración eficaz, que es un proceso especial regulado en el Código Procesal Penal, terminó totalmente desdibujada, aun cuando la figura misma era observable en tanto las declaraciones ofrecidas por cualquier colaborador eficaz no siempre son ciertas y, en sentido estricto, ya que tiene interés personal en el asunto tratado, intentará que lo delatado sea considerado como cierto. En suma, aunque las declaraciones de un colaborador eficaz pueden ser publicadas, es éticamente crucial evaluar su veracidad y considerar su contexto legal.

Pero, lo que resulta por demás desconcertante, es que para esta misma derecha la palabra clave del momento es “confianza” que, por supuesto, no la entiende según la definición gramatical, sino de acuerdo con su conveniencia. En efecto, los estropicios institucionales que promueve los justifica aduciendo la desconfianza que le suscitan dos instancias –JNE y ONPE– por haber instrumentalizado un fraude electoral –de los que nunca tendrá pruebas, -porque no existió–, en perjuicio de su candidata, Keiko Fujimori. En idéntica forma, señalan que debe destituirse a los integrantes de la JNJ por una acumulación de supuestas infracciones , para luego ser juzgados, lo que a todas luces es una vendetta por la destitución de la ex Fiscal de la Nación, que era digna de su confianza.

Es a ese sentido de confianza que tiene la derecha peruana, al que respondió el Ejecutivo conducido por la presidenta Dina Boluarte el 13 de febrero, cuando anunció el cambio de cuatro ministros. En efecto, desde meses atrás, los empresarios peruanos empezaron a preocuparse por una recesión económica que no era aceptada oficialmente, considerando que era escasa la vocación gubernamental para alentar las inversiones mineras, que el gobierno no podía resolver el asunto de Petroperú y que había una creciente afectación de las actividades ilegales a sus intereses. Fue entonces cuando el Ejecutivo, el mismo que no se inmutó cuando ocurrieron graves violaciones de derechos humanos en el país, consideró que había llegado el momento de enmendar rumbos en el sentido sugerido, más bien impuesto, por el poder económico.

Aun así, parece que no todos están contentos. Hay quienes quieren más sangre y exigen agregar a la lista de destituidos no sólo a los ministros del Interior y Trabajo, sino al mismísimo primer ministro, Alberto Otárola, arguyendo que, según las encuestas de opinión, es aprobado solo por un 8% de la ciudadanía. Aunque increíble, ese fue el argumento del editorial de un diario de circulación nacional, el 14 de febrero.

Sin embargo, para otros lo ocurrido está en la línea de ofrecer, por lo menos, cierta tranquilidad a los que tienen la sartén por el mango en el país. En sus palabras, se ha buscado un “reencauche básico para un mejor funcionamiento relativo del gobierno y poder avanzar con más fluidez en la carretera rumbo al 2026”. Lo que, bien entendido, sería perfectamente traducible como la voluntad de hacer bien las cosas, para que las inversiones no pierdan rentabilidad (cueste lo que cueste), al menos hasta el año referido.

Para el caso, nada resulta más ilustrativo que las declaraciones del ministro Rómulo Mucho, apenas asumió el cargo de ministro de Energía y Minas. Aseveró que su gestión priorizará el destrabe de proyectos mineros -remarcando, “por eso me han traído aquí”, promover el proyecto Tía María, enfrentar la informalidad en la actividad minera y reestructurar la gobernanza de PetroPerú. El objetivo último, según sus palabras, responde a “la necesidad de recuperar la confianza de los inversionistas que se han retirado y trabajar en la promoción interna para atraer nuevos proyectos”.

De esta manera, nada más astuto que hacernos creer que el problema real del gobierno de Boluarte es su estado casi catatónico, sin responder a demandas de ningún tipo, como deja entrever un columnista político. No es así. Reacciona claramente a las exigencias que le impone la derecha, desde el lado económico y desde el lado político. Esa es la manera como asume que puede quedarse hasta el 2026.

Esto último es algo que debe remarcarse. En algún momento, entre inicios del 2023 y el presente, la amenaza para el gobierno dejó de ser la protesta social (ante la cual no cedió nada) y pasó a tomar la forma de una presión cada vez más intensa desde el poder económico (al que, al parecer, le concede todo). Resta averiguar cuándo, cómo y por qué se dio ese cambio en las correlaciones políticas del país.

 

desco Opina / 23 de febrero de 2024

Una mirada a los resultados de las elecciones municipales en Lima

Rafael López Aliaga de Renovación Popular es el nuevo alcalde de la ciudad de Lima. ONPE, al 100% de actas procesadas y el 99.8% de actas contabilizadas, informó que alcanzó una votación de 1,401,001 votos, superando a Daniel Urresti de Podemos por 53,645 votos. El burgomaestre electo obtiene la votación más baja alcanzada por las autoridades ediles los últimos 42 años.  

Este resultado, por la configuración del Consejo Municipal que establece la norma electoral, tiene como consecuencia que de los 39 regidores que lo conforman, 21 corresponden a Renovación Popular, 13 a Podemos y los  restantes a otras organizaciones que participaron del proceso. Los distritos, por su parte, se han ordenado en un nuevo mapa político para el período 2023 – 2026. Según la ONPE Renovación Popular ganó en 13 distritos, Alianza para el Progreso en 9, Podemos Perú en 8, Somos Perú en 6, Avanza País en 5, Juntos por el Perú y Acción Popular en un distrito cada uno, respectivamente. 

Como se evidenció desde el inicio de la campaña, predominó la ausencia de propuestas sólidas de cara a los problemas centrales que enfrenta la ciudad. La mayoría de candidatos  presentaron ofertas populistas y poco viables considerando el presupuesto anual que maneja la Municipalidad Metropolitana de Lima y, en muchos casos, comprometían promesas que estaban más allá de las competencias de los gobiernos locales. La mayoría de propuestas estuvieron centradas en la lucha contra la delincuencia, con medidas poco estructuradas que no recogían la amplia experiencia que se tiene a través de los comités de seguridad ciudadana a nivel local, ni incorporaban tampoco la perspectiva de policía comunitaria que propone procesos de coordinación eficiente entre comisarías, municipios y sociedad civil, a fin de mejorar la seguridad ciudadana a nivel local, donde iniciativas como la estrategia multisectorial “Barrio Seguro” y el lineamiento “Vecindario Seguro”, son ejemplos a contemplar.

La victoria de Rafael López Aliaga representa la afirmación de los grupos conservadores de extrema derecha en la política. Acompañado de un discurso polarizador y de conspiración, ha impulsado constantemente campañas de desinformación contra las políticas del Estado en temas de igualdad de género y derechos sexuales, así como un discurso homofóbico contra la población LGTBIQ+. Expresa también la desafección de limeñas y limeños por la política y la poca expectativa que generó el proceso; la suma del ausentismo electoral (21.246%, más de 1’600,000 habitantes de la ciudad), a lo que se suman los votos en blanco y viciados (10.720%), superan largamente los votos que eligieron al nuevo alcalde.

En Lima y muchos de sus distritos, la ciudadanía nuevamente se encuentra frente a aventureros que juegan a hacer de la política un espacio para el beneficio de intereses particulares por sobre los de la mayoría de los habitantes de la ciudad. El desinterés y desapego de la participación política nos pasa factura y parece cumplirse el adagio que señala que nos merecemos las autoridades que tenemos, por desentendernos de los asuntos públicos de nuestro entorno.

Hacia adelante, podemos  seguir de espectadores mirando cómo en poco tiempo la policía, el Ministerio Público y los jueces encarcelan a autoridades municipales que integran bandas y organizaciones bien estructuradas dentro de los gobiernos locales o enfrentamos activamente el desafío de construir procesos de dialogo y consenso, superando conflictos puntuales para impulsar procesos participativos orgánicos, que den paso a liderazgos ciudadanos que permitan los contrapesos necesarios para sostener procesos de concertación entre la ciudadanía y las autoridades y dinámicas de vigilancia ciudadana y control social para impulsar desarrollo y la gobernabilidad en la ciudad.  

desco Opina – Regional / 14 de octubre del 2022

descoCiudadano

¿El gobierno contra las cuerdas?

La reciente encuesta de GfK, difundida el pasado fin de semana, evidencia la continuidad de las tendencias que venían observándose desde el mes de mayo. La aprobación presidencial llega apenas a 29%, cayendo 18 puntos en un mes, mientras su desaprobación trepa a 56%, incrementándose 22 puntos desde la medición anterior. Los números del Primer Ministro, como ocurrió desde un primer momento, son más duros aún; la aprobación de su gestión desciende a 18%, disminuyendo 6 puntos, mientras la desaprobación llega a 63%, subiendo 9 puntos. El desempeño de los ministros, con sólo 15% de aprobación, completa el cuadro. No obstante esas cifras, 71% cree que el Presidente está gobernando igual o mejor que PPK y 39% piensa que el Premier lo está haciendo como esperaban o incluso mejor. En otras palabras, el desencanto de un público que en ningún momento tuvo expectativas muy altas frente a ambas autoridades, consolidándose la imagen de un gobierno débil, que estuvo siempre presente.

Lo preocupante de la encuesta, sin embargo, no se encuentra en esos datos. En sentido estricto, lo que debe llamar la atención es que Martín Vizcarra y César Villanueva caen 15 puntos en la valoración de los encuestados sobre su preocupación por las provincias, descienden además 12 puntos en la percepción de su cercanía con el pueblo y apenas 10% cree que la descentralización está siendo afrontada bien o muy bien (2 puntos menos que el mes anterior). En otras palabras, lo significativo es que el gobierno empieza a perder parte importante del capital simbólico que apareció como su mayor fuerza para enfrentar la precariedad de su nacimiento.

Sin embargo, para tranquilidad relativa del gobierno, la situación de los principales actores de la escena oficial no es sustantivamente mejor. La aprobación del Congreso continúa cuesta abajo y en rodada, 12%, mientras su desaprobación sube en ascensor, alcanzando el 83%. Su Presidente, empeñado ahora en impulsar un parque temático, como parte de la reescritura fujimorista de la historia de la violencia interna reciente, tiene apenas 13% de aprobación. Al Ministerio Público y al Poder Judicial no les va mejor, mientras todos los principales líderes políticos, desde el silencioso Julio Guzmán hasta Marco Arana y Gregorio Santos, descienden varios puntos en su valoración, Keiko incluida.

El panorama, de cara a las elecciones regionales y municipales tampoco parece mejor. En un escenario en el que el 70% de encuestados cree que su alcalde es corrupto, según la encuesta ya citada, el JNE informó que se presentaron 14 532 listas para los diversos cargos en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, involucrando a 113 469 candidatos; es decir proliferación de aspirantes. En esta ocasión, los partidos nacionales explican la «inflación» de postulantes, destacando claramente APP, AP y Somos Perú como las agrupaciones con mayor presencia, superando largamente a Fuerza Popular que postulará en sólo 613 jurisdicciones regionales y municipales, de las 1800 que estarán en juego.

Como se evidencia cotidianamente, la cantidad de aspirantes sentenciados y acusados es indignante, como lo es y más aún, la situación que atraviesa la ONPE, penetrada por varios funcionarios «reciclados» de los años más oscuros del fujimontesinismo. A fin de cuentas, el descrédito de la política, de los políticos y de las instituciones es un dato macizo. Sucede en el Perú, pero también en el mundo, como lo demuestran las distintas encuestas globales difundidas los últimos 15 días por The Economist, llamando la atención sobre los peligros que rodean a la democracia en el planeta.

Difícil esperar entonces que desde la política, la situación del gobierno empeore. Los partidos nacionales, todos sin excepción, están preocupados por el corto plazo –la mesa directiva del Congreso y la creación de condiciones para llegar con ventaja al 2021– y por atender sus distintas disputas internas, agravadas por los comicios del próximo octubre. Desde la calle y la movilización social, por lo menos en el plazo inmediato, tampoco hay señales claras; el fracaso de la huelga magisterial del sector encabezado por Pedro Castillo –no obstante el mal manejo del conflicto por parte del gobierno– muestra los límites y debilidades de la protesta ciudadana, las dificultades para articular los malestares de la gente, no por fragmentados, menos importantes. A las miserias de la política, se suman entonces las limitaciones de la calle, para entender la tranquilidad que exhibe el gobierno, a pesar de la difícil situación en que lo muestra la encuesta. Por si fuera poco, el panorama económico alentado por los precios internacionales, ha mejorado lo suficiente como para que los principales agentes económicos esperen un crecimiento cercano al 4% en diciembre.

De esta manera, en un escenario plagado de actores débiles y encerrados en sí mismos, la principal fortaleza del gobierno radica en la claridad que tienen en su objetivo de durar hasta el 2021.

desco Opina / 6 de julio de 2018

Junín y la danza de la revocatoria

A menudo se dice que el peruano sólo se moviliza políticamente en campañas electorales. Lo cierto es que existe otro tipo de movilización política alrededor de los procesos de revocatoria de autoridades municipales y regionales. Hoy Junín experimenta una de estas movilizaciones. Según reportes oficiales de la ONPE, en el mes de julio, mes de la fiesta más popular de la región, el Santiago, se han adquirido 20 kits de revocatoria de los cuales uno corresponde a la pretensión de revocar al gobernador regional, dos a los alcaldes provinciales de Huancayo y Jauja y 17 a alcaldes distritales.

Llama la atención la poca coordinación entre los revocadores de algunas jurisdicciones municipales porque se ha presentado más de una iniciativa para revocar a autoridades locales pero cada uno con sus peculiaridades. Tal es el caso del distrito de Pilcomayo, donde dos ciudadanos buscan revocar al alcalde y un tercero al alcalde y a tres regidores, es de suponer que si no llegan a un acuerdo por intereses mutuos será difícil, por no decir imposible, que alguno de ellos alcance el 25% de firmas válidas de adherentes a su iniciativa individual. Caso aparte es el del distrito de Cullhuas, mientras uno busca revocar al alcalde otro busca revocar tan sólo a los regidores, una muestra de que las pugnas al interior del Concejo Municipal se han trasladado al escenario de las revocatorias. Curiosamente, el alcalde y varios regidores tienen en común el apellido Canchanya y en este distrito de pocos habitantes es de suponer que el problema inclusive sea de índole familiar.

Anécdotas aparte, es indudable que lo más sonado a nivel regional es la pretensión de revocar al gobernador regional, Ángel Dante Unchupaico Canchumani, ya que para alcanzar la meta del 25% del padrón electoral regional, los revocadores requieren de un mínimo de 222 mil firmas válidas, tarea complicada mas no imposible. Claramente existen otras motivaciones que van más allá de la buena o mala gestión regional. Hay quienes, desde movimientos políticos antagonistas al del actual gobernador, han cuestionado la moralidad de que se utilice este medio de ejercicio ciudadano usando el membrete de Colectivo por la Dignidad y Desarrollo de Junín – Pro Revocatoria regional, para promover el lanzamiento de un nuevo grupo político denominado Ciudadanos Junín, sobre todo si el impulsor de esta iniciativa es un excandidato a la Gobernación Regional. Por su parte, el ex gobernador regional Vladimir Cerrón quien disputara y perdiera en la segunda vuelta electoral en los últimos comicios, dijo que su partido no está detrás de la revocatoria, aunque sus declaraciones no están exentas de cuestionamientos a la gestión actual. Por otro lado, Nandino del Castillo, ciudadano que adquirió el kit electoral, critica a los políticos que no se suman a la campaña de revocatoria y en contraposición los aludidos señalan que él sería el único responsable de que su iniciativa no prospere.

De proceder esta iniciativa y el grupo impulsor alcance la cantidad de adherentes necesarios se aplicarían los criterios de la Resolución N° 1012-2016-JNE que establece la fecha de entrega de planillones de firmas hasta el 5 de diciembre del 2016 y el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver la aprobación o el rechazo hasta el 4 de enero del 2017, para realizar la Consulta Popular de Revocatoria el domingo 11 de junio del 2017.

Unchupaico por su parte, ha iniciado toda una contraofensiva publicitaria para promover sus actividades así como las inversiones de su despacho, campaña que es ampliamente promocionada en spots radiales y que se hace visible a través de grandes pintas en las más importantes ciudades y carreteras de la región. Esta contraofensiva publicitaria más parece de campaña por el sillón regional y no carece de cuestionamientos. Así las cosas, se nos vienen unos meses de tensas relaciones entre el gobernador regional y los ciudadanos de Junín. La danza de la revocatoria indudablemente desplazará a todas las otras danzas y festividades del calendario regional.

desco Opina - Regional / 9 de setiembre de 2016

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