La población de Lima Metropolitana que bordea los 11 millones de habitantes, es un tercio de la población de todo el Perú. Pese a ser la capital del país, las y los ciudadanos no ejercen sus derechos; ni el gobierno nacional –con sus Ministerios–, ni el gobierno metropolitano y las gestiones distritales pueden solucionar los problemas que aquejan a la población que vive en esta ciudad.
Sus problemas son conocidos y los vemos y sentimos cada día. Enfrentamos la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres y la infancia, la contaminación ambiental, el constante peligro de desastres resultado de fenómenos naturales, el caos vehicular, la malnutrición, la incidencia de casos de tuberculosis, el desempleo, la informalidad, la pobreza, la desigualdad extrema y un largo etcétera más. La ineficiencia de las autoridades y los casos de corrupción han contribuido a que esta problemática se mantenga y en muchos casos se incremente.
Todos y todas –habitantes presentes y futuros– tenemos derecho a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de esta ciudad; que tiene que ser inclusiva, segura y sostenible para vivir una vida plena y decente.
¿Cuál es la agenda que se tiene que trabajar para que las mujeres, los hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, población LGTBIQ+ y toda la población ejerzan sus derechos y tengan calidad de vida? Un grupo importante de lideresas de Lima Metropolitana, preocupadas por la situación de la ciudad, han analizado esta problemática y elaborado la “Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima. Defendiendo nuestro derecho a la ciudad que queremos”. También se cuenta con el “Acuerdo de Gobernabilidad para Crecer en Comunidad. Lima Metropolitana 2023 - 2026”, en donde han participado organizaciones de la sociedad civil de Lima Metropolitana; sin embargo, este acuerdo no ha sido suscrito por el actual alcalde de Lima Metropolitana. Presentamos los principales puntos estas agendas.
En el aspecto social, uno de los temas que es parte de esta agenda de desarrollo para Lima Metropolitana es la inseguridad ciudadana. El acoso callejero tiene que ser prohibido y sancionado, se necesitan observatorios de seguridad ciudadana para el mapeo de la delincuencia, contar con sistemas de alerta ciudadana, impulsar y apoyar el trabajo en redes comunitarias y promover la vigilancia ciudadana. Para los casos de violencia contra las mujeres, es vital que funcionen las instancias de concertación para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, es urgente que se implementen y funcionen las casas refugios.
El Consejo Participativo Metropolitano/Provincial de Educación (COPARE) tiene que funcionar con el objetivo de realizar el seguimiento de la implementación del Proyecto Educativo de Lima Metropolitana. Se deben implementar espacios de trabajo cultural y artísticos, actividades de integración cultural y valoración de la identidad, historia, lengua y costumbres en los espacios púbicos, además de la creación de programas y actividades culturales y deportivas concretas orientadas a las y los jóvenes de todos los grupos étnicos, generacionales y sociales.
Es de suma urgencia el funcionamiento de la Mesa Multisectorial para la Prevención y Reducción de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil. Otra urgencia es la reducción de la incidencia de la tuberculosis a través del funcionamiento del Comité Multisectorial de Lucha contra la TBC. La prevención del embarazo adolescente tiene que ser trabajada de manera articulada con el Ministerio de Salud con una adecuada educación sexual integral.
Se necesita una política metropolitana sobre la vejez y el envejecimiento que asegure el ejercicio de derechos y una vida digna a las personas adultas mayores.
Sobre la gestión del territorio, se necesita el fomento de la vivienda en espacios con adecuadas condiciones de habitabilidad, así como contar con un programa de vivienda nueva, renovación urbana y densificación para los sectores D y E. El enfoque de gestión de riesgos de desastres tiene que ser parte del desarrollo local y los ecosistemas frágiles tienen que ser protegidos. Se tiene que garantizar la intangibilidad de las áreas verdes, los espacios públicos y la forestación en las laderas. Las acciones frente al cambio climático tienen que ser priorizadas, y se debe diseñar e implementar un programa de segregación de residuos sólidos. Necesitamos un sistema integrado de transporte público.
Otro aspecto de la agenda es la promoción de emprendimientos y el desarrollo de actividades económicas, lo que requiere el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades para el empleo y el emprendimiento, con énfasis en la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Necesitamos una gestión descentralizada y planificada, la generación y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el buen uso de los recursos públicos para la gestión local. La planificación de la ciudad debe ser concertada y participativa; se debe fortalecer la participación ciudadana de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, población LGTBIQ+, vecinos y vecinas en la priorización de la problemática y en la elaboración de las estrategias de intervención a través de la formulación e implementación de una política pública metropolitana. La Municipalidad Metropolitana de Lima debe asumir las funciones de gobierno regional que están señaladas en la normatividad, educación y salud son parte de esas competencias que deben ser asumidas.
La Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), en su artículo cuarto del título preliminar, nos dice: “los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. La actual gestión municipal metropolitana tiene la obligación de desplegar todos los esfuerzos para que la población limeña ejerza sus derechos, tiene que trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional y con todas las municipalidades distritales; los espacios de coordinación y concertación, señalados líneas arriba, tienen que funcionar y la participación ciudadana tiene que darse de manera plural y efectiva. Las y los vecinos deben ejercer su derecho a la vigilancia ciudadana.
desco Opina / 28 de abril de 2023
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