Agenda de género para Lima Metropolitana

La situación de violencia por la que atraviesan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en nuestro país es preocupante. La pandemia ha impactado negativamente sobre esta realidad, agravando los índices de violencia antes registrados. Solo entre el 2020 y 2021 se incrementaron los casos de maternidad adolescente menores de 15 años; y entre enero y abril de este año se reportaron 8057 de violencia sexual, en los cuales 94,9% de las víctimas fueron mujeres y 69,5% fueron menores, entre los 0 y 17 años de edad. 

La situación de Lima Metropolitana no es muy diferente a este panorama general. En lo que va del 2022 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) ha atendido 26 355 casos de violencia a mujeres, de los cuales 10 616 corresponden a violencia contra menores de edad; de éstos el 86,55% son de niñas y adolescentes mujeres. La mayoría de estas víctimas ha sido agredida psicológica y físicamente, mientras que las denuncias por violencia sexual representan el 17,32% del total. Pese a este contexto de alta vulnerabilidad, el Estado no ha logrado avances significativos que permitan no sólo sancionar a agresores y/o feminicidas, sino prevenir situaciones de riesgo para niñas, niños y adolescentes; las políticas que busquen salvaguardar la integridad y la vida de mujeres e integrantes del grupo familiar son casi nulas. 

Contrariamente se observan avances peligrosos desde el conservadurismo político que busca eliminar de la gestión pública todo lo referente al enfoque de género. Esto se observa en acciones legislativas como la aprobación de la Ley N° 31498 que “permite” que padres y madres de familia participen en la elaboración de materiales y contenidos educativos, legalizando una interferencia antiderechos en contra de la educación sexual integral. También en acciones como la aprobación de un proyecto de ley que busca el cambio del nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables, invisibilizando los logros en defensa de las mujeres como sujetos de derechos pero también su condición de vulnerabilidad frente a otros sectores de la sociedad, más aún si nos referimos a sus condiciones económicas y de clase. Más recientemente, la propuesta de Milagros Jáuregui Martínez, congresista de Renovación Popular, que mediante el proyecto de ley N° 3464/2022-CR, propone eliminar el uso del lenguaje inclusivo de los textos escolares, es parte de la misma ofensiva. Lamentablemente todas estas propuestas han sido apenas  cuestionadas desde el Ejecutivo pese a que éste tiene pendiente la agenda pro derechos humanos y de lucha contra toda forma de discriminación, en salvaguarda de los sectores más vulnerados del país. 

El escenario se torna aun más gris en Lima Metropolitana si recordamos que en 2023  asumirá la alcaldía Rafael López Aliaga, personaje que llega a la gestión con una agenda ultraconservadora, antiderechos, con tintes racistas, discriminadores y antifeminista, bajo cuya responsabilidad recaerán las políticas públicas en materia de protección de las mujeres, infancias y adolescencias de la ciudad de Lima los próximos cuatro años. Cabe resaltar que la comuna limeña tiene bajo su administración, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, programas y servicios como la Demuna Lima, el Proyecto Ciudad de Niñas y Niños, el CCONNA Lima, entre otros, dirigidos a la promoción del ejercicio de derechos de NNA y a su protección. Resulta oportuno, entonces, preguntarse por el destino de las actuales políticas públicas referentes a la prevención de casos de violencia, por ejemplo, considerando que de enero a setiembre de este año, los once Centros de Acogida Residencial de Lima Metropolitana albergaron a 601 personas en situación de riesgo, 502 de las cuales son NNA y 441 son mujeres, habiéndose identificado distritos como San Juan de Lurigancho, Ate y San Martín de Porres como aquellos con mayor número de embarazo adolescente. 

Sin duda, la nueva gestión puede representar un retroceso alarmante en la conquista de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Lima Metropolitana, así como el riesgo grande de normalizar discursos de odio e institucionalizar prácticas sexistas, demonizando toda política o iniciativa ciudadana que pretenda alzar las banderas de lucha contra las violencias hacia las mujeres y la defensa de una educación con enfoque no solo de género, sino de derechos e intercultural. La urgente lucha en contra de la violencia de género, que amenaza a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, es también una lucha cultural, cuestionando sentidos que homogenizan prácticas sociales, disputando espacios de participación política para las mujeres en su diversidad, pero también sensibilizando a la sociedad en general, sobre la urgencia de desterrar del sentido común, patrones que refuerzan y normalizan la violencia, el racismo y la discriminación. 

desco Opina / 25 de noviembre de 2022

descoCiudadano

Las cifras de la tolerancia hacia la violencia contra la mujer

 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES 2019), publicados el pasado mes de julio, nos muestran una realidad marcada por la aceptación del uso de la  violencia en las relaciones dentro de las familias peruanas: el índice de la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres es de 58,9% y en el caso de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes este alcanza el 58,5%. Si bien, por la metodología empleada, el índice no puede ser comparado con los cálculos del mismo realizados en el 2013 y 2015 (años en los que el índice fue de 51,8% y 52,1% y, 42,1% y 54,8%, respectivamente), las cifras manifiestan la vigencia del problema.

Más allá de ayudarnos a describir mejor esta dura realidad y ver qué tanto ha cambiado, la data mostrada por la ENARES nos invita a reflexionar sobre la forma usual de comprender el fenómeno de la tolerancia hacia la violencia dentro de las familias y, en consecuencia, a afinar el abordaje del problema desde las políticas públicas. Por ejemplo, vayamos solo al caso de la violencia contra la mujer y veamos los siguientes datos que han sido calificados como contratuitivos en varias presentaciones de los resultados de la encuesta: el 94,4% de la población está de acuerdo con que la violencia contra la mujer es inaceptable y debe ser castigada por ley, pero a su vez, el 27,2% considera que si alguna mujer le falta el respeto a su esposo o pareja, merece algún tipo de castigo; de la misma forma 33,2% considera que las mujeres infieles deben ser castigadas por la pareja, y el 26% considera que las mujeres deben estar dispuestas a mantener relaciones sexuales cuando sus parejas o esposos lo deseen.

¿Qué podemos inferir de esta aparente contradicción? Lo primero que se nos puede ocurrir es que, al formularse la pregunta de forma directa, las personas hayan respondido «correctamente» para salvar las apariencias. Sin embargo, de ser esto cierto, esta actitud se habría mantenido en las respuestas a las demás preguntas, algo que evidentemente no se dio. Descartada esta primera respuesta, parece más adecuado prestar atención a las formas de justificar la violencia, para notar que esta se da en el marco de una institución social con jerarquía y roles determinados, como lo es la familia, y que la violencia es ejercida como herramienta para corregir a quienes se salen de esos roles establecidos y desestabilizan la jerarquía.

La idoneidad de ver la tolerancia ante la violencia contra las mujeres, desde un enfoque que destaca la influencia de los roles, se sustenta en otro dato resaltante de la encuesta, que muestra que el 52,7% de la población está de acuerdo con que la mujer debe cumplir el rol de madre y esposa y después sus sueños. Por ello, la distinción entre lo que se concibe como la «mujer» y la «mujer en su rol de pareja o esposa y madre» es fundamental para abordar el tema de la violencia. Ser conscientes de esta distinción, no resta gravedad a la problemática de las mujeres, entendiendo que esta no se reduce solo a la violencia doméstica y que, además, existe una fuerte presión social dirigida hacia las mujeres para ser madres y esposas al alcanzar una edad determinada. La distinción solo aporta una mayor precisión en la comprensión del problema.

A nivel de políticas públicas esto podría traducirse en un mayor énfasis en el diseño de estrategias de sensibilización, dirigidas tanto a hombres como a mujeres, que tengan por objetivo reconfigurar  la concepción de los roles dentro de la familia, lo que comprende la eliminación de las restricciones que impiden el bienestar pleno de las mujeres, el descarte de la violencia como elemento presente en las relaciones intrafamiliares, la redistribución igualitaria del trabajo doméstico y el establecimiento de las nuevas masculinidades. Precisamente, estos temas han ido incrementando su presencia en las políticas para la lucha contra la violencia, elaboradas por el MIMP en los últimos años, por lo que aún falta mucho por trabajar al respecto y los resultados de la ENARES no hacen más que mostrárnoslos.

 

desco Opina - Regional / 2 de octubre de 2020

descoCiudadano

Por una agenda de la mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer queda reflexionar sobre la importante distinción entre lo que significa celebrar y conmemorar esta fecha. Es necesario diferenciar lo que ambas palabras aluden: celebrar está ligado a realizar un acto festivo –según la tercera acepción que nos proporciona la RAE–, mientras conmemorar significa recordar solemnemente algo o a alguien, según la misma fuente.

Si a esta distinción le añadimos el inicio del camino de institucionalización de esta fecha, veremos que esto comenzó con las luchas que emprendieron las mujeres a finales del siglo XIX y XX, cansadas de ver recortados sus derechos y oportunidades de vida. En ese sentido, esta fecha nace de la indignación y el enojo de cientos de mujeres por vivir en un mundo tan desigual. A 45 años de formalizado por Naciones Unidas el “Día Internacional de la Mujer”, queda preguntarnos ¿Cómo es la situación de las mujeres en el Perú?

Si analizamos la situación actual que viven la diversidad de mujeres en nuestro territorio, queda cuestionarnos si deberíamos celebrar la brecha salarial entre hombres y mujeres (ganando estas últimas S/ 0.72, por cada sol que gana un hombre); o la escandalosa deserción escolar que experimentan las niñas (24.2%) por «dedicarse a quehaceres del hogar»”; la cantidad de horas de trabajo por semana no remuneradas que tienen las mujeres en el cuidado del hogar (23.34 horas más que los hombres) según INEI, y que 7 de cada 10 mujeres trabajen en la informalidad. No podemos «festejar» que según la Defensoría del Pueblo, cada 5 horas una mujer desaparezca en el país; que en lo que va del año 15 855 mujeres hayan denunciado algún tipo de violencia solo en enero según GEOMIMP; que a febrero se hayan registrado 30 casos de feminicidios  y que durante enero, 464 menores hayan sido víctimas de abuso sexual.  

Definitivamente, no podemos celebrar con rosas y bombones este día, es más coherente conmemorarlo en primer lugar, reconociendo la lucha que las mujeres han emprendido por la liberación y conquista de derechos. Desde Micaela Bastidas, quien luchó contra la explotación colonial, pasando por Teresa Gonzales de Fanning y Mercedes Cabello de Carbonera, que hicieron lo propio por la educación integral de la mujer; sin olvidar a María Alvarado y Magda Portal, quienes trabajaron por garantizar el sufragio femenino; hasta María Elena Moyano, cuya vida se dedicó a promover la participación política de las mujeres de sectores populares; así como cientos de mujeres que a lo largo de la historia y a lo ancho del país, han luchado por la obtención de derechos a través de diferentes apuestas colectivas.

En segundo lugar, esta fecha se conmemora exigiendo el compromiso del Estado y la sociedad civil para erradicar las brechas de género y la violencia (dos fenómenos sumamente interrelacionados). Antes que compromisos declarativos necesitamos de políticas públicas intersectoriales con presupuesto, bien planificadas y con indicadores claros de que esta lucha va a en serio. Requerimos que se actualice el plan de igualdad de oportunidades, que los gobiernos regionales y locales transversalicen el enfoque de género, que las instancias distritales, provinciales y regionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se instalen en todo el país. Necesitamos que desde los primeros espacios de socialización, como son las familias y escuelas, se cambien los patrones socioculturales machistas que fomentan la violencia y la discriminación hacia la mujer. Exigimos que, desde las universidades, especialmente desde las ciencias sociales, se brinden lecturas para comprender y superar esta terrible situación de desventaja y violencia.

Urge en ese sentido, que las mujeres –desde la diversidad de experiencias– nos organicemos, problematicemos esta violenta y restrictiva realidad, propongamos una agenda y planteemos el camino para asegurarnos que estos esfuerzos se traduzcan en una realidad concreta. Un esfuerzo que viene siendo desarrollado por mujeres de organizaciones sociales de Lima Sur, Norte, Este y Centro, quienes se están organizando en frentes comunes, reflexionando sobre su cuerpo, hogar, barrio y ciudad como territorios a conquistar. Dialogando sobre derechos y planteando propuestas de cambio social a partir del trabajo de incidencia política en el marco de la “Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima”.

En síntesis, empezamos con la distinción entre lo que significa celebrar y conmemorar el Día de la Mujer, describimos un breve panorama de la situación de las mujeres en el país, concluimos que esta fecha se conmemora exigiendo que desde el Estado y la sociedad civil se planteen compromisos serios para erradicar la violencia y desigualdad de género; pero sobre todo, se conmemora reconociendo las luchas que las mujeres han emprendido a lo largo de la historia y retomando este grito de resistencia. Por eso, para las mujeres es importante organizarnos en torno a agendas de transformación, una de las cuales es la Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima.

desco Opina - Regional / 6 de marzo de 2020

descoCiudadano

“La policía no me busca, me buscan mis amigas”

Los hechos recientes en relación al caso de Solsiret Rodríguez han cerrado una etapa para iniciar otra. Hoy se encuentran detenidos dos implicados en su muerte con prisión preventiva y, a su vez, se inicia el proceso de investigación que determinará la tipificación y sanción de los delitos según corresponda. Al margen de todas las declaraciones emitidas desde la Policía, Fiscalía y los medios de comunicación, este caso plantea algunas aristas en la esfera pública.

Primero, la violencia transciende ideologías, es decir, ser progresista, conservador, machista o feminista no exime la capacidad de ejercer algún delito como tampoco ser víctima de ellos. Por consiguiente, desvincular a Andrea Aguirre de los espacios progresistas o feministas no debería ser el centro del debate ni del morbo de los medios de comunicación.

Segundo, se ha evidenciado la ineficiencia estatal. Es decir, la incapacidad del Estado para proveer, controlar y administrar sus recursos; en este caso frente a la violencia y desapariciones en relación a las mujeres, aunque se reconoce que no es el único ejemplo.

Tercero, el carácter punitivo empleado para buscar disminuir la violencia hacia las mujeres no está solucionando el problema; sigue siendo deficiente por más avance que signifique a nivel institucional.

Cuarto, debemos analizar profundamente las implicancias de la prevención. ¿Qué significa?, ¿realmente está funcionando?, ¿brindar talleres y desarrollar campañas frente a la violencia es la solución? No hay una respuesta exacta, sino tan solo más interrogantes, porque lo cierto es que, en este caso, tanto la víctima como los agresores conocían de los mecanismos de denuncias, sabían de la importancia de prevenir la violencia y no solo frente a las mujeres en particular y, sin embargo, las consecuencias ya las conocemos.

Si ello ocurre con personas relativamente informadas en temas de derechos humanos ¿imaginamos aquellas que no lo están? Hasta qué punto las personas, en particular las mujeres, tratamos de sostener nuestros calvarios en privado, o nuestros sufrimientos en silencio, quizá con la esperanza de solucionarlo pronto; quizá no confiamos en las instituciones públicas, quizá porque lejos de ayudar, lo que se recibe es solamente estigma, abandono y exposición al morbo.

Por otro lado, se confirman una vez más los prejuicios de las autoridades y del sistema de justicia, que justifican consignas feministas como “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, porque los operadores de justicia no están ejerciendo su rol de manera competente e incluso entorpecen las investigaciones. Pero, en el caso de Solsiret también se podría sugerir que “La policía no me busca, me buscan mis amigas”.

Gran parte de quienes trabajamos en temas de derechos humanos, reconocemos que no es el único caso, hasta escuchamos comentarios como “probablemente hay otros temas más urgentes” en otros ámbitos de la política; pero si desaparece una mujer cada cinco horas, ya no es sólo Solsiret, y esto lo convierte en una problemática nacional que debe ser tratada con igual relevancia que otros temas públicos. Según informes, en el 2019 se reportaron 2332 mujeres desaparecidas y entre enero y febrero del 2020, llevamos 371 mujeres desaparecidas, incluyendo niñas y adolescentes.

Finalmente, Solsiret no está para compartir el otro lado de la historia, pero ha dejado en evidencia, una vez más, que el sistema estatal, pero también la sociedad peruana, continúan sin prestar la importancia que tiene la violencia, el feminicidio y las desapariciones de las mujeres. 

desco Opina / 28 de febrero de 2020