La ley antiforestal y los retos del mercado europeo

 

En el 2023, el Parlamento europeo aprobó el reglamento sobre la deforestación, estableciendo normas referentes a la comercialización en su mercado, así como a la exportación de cacao y café, entre otros productos, con el objetivo de reducir al mínimo posible su contribución a la deforestación y degradación forestal en el mundo.

Esta nueva normativa incluye lineamientos que pueden afectar significativamente el volumen de las agroexportaciones peruanas con destino a Europa y a la que los productores tendrán que adecuarse con urgencia porque deben comprometerse a reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal en el mundo. Según los datos del Parlamento europeo, la Unión Europea (UE) ha sido la causante del 10% de la deforestación a nivel mundial, tanto de forma directa como indirecta, de los últimos 30 años, siendo silenciosos cómplices de la destrucción de bosques de un espacio mayor que el que ocupa la Unión Europea. Con esta medida pretenden resarcir los daños permitidos.

El artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, Ley 29763, otorga la posibilidad de cortar bosque de forma “legal”, simplemente probando que el suelo donde se piensa realizar la deforestación es de uso agrícola; con este criterio que no requiere de un sustento técnico, el mercado europeo se cerrará para todos nuestros productos, pues será difícil demostrar que lo que les vendemos no tiene ningún vínculo con una deforestación descontrolada. 

La lista de productos de la UE incluye al café y al cacao que son los productos bandera de nuestra selva central (Europa nos compra el 40% de nuestro cacao y el 55% de nuestro café). Los países miembros de la UE consideran que esta exigencia es un gran paso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad, pero también hay quienes argumentan que estas nuevas medidas del mercado europeo, encarecerán el costo de los productos, porque serán pocos los productores agrarios que cumplirán con esos parámetros.

La llamada “Ley antiforestal” modifica el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, con lo cual nos alejamos de los considerandos del mercado de la UE. A pesar de que esta norma es señalada como inconstitucional porque viola los artículos 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, aparentemente solo podría ser detenida por la movilización ciudadana; lamentablemente, esta movilización social alcanza únicamente a los entendidos en la materia y no al público en general, que por desconocimiento del tema se mantiene al margen de esta problemática.

El valor de las exportaciones peruanas de café y cacao a la Unión Europea suma más de US$ 800 millones anuales, panorama que puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

En el Perú se requiere conciliar el crecimiento económico, el progreso social y responder organizadamente a los grandes desafíos ambientales que nos permitan preservar nuestra megadiversidad y recursos hidrobiológicos; por ello, hay quienes vienen promoviendo y adoptando el paradigma de una economía verde e inclusiva como una marcha hacia el desarrollo sostenible, a fin de generar prosperidad para todas las personas en armonía con el medioambiente.

A propósito, es momento de identificar las barreras que impiden un desarrollo acelerado que armonicen adecuadamente la producción de café y cacao con el sector forestal. Esto requiere soluciones integrales que involucran a muchos actores e instituciones y una gestión integrada de cuencas hidrográficas para aprovechar debidamente las oportunidades que generan la demanda externa e interna.

 

 

desco Opina – Regional / 26 de abril del 2024

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Desorden forestal por insistencia

 

La importancia de nuestros recursos amazónicos está fuera de discusión. Es tarea de los distintos organismos estatales con funciones en la materia, asegurar el cumplimiento de políticas y medidas para garantizar su conservación y uso sostenible. La exagerada insistencia de parte de distintos congresistas por aprobar una norma que a todas luces es lesiva para nuestro patrimonio forestal, resulta, en consecuencia, llamativa. Peor aún por los argumentos pueriles exhibidos con los que se pretende cambiar varios artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763): “no debemos permitir que los agricultores pierdan parte de sus cultivos, cuando luego de algunos estudios los declaran parte de una zona forestal” o “de esta forma, se evita su criminalización y se promueve su desarrollo”. La Autógrafa comprende los proyectos de ley 649, 894 y 2315.

El 23 de marzo pasado, el pleno del congreso discutió el referido proyecto de ley. Aunque la iniciativa, impulsada por grupos en teoría tan disímiles como Fuerza Popular y Perú Libre, fue rechazada, inmediatamente sus promotores pidieron la reconsideración de la votación. La propuesta ya había sido rechazada por el Ejecutivo y cuenta con opiniones en contra de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones indígenas. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la presión que existe en el Congreso para modificar la ley, busca beneficiar a la industria de la palma. El ordenamiento forestal de nuestra Amazonía es una aspiración de larga data; aprobar las modificaciones propuestas permitiría legalizar la deforestación para la ampliación agrícola con fines comerciales (palma aceitera, principalmente). Sospechosamente, la empresa más visiblemente vinculada a este intento de cambios a la ley, ha sido declarada por la embajadora de Estados Unidos como una empresa que aplica "prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar", oponiéndose a las organizaciones indígenas de Ucayali, que señalan a la empresa como la depredadora de 7000 hectáreas de bosques.

Mucho se ha dicho sobre la responsabilidad de la economía informal en la pérdida de bosques por tala indiscriminada, pero se dice poco sobre distintas empresas formales que hacen lobby para conseguir favores políticos y cambiar las reglas de juego, eliminando requisitos para el proceso de cambio de uso de la tierra y propiciando la deforestación «legal» en el país. El proyecto de ley que criticamos, entre sus disposiciones, introduce “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, en las cuales no se realizaría una “clasificación de tierras por capacidad de uso mayor,” es decir, identificarlas y clasificarlas según su utilidad, además de modificar los requisitos del cambio de uso de la tierra, quitando de esta manera el filtro para identificar si un área es apta para ser tierra forestal o agrícola.

No hay que ser muy astuto para señalar que con tales cambios normativos se agudizarían las invasiones, el tráfico de tierras y los conflictos sociales, abriendo de par en par las puertas a nuevos posesionarios que se instalarían en áreas forestales, además de la superposición de estas áreas con tierras de comunidades nativas en proceso de titulación, vulnerando su derecho al territorio al brindarle más poder a la entrega de certificados de posesión, en contra de lo que señala la propia Ley Forestal, que prohíbe el otorgamiento de estos títulos. Es evidente que no se puede ni se debe promover la deforestación con leyes que supuestamente beneficiarían a pequeños agricultores.

Si la insistencia congresal triunfa, se afectarían compromisos internacionales y acuerdos suscritos por el país, como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como los Tratados de Libre Comercio de Perú con la Unión Europea y con Estados Unidos que contienen un anexo forestal.

La Declaración de Pucallpa, recientemente firmada por los ministros del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, junto con los Embajadores de Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, así como con los integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica, busca promover la conservación de los bosques reconociendo su valor y aspira a frenar la deforestación. Aprobar por insistencia la Autógrafa, que, como hemos dicho, en sus disposiciones complementarias transitorias impulsa la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, entraría en contradicción con los esfuerzos del Ejecutivo y los gobiernos regionales expresados en esta Declaración. Hay que estar definitivamente alertas para impedir que el proyecto sea aprobado por insistencia, por un Congreso de la República que diariamente da muestras de su desinterés por el país y sus intereses. El Ejecutivo tiene la obligación de insistir en la observación de esta ley y los gobiernos regionales levantar sus voces de protesta; así como tomar en cuenta los caminos legales para su derogatoria si ésta es aprobada.

Existe otra propuesta en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del Congreso, que aún no entra en debate en el Pleno, la cual propone que los gobiernos regionales tengan mayores facultades sobre los ecosistemas forestales, arriesgando la suerte de los bosques a la buena disposición de los políticos regionales, ya que en uno de sus acápites señala que es potestad de los gobiernos regionales “Gestionar, preservar y administrar sus áreas forestales, flora y fauna de su jurisdicción”. Por lo visto, hay varios frentes en los que hay que estar alertas.

 

desco Opina – Regional / 14 de abril del 2023

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“… yo sé que ahora vendrán caras extrañas…”

 

La pobreza de la oferta electoral de los candidatos regionales de Pasco respecto a la zona selvática de la región, es muy preocupante, porque muestra el desconocimiento de su realidad y necesidades. Los planes de gobierno de los ocho aspirantes que son exhibidos en el portal del JEE, tienen más referencias a Oxapampa en sus diagnósticos regionales que en sus planes de trabajo. Aunque se reconoce el esfuerzo de búsqueda de estos estudios, que son de dominio público, aparentemente no dedicaron tiempo suficiente para analizarlos concienzudamente y, por ende, tener propuestas viables para la Amazonía de la región que representa el 71% del territorio, pero que tiene una baja densidad electoral, lo que explicaría el poco interés que tiene para los candidatos. Es a partir de sus visitas proselitistas a la selva alta y baja, que han aparecido lanzando peroratas políticas, aduciendo un conocimiento del problema selvático pasqueño y de sus posibles soluciones, lo que resulta llamativo dada la desarticulación entre las propuestas de los planes para el gobierno regional y las de los municipales en todos los partidos y movimientos de la región.

En el análisis de aquellos, llama la atención el escaso entendimiento que se demuestra sobre las necesidades de las comunidades nativas yaneshas y asháninkas de la provincia, a pesar de que todas las listas llevan representantes de estas poblaciones como eventuales consejeros regionales. Hubiese sido interesante que en primer lugar se reconocieran los planes comunales del buen vivir, como insumo importante en la construcción de las herramientas de gestión regional. Uno de ellos señala la prioridad de la construcción de carreteras de acceso; otros, los servicios de agua y desagüe para sus centros poblados, así como la titulación de tierras, aunque de una manera muy general.

Los demás señalan el diálogo intercultural como una meta y no como un medio de acercamiento y transparencia de la gestión pública. Es incómodo decir que, en varios planes de gobierno regional, ni siquiera se les menciona y en alguno se dice que se fortalecerá la actividad ganadera de las comunidades nativas cuando es conocido que, para proteger sus bosques, la actividad económica de las comunidades es la agricultura. Los candidatos regionales deben entender que las 144 comunidades nativas de Oxapampa se encuentran en los niveles socioeconómico más bajos, por lo que es insuficiente dedicarles unas cuantas líneas para atender su problemática y captar su adherencia a su postulación.

Para nadie es secreto que la deforestación de los bosques es un grave problema regional; pese a ello, de los ocho candidatos, sólo uno y de manera muy general, propone la promoción de la reforestación de cara a una industria maderera regional responsable. Ninguno señala compromisos para la consolidación de la Reserva de la Biósfera Oxapampa Asháninka Yanesha, a pesar de que los ocho distritos de la provincia tienen mucha esperanza en que esa sea una vía alternativa para alcanzar el desarrollo sostenible. El tema de las carreteras es señalado en todos los planes de gobierno como una prioridad regional, pero en ninguno se indica de manera explícita cuáles se impulsarán para lograr la articulación de Oxapampa con la capital regional y/o con el mercado nacional. Por ejemplo, el asfaltado de la carretera Villa Rica – Puerto Bermúdez, es una tarea pendiente desde hace varias gestiones regionales, pero ni siquiera es mencionada a nivel de seguimiento en la gestión ante el gobierno central, a pesar de que se beneficiarían cuatro distritos de la provincia. El mejoramiento de los puertos artesanales de los ríos de la selva baja que señalan algunos de los planes, no tendría sostenibilidad si no se establecen criterios técnicos de funcionamiento adecuado. Ninguno indica al narcotráfico y al cultivo ilegal de hoja de coca como un problema latente a pesar de que la alteración social por esta causa se hace más evidente cada año.

Es poco probable que algún candidato gane la elección en primera vuelta, por lo que es de suponer que deberán afinar su oferta electoral para Oxapampa si es que no sólo les interesan los votos, sino también el desarrollo de esta hermosa provincia selvática. Si eso no ocurre, entonces diremos como el inmortal Carlos Gardel “…yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con sus limosnas de alivio a mi tormento, todo es mentira, mentira es su lamento…”.   

 

 

desco Opina – Regional / 30 de setiembre del 2022

descocentro – UOT Selva