¿Para que nunca más vuelva a suceder?

A finales del año pasado y como broma de inocentes, se hizo público el informe final de la «Comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua» dizque «para que nunca más vuelva a suceder», documento que días antes de ver la luz ya era cuestionado incluso por integrantes de la comisión, tal es así que el líder nativo awajún Jesús Manacés, y la religiosa María Gómez, no suscribieron el documento final y presentaron un documento justificatorio de su actitud. Otro integrante, el Reverendo padre Ricardo Álvarez Lobo, firmó el documento con ciertas incorporaciones, lo cual demuestra una singularidad en su conformidad con el texto. Quienes esperaban que el informe señale con nombres propios las responsabilidades políticas y penales se equivocaron, lo único que se atrevió a reconocer fue: «apresuramiento y falta de tacto del ejecutivo, especialmente de los sectores ministeriales autores de los decretos», ¿se pretende minimizar o invisibilizar responsabilidades de los Ministros y autoridades que manejaron las negociaciones, planearon y ejecutaron el desalojo?

Sin embargo, por otro lado, el informe distribuyó diferentes niveles de responsabilidad para el desborde de las comunidades nativas. Acusa a la falta de liderazgos indígenas sólidos y responsables que tengan capacidad de control de las masas y que sean propositivos para una salida pacífica. A la presencia y participación de terceros, por el atizamiento del calor de la crisis que habría sido realizada por varios congresistas del Partido Nacionalista; así como a ronderos y reservistas del ejército por su intervención en la Curva del diablo, durante los sucesos del 5 de Junio. Al Frente de Defensa del Pueblo de Bagua, a algunos sindicatos locales y a organizaciones civiles no indígenas los emplaza por incluir «…sus propias agendas políticas y sociales». El informe también otorga cierto nivel de responsabilidad «a algunos religiosos que se parcializaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador…». Como corolario, el documento cuestiona las informaciones difundidas por los medios de comunicación pidiendo «…reactivar el rol de los Comités de Ética» y como ya se ha hecho costumbre el cuestionamiento a la participación de las ONG culmina con la recomendación a «…realizar sus funciones dentro del marco de las leyes y normas del Perú».

Las organizaciones indígenas están seriamente indignadas y afectadas por este informe, sienten que los miembros de la comisión se han parcializado con el Gobierno para lavarle las manos que están manchadas con la sangre de sus hermanos. Tienen a sus dirigentes en el exilio o en la clandestinidad, sus organizaciones corren el riesgo del colapso acusando el hostigamiento desde el Estado y toda esta sensación de insatisfacción está motivando que sus líderes estén promoviendo una reunión con sus bases para evaluar la decisión de retirarse de las mesas de diálogo y reiniciar sus movilizaciones. Las comunidades nativas de la selva central que antes de los sucesos de Bagua y Utcubamba se hallaban casi indiferentes al conflicto, hoy se muestran preocupadas, han dinamizado coordinaciones y se hallan pendientes del acontecer de las relaciones Estado-organizaciones indígenas; por lo que una nueva crisis podría tener un mayor ámbito de afectación. El Ejecutivo, el Congreso y los grupos políticos deben ponerse a la altura de las circunstancias ¿o estamos esperando otro Baguazo?

El caos se inició muchos meses antes de la toma de carreteras; incluso nos atrevemos a decir que si no era el 5 de Junio en Bagua, hubiese sido en cualquier otra fecha y lugar de la selva. Más allá de quienes se sientan afectados o conformes con el resultado de este informe, el principal objetivo que era conciliar cerrando las heridas, no se ha cumplido. Las declaraciones posteriores al informe, tanto del Ejecutivo como de los otros sectores políticos y sociales tampoco ayudan a cicatrizar resentimientos ni distanciamientos con las comunidades indígenas, ni son útiles para consolar a deudos de policías y nativos. Esta situación nos lleva a presumir que en el mediano plazo no habrá avances significativos e incluso corremos el riesgo de que nuestra selva nuevamente se encienda con nativos gritos de guerra y acusaciones de antipatrióticos por parte del Ejecutivo.

Un poco de mesura y sentido común de parte de todos los sectores del Estado y de la sociedad civil no estarían de más; tal vez no nos serviría para curar, pero sí para recordarnos que nuestra preocupación no debe ser la confrontación con las etnias de la selva, sino atender la agenda pendiente con los pueblos originarios de la Amazonía peruana, la cual tiene que ser tomada en cuenta de manera urgente. Todos reconocemos las necesidades básicas insatisfechas que deben ser resueltas y puestas al alcance de las comunidades nativas –educación, salud, etc.–, pero pocos nos hemos puesto a pensar en sus intereses estratégicos de sobrevivencia cultural. Es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad en su conjunto la construcción de canales de diálogo que permitan visibilizar esos intereses, con lo cual podríamos creer en la posibilidad de un país pluricultural que se halla en la vía de un desarrollo inclusivo.

Consulte aquí el informe final de la comisión especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/933.pdf

desco Opina - Regional / 15 de enero de 2010
Programa Selva Central

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El día siguiente

desco Opina / 12 de junio de 2009

La situación está lejos de calmarse en la región amazónica. Más aun, tiene un largo antecedente y, seguramente, tendrá una amplísima proyección hacia adelante. No esperemos soluciones inmediatas a problemas que se han ido formando a través de siglos. Sin embargo, tampoco se puede ser condescendiente con un gobierno que actúa con criterios pasadistas y notablemente excluyentes.

No nos equivoquemos. El rostro gubernamental presentado en los –hasta ahora– momentos más álgidos de la crisis desatada en la Amazonía, quiso aparentar fiereza, ese «orden» que tanto reclaman los entusiastas de la «mano dura» para otros, pero sólo dio el penoso espectáculo de alguien que simplemente está lejos de sintonizar con las señales más elementales del mundo moderno.

Llamar «salvajes» e incapaces de «poder leer los decretos legislativos que rechazaban» a quienes reclamaban la vigencia de un elemental Estado de Derecho, es una muestra de incapacidad de comunicarse e intolerancia, haciendo que la diferencia derive en exclusiones. Así, se podrá adjetivar de diversas maneras a los acontecimientos y sus actores, para tratar de encontrar alguna justificación a sus procedimientos. Pero, lo que no podrá explicar el gobierno es cómo pudo conducir las cosas hacia una masacre mutua entre ciudadanos y fuerzas del orden: entonces, ¿dónde podríamos colocar la regresión salvaje en este caso?

Así, hay unanimidad para señalar que las tareas urgentes están por el lado de restablecer un mínimo de necesaria confianza, para formar un ámbito de diálogo y negociaciones que aseguren el compromiso de las partes. Al respecto, es indudable que la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo serían las entidades llamadas para actuar en esta situación. De otro lado, el momento exige a las organizaciones de los pueblos amazónicos un relevo de sus interlocutores, algo que tampoco parece difícil de llevarse a cabo. Pero, también demanda gestos políticos muy claros por parte del tragicómico Congreso de la República y, sobre todo, del Ejecutivo.

Sobre este último, se esperaban actitudes que enaltecieran a los integrantes del Gabinete Ministerial. Sin embargo, salvo la renuncia de la Ministra de la Mujer, lo sucedido no parece conmover en mayor medida a los demás ministros. ¿Suponen acaso que aún poseen el crédito político suficiente, para proponerse como interlocutores válidos en estas circunstancias?

Entonces, salvo mejor parecer, el terreno parece ya marcado desde el lado oficial y, en ese sentido, tendremos que asumir que la gobernabilidad a «lo aprista» hacia adelante ha empezado a verse con total nitidez. El criterio será asegurar los beneficios para la inversión privada a como dé lugar y limitar manu militari cualquier demanda social.

¿Habría otra salida? Desde la lógica gubernamental, muy difícil. La interpelación amazónica ha evidenciado los límites y las fisuras del actual modelo económico y lo inoperante del sistema político. El cuestionamiento a la constitucionalidad de algunas normas, ha sido suficiente para mostrar que el concepto de desarrollo inmerso en el actual patrón de acumulación sólo alcanza para algunos peruanos y algunos territorios del país. En otras palabras, la equidad, la justicia social, el desarrollo humano, son expectativas a las que pueden aspirar solamente una parte de la sociedad peruana, mientras que la otra deberá contentarse con el asistencialismo y la filantropía, si buenamente alcanzan.

Asimismo, la desafección al sistema democrático realmente existente que expresamos los peruanos en cada encuesta, demuestra una vez más su pertinencia con la torpeza y el nulo interés para consolidar instituciones que han revelado los gobernantes, en todos los niveles del Estado, en lo que va de la actual crisis. Más aun, ha quedado la profunda sospecha que la falta de voluntad para resolver de manera franca y abierta el conflicto amazónico, en realidad esconde de mala manera los esfuerzos que han hecho para evitar que un debate público sobre las concesiones a las empresas extractivas sea transparente y con ello traslucir el insondable foso de corrupción sobre el cual vienen actuando. Así, la vida de policías y pobladores nativos significan absolutamente nada para los grandes y turbios negocios.

Entonces, se ha inaugurado un nuevo momento político. El mensaje vendido por el neoliberalismo criollo –salvo el crecimiento, todo es ilusión– ha caído en coma profundo, anunciando la hora de nuevas concepciones y nuevos criterios de desarrollo, que busque mayores equilibrios entre inversión, crecimiento, sostenibilidad ambiental, institucionalidad y equidad.

desco Opina / 12 de junio 2009
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Depredando (el país) en democracia

desco Opina / 29 de mayo de 2009

La movilización indígena, que exige la derogatoria de los decretos legislativos referidos al manejo de los recursos de la Amazonía, debe ser leída como el hecho político más significativo de los últimos años en nuestro país. Uno de los reclamos de los movilizados, representados por Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, es que no han sido consultados. Este es el punto más extremo de una práctica que alcanzó altos picos con el fujimorismo y hoy mantiene el gobierno del APRA: la legislación se sustrae del debate en el Parlamento, que cede poderes extraordinarios al Ejecutivo, que a su vez actúa más allá de los propósitos declarados (en este caso, la «agilización» para implementar el TLC con los Estados Unidos). Ya no se trata sólo de que la definición de las normas que rigen nuestra economía y nuestra política de recursos naturales sea una esfera fuera del alcance del ciudadano peruano, sino que es una esfera que actualmente puede –por lo visto necesita– prescindir de los controles que la democracia tiene diseñados, entre ellos el Congreso. En este mismo contexto, se aprobó el aumento en diez escaños parlamentarios para el próximo período.

El problema ha renovado crudamente preguntas sobre la representación de los intereses de las comunidades indígenas de la selva y sobre la legitimidad de estos ante el auditorio y en el imaginario nacional. Sobre lo primero, resulta irresponsable la táctica que han elegido el partido de gobierno y los voceros mediáticos de la derecha. Denunciar por sedición a los dirigentes de AIDESEP buscando demoler la imagen pública de Alberto Pizango no sólo es muestra de desprecio, sino de gran torpeza: se trata de uno de los más sólidos dirigentes sociales, a la cabeza de una organización con amplia trayectoria y capacidad de representación, lo que hace de él un interlocutor válido ante un espacio cultural y político que por su naturaleza heterogénea, ha sido esquivo en el diálogo con el Estado. Se quiere desbaratar a una organización pacífica y representativa, que puede permear y contener posturas radicales, episódicas y sin programa. Sobre lo segundo, el papel de los medios en general es preocupante: la crítica ya no puede limitarse a su insuficiencia o desapego por dar cuenta de lo que ocurre más allá de Lima y de las ciudades. El número de los movilizados, el problema de desabastecimiento y el desplazamiento de las fuerzas del orden, son hechos de una magnitud que al ser ignorados, sólo indican un poderoso cerco mediático.

Lo que nos parece sustantivo, es la tensión de fondo que se expresa en esta resistencia de los amazónicos contra el paquete de decretos. Por más que el gobierno, en particular el presidente García, se esfuerce continuamente en presentar las reacciones contra el modelo económico como una resistencia local, no puede ocultar que la Amazonía es un territorio estratégico para la expansión del gran capital, esto es, parte de una tensión geopolítica ante la cual los Estados y las poblaciones se alinearán o no con los poderosos intereses trasnacionales que persiguen –ahora– las reservas de petróleo, y –en un período cada vez más próximo– el agua y los bosques, en un contexto de crisis energética y cambio climático globales.

En esta tensión –que desborda cualquier maniobra en los márgenes locales– se define el carácter contradictorio y cada vez más limitado de nuestra democracia en este modelo de crecimiento. Los derechos de los pueblos amazónicos y la intangibilidad de sus territorios están consagrados por acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano. Los decretos que los violentan son incompatibles con la propia legislación peruana, han sido declarados improcedentes por la mayoría de la Comisión de Constitución en el Congreso, y aún así, no han sido exonerados de segunda votación. Se revisarán en una nueva mesa de diálogo, en la Defensoría del Pueblo y pasarán al Tribunal Constitucional. Pero estos derechos y estos territorios «deben» ser violentados por el Estado peruano si lo que se busca es continuar la política de promoción de la inversión privada, esquema que, por lo demás, funciona como paraguas de variados y oscuros negocios, de los que ha dado testimonio Rómulo León y el caso de los petroaudios.

La tensión descrita también expresa las diferentes y no discutidas opciones estratégicas para el país, en donde los pueblos amazónicos están defendiendo no sólo su supervivencia, sino un territorio que se quiere depredar en la perspectiva de una alternativa no sostenible de desarrollo para todo el país. Bajo su formato actual la alianza del APRA con la derecha ha cancelado la posibilidad de un programa que permita procesar los intereses vivos –por ejemplo los expresados en la movilización amazónica– que podría sentar las bases para replantear la relación con las empresas extractivas y en general, el diseño de promoción de inversiones de gran impacto social y ecológico. Con este cerrojo, sólo le queda replegarse a una postura conservadora del orden constitucional: acoso a los dirigentes, silencio mediático, mesa de diálogo y, en última instancia, la opción por la represión directa y violenta, cuyos primeros atisbos han sido los eventos de Corral Quemado.

Así como se criminaliza la protesta, ahora se busca «antisistemizar» cualquier propuesta de cambio. Se ha querido acusar a los discursos y opciones presentadas por la dirigencia de AIDESEP, como parte de una opción desestabilizadora y antisistema. La protesta lleva casi un mes y medio y tiene como antecedente una masiva movilización que conmocionó a la selva peruana en agosto del año pasado. Ha agotado los canales previstos y los implementados ad hoc. La oposición a los decretos vertidos por el Ejecutivo al amparo de la ley 29157 –la ley de excepción bajo el pretexto del TLC con los Estados Unidos– se ha fundamentado no a partir de una declaración ideológica, sino de su incompatibilidad con la Constitución y con el Convenio 169 de la OIT, que es apenas uno de los más significativos dentro de un marco legal internacional gestado a lo largo de décadas para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios y la vida en la Amazonía. Ese marco legal es una vertiente de la globalización que el gobierno peruano rechaza, pues colisiona con los intereses del capital del que se ha declarado partidario, bajo la ideología del «perro del hortelano».

Cabe preguntarse si la defensa de la selva es «antisistema» porque convoca a la solidaridad y a la movilización a otras organizaciones sociales, no gubernamentales o a los pequeños núcleos de izquierda, o es antisistema porque una legítima demanda de participar en la vida nacional colisiona con los intereses de los grandes grupos de poder económico, que ansían controlar los recursos energéticos y naturales, agrediendo los territorios que necesitan expoliarse para asegurar beneficios particulares mostrados como cifras de crecimiento económico.

Frente a la resistencia amazónica, la reacción del APRA, la derecha y en general los grupos que se benefician del modelo económico a sabiendas de que ofende y excluye a sus compatriotas, no hace sino expresar el rechazo de estos sectores a cualquier propuesta de desarrollo que no corresponda con el modelo. En este sentido, la lucha de los indígenas amazónicos por la defensa de la selva, es la lucha de todos los peruanos que ni viven ni están dispuestos a vivir del chorreo ni de la postergación de otros peruanos.

desco Opina / 29 de mayo 2009

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