El “estallido populista” del Congreso

 

Es ya un lugar común que los medios masivos, políticos y opinólogos defensores del modelo económico, así como los dirigentes de gremios empresariales, califiquen algunas leyes y normas emitidas por el Congreso como «populistas», especialmente cuando éstas atentan contra lo que el establishment político nacional entiende como economía de libre mercado.

Esto ha ocurrido una vez más a propósito de la discusión y aprobación (algunas probables, otras ya consumadas) de leyes relacionadas al cobro de peajes, el retiro de fondos en las AFP y la ONP, las deudas en el sector financiero, el ajuste de las pensiones escolares, entre otras, que cambian las reglas de juego en esas materias.

El «populismo congresal» no queda allí, sin embargo. El Presidente Ejecutivo de una consultora, colaborador de un diario donde defiende a fondo el modelo, señaló que su empresa recopiló 81 proyectos de leyes sobre el sistema de pensiones, 36 sobre el sistema financiero, 26 sobre control de precios que el Congreso actual ha gestado en cinco meses de funcionamiento.

La corrupción, la ignorancia, la defensa de intereses de grupo, el oportunismo y el chantaje, incluso la ideología, son los factores a los que se apelan para explicar esta suerte de ataques al libre mercado. Otros aluden a la irresponsabilidad derivada de las pocas posibilidades que las múltiples fuerzas del fragmentado Congreso tienen de llegar a ser gobierno. Esos factores cuentan al momento de considerar las motivaciones de los congresistas, pero no parecen ser extensibles al universo y quizás ni siquiera a la mayoría de ellos.

Así, es difícil que un representante corrupto, buscando su propio beneficio económico, prefiera afectar a sectores poderosos de los cuales podría aprovecharse. Es difícil también que una mayoría se deje arrastrar por los intereses de grupos minoritarios para aprobar leyes como las que se vienen discutiendo. En cuanto a la irresponsabilidad derivada de sus pocas expectativas de ser gobierno, hay al menos cuatro bancadas (AP, APP, Podemos y UPP) con aspiraciones para ganar las elecciones generales del 2021, lo que relativizaría la efectividad del argumento. Por último, las razones ideológicas existen, pero quienes las encarnan son minoría dentro del Congreso y, al menos hasta la fecha, no han sido capaces de consensuar o persuadir a una mayoría para que aprueben sus propuestas.

Existen razones políticas en los congresistas para ganar apoyo para sus partidos o su eventual reelección, pero la debilidad orgánica de aquellos y la no reelección inmediata relativiza estos móviles como dominantes. Ahora bien, que estén buscando legitimarse ante la población, es algo que todos los políticos hacen. La pregunta es ¿por qué ello pasa por plantear iniciativas que atacan algunos ejes importantes del modelo? ¿Por qué, por ejemplo, la defensa del libre mercado, de la gran minería o de las AFP no son particularmente populares y no movilizan apoyo masivo? Más aún, ni siquiera el discurso del emprendedor, dirigido a sectores populares, dio réditos políticos a quien lo manejó en la última campaña presidencial, de la cual fue finalmente retirado luego de una serie de papelones y una irrisoria intención de voto en las encuestas.

Recuérdese también las veces en que la supuesta candidatura de Hernando de Soto, difusor del capitalismo popular, se ha frustrado y no ha logrado despegar. La mayoría de congresistas (y de los ciudadanos) conoce este imaginario popular, de allí que busque representarlo y ganar apoyo, independientemente del impacto de las medidas «populistas» en las finanzas y en la institucionalidad pública. Dicho sea de paso, la preocupación por las finanzas públicas parece surgir sólo cuando el Estado debe realizar gastos para pagar deudas sociales con las mayorías nacionales.

Luego de tres décadas, la derecha económica y política no entiende que el modelo de libre mercado no se ha legitimado ante la mayoría ciudadana; su visión parece reducirse a lo jurídico, confiando en la «fuerza» de la Constitución, supuesta expresión de un pacto social en realidad ficticio, pues el modelo fue de hecho impuesto en los años noventa. La solidez del blindaje constitucional al régimen está evidentemente jaqueada. El mayor logro social (la reducción de la pobreza) obviamente no alcanza a contrarrestar la desigualdad y la exclusión reales y percibidas, más aún en una coyuntura donde se prevé que hacia fines de año, habrá un 10% más de hogares pobres.

Seguramente muy pocos previeron que los golpes más serios al modelo económico provendrían del Congreso de la República. Esto es parte del costo que la derecha económica y política tiene que pagar por no construir alternativas políticas orgánicas y por creer que el «goteo», la focalización del gasto social y el mercado se encargarían de solucionar los problemas. Ha pasado también en Chile, pero allí fueron movilizaciones masivas las que provocaron el estallido, cosa que en nuestro país no ha ocurrido. La debilidad de las organizaciones sociales y las pocas expectativas de la población frente al Estado deben provocar suspiros de alivio entre las élites. A pesar de todo, que el «estallido» se limite por ahora al Legislativo y sólo para ciertas medidas, no deja de ser una ventaja.

El torpedeo del modelo desde el Congreso está lejos de ser una alternativa seria para resolver los problemas de fondo. Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la ley que devuelve los aportes de la ONP, así como antes lo fue la liberación parcial de las cuentas individuales de las AFP. Ello puede ayudar a sobrellevar la difícil situación que ha creado la pandemia, pero elude abordar una solución integral: la creación de un sistema universal de pensiones, con solidaridad intergeneracional. Muchos críticos atribuyen estas leyes a la irresponsabilidad del Congreso con las finanzas públicas, pero no mencionan que ésta tiene un antecedente en otra irresponsabilidad, que diseñó una legislación que fomentaba la fuga de afiliados desde la ONP hacia las AFP.

Los vacíos programáticos, el oportunismo y el cortoplacismo del Congreso, insoslayables, criticables e imperdonables, pueden terminar siendo una oportunidad para los defensores del modelo pues que se sepa, no han perdido su capacidad de cooptación y las elecciones del próximo año pueden cambiar el escenario. Lo que no se vislumbra es una legitimación social del modelo ni esfuerzos que conduzcan a ello; tampoco alternativas programáticas, organizadas y democráticas de cambio, lo que es ciertamente una tragedia para el país.

 

desco Opina / 28 de agosto de 2020

El estallido chileno y los desafíos para el Perú

La crisis política chilena ha impactado no solo en la clase política del país del sur, sino también en las élites de toda América Latina, incluyendo desde luego al Perú. Prácticamente nadie se esperaba el estallido, las movilizaciones masivas ni la radicalidad y la violencia, esta última desatada al parecer por grupos minoritarios.

Ante esto, los analistas de distintas tendencias se plantean la inevitable pregunta: qué ha provocado una protesta de tal magnitud, cuyas demandas cuestionan elementos claves del régimen neoliberal implantado hace más de cuarenta años. Los defensores del mismo sostienen que no es crisis del modelo, el cual tiene importantes logros, encontrándose aquí al menos dos tipos de argumentación: por un lado, quienes aluden a que las protestas son resultado de una falla del Estado y de las instituciones, mas no del libre mercado, desconectando el régimen económico de la institucionalidad, tal cual lo afirman al menos dos conspicuos neoliberales peruanos. Por otro lado, hay posiciones extremas, que sostienen la idea de una conspiración chavista, amparándose en un comunicado de la OEA, o en investigaciones que muestran –supuestamente– millones de tuits emitidos desde Venezuela o Rusia, incentivando la revuelta.

Al respecto, es curioso observar cómo los argumentos de los defensores del neoliberalismo se parecen a los esgrimidos por los defensores del socialismo real que, a fines de los años 80 del siglo pasado, se afanaban por demostrar que no era el modelo el que fallaba, sino su aplicación y las desviaciones en que se incurrieron, coinvirtiendo a este en una suerte de entelequia o esencia inmaterial.

Desde otras posiciones, se sostiene que el estallido es fruto de innegables fallas estructurales del modelo, especialmente de las desigualdades y de la arraigada sensación de injusticia social en millones de chilenos, pese a los altos estándares de vida que exhibe Chile en comparación con el resto de Latinoamérica. Por supuesto, hay quienes anuncian el fin del modelo.

Como se sabe, Chile es a la fecha el país líder de la región en producto per cápita, casi duplicando, por ejemplo, el peruano (en el 2018, US$ 24,190 a precios de paridad de poder adquisitivo versus US$ 13,810). Es también el de mejor posición en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas (lugar 44, versus 89 del Perú al 2017). Adicionalmente, solo el 8.6% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, frente al 20.5% en el Perú (cifras del banco Mundial), observándose también que la línea de pobreza chilena es hoy de US$ 228, en tanto la del Perú equivale a US$ 104 mensuales por habitante. Los analistas de orientación neoliberal abundan en estadísticas para demostrarlo, algo que han practicado con frecuencia en el Perú, cuando defienden inversiones mineras resistidas por la población (Conga o Tía María), tratando de deslegitimar con cifras macroeconómicas las demandas ciudadanas.

Pese a las posiciones extremas, hay una cierta coincidencia en que las protestas en Chile tienen como fondo la desigualdad económica y social persistente en un país de altos ingresos; los extremos a los que se llevó la privatización (especialmente en educación y salud), la desafección ciudadana ante un sistema político oligopólico, entre otros factores. Más allá de esto, la situación plantea en nuestro país la necesidad de reflexionar y obtener algunas lecciones.

En este sentido, en distintos círculos se afirma que difícilmente esto podría ocurrir en el Perú debido a las notables diferencias con la sociedad chilena, destacándose particularmente a la informalidad (por ejemplo, 75% de la PEA es informal hoy en el Perú). Siendo Chile un país altamente formal e institucionalizado, las demandas al Estado son mucho mayores que las que recibe el peruano, del cual un amplio sector de la población espera muy poco o nada.

Se tendría aquí entonces, una suerte de «colchón» que nos cubriría, no se sabe hasta cuándo, de un estallido social contra el modelo. Lo que antes se miraba con envidia (la institucionalidad chilena y su sistema político estable y fuerte), ha perdido hoy estima y no sería extraño que comience a revalorarse nuestra precaria institucionalidad. No hay que olvidar, sin embargo, que la informalidad expresa no solo la debilidad del Estado, sino también las brechas tecnológicas de la economía peruana, que se traducen en productividades e ingresos altamente diferenciados, lo que agudiza o, en el mejor de los casos, dificulta avanzar en reducir las desigualdades. No hay que alegrarse entonces de tener una informalidad tan grande, cuyos costos sociales son también muy altos (minería informal e ilegal, cultivos ilícitos, tala ilegal, transporte público informal, entre otros).

Los desafíos tienen que ver entonces con afrontar las desigualdades y brechas existentes, a través de la diversificación productiva; el impulso a las pequeñas y microempresas para la creación de empleos de calidad, más allá del sector extractivo; aumentar la presión tributaria, fortalecer la capacidad regulatoria del Estado (incluyendo por ejemplo, SENACE OEFA, OSINERGMIN, SUNEDU, a los que hay que dejar de recortar sus recursos y funciones) y la eficiencia de las inversiones públicas, avanzando más allá de la preocupación por desarrollar mecanismos de obras por impuestos o alianzas público-privadas, entre otros.

La crisis chilena es una advertencia para construir una economía más diversificada, inclusiva y equitativa, un Estado más eficiente, transparente y con capacidad regulatoria, una presión tributaria al menos similar al promedio latinoamericano, servicios públicos de calidad y –por último, pero no menos importante– un sistema judicial transparente y ágil, así como un sistema político más democrático y participativo. No es una fórmula que vaya a terminar con las protestas sociales, pero al menos podría reducir la inestabilidad y conflictividad social, pero sobre todo las desigualdades.

desco Opina / 8 de noviembre de 2019

La ficción del pacto social

En una coyuntura que compromete a los cuatro últimos expresidentes de la República en casos de megacorrupción y donde además el descontento social se traduce en desconfianza hacia el sistema, paros agrarios y movilizaciones en las calles que reclaman por nuevas elecciones, Martín Vizcarra asume la conducción del país como el nuevo Jefe de Estado.

Vizcarra aceptó su cargo frente a un Legislativo que dio la forzada apariencia de consenso y aprobación abierta. De cara a la clase política peruana, el nuevo Presidente de la República informó sobre su deseo de recuperar la confianza hacia el Estado, miró hacia el Bicentenario e invocó para un nuevo pacto social.

Durante su discurso en el Congreso de la República, expuso la agenda de lo que será su gestión: educación como eje central para la lucha anticorrupción, generación de empleo a través de la inversión privada para un crecimiento equitativo y estabilidad institucional para enrumbar al país dentro de un proceso democrático. Ese es el objetivo: reforzar la democracia a través de una serie de reformas para recuperar al país. Hay, sin duda, claridad.

Pero, las cosas empiezan a desdibujarse cuando queremos saber hacia dónde se apunta con este lanzamiento reformista, porque no es la primera vez que hemos escuchado propuestas similares y los resultados, como sabemos, solo han beneficiado a sectores de élite muy específicos. A nadie más. Y esto es así porque el marco sobre el que se quiere actuar deviene de manera cada vez más nítida como inadecuado e insuficiente para los cambios necesarios. Este marco es el constitucional, el mismo que organiza el modelo neoliberal desde 1993 y que ya no da fuego.  

Por eso, es necesario abrir el espectro político, generar un debate intenso y politizado, para establecer –políticamente–  la necesidad de generar un momento constituyente que nos conduzca a un nuevo ordenamiento normativo, con la esperanza de revigorizar la democracia, generar nuevos y más potentes actores que la sostengan y ofrecer más garantías para el ejercicio de derechos de los ciudadanos.

De esta manera, el nuevo pacto social está directa e íntimamente relacionado a una Constitución que admita las reformas económicas, educativas y políticas necesarias para sostener la (re)construcción del país que se quiere para el Bicentenario. Sin una nueva Constitución, el pacto social será una continuidad más de lo que hay actualmente y Vizcarra, sin pena ni gloria, pasará como el que pudo hacer cambios pero no lo logró.

Para evitar ello, y con el objetivo de impulsar una Constitución popular, Vizcarra tiene el reto de hacer andar el aparato estatal y así levantar desde lo local, provincial y regional, lo que será este nuevo pacto social. A través de cabildos abiertos, agendas locales y regionales, el Ejecutivo tiene el deber de articular con las instancias correspondientes para que el Estado se vea en la capacidad de responder y aunar esfuerzos y, a su vez, recoger lo que sería una campaña hacia el momento constituyente.

Así, se requiere construir confianza. Esto es básico para generar formas de acción política que deben politizar ciertas demandas sociales. Porque, aunque suene paradójico, este no es un Estado asediado por la demanda social, sino uno donde la gente se va a quejar, que no le da cosas, que no sirve, que no funciona, pero al mismo tiempo, no sabe bien ni le interesa muchas veces profundizar qué es lo que no está recibiendo.

En resumen, el pacto social debe significar, antes que nada, la movilización ciudadana porque no estamos ante una vibrante sociedad que se esté manifestando de manera institucional, simplemente ha adquirido intereses más locales, regionales, sin esperanza de lo que pueda dar lo nacional.

De esta manera, la ocasión para castigar al gobernante se da cada cinco años, con las elecciones, pero difícilmente estas situaciones levantarán una nueva legitimidad. Esto, además, tiene relación directa con el hecho de que se gobierna tomando decisiones diferentes a las promesas con las cuales se eligió a los gobernantes.

desco Opina / 28 de marzo de 2018