Historietas de piratas, corsarios y filibusteros

Son dos los temas que se entretejen esta semana en el escenario político del Perú que atraen nuestra particular atención, destacando en el día a día de la política del verano nacional. Por un lado, están las movidas  del mediático militar retirado y ex ministro del Interior Daniel Urresti, quien luego de salir del gabinete anunció su ingreso a la política con el Partido Nacionalista, y por otro, el anuncio público vía informe televisivo del procesamiento en el que se encuentran al menos dos suboficiales, miembros de la Marina de Guerra del Perú, acusados de espiar para Chile.

La noticia de la decisión del general EP en retiro Daniel Urresti de solicitar su inscripción como militante del Partido Nacionalista produjo diversos comentarios, varios de ellos confluyendo en pronosticar una posible candidatura presidencial basada en su popularidad, en un momento en el que son muchos más los que salen del partido de gobierno que quienes ingresan a sus filas.

En el caso del espionaje (industrial, aparentemente) la información no deja de ser confusa y sus efectos son poco menos que curiosos. Y es que solamente se sabe que se ha producido un espionaje por parte de tres suboficiales de la Marina de Guerra, quienes venían siendo procesados desde hace varios meses de manera reservada por su Arma, cuyas pruebas son documentos encriptados y, por tanto, se desconoce la materia específica de este delito. Lo concreto es que este hecho le permitió al Presidente de la República convocar al Consejo de Seguridad Nacional a los renuentes líderes del fujimorismo y aprismo quienes habían expresado su desinterés por acudir a un llamado anterior hecho por Ollanta Humala. Esta jugada le ha permitido al presidente, provocar algo muy parecido a un jaque a ambos líderes de la oposición y obligarlos a sentarse en su mesa para respaldarlo. Punto para Ollanta en este set al obligar a ello a Keiko Fujimori y Alan García.

En nuestra evaluación de la coyuntura ambos sucesos se trenzan pues sirven para fortalecer, o al menos darle algún aire al gobierno y al Partido Nacionalista en un momento crítico. En ambos casos el efecto inmediato de estas noticias es que sirven para la protección del jefe de Estado. Claro es también que constituyen solamente un débil aliento de corto plazo en medio de una estrepitosa caída de la popularidad del presidente y señora. Pensamos que han de servir de poco, pues finalmente son más apariencias que una efectiva recuperación de poder para Humala.

Dudamos por cierto que Daniel Urresti, seriamente encausado por su compromiso en el homicidio del periodista Bustíos, apenas pueda ser otro hombre y transformarse en un candidato presidencial con alguna opción sensata de éxito. Lo imaginamos  tan solo como la pequeña locomotora que arrastre algunos vagones más del nacionalismo. Esto es, sea el personaje popular, cabeza de lista, que contribuya a incrementar el respaldo electoral a quienes llevando los colores del humalismo aspiran ingresar al próximo Congreso Nacional, ahora que Nadine Heredia cae en desgracia y Ana Jara no levanta cabeza. Finalmente, su paso por el escenario de la política nacional es más parecido al de un personaje de opereta, burlón, grotesco y chocarrero, que una figura que encarne principios y valores.

Más serio y complejo aparece el acontecimiento del presunto caso de espionaje de suboficiales de la Marina por lo que significa para la institucionalidad de la Marina de Guerra del Perú. Por lo pronto su página oficial en la web no se da por enterada de estos sucesos y el tema se maneja «políticamente» desde el Ministerio de Defensa. Esto nos hace suponer que es el gobierno peruano quien le ha subido el tono a este asunto que en hipótesis plausible, podría ser un caso más de privatización mal habida de los servicios de inteligencia naval. Es decir, un caso de incumplimiento de los procedimientos de pesca dentro de las recientemente adjudicadas aguas en la frontera sur, facilitado por información sobre cuándo y dónde se ejerce la vigilancia por parte de la Marina de Guerra del Perú para que barcos chilenos sigan pescando sin autorización en aguas ahora peruanas. Para decirlo de otra manera, no es solo tráfico de información sobre nuestras rutinas de vigilancia marina, sino también de rebote, poner en evidencia la incapacidad naval del Perú para vigilar sus fronteras.  

Así las cosas, ambos sucesos, que en el corto plazo estarían –a criterio de diversos analistas políticos– fortaleciendo la imagen pública del Presidente y el gobierno, creemos que en el mediano y largo plazo le serán absolutamente desgastantes y perjudiciales y podrían implicar la pérdida de «soga y cabra», esto es, el respaldo de la Marina al actual gobierno y que por conveniencias electorales y cambios de correlación interna Daniel Urresti se haga del partido de los Humala-Heredia, convirtiéndose en su nuevo líder nacional.

desco Opina / 27 de febrero de 2015

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Un salto más allá del análisis de coyuntura

El asunto Oscar López Meneses nos recuerda no sólo que el llamado montesinismo vive y mantiene efectivas las redes tejidas por la mafia orquestada durante el gobierno de Fujimori. También nos muestra una dimensión radicalmente pragmática de la política local, al quedar claro los variados intereses que para su juego propio, intentan usar a este personaje gris: desde dilucidar conflictos entre policías y militares, hasta definir posiciones entre el gobierno y el fujimorismo, o el Poder Judicial y el Ejecutivo, entre otros frentes.

El caso, entrampado en dimes y diretes, es útil para mostrar la facilidad con que la atención pública –la de los medios y de los políticos de turno– se dirige hacia asuntos de aparente turbiedad, dejando lejos del escrutinio ciudadano, decisiones ahora mismo en curso para enfrentar al menos tres escenarios definitorios: la seguridad en el país, la eventual crisis económica y el futuro de las regiones luego de las elecciones de octubre.

La interpelación al ministro del Interior sobre su teatral desempeño confirma las limitaciones de nuestros congresistas para fiscalizar las políticas de Estado. Con las honrosas salvedades de Marisol Pérez (PPC), Rosa Mavila y Verónika Mendoza (Frente Amplio-AP), quienes le dieron dimensión política a la visita de Urresti al Parlamento, los demás congresistas naufragaron en lo insustancial, la chabacanería en el caso del fujimorismo, y la defensa acrítica y populista, del oficialismo, para quienes el del Interior es un ministro «exitoso» a quien se le interpela por que los peruanos somos por naturaleza envidiosos del éxito ajeno.

En el frente económico, una ola negra parece estarse formando en el horizonte y quienes administran la precaria bonanza peruana intentan ocultar lo evidente. Basta compararnos con los logros que exhiben hoy los gobiernos de Chile, Ecuador y la hasta hace poco menospreciada Bolivia, y lo que trabajan sus ministros de economía para resistir el embate, para saber que en el Perú hemos desperdiciado el ciclo de alza del que se benefició la economía nacional y permitió navegar «en automático» al gobierno de García tanto como al de Humala.

Al parecer, a diferencia de la crisis financiera del año 2008, ésta viene incubando desde hace tres años tendencias de naturaleza más profunda para la cual solo contamos con algunos ahorros que esta misma crisis se podría tragar. La educación, la salud, la diversificación productiva, el desarrollo agrario interno del país están con notas desaprobatorias y la lista de lo importante que no se ha hecho pero que debimos hacer aprovechando la bonanza, es dramática.

Un dato duro para el flujo de caja –y para la doctrina del chorreo– es que los proyectos mineros están bajando de velocidad, si no parando, y no necesariamente por conflictos con poblaciones que se resisten, sino como proyección y efecto de la crisis internacional (en nuestro caso principalmente por la menor demanda china de cobre). Las únicas salidas que imagina el gobierno parecen ser otorgar mayores facilidades al capital extranjero (incluida la relajación de la norma ambiental), iniciativas para bajar el IGV, –incluyendo lo que le toca al Impuesto de Promoción Municipal (IPM)  visto como fuente de corrupción– y establecer una reforma laboral que es en realidad otro «paquetazo» que reducirá beneficios y derechos a las y los trabajadores, a la medida de lo que exigen las insaciables Confiep y la SNI.

Los resultados globales de octubre y la pronta segunda vuelta en más de la mitad de las regiones, más que renovar el horizonte de la descentralización, aceleran la tendencia dictada a conveniencia desde el MEF: concentrar recursos, cerrar las arcas regionales y reducir el «ruido» político, así como tener una estrategia –no muy brillante, pero suficiente para la tribuna– que permita contar con cierta caja para los malos tiempos. En resumen: media docena de gobiernos potencialmente anti mineros, un buen grupo de candidatos ganadores o en competencia, que tienen juicios y pueden ser inhabilitados por sentencias, y un voto antigobiernista concentrado, por razones quizá opuestas, en Cajamarca y Madre de Dios.

En lugar de atender esto, seguimos entretenidos en procesos puramente coyunturales y en la construcción de estrategias políticas para las cada vez más próximas elecciones generales del 2016.  ¿Cómo superar esta situación y abordar temas verdaderamente de fondo para el futuro del país y sacudirnos de esta inercia?

desco Opina / 24 de octubre de 2014 
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Los derechos humanos

Urresti llegó a Interior, reemplazando a un cuestionadísimo Walter Albán y blandiendo como antecedente su paso como alto comisionado para la formalización de la minería. Allí mostró su estilo, muy preocupado en el impacto mediático –la espectacularización, podríamos decir– sin detenerse a explicar la eficacia de su acción. En suma, el medio –él– es el mensaje.

Este oficial del ejército, especialista en comunicaciones, aprendió rápidamente que dar a la gente lo que le gusta tiene sus réditos, algo compartido por más de un periodista para quienes la noticia tiene precisamente esas connotaciones. De esta manera, perfilado el binomio periodista-ministro era muy probable lo que, en efecto, empezó a generarse en Interior cuando el presidente Humala decidió entregarle su conducción.

De inmediato convocó a los oficiales policiales, se vistió como ellos, empezó a actuar como ellos, a hablar como ellos y, como no podía ser menos, nos aseguró a los ciudadanos que la seguridad ciudadana consistía en llevar a cabo cuantos operativos pudiera conducir en el menor tiempo posible. El resultado es que nadie parece dudar a estas alturas de la hiper-actividad del Ministro.

De esta manera, no es muy cierto lo que señalaron algunos especialistas en seguridad ciudadana como Fernando Rospigliosi o Carlos Basombrío, respecto a la falta de idoneidad de un general del ejército al frente de la cartera que debe velar por la seguridad pública. Urresti era un militar que rápidamente buscó transformarse en policía. Un policía rudo y duro, pero policía al fin y al cabo.

Otra fue la orientación que tomaron los hechos, cuando se reveló la probable participación –indirecta o directa– de Urresti en el crimen del periodista Hugo Bustíos, cuando se desempeñaba como oficial de inteligencia (S-2) en el Estado Mayor instalado en el cuartel de Castropampa, Huanta, durante la campaña contrasubversiva, en 1988.

Urresti dice que fue una infamia levantada por «un delincuente»,  Amador Vidal, su antiguo compañero de armas. A renglón seguido, asegura que aun siendo S-2 en Castropampa, cuando asesinaron a Bustíos, no sabía nada de lo que aconteció con el periodista. En otras palabras, afirma que si bien caminaba como gato, maullaba como gato y tenía cuerpo de gato era, en realidad, un conejo cuya importantísima tarea como oficial de inteligencia en un frente contrasubversivo era evitar que sus compañeros de armas se robaran los repuestos de los vehículos asignados a esa unidad.

Como se supondrá, los cuestionamientos al Ministro no ponen de lado la presunción de inocencia, a la cual tiene un indiscutible derecho, aun cuando sus puntos de vista –«Mi intención no es pisar callos a la delincuencia, sino destrozarle la cabeza a patadas»– parecieran abonar lo contrario. Es simplemente exigir las mínimas credenciales democráticas a quienes nos gobiernan.

Pero, el problema no se reduce a un ministro que cree ser instrumento de una misión trascendental y un Presidente que se niega a ver lo complicado del asunto. Hay algo más, como señala Jorge Bruce: «Mi impresión es que quienes apoyan a Daniel Urresti en su puesto lo hacen no porque creen en la presunción de inocencia, sino que probablemente les parece que su eventual culpabilidad juega a su favor».

Lo que trata de decirnos Bruce es que para una gran parte de los peruanos sólo alguien de sus características es capaz de detener la violencia y la criminalidad en nuestro país, para lo cual «la ley comienza a ser percibida como un obstáculo».

Los resultados empiezan a confirmar esta aseveración. Según una última encuesta, Urresti alcanza un 25% de aprobación frente a un 51% de desaprobación, y a un 24% que prefiere no opinar. En cambio, al 61% de la población le gusta su estilo de gestión, de operativo en operativo. Con ello, además de los problemas evidenciados en el Ejecutivo, donde se generaliza la idea de cerrar los ojos para no ver, ahora debemos sumar los que provienen desde la propia sociedad peruana en la que parece preferirse una «solución» circunstancial mediante patadas y cabezazos, frente a planes debidamente estructurados y con resultados previsibles.

En el medio, los derechos humanos aparecen, nuevamente, como suspendida materia: un Plan de Derechos Humanos no puede ser aprobado, como se ha hecho en estos días, con tantas observaciones y críticas producto de una deficiente consulta. Tampoco puede ser aprobado en momentos tan inoportunos y, qué ironía, firmado por un ministro procesado por delitos de lesa humanidad.

desco Opina / 18 de julio de 2014 

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Saltando de la olla a la sartén

Con la popularidad cayendo en barrena y luego de salvar eventualmente un semi hundido Gabinete Ministerial, el presidente Humala y su agónico Premier deben ahora maniobrar para evitar colisionar frontalmente con los embates de los mineros informales-ilegales-artesanales.

Como cuestión previa, nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con los esfuerzos que debieran hacerse para aligerar los procedimientos de formalización y combatir drásticamente las actividades ilegales. Ello está fuera de toda discusión.

Sin embargo, es igualmente obvio que la «estrategia» seguida por el gobierno central para manejar el asunto que tiene entre manos y enrumbar hacia una solución, solo aparece como deplorable por todos sus costados. Al respecto, queda sumamente ancha la palabra «estrategia» en una posición gubernamental en la que su vocero calificado –el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental– luego de seis meses en el cargo, aún no termina de definir con claridad cuál es el problema, cómo lo va a enfrentar –además de los prometidos dinamitazos– y qué tipo de resultados debemos esperar con su gestión.

Dicho funcionario,  Daniel Urresti, un oficial retirado del Ejército, considera que llegó la hora de «poner orden». No está mal, claro está, pero a estas alturas, con los mineros en las calles y carreteras, por un lado, y en intenso cabildeo con las autoridades, por el otro, se debería tener ciertas cosas ya zanjadas si de «poner orden» se trata. Por ejemplo, aun cuando se había constatado desde años atrás las enormes dificultades para definir y conceptualizar a la minería informal/ilegal en tanto no tipificaban con lo que la legislación denomina «pequeña minería tradicional», muy poco o nada se ha avanzado al respecto, pese al considerable número de personas que involucra y de su importante contribución en cuanto a volumen y valor de producción, particularmente en el rubro aurífero.

Sobre esto último, para la Presidencia del Consejo de Ministros, en nuestro país existen unos 100 mil mineros ilegales, de los cuales 70 mil han expresado su deseo de formalización. Pero, según la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú la actividad de extracción informal concentra a más de 300,000 mineros en todo el país.

De igual manera, tampoco hay precisión acerca del valor total que produce esta actividad. Según la Federación de Mineros Artesanales, el sector informal genera ingresos por 850 millones de dólares anuales. Para otras fuentes, los mineros informales producen alrededor de 24 toneladas de oro, valorizadas en 500 millones de dólares. Según las autoridades peruanas, la actividad informal representa alrededor del 20 por ciento de la producción nacional de oro (40 toneladas anuales) y genera unos 2.600 millones de dólares al año.

Dadas las cosas de esta manera, el 25 de marzo el gobierno llegó a acuerdos parciales con algunas de las federaciones de mineros, siendo una parte sustancial de los mismos el inicio de una etapa de «saneamiento» a partir del 20 de abril, con aquellos productores que hayan decidido formalizarse.

Hasta allí todo bien si no fuera que el intento de salir de un agujero negro está invitando, al parecer, a ingresar a otro. ¿Qué es el referido saneamiento? Según la PCM, «contempla diversos aspectos como facilitar la suscripción de los contratos de explotación minera de acuerdo a ley y en condiciones justas; generación de alternativas de solución sobre la problemática relacionada con los contratos de explotación; fiscalización de las posibles concesiones mineras, el uso óptimo en el manejo de insumos, entre otros». En otras palabras, un perfecto galimatías.

Es decir, todo parece indicar que para el actual gobierno, la «solución» consiste en saltar de una confusión a otra. Es el denominador común que, lamentablemente, enlaza esta situación específica con todos los demás desafíos que se le presentan con urgencia de resolución.

 desco Opina / 28 de marzo de 2014

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