Elecciones con doble rasero

La reciente contienda electoral desarrollada en el país nos lleva a reflexionar sobre el desconocimiento del juicio y las demandas que los peruanos esperan de los partidos políticos en su afán de representatividad, donde las sorpresas ya no solo radican en los departamentos del sur, sino también en la propia capital. La legislación no ha podido salvarnos de la evidente fragmentación del Congreso, dejando de esta manera posibilidades para la continuidad de procesos poco transparentes y representativos.

También sabemos que al interior de cada elección lo que se tiene son pobladores que, bajo su desconcierto, militancia o esperanza, determinan su voto. Para el país, es notoria la trayectoria de elección que ha mantenido la zona sur, donde Huancavelica no es ajena al depósito de su confianza a los representantes vinculados a lo que conocemos como la «izquierda», afinidad que ha sido constante durante los últimos procesos electores.

Los resultados electorales en la región Huancavelica, designan como representante –y además con la mayor cantidad de votos– a un virtual congresista de Unión Por el Perú, partido al que hoy se le califica como el más radical de la izquierda, aunque éste no considere esa orientación dentro de sus parámetros de ideología política. Esta tendencia no solo ha calado a nivel de Huancavelica, sino también en el resto de la zona sur del país, desplazando al Frente Amplio, referente en la contienda del 2016.

Entonces, lo que encontramos como resultado de fondo de esta elección congresal, no es sino un constante reclamo por la ausencia histórica del Estado que, sin embargo, entra en conflicto a nivel local, cuando constatamos que en Huancavelica sus funcionarios regionales de más alto nivel, se encuentran actualmente envueltos en procesos judiciales por delitos de corrupción. Es el caso del gobernador regional Maciste Díaz, sobre el que pesa una sentencia de cuatro años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple por los hechos vinculados a la compra de computadoras portátiles en el año 2014 (durante su primera gestión), según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica.

En condiciones parecidas se encuentran otros funcionarios de su actual gestión y exfuncionarios de confianza de la anterior. Igual suerte corre su vicegobernador, Guillermo Quispe Torres, sentenciado a ocho años de prisión por haber formado parte de un comité de selección del Gobierno Regional de Huancavelica que en el 2013 favoreció al Consorcio Capillas I, en una licitación para la construcción de una carretera en Paucará.

Es decir, aparentemente existiría un doble rasero para elegir autoridades y representantes en Huancavelica, pues pareciera que sus representantes nacionales son escogidos por plantear un discurso radical contra la corrupción, mientras regionalmente, insisten con autoridades muy cuestionadas en ese sentido.

Más allá de los motivos que estén detrás de estas decisiones, lo que debemos comprender es que no fomentan la construcción de un escenario adecuado para debatir y procesar las decisiones indispensables que permitan superar los problemas históricos de Huancavelica.

¿Cómo puede pensarse en una apuesta sólida y participativa para el desarrollo de la región cuando se tiene por un lado a pobladores que reclaman hacia afuera una desatención histórica para el caso de Huancavelica, mientras al interior se podrían estar conformando con la desastrosa frase «roba, pero hace»?

desco Opina - Regional / 7 de febrero de 2020

descocentro

Ensayo general

Finalizó uno de los procesos electorales más desconcertantes que podamos recordar. También pudimos decir que fue decepcionante, pero creemos que una parte considerable de los peruanos no dudaba de un desenlace como el que mostró la contienda. En suma, no podía decepcionar lo que ya se presentaba devaluado ante nuestros ojos.

Como afirmaba Murphy en su famosísima ley, si algo puede salir mal, saldrá mal. En materia política, las cosas en el Perú pueden salir mal desde hace décadas y, de hecho, han estado saliendo mal. Luego de la disolución constitucional del Congreso en setiembre del año anterior, debíamos elegir nuevos integrantes del Parlamento, esperanzados en obtener algo cualitativamente mejor que el Congreso dominado por una mayoría fujimorista que interpretó la política como el arte de hacerlo todo imposible mediante el uso de artimañas, imposiciones y colusiones con colegas indefectiblemente delincuentes.

Suponer la política –como fue el caso del fujimorismo y otros grupos parlamentarios– como un negocio, hacer de la representación política un asunto proclive a transarse en el mercado, concebir el financiamiento de las campañas como una actividad empresarial, mostrar un ejercicio torpe de la representación y la práctica ausencia de habilidad política, terminaron por hundir un poder del Estado que, dicho sea de paso, nunca tuvo un nivel aceptable de aprobación.

Por ello, no tenía que llamar a sorpresa la alta indecisión previa. El descrédito del Congreso tiene una larga data entre nosotros y no se debe exclusivamente a la actuación fujimorista-aprista de los últimos años. Aunque en primera instancia pudo ser sorprendente que ninguna agrupación política lograra una clara mayoría, visto ahora no pareciera ser tal, y esto las obliga a poner de manifiesto capacidades políticas para la negociación que no muestran hasta el momento.

Sumado a ello, queda un amplio margen de duda sobre la representatividad de los elegidos y, lo que es más, se ha concedido representación congresal a opciones confesionales, xenófobas, machistas, represoras y demás, dejando constancia que la acción política del ciudadano peruano difiere radicalmente del «deber ser» imaginado por el liberalismo.

El resultado obtenido, entonces, pareciera un capítulo más de un «control ciudadano» que tomó forma tiempo atrás con la sentencia “que se vayan todos” que, si bien ha limitado a la fuerza la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios del Estado peruano, ha devenido en una fórmula informal de accountability vertical ante la defección de los canales institucionales y, por lo mismo, un mecanismo sumamente precario que no propende al fortalecimiento democrático.

Asimismo, la democracia peruana se caracteriza por funcionar con remedos de partidos políticos y casi nos hemos acostumbrado a aceptar que ese es el quid del problema, sin reparar en mayor medida que el Estado peruano funciona con instancias oficiales cuyas competencias son difusas, graves desarticulaciones verticales con los niveles subnacionales de gobierno y ámbitos sin funciones definidas que, finalmente, hace de los pesos y contrapesos entre poderes una cuestión que es cotidianamente superada. El resultado de esta situación ha sido el profundo distanciamiento ciudadano de las instituciones.

Es cierto que hubo voluntad para corregir en algo esta situación, cuando el presidente Vizcarra buscó implementar una reforma del sistema judicial y, luego, una reforma política cuya legitimidad la sancionó mediante referéndum. Sin embargo, hasta el momento no vislumbramos cambios y a juzgar por las preocupaciones manifiestas por los probables congresistas electos, vamos a tener que esperar mejores tiempos.

Entonces, lo que tenemos es el reacomodo de un sistema político que presenta síntomas de no dar para más, pero que tampoco tiene actores y líderes que podrían conducir su reforma y consolidación. En esa línea, si algo positivo podemos extraer de esta experiencia, es que se ha propuesto como un piloto para las elecciones «de verdad»: las del próximo año. Algo debe hacerse –y pronto– para subsanar siquiera en parte la enorme carencia de organicidad de los partidos y competencia de los candidatos.

desco Opina / 31 de enero de 2020

¿Capítulo nuevo?

A unos días de los comicios, más de la mitad de los electores no tienen definido aún su voto o anuncian que lo harán en blanco o viciado. No es sorpresa. Al poco interés que despierta la elección, se añaden factores siempre presentes –las limitaciones de las encuestas en el interior del país que se agudizan por la cantidad de aspirantes, la «costumbre» de decidir a último momento y el ausentismo regular–, que no pueden esconder el que la mayoría que demandaba el cierre del Congreso anterior no estaba necesariamente interesada en la renovación de la política.

En este escenario, la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional declarando infundada la demanda competencial que presentara el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso, cerró un capítulo de la historia reciente del país, validando la decisión del Ejecutivo del 30 de septiembre pasado. Los argumentos de fondo de la ponencia aprobada, precisaban que en aquella fecha el entonces Premier Del Solar propuso un proyecto de ley sobre la forma de elección de los miembros del TC, además de pedir la postergación del proceso de nombramiento que se iniciaba ese día.

La pretensión de declarar inconstitucional el cierre del Congreso, sostenida en el supuesto uso de una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, la llamada denegación fáctica que argumentara en su momento el Presidente de la República, fue finalmente derrotada a pesar del apoyo sostenido que tuviera en la última semana en la mayoría de medios de comunicación masiva. La misma, hay que ser claros, no apuntaba a reponer a los anteriores parlamentarios ni a paralizar el proceso electoral del 26 de enero. Buscaba sí, proveer de un arma punzo cortante contra el mandatario al futuro Congreso y a su oposición.

Los últimos metros para los próximos comicios, aparecen entonces despejados de mayores obstáculos. En esa dirección, el primer debate organizado por el JNE evidenció, por si fuera necesario, la debilidad de una campaña que no despierta mayor interés. La pobreza de ideas que se observó en el evento y la limitada información existente sobre los candidatos, muchos de los cuales parecen creer que aspiran a la Presidencia del país dadas sus ofertas electorales, contrastó con el «histrionismo» de un JNE que ha excluido a cerca del 15% de los postulantes, recurriendo a formalismos extremos; a la par que para «alentar» la fragmentación electoral a futuro, decide obviar la cancelación de la inscripción de los partidos que no superen el 5% de los votos válidos, sosteniendo el carácter “extraordinario” del proceso en curso.

El próximo 26 de enero, el ausentismo y el voto en blanco o viciado, dejarán la decisión de la composición del Congreso en manos de quienes opten. Aquella será resultado de los porcentajes de los votos válidos, es decir de los dirigidos a algún partido; además, sí se vota por cualquiera de ellos pero no se usa el voto preferencial, quienes sí lo hagan, terminarán determinando la composición final del Parlamento.

En medio de sus debilidades, el Ejecutivo, que afirmó sus razones con el fallo del TC, parece haberse percatado de esta situación. De allí la convocatoria reciente a las Comisiones que formularon a su pedido las propuestas de reforma de la justicia y reforma de la política, seguramente con la intención de «alimentar» a una representación que por lo visto hasta ahora, será posiblemente fragmentada y poco ordenada, por lo tanto bastante más débil que la anterior.

De esta manera, en el corto plazo el mandatario y su gobierno, se afirman. Los sectores más renuentes a cualquier pretensión de cambio político terminaron derrotados el 30 de septiembre pasado. Ni han desaparecido ni los pocos pasos dados cambian realmente la situación. Para peor, el cambio social y económico parecen aún más lejanos y difusos en una agenda nacional, donde el gobierno y parte de su oposición, coinciden en mantener el orden de las cosas sin ninguna idea inspiradora que nos acerque a la propuesta sobre el futuro de un país que quiere celebrar el Bicentenario.

desco Opina / 16 de enero de 2020