Carretera Central, la noticia olvidada

 

Pareciera que sólo las noticias acerca de la pandemia capturan el interés de la ciudadanía, de otro modo no se explica cómo pasó desapercibida la nota periodística que informaba que el Ejecutivo firmaría en el mes de abril un contrato de Gobierno a Gobierno para implementar el proyecto de la nueva Carretera Central, obra que es requerida y demandada hace décadas por las regiones del centro del país. El nuevo trazo propuesto hasta llegar a Yauli, involucra a dos distritos de Lima Metropolitana y seis de Huarochirí, así como a dos gobiernos regionales y hasta tres provinciales, por lo que las negociaciones han sido arduas y cargadas de tensión.

Muchas localidades de la actual carretera serán afectadas, porque perderán su ubicación estratégica que les permite promover negocios de alimentación y hospedaje para los viajantes. Si bien es cierto sólo se intervendrá en 136 kilómetros hasta La Oroya, contará con dos vías de dos carriles cada una, túneles y viaductos, lo que reducirá el tiempo de llegada de Lima a La Oroya, así como las inseguridades viales y, por ende, los costos del transporte de personas y mercaderías serán más accesibles. No está demás señalar que el 30% de los productos agrícolas que llegan a los mercados de abastos de Lima Metropolitana, provienen de las regiones del centro del país, por lo que esta obra es vital para abastecer las mesas de las familias limeñas.

La intención de ejecutar la obra mediante el esquema “Gobierno a Gobierno”, se inició en setiembre del año pasado; este mecanismo de ejecución de obras ofrece muchas ventajas, es decir, los contratos no se limitan a tercerizar la contratación de la obra pública. Más allá de la infraestructura, lo particular de este mecanismo es que se desarrolla una asesoría técnica especializada para la gestión de los procesos de contratación, y en la formulación y ejecución de los proyectos, incluye la provisión de bienes y servicios, la generación de capacidades a través de legados y planes de transferencia de conocimientos.

Existen varios precedentes, siendo el más emblemático el comprometido para los trabajos de construcción del complejo de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que en el marco del acuerdo Gobierno a Gobierno que suscribieron Perú y Reino Unido, proponía un trabajo colaborativo entre las partes, priorizando el cumplimiento del plazo de ejecución, la inmediata resolución de cualquier controversia sin paralizar el contrato y el pago de incentivos por mejoras al costo y plazo. Nadie puede negar que, para desarrollar los referidos juegos, se requería un esfuerzo en construcción de infraestructura deportiva más adecuada cumpliendo tiempos muy exigentes.

En su momento las voces de varios sectores políticos exigieron suspender su desarrollo por una supuesta imposibilidad de tener a tiempo las construcciones; sin embargo, el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos fue tan exitoso, que mereció el importante reconocimiento en el Reino Unido al ser galardonado en los Premios NEC 2020.

Como trasfondo podemos señalar que, la Ley de Contrataciones del Estado tiene tal rigidez y una serie de limitaciones o vicios, que más pueden entenderse como trabas que no permiten que las obras de infraestructura se realicen mediante procesos dinámicos; por lo que no es capaz de responder rápidamente a la prioritaria necesidad de construir en los tiempos más cortos posibles esta carretera. Bajo esta modalidad, existen actualmente muchas obras paralizadas, a veces por causales graves, pero también las hay nimias e intrascendentes.

Optar por un esquema de contratación que sin ser nuevo aún requiere de mucho afinamiento es todo un reto, sobre todo en este caso, en el que para este “Proyecto Especial”, las entidades estatales involucradas serán muchas y muy variadas (Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, entre otros) cada una con sus propios perfiles y prioridades institucionales. Según informa Provías Nacional, se han recibido propuestas de cuatro países: Japón, España, Corea del Sur y Francia, y es probable que en el próximo mes de abril se otorgue al ganador y se formalice el contrato. Este formato de contratación no escapa de la posibilidad de actos de corrupción, de modo que se espera mucha atención de la Contraloría General de la República y contar también, con una eficiente y propositiva vigilancia ciudadana.

 

desco Opina - Regional / 19 de marzo de 2021

descocentro

Doe Run, ¿una bomba de tiempo para PPK?

En la última semana ha causado gran revuelo el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, ante los mineros de La Oroya, sobre todo cuando pidió a los trabajadores hacer una especie de pacto con él: «ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante» para luego agregar: «ustedes saben quién controla el Congreso. Hagamos una marcha al Congreso y no dejen morir La Oroya». Estas declaraciones encontraron eco; la mayoría aludió a una supuesta actitud confrontacional contra el Fujimorismo, lo que alejaría posibilidades de diálogo con el partido naranja, que obtuvo clara y amplia mayoría en el nuevo Congreso. Otros  lo acusan de demagogo y hay hasta quienes ya encontraron una acción de lobby empresarial detrás del mensaje, porque empresarios chinos interesados en comprar los activos de la empresa estaban de tránsito por la ciudad, evidentemente no para hacer turismo. Los representantes de los acreedores laborales de la empresa no están muy seguros de que esta marcha sea la mejor opción y buscan una entrevista privada con PPK para llegar a acuerdos. Otro sector político minimiza las posibles consecuencias de una movilización de los trabajadores, aunque le refresca al presidente electo que él asumiría sus responsabilidades políticas de ser el caso.

El trasfondo real es más grande que los discursos. Este 27 de agosto se vence el plazo para la liquidación de la empresa, por lo tanto el cronómetro de esa bomba de tiempo ya estaba encendido mucho antes que PPK estuviera en el estrado como orador principal y, según señalan algunos, esta cuenta regresiva por la supervivencia de la refinería se inició en la década de los 90. Dada la naturaleza y realidad de la empresa, las decisiones de ese entonces son cruciales para entender el momento presente.

El crítico escenario ofrece opciones; la primera es la liquidación simple con el cierre definitivo de la empresa, el remate de sus bienes y el cese colectivo de todos sus trabajadores; la segunda, la subasta internacional que requeriría de expresiones de interés debidamente argumentadas técnicamente en materia económica así como ambiental y en ese caso, tal vez –sólo tal vez– gran parte de sus trabajadores actuales recuperarían sus puestos laborales. Existe una tercera opción que es la venta parcial de sus activos, opción vigente puesto que habría empresas interesadas, pero esta opción es poco discutida porque aparentemente no es provechoso para los acreedores subastar los activos por partes.

Sea cual fuere la opción, todo debe de concluir este 27 de agosto y aparentemente el discurso de PPK buscaba generar condiciones políticas para que el Congreso de la República acepte una decisión del Ejecutivo para la extensión de este plazo. Esto sería precisamente lo que las empresas interesadas solicitan, porque han evaluado que el tiempo disponible es escaso para elaborar y presentar propuestas. Esta extensión del plazo da un respiro al gobierno sobre este espinoso tema, pero también sería un mal precedente para el Estado peruano porque al ser una norma con nombre propio, daría justificación para que, en otros escenarios conflictivos, las empresas extractivas soliciten una atención jurídica especial.

El debate seguirá siendo amplio y empezarán a refrescarse los otros temas que en el actual contexto pocos ponen sobre la mesa, concentrados como están los actores políticos, en lo económico. Temas como los pasivos ambientales en la ciudad de La Oroya, pasivos que han sido puestos de manifiesto por profesionales de la salud nacionales y extranjeros pero que son minimizados por la población en su interés de seguir trabajando. Otro es la reconversión laboral de los trabajadores, que parece no haber funcionado; en el colectivo ciudadano sigue primando la vocación minera que tiene esta ciudad.

Otro de los temas, que acaba de resolverse tenía que ver con un arbitraje internacional del Grupo Renco, principal accionista del complejo minero Doe Run contra el Estado peruano. Se ha resuelto a favor del Estado peruano sobre la demanda en su contra por 800 millones de dólares americanos, que hizo Renco al amparo de los considerandos del TLC suscrito con los Estados Unidos. El hecho que el Gobierno peruano pretenda ser recono cido como el mayor acreedor en la junta ante Indecopi (debido al incumplimiento del PAMA), constituyó según la Doe Run Perú (DRP), un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del Tratado. El otro asunto es que, según sus argumentos, el Estado peruano tuvo un trato discriminatorio que favoreció a la empresa peruana Activos Mineros que tampoco cumplió con sus compromisos referidos a la remediación de los pasivos ambientales de La Oroya y que, a diferencia de la DRP, no ha sido sancionada (art. 10.3 del TLC). Si bien este tema ha cerrado, existe otra demanda judicial contra la empresa que data de 2010, de parte de pobladores de La Oroya por la afectación a la salud de 107 niños y niñas y que ha sido admitida por un juzgado de Missouri, y de la cual no se tiene mucha información.

Más allá del discurso público, de quienes sólo vemos este problema desde los noticieros, está la realidad; no es secreto que esta ciudad ha crecido alrededor de este complejo metalúrgico y su contexto actual tiene en jaque a toda la población, porque dicho complejo constituía la principal fuente de empleo y su paralización en el año 2009 por sus problemas y deudas acumuladas ha traído graves consecuencias sociales como la migración de sus habitantes, el incremento de la deserción escolar, el cierre del 35% de los negocios formales y el auge del comercio informal de sobrevivencia. Los sueldos de sus 2192 trabajadores fueron reduciéndose paulatinamente y en la actualidad por decisión de la empresa encargada de velar por los intereses de los acreedores en el proceso de liquidación (incluidos los trabajadores como acreedores laborales y el Estado con el 60% de las acreencias) este personal no percibe ni un sol. En definitiva, y pese a los serios cuestionamientos contra la empresa, hace siete años la economía de La Oroya languidece debido a la paralización de actividades de la Doe Run.

El discurso de PPK tocó un tema complicado pero ineludible, tal vez no haya sido la forma correcta pero eso no quita que el problema exista. La tensión en la que viven miles de familias de La Oroya no puede sernos indiferente. La respuesta del sindicato al pedido de marcha de apoyo no ha sido positiva, pero es casi seguro que las vigilias previas al 27, las vivirá todo el centro del país. Es conocido que entre los repertorios de la protesta social en esta ciudad está el bloqueo de la Carretera Central. ¿Tendrán el nuevo Presidente y su flamante Gabinete así como el nuevo Congreso las capacidades para afrontar esta coyuntura?, quedamos en compás de espera hasta el 27 de agosto.  

desco Opina - Regional / 20 de julio de 2016

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