La quimera del Bono Familiar Universal

El 23 de abril (día 39 del estado de emergencia), el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció la asignación del Bono Familiar Universal. Este bono estuvo bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el ámbito rural, y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el ámbito urbano. De acuerdo con el portal oficial bonouniversalfamiliar.pe, el bono está definido como un subsidio monetario por un monto de S/ 760, entregado por única vez como medida de protección económica a los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del Covid-19. Estos hogares, estarían conformados por familias en situación de pobreza y pobreza extrema y, además, hogares cuyo jefe o jefa está en el grupo de trabajadores independientes e informales.

La inscripción a este bono se dio a través de una plataforma en línea que estuvo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el diseño de esta plataforma contempló dos páginas: una para hogares con acceso al bono y otra para el registro de familias que no pudieron acceder a ninguno de los bonos. Rápidamente se evidenciaron múltiples factores que han tenido repercusión directa en el acceso al bono por parte de muchas personas.

Aspectos referidos, por ejemplo, a que para obtener este subsidio “ningún integrante del hogar se encuentre registrado en planilla en el sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa”, según se detalla en el Decreto de Urgencia Nº 052-2020, deja fuera de este beneficio a los casos donde al menos un integrante puede percibir el salario mínimo de S/ 930. Para poner un ejemplo práctico, imaginemos un hogar de cinco personas, de las cuales una de ellas trabaja y está en planilla, ganando el salario mínimo; a este hogar no se le otorgaría el bono, a pesar de que el ingreso mensual por cada miembro de la familia sería de S/ 186 y esté rozando el límite de la pobreza extrema monetaria. O en el otro extremo del mismo decreto se menciona que, “ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3000 soles”, ello no contemplaría el universo total de población que percibe ingresos de manera informal; de acuerdo al INEI, esta cifra es de 72,6%, con lo que es probable que el beneficio haya sido obtenido por alguien que realmente no lo necesita.

Entre los aspectos que dificultan el acceso al bono, está el poco criterio manifiesto en los comunicados oficiales de los ministerios, los cuales no han considerado que hay muchos hogares incapaces de cumplir con requisitos tecnológicos para acceder a éste, pues es indispensable contar con un móvil e internet, ya que el sistema obliga a verificar un número de celular a través de SMS y también se recomienda realizar capturas de pantalla del dispositivo, obligando al usuario a tener habilidades básicas sobre el uso de estos equipos. En ese sentido, ni la página oficial ni el Decreto de Urgencia Nº 052-2020 mencionan alguna actividad relacionada a procesos de inscripción o empadronamiento presencial y/o algún mecanismo alternativo para que las familias sin tecnología puedan obtener el subsidio, las cuales representaron el 15,6% (1 285 252) de la población encuestada en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017, 8,7% en el área urbana y 39,4% en el ámbito rural.

Sumado a esto, los problemas de saturación durante los diez días de inscripción y la pobre seguridad del portal que permitió que una banda de ciberdelincuentes cobre bonos mediante suplantación de las personas beneficiarias, son aspectos que terminan de evidenciar la poca capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a una demanda ávida de soluciones rápidas, concretas y eficientes.

En síntesis, se sabe que ningún sistema de subsidio es perfecto, aunque para el desarrollo del Bono Familiar Universal el Estado ya tuvo experiencia previa, datos y observaciones como para mejorar los indicadores de focalización de hogares, experiencia del usuario/a en portales web, seguridad, atención al público y facilidades para el cobro. Se ha tomado lo general para el diseño y no lo particular, que es importante, ya que los hogares en extrema pobreza son los que tienen mayores obstáculos para acceder al sistema ofrecido.

Finalmente, más allá de los límites en su concepción, las falencias del Bono Familiar Universal, son también resultado de que el SISFOH no se ha consolidado como sistema de focalización a pesar de sus 16 años de vigencia. Es preocupante que tras más de una década de financiamiento, avances tecnológicos y dos censos de población y de vivienda, aún no se tengan datos que cumplan con estándares de confiabilidad o que al menos estén actualizados, motivo por el cual, la quimera no solo radica en el bono, sino también en que la ciudadanía confíe en la información generada.

desco Opina - Regional / 10 de julio de 2020

descoCiudadano

Qali Warma y las cadenas de la informalidad

Uno de los argumentos del MIDIS para la desactivación progresiva del PRONAA y el lanzamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma –en su reemplazo–, señalaba que el primero «no funcionó bien y descuidó los criterios nutricionales de la población escolar». Sin embargo, pese a lo acertado de esta apreciación, la nueva propuesta no recogió las lecciones que dejó la experiencia pasada sobre todo en materia nutricional. El equipo de profesionales que lideraba el componente alimentario –el más importante del programa– estaba constituido por ingenieros de industrias alimentarias, cuyo perfil profesional no era el más adecuado para este propósito. Por esta razón, se cometieron errores en la selección de insumos para las dietas, tal como lo señaló en su momento el Colegio de Nutricionistas del Perú. Quedó demostrado que se distribuían productos que contravenían el espíritu de la recientemente promulgada “Ley de la comida chatarra”. La Ministra Trivelli aceptó el error de su portafolio y asumirá las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud; algo que se pudo prever con una adecuada composición y selección del equipo técnico necesario para implementar este tipo de programas.

En la selva central este tipo de programa presenta una seria problemática: la informalidad y precariedad presente en los niveles públicos y privados. Empezando por los proveedores locales que ofrecen poca garantía sobre la calidad de los productos (autenticidad y vigencia), tanto como en las condiciones de almacenamiento y traslado de los mismos y, sumado a ello, la poca capacidad estatal para la fiscalización y monitoreo del servicio y para deshacerse del stock que ha superado su fecha de caducidad. Esta situación es más dramática aún en el interior del país, sobre todo en escenarios rurales, donde el programa ya ha sido denunciado por deficiencias como proporcionar alimentos en mal estado a colegios. Conservas de pescado malogradas, yogurts con gusanos, entre otras perlas, han sacudido los primeros meses de la implementación. La Ministra atribuyó el problema a compras del fenecido PRONAA.

Las escuelas rurales, no ocultan su alegría al saberse seleccionadas para ser beneficiarias del programa, pero es allí cuando las limitaciones de infraestructura local hacen sentir su presencia. Ausencia de energía eléctrica, inexistencia de cadenas de frío, caminos deficientes que deterioran los productos perecibles, falta de espacios adecuados en las escuelas para el almacenamiento y preparación, inseguridad para evitar los robos, carencia de utensilios y mobiliario para el consumo de los alimentos preparados, insuficiencia de cocinas para la cocción; entre otras limitaciones, que ponen en riesgo la calidad e inocuidad de los menús. A todo ello debemos sumar el poco conocimiento de los padres de familia en temas de manipulación de alimentos, así como las limitaciones de recursos humanos y financieros de las dependencias locales del MINSA que no aseguran a los usuarios una supervisión eficiente, lo que nos hace suponer que el riesgo de contaminación, o la aparición de nuevas denuncias por insumos en mal estado estará siempre latente.

En muchas escuelas rurales en la selva central –especialmente las multigrado– son los mismos maestros los que con buena voluntad se dedican a la preparación de alimentos para sus alumnos, en desmedro de las horas que deben dedicar al dictado de clases. Esta es una situación inapropiada pero realista, porque las organizaciones de padres de familia no pueden asumir ese compromiso dada la dispersión de sus viviendas y las distancias en relación a la institución educativa. En el Programa del Vaso de Leche sucede una situación similar, y por ello, las municipalidades locales aceptan que no se efectúe la preparación de alimentos como exigen las normas, sino la distribución del insumo para facilitar que de esa manera llegue a la gran mayoría de beneficiarios.

Recientemente el primer mandatario señaló «…lo que tratamos de hacer con este programa es luchar contra la corrupción que hubo en el PRONAA…»; al parecer no será fácil erradicar la corrupción de los programas sociales; porque de lo contrario no se explica que hubiese sido necesario que el programa acoja las recomendaciones de la Contraloría, en cuyas visitas de monitoreo se hallaron serias irregularidades en 230 colegios de Lima Metropolitana. Vistas así las cosas, la corrupción e improvisación serán las duras cadenas de este tipo de programas sociales; un duro lastre para conseguir y observar resultados en materia nutricional.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2013
Programa Selva Central
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Políticas inclusivas para la nueva ruralidad altoandina

Asistimos a un escenario muy esperado por las sociedades altoandinas: la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encabezado por Carolina Trivelli, implicaría una serie de políticas concertadas y operaciones dirigidas a enfrentar la pobreza, a mejorar la distribución del ingreso y los activos, así como a la superación de las privaciones sociales y la falta de voz y poder de los grupos excluidos.

En regiones como Huancavelica, donde la población es mayoritariamente rural, las demandas manifiestas de alpaqueros, pequeños agricultores y artesanos, no corresponden ya sólo a los clásicos programas sociales (Juntos, Foncodes, Vaso de leche, entre otros) sino a sus alternativas de desarrollo. La acción del Estado en este proceso ha sido difusa y desarticulada en el pasado; hoy, se requieren mejores iniciativas de inclusión social y productiva de estas sociedades. Reflexionando sobre las experiencias previas señalamos las siguientes:

i) Visibilidad como sociedades, la información oficial disponible para el área rural está desactualizada –el último censo agropecuario data de 1994– y no distingue la variedad de actores –alpaqueros, agricultores, artesanos, entre otros– ni caracteriza los circuitos económicos que desata la producción agraria, lo que imposibilita la identificación de alternativas de desarrollo específicas, e intensifica la desarticulación entre los actores del desarrollo. Los elementos de la nueva ruralidad altoandina, considerando que la gravitancia de la actividad minera, por ejemplo, indica que el reconocimiento del derecho consuetudinario y la jurisdicción de estas sociedades no es sólo un tema de consulta, sino también de una participación efectiva y, para ello, la educación bilingüe y multicultural constituye una política crucial.

ii) Reversión de la pobreza estructural y la desventaja, el acceso con calidad a la educación y la salud es la clave para la reproducción del capital social generacional. Así mismo, es necesario promover el desarrollo productivo regional con énfasis en las personas y sus organizaciones –más que sólo en los medios de producción– para generar sólidos tejidos sociales como soporte de cadenas productivas destinadas a mejorar la distribución del ingreso y el poder . El acceso a los activos productivos y financieros es otro aspecto que ayuda a la reducción de la pobreza estructural. El suministro de reformas legales acordes a la propiedad de la tierra que se adapten al contexto globalizado actual constituye una necesidad apremiante.

iii) Eliminación progresiva del estigma social para evitar la discriminación, mediante acciones de tolerancia, solidaridad y empoderamiento promovidas por campañas de comunicación y educación para modificar los estereotipos y fortalecer la institucionalidad para la participación en la sociedad civil. Es significativa la implementación de políticas preferenciales para la promoción de la representación social altoandina en el legislativo y en otras instancias gubernamentales así como la sanción y vigencia de la legislación antidiscriminatoria y el rediseño de las estructuras para el acceso a servicios y el mercado.

El recojo del mandato social altoandino en el nuevo contexto rural constituye el principal desafío de las organismos gubernamentales como el MIDIS, pero también lo es para los representantes regionales en el Congreso, mientras más conocedores de las realidades, más oportunas podrán ser sus intervenciones. Esto se espera de Hugo Carrillo y Wuillian Monterola, congresistas por Huancavelica.

desco Opina / 4 de noviembre de 2011
Programa Sierra Centro
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