Majes Siguas II, nuevamente paralizado

 

A inicio de este mes, Cobra, la concesionaria del proyecto agroindustrial Majes Siguas II, nuevamente colgó los guantes. Tras años de tira y afloja para la aprobación de la famosa ADENDA 13 del contrato, que finalmente se aprobó en julio del presente año, lo que permitiría destrabar la ejecución del proyecto, paralizada desde diciembre de 2017.

Para que la firma de la adenda no se dilate hubo mucha presión de algunos sectores, como el empresarial; sin embargo, como advertimos en un artículo anterior, no se volvieron a discutir temas de fondo del proyecto como el modelo de adjudicación. El año pasado la empresa Cobra, perteneciente al conglomerado español ACS, fue absorbida por una más grande, la empresa francesa Vinci. Quizá este hecho resolvió las sombras de insolvencia financiera que se ceñían sobre la empresa y que fueran advertidas por el exparlamentario Horacio Zeballos hace buen tiempo cuando realizó una investigación desde su despacho sobre el proyecto, convirtiéndose en un aliciente más para la firma de la adenda.

Los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), han declarado a la prensa que Cobra está pidiendo una suspensión del inicio de actividades basados en una serie de faltas de parte del gobierno regional que ya fueron subsanadas entre el 2015 y 2016, indicando que no hay razón alguna para que el cronograma se retrase hasta abril de 2023, como requiere la empresa.

Desde que se firmó la adenda, el gobierno regional ha tomado diferentes acuerdos para garantizar el financiamiento del proyecto. En junio de este año autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto para este proyecto por un monto que asciende a S/ 43 813 420.88. Posteriormente, en setiembre, el Gobierno Regional de Arequipa aprobó realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener financiamiento con recursos provenientes de una Operación de Endeudamiento Externo por US$ 97 994 640.26 también para financiar el proyecto. El presupuesto actualizado del proyecto es de 2431.4 millones de soles. Sólo registra un avance físico del 12% y se ha recalculado como fecha de entrega el 31 de diciembre de 2026.

La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, aseguró que no cederán al pedido de Cobra, que busca retrasar el reinicio del proyecto y que harán cumplir el cronograma presentado por la concesionaria en setiembre pasado. Por su parte, el Consejo Regional de Arequipa, quiere interpelar al gerente de Autodema por el retraso, pero no plantean un careo directo con la empresa.

No sólo la ejecución del proyecto está en el ojo de la tormenta, también lo está su supervisión. En un reciente informe de auditoría, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio por US$ 2 114 966 en Autodema, unidad ejecutora del GRA, por pagos adicionales a la Supervisión Especializada del proyecto Majes Siguas II, a través de dos adendas al contrato, de las que serían responsables varios funcionarios y servidores tanto de anteriores gestiones como de la actual gestión.

Majes II, no sólo es un proyecto emblemático en el imaginario colectivo arequipeño, sino que también forma parte de los 72 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025, publicado recientemente por el gobierno nacional. Siendo así, sería deseable que el propio Ejecutivo respalde al GRA en el arreglo de este entuerto para decidir el reinicio del proyecto o llegar a un posible arbitraje internacional, si ese fuera el caso. Recordemos que Majes Siguas II es una obra público-privada, diseñada desde los escritorios de la tecnocracia de Proinversión, y que el Gobierno Regional de Arequipa ha cumplido cabalmente con los cinco desembolsos solicitados por Cobra, desde que se concesionó el proyecto para su ejecución.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de octubre del 2022

descosur

La batalla characata contra el Covid-19

Según las estadísticas oficiales del MINSA, a casi 60 días de iniciada la pandemia, se reportan en Arequipa 20 fallecimientos a causa del Covid-19. Aunque el número de contagios se ha venido incrementando, la tasa de letalidad es una de las más bajas a nivel nacional.

Comparativamente con otras regiones, estos resultados son buenos, ello a pesar de los desaciertos de nuestra principal autoridad regional, cuya falta de profesionalismo puso en peligro a los habitantes de esta región. Esta no es una apreciación solo nuestra, fue la conclusión a la que se arriba en dos Informes de Orientación de Oficio que la Contraloría General  de la República cursa al Gobierno Regional de Arequipa; el primero por no ejecutar en su totalidad los recursos transferidos para afrontar la pandemia (Informe de Orientación de Oficio nº 007-2020-OCI/5334-SOO) y, el segundo, por la ausencia de protocolos específicos para la realización de la cuarentena de las personas que llegaron a la ciudad desde otras localidades (Informe de Orientación de Oficio nº 008-2020-OCI/5334-SOO).

El comando Covid-19 regional reaccionó rápidamente ante la escalada de contagios y los casos positivos que encontraron en sus controles inopinados. Tomaron la dura decisión de suspender por dos semanas el transporte público, y así obligar a las personas a abastecerse dentro de sus distritos, evitando la alta movilidad. La otra medida fue cerrar tres de los principales centros de abasto de la ciudad, al comprobarse que varios comerciantes estaban infectados con el virus y los mercados constituyen potenciales focos de contagio; sin embargo, la medida fue bastante discutible, en especial por la alta tasa de informalidad existente. Una mejor alternativa hubiera sido empadronar a los comerciantes y ordenar la comercialización de productos por día, pero por lo menos; los comerciantes diagnosticados dejaron de ser fuente de contagios.

Por otro lado, se aprecia en Arequipa municipalidades muy activas para enfrentar la pandemia, esforzándose por asegurar el control de medidas sanitarias en los centros de abasto; garantizar que se cumplan los protocolos en las ferias itinerantes de alimentos frescos; realizar controles en las tiendas –muchas de ellas ahora convertidas en minimarkets– donde también se expenden productos frescos; y desinfectar calles. Sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es la fractura existente entre estas y la sociedad civil; pues no conocemos ninguna experiencia municipal de movilización comunitaria, donde se involucre a las juntas vecinales o a otras organizaciones de la sociedad civil para comprometerlas con las medidas de control.

Los empresarios locales a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, también se han sumado a la causa y han donado una serie de equipos, como los ventiladores no invasivos tipo CPAP, que tienen un gran valor en estos días para preservar la salud de los contagiados.

Si bien estamos en la etapa de contagios comunitarios y vemos todavía algunas aglomeraciones, además de otras condiciones que deben mejorarse, la situación en esta parte del país parece controlada. Las acciones del comando Covid-19 y la paulatina toma de conciencia, vienen surtiendo efectos positivos.

La pandemia desnuda una vez más, serios problemas de fondo a nivel nacional. En los días transcurridos emerge la precariedad del empleo en la región como en muchas otras; ello además, en un contexto previo de frágil capacidad de los gobiernos locales y ante la ausencia de programas efectivos de empleo. Miles de ciudadanos desempleados salen a las calles a vender todo lo que sea posible para lograr algún ingreso de sobrevivencia y, en ese afán, se quebrantan las directivas del distanciamiento social y todas las precauciones que la situación demanda. De aquí la importancia de convocar a la ciudadanía para asegurar los mecanismos de control de la pandemia, al mismo tiempo que el ejercicio de la solidaridad para afrontar las carencias de ingresos y empleo de nuestra precaria economía.

desco Opina - Regional / 15 de mayo de 2020

descosur

Con mi soga apretando mi cuello

Son pocas las oportunidades en que la estructura del poder se manifiesta con transparencia. En el 2000, tuvimos una de ellas. Actualmente, se escenifica otro de esos privilegiados momentos.

Entonces, los vladivideos pusieron a disposición de todos –en modo reality show– la podredumbre política de los años 90. Ahora, los audios del contralor general de la República nos revelan la novedosa manera, que ningún politólogo supuso, de construir nuestro check and balance para darnos sustento democrático.

En efecto, nuestros controles no son procedimientos establecidos, rendiciones de cuentas, autonomías funcionales ni nada que se les parezca. Son chantajes y extorsiones. Cada vez más explícitos, además. Si Montesinos le pedía a un vocal supremo dirimente que incline su voto por Yanacocha, en beneficio de los «intereses nacionales peruanos»; el actual ministro de Economía le dice al contralor simple y contundentemente que «debían convencer» al presidente de la República y así, supuestamente, trocar informe a la medida por presupuesto pedido.

A estas alturas, algo incuestionable es la necesaria renuncia del contralor de la República. El señor Alarcón, aferrado al cargo como si tuviera aun alguna «cuestión de honor» que defender, debiera ponerse de lado. Es cierto que una turbia legalidad le favorece pero dada su posición luego de las revelaciones hechas, debe tomar en cuenta que refiere a la misma legalidad que aparece como deleznable ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos, por situaciones como las generadas por su acción.

Por otro lado, si creíamos que Chinchero sería el Rubicón que cruzaría el Ejecutivo en materia de contratos viciados de sospechas, en beneficio de escenarios propicios para la inversión en tanto más sinceros y transparentes, no estuvimos acertados.

Una de las funcionarias implicadas, la ex viceministra de Transportes Fiorella Molinelli, había puesto su cargo a disposición dos semanas atrás al desatarse el escándalo alrededor de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto cusqueño. Como recordamos, el informe de la Contraloría recomendaba iniciar acciones legales contra ella y otros funcionarios.

Pese a ello, al Ejecutivo no tuvo mejor idea que designarla como flamante viceministra de Vivienda. Todo un monumento al desatino político, cuestionado inmediatamente por la oposición. Como afirma Marisa Glave (FA), "lo que queda claro es que [el Gobierno] va perdiendo legitimidad".

Aun así, las sorpresas no terminan de darse. Por ejemplo, la desconcertante respuesta del ministro de Vivienda, Edmer Trujillo. Luego de destacar las cualidades profesionales de Molinelli, señaló que debía considerarse la presunción de inocencia: "en tanto una persona no esté sancionada ni esté inhabilitada de ejercer un cargo público, no la podemos inhabilitar”.

¿Qué anuncia las formas que adquirió el caso Chinchero? Primero, que es calco y copia de anteriores situaciones en las que antiguas y sólidas aspiraciones regionales terminaron en cuestionadísimos contratos, cuya base es el diseño de las asociaciones público-privadas (APP). Glave apunta hacia esa dirección cuando señala que, en este caso, el manejo desesperado por sacar a como dé lugar una APP que a todas luces llevaba adelante una empresa que no tenía los fondos ni la capacidad para concretar el proyecto, era simplemente una muestra clarísima de que lo que les interesa son los negocios privados y no el interés general.

En segundo lugar, se evidencia claramente el fracaso absoluto de los sistemas de control del Estado y, por ende, la necesidad de iniciar una reforma profunda de éstos. Lo sucedido con el contralor Alarcón es sólo el último capítulo de un larguísimo cuestionamiento a la institución.

En tercer lugar, emerge la sensación de un sistema político reducido al cubileteo de intereses privados en donde la ciudadanía queda completamente fuera de juego. La tensión entre el Ejecutivo y la Contraloría, remite a la que sostiene el Ejecutivo con el Congreso dominado plenamente por el fujimorismo y todo ello envuelto por las presiones de lobbies y grupos de interés que buscan beneficios particulares de los bienes públicos.

Por lo visto hasta el momento, es difícil suponer que el Ejecutivo de PPK corrija rumbos y encaje en fórmulas políticas que al menos respondan al sentido común. Más que penoso es preocupante estos avatares de un gobierno que aún no cumple su primer año de vida.

desco Opina / 9 de junio de 2017