En la madrugada del 1 de
mayo,
el Comando Unificado Pataz incautó armas de guerra y detuvo a 68 personas
durante una operación ejecutada en dicha provincia. Posteriormente, los hechos
fueron expuestos en conferencia de prensa realizada en Trujillo, con la
participación de altas autoridades militares y policiales, destacando la
importancia de esta intervención conjunta. Informaron, además, que 67 de las
personas detenidas no domiciliaban en Pataz y procederían de otras
jurisdicciones. Una semana después, el 8 de mayo, el mismo Comando
liberó a ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron
secuestrados el día anterior. La operación dejó cuatro militares heridos.
Parecía una secuencia
previsible de acciones. Sin embargo, días después, el 10 de mayo, se revelaría
que las cosas no estaban nada bien entre las fuerzas gubernamentales. El 20 de marzo, habían asesinado a
Jolvi Rodríguez, un minero ilegal de Pataz. Se dice que fue atacado por hombres
en uniforme de camuflaje, quienes también destruyeron propiedades familiares.
Cuando un equipo
policial llegó de Trujillo para investigar los hechos, una patrulla del
Ejército los detuvo y los presentó como delincuentes. Días después, efectivos
policiales de una comisaría de Pataz detuvieron al chofer de un oficial del
Ejército, que tenía entre sus pertenencias, nada menos, que la placa de la moto
de la víctima.
Así, los policías, los
familiares e, incluso, el fiscal que investiga el caso, sospechan que los
militares están al servicio de otros mineros ilegales. Piensan de esta manera
por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de
acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una
compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron
explosivos en la casa de Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de
sicariato.
El hecho es muy
importante, porque revela algo que, a estas alturas, es hasta obvio: en la
práctica, la minería “ilegal” y la minería “legal” del oro no son
compartimentos estancos, sino que se complementan y se entrelazan en circuitos
híbridos.
Como sabemos, las
cadenas de valor son mixtas: el oro extraído ilegalmente suele ingresar a
circuitos formales a través de empresas exportadoras, joyerías o refinerías que
lo “blanquean”. El financiamiento es cruzado, porque inversionistas con
operaciones legales pueden destinar capital a frentes ilegales, diversificando
riesgos y maximizando ganancias.
En el caso que
presentamos, lo que también se muestra es la capacidad para capturar
instituciones. No es solamente que las autoridades locales o regionales
facilitan permisos, toleran operaciones ilegales o incluso las integran a
proyectos formales. Los agentes gubernamentales que deben reprimirlas son
finalmente componentes imprescindibles para que funcionen.
Este acomodo de los
actores parece adecuarse a un escenario en el que la minería ilegalizada o
informalizada gana cada vez más espacio, pese al evidente daño ambiental, social y
económico que provoca.
A estas alturas, son
innegables los incentivos percibidos por quienes extraen oro ilegalmente.
Obtienen altos márgenes de ganancia, dado el precio en el mercado; invierten
bajos costos iniciales, porque no cumplen regulaciones ambientales ni
laborales; tienen acceso rápido a liquidez, dado que el oro se comercializa
fácilmente, incluso en circuitos informales, lo que permite obtener dinero
inmediato; finalmente, hay una débil fiscalización estatal.
A fin de cuentas, lo
que algunos actores ven como “ventajas” (ganancia rápida, bajos costos,
liquidez), son en realidad incentivos perversos que sostienen la minería
ilegal. Desde una perspectiva social, ambiental y política, las consecuencias
son mucho más graves que cualquier beneficio inmediato.
desco Opina / 15 de mayo de
2026
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