El tema de las invasiones en Arequipa se
ha agravado, lo que ha dado pie a la instalación de una Mesa Permanente
de Trabajo Interinstitucional para ponerle un alto. La tarea que le
espera a la mesa parece ser titánica, dado el poder que han conseguido
algunos dirigentes que las promueven y la poca energía que le han puesto
las diferentes autoridades para frenarlas.
Un mes antes, durante la primera reunión
interinstitucional para analizar la problemática de las invasiones, el
presidente regional Juan Manuel Guillén mostró la hilacha al decir que
no ordenará desalojo de gente por los costos vitales que esto podría
acarrear, opinión que fue duramente criticada por sus contertulios.
Pero no es la primera vez que el presidente demuestra poco tino para
afrontar este problema, una de las muestras más fehacientes fue la
contratación del cuestionado Esteban Valdés Gárate
en la Oficina de Ordenamiento Territorial, a quien despidió este año
cuando se le acabaron los argumentos para defenderlo. Ahora Valdés
Garate está presentando su candidatura al sillón regional.
No estamos culpando a Guillén por el
avance de las invasiones, pero es un claro ejemplo de la forma de actuar
de muchas autoridades locales que se han hecho de la vista gorda frente
a este problema, o simplemente han apoyado la legalización de los
terrenos invadidos con habilitaciones urbanas y otorgamientos de títulos
de propiedad en plaza pública, y no porque son buena gente, sino por lo
que representa en votos estas acciones.
Por otro lado, es cierto que existe un
problema de vivienda en Arequipa, pero la toma ilegal de terrenos no es
la solución. Además, el mismo crecimiento de la ciudad, ahora hacia
arriba con los edificios, ya está causando problemas en el
abastecimiento de servicios básicos, principalmente de agua, que van a
complicar la viabilidad de proyectos de saneamiento a estos nuevos
asentamientos.
En el Ministerio Público de Arequipa
existen 425 denuncias por el delito de usurpación de terrenos, pero a
pesar de la existencia de una norma desde el año pasado que pena con
cárcel a los invasores, no hay ningún detenido y sólo se han abierto
cuatro causas. El congresista arequipeño Gustavo Rondón Fudinaga ha
presentado un informe detallado y de tres proyectos de ley para frenar las invasiones, uno de ellos suspende
a los gobiernos regionales y locales, el procedimiento de reserva y/o
adjudicación mediante subasta pública o venta directa de terrenos
urbanos y eriazos de propiedad estatal, durante el año electoral
regional y municipal. En tanto, el Consejo Regional de Arequipa ha emitido un acuerdo en el que sugiere
la conformación de Comités de Defensa de los Bienes Estatales en las
municipalidades provinciales y distritales de la Región Arequipa, entre otras cosas.
Como colofón hay que advertir que las
invasiones no sólo son un problema en Arequipa, sino en otros
departamentos de la Macro Región Sur, como en Tacna, por ejemplo.
Esto podría tener su explicación en la poca atención de las autoridades
regionales para impulsar el desarrollo económico en todo su territorio y
en el aumento del precio de la propiedad. Sea como fuere, sorprende la
actitud del presidente regional al optar por no hacer nada, ni para un
lado ni para el otro, sabiendo que está de salida, con lo cual el tema
se vuelve problema de su sucesor.
Como en tantas otras zonas del país, se
espera que las personas resuelvan sus problemas de manera espontánea,
como si no existiera autoridad a cargo. No se trata de reprimir con más
fuerza, sino de proyectar el ordenamiento del territorio sin
favoritismos, sin agendas ocultas y con participación ciudadana de todos
los que quieran ser dirigidos por una autoridad con una visión integral
del territorio. Debemos aprender del error de otras ciudades, como
Lima, donde parece que el derecho de las personas de vivir en orden es
privativo de ciertos espacios aislados. El problema de las invasiones
merece una mirada integral de ciudad, no es problema solo del Cono
Norte.
desco Opina - Regional / 2 de mayo de 2014
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