Demolición

La disputa entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es difícil de reducir a términos simples. Más difícil aún es ponerse del lado correcto o, como reclamaba Nadine Heredia, «andar derecho». La razón para esa dificultad es relativamente simple: no hay un lado correcto y al parecer todos tienen rabo de paja. Un síntoma claro de la descomposición de la ética pública es que nadie tiene autoridad moral para decir nada, qué duda cabe. De hecho, hablar de «autoridad moral» es también sospechoso, tanto como ocuparse de la institucionalidad, palabra bendita. Esta es pues una nueva escenificación de lo que la tradición polarizadora en el Perú llama «pleito de blancos», ¿debería importarnos este nuevo desplome institucional?

Resulta materia de discusión especializada si el TC se excedió al anular el nombramiento como fiscales supremas de Zoraida Avalos y Nora Miraval, pues habrían algunas faltas en el proceso del CNM, pero donde no hay duda es en que el TC se excedió por mucho al proponer para Fiscal Supremo al cuestionado ex fiscal Mateo Castañeda y pedir que se abran dos nuevas plazas para Ávalos y Miraval. Eso es indefendible. El Instituto de Defensa Legal (IDL) recuerda que el mismo TC se pronunció en 2012 sobre la imposibilidad de forzar nombramientos.

Recordemos que la importancia del CNM radica en su poder para nombrar jueces y fiscales, incluyendo la Junta de Fiscales que luego escoge al Fiscal de la Nación, cabeza del Ministerio Público. Como dice una nota reciente, su poder está en el poder para elegir a quienes eligen. De acuerdo a esa misma fuente, los nombramientos del CNM han sido bastante discrecionales. Lamentablemente, al frente está el TC, con la mayoría de sus miembros con el mandato largamente vencido, sólo porque el Congreso nunca le dio la importancia al nombramiento de los reemplazantes, cosa que debió hacer hace más de cuatro años, es decir, desde el gobierno anterior. ¿Hay señal mayor de desdén que esa?

La falta de legitimidad salpica de una institución a otra. Para tratar de comprender el agujero negro de estas arbitrariedades puede ser útil ver el movimiento que genera a su alrededor. Como el Congreso, al parecer, tiene menos «palanca» directa en lo que corresponde a la composición del CNM (dicho sea de paso, podría revisarse qué tanto saben del proceso de justicia los actuales representantes) deja a esta entidad librada a sus propias correlaciones de fuerza y se concentra en el TC para orientar actuales y futuras repartijas. El haber nombrado a nueve candidatos para decidir el reemplazo de los «vencidos» miembros del actual TC es un modesto avance, que llega sólo cuando se vieron  arrinconados por su incapacidad para decidir.

¿Y los grandes gremios empresariales que reaccionan ante cualquier señal de «desaceleración» del crecimiento, qué tienen que decir al respecto? No mucho, por cierto. Si bien la Confiep sí se manifestó el año pasado contra la repartija congresal, esta vez no se le oye con contundencia. ¿No que esto era un serio golpe a la institucionalidad? La explicación de esta especie de «laissez faire» parece estar en que, como señala un informe del BID, quienes son más afectados por un manejo ineficiente  del sistema judicial son los pequeños empresarios. Los grandes, todo indica, tienen una especie de institucionalidad paralela que funciona a través de arbitrajes y firmas de abogados que saben navegar en el turbio caudal de la justicia peruana. 

Volvemos a la pregunta inicial: ¿a quién debe importarle que el sistema de justicia haga agua? Pues a todos, pequeños y medianos empresarios, además de a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. Sin embargo, siempre debemos preguntarnos a qué país de los miles que coexisten bajo el cielo de Quiñones nos referimos. ¿Qué diferencia hace esto para los mineros de Huepetuhe y para la política contra la minería ilegal que considera que lo más sabio es dejar que Urresti haga volar cosas por los aires? ¿Qué diferencia hace en la violencia «institucionalizada» en las regiones? ¿Cuál es el cambio para el VRAEM y sus ambiciosas metas de erradicación (por supuesto irreales) y que llaman a aplicar, para cumplirlas, con medidas de tierra arrasada? Todo indica que el crecimiento de la economía absorbe conflictos de forma acelerada, lo que le da posibilidad al gobierno de administrar sus indefiniciones.

Lamentablemente, incluso datos positivos como la reducción de la pobreza que pueden ser relativizados cuando recordamos que la línea está fija en S/. 292, no pueden ser argumento para  caer, otra vez, en un exitismo irreflexivo y obviar el indispensable debate que exige la creciente crisis de institucionalidad que cada día padecemos de manera más evidente.

Esta debilidad representada en el manejo del poder judicial, y el ninguneo del problema de la desigualdad es una mala receta para el crecimiento. La desazón pública parece, por el momento, necesitar alguito más para sacar gente a las calles nuevamente, un audio, por ejemplo. Mientras tanto, el gobierno parece haberse dado cuenta que el país donde gobierna el señor Castilla, es el que presenta la versión más armónica de sí mismo.

desco Opina / 9 de mayo de 2014

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Caso Mayorga: de la anécdota a las políticas de Estado

Ciertamente el tema de las políticas petroleras de un país, visto en detalle, es un asunto especializado y para entendidos, que no son muchos. No lo es tanto, cuando lo que se trata de conocer son los procedimientos legales y administrativos que deben cumplirse por parte de los funcionarios públicos en el desempeño de su gestión.

Es por eso que en el caso de la liquidación del contrato a la empresa Interoil, los arbitrajes ganados por el Estado luego que ésta apelara y la resultante prórroga rubricada por el ministro Eleodoro Mayorga ha producido a todas luces un lamentable cortocircuito político legal que nos muestra el mal desempeño del gobierno. Asimismo, ha puesto sobre el tapete un tema peliagudo que el gran público desconocía.

Resumiendo, el expediente de Interoil muestra el caso de una empresa que solicita una prórroga para seguir explotando petroleo cuando su concesión ha vencido, aludiendo razones de fuerza mayor (el fenómeno del Niño) que le impidieron operar regularmente durante 1998 y 2002. ¿La razón para conceder la prórroga? La supuesta incapacidad de Petroperú para asumir las operaciones con Interoil fuera del panorama. Más allá del débil argumento de la petrolera, se sabe que  la política de Petroperú se orienta a ingresar a trabajar los lotes petroleros de las concesiones que vencen, para así ejercer su función de empresa estatal activa en el negocio petrolero.

Se sabe también, que existen otras empresas cuyos contratos vencen pronto como los de las petroleras Vera Gutierrez y Olympic, por ejemplo, en los que corresponde pasen tambien –vía Peru Petro– a la administración estatal.  El tema de fondo entonces, más allá del error cometido por el ministro Mayorga, es conocer cuál es el papel de Peru Petro y Petroperú en la gestión de nuestros hidrocarburos del país y si el ministro Castilla, miembro del directorio de Petroperú, tiene algo que decir sobre estos casos o si más bien se busca condenar a la empresa estatal a una especie de incapacidad calculada, con la finalidad de que vaya «muriendo lentamente».

En cierta medida, entonces, el destino del ministro Mayorga resulta siendo casi anecdótico, pues a todas luces cometió una infracción al firmar la prórroga en favor de la empresa a en la cual había prestado servicios de asesoría como consultor privado cuando ésta ya mantenía un litigio con el Estado peruano. Debió excusarse, sin duda, y no solo el Congreso de la República podría censurarlo, sino que también este proceder puede convertirse en un caso penal. Lo que no es anecdótico es que el Estado peruano haya ganado en dos instancias un proceso de arbitraje con Interoil para la devolución de un lote petrolero y luego se decida concederle una ampliación a la empresa perdedora en ese arbitraje, dejando además de cobrar el petroleo extraído desde la fecha del vencimiento del contrato de concesión, propiedad de todos los peruanos y no de la empresa que asesoraba Mayorga.

El tema seguirá en debate y sin duda la agenda política de la próxima semana nos podrá colocar ante la primera censura de un ministro de Estado en casi una década, si es que el titular de Energía y Minas no renuncia antes.

Una vez más queremos llamar la atención sobre la conducción política del Estado a la que nos ha trasladado este régimen. Para algunos analistas está fuera de discusión la falta de manejo de la cosa pública por parte del gobierno del presidente Humala, que repetidamente evidencia una crisis de autoridad, incumplimiento y falta de respeto a las normas establecidas, alimentando el socavamiento de la legitimidad que se requiere para conducir la nación. Por ello, es importante demandar, desde las distintas instancias de la sociedad: ciudadanía, sociedad civil, gremios y colegios profesionales, universidades y otras instituciones, la urgencia de apuntalar la institucionalidad que se requiere para avanzar como nación. Este esfuerzo pasa por resolver ya la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el nombramiento del Defensor del Pueblo y gobernar con pleno respeto al estado de derecho. De lo contrario la vorágine de los días nos puede trasladar a otros escenarios en los que triunfen mal la informalidad, el narcotráfico, el autoritarismo y la violencia criminal.

desco Opina / 25 de abril de 2014
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Contra las cuerdas

Un audio reciente vincula al fujimorista Julio Gagó con ventas al Estado desde su curul en el Congreso. Su voz, diciendo que de 130 congresistas más de 100 hacen lo mismo que él, mueve a la sospecha pero lamentablemente resulta verosímil. Este Congreso tiene al 10% de sus integrantes sancionados y no hay señales de que el panorama mejore en el futuro. Este es el Congreso que tiene contra las cuerdas al gabinete Cornejo en una situación inédita.

Al momento de escribir estas líneas, el gabinete Cornejo no ha recibido el voto de confianza del Congreso. José Elice, oficial mayor del Congreso en los periodos 2002 – 2003 y 2003 – 2006 ha declarado que no entiende por qué se pasó a una segunda votación, si la primera era válida. El resultado, según él, tenía que ser «simplemente» que se convoque a otro gabinete, lo cual no deja de ser un escenario plausible, si es que se vota en contra del actual. No se comprende bien cómo piensa encarar el Ejecutivo la votación del lunes en la que se espera, ahora sí, obtener el voto de confianza para el gobierno. ¿Qué negociación han emprendido para cambiar la correlación en el Congreso? No queda claro tras las declaraciones del Premier durante el fin de semana.

La poca pericia política del Ejecutivo y del partido de gobierno, pero también su falta de modestia, le pasan factura. Incapaz de negociar con sus aliados, notoriamente con Perú Posible, se ha dejado arrinconar por sus propios errores, por las distintas oposiciones en las que destacan el bloque fujimorista y los apristas. No es ningún secreto que el gabinete Cornejo nació debilitado y que no está en condiciones de dar mensajes políticos claros. Pescando a río revuelto, García pide un gabinete «consensuado» y Keiko Fujimori, pide que Ollanta Humala ejerza el poder real, sin injerencia de la Presidenta de su partido. El fujimorismo evidenció varios flancos débiles en el proceso, pues nos dio la mínima muestra de «poder en la sombra» en la historia reciente.

Esas contradicciones quedan suspendidas cuando se pretende capitalizar la creciente indignación ciudadana por los despliegues de poder francamente infantiles de la Primera Dama y por el aumento de sueldos ministeriales, una de las mayores muestras de torpeza que ha dado el gobierno. El Presidente declara que los señalamientos sobre el poder de su esposa se producen porque el «miedo subsiste» respecto de su eventual candidatura. Dice, también, que el poder paralelo no es el de su esposa sino el de «los grupos económicos, que obviamente tienen sus propios intereses y no necesariamente son los intereses del país». Una verdad dicha desde esta posición de debilidad, lamentablemente tendrá poca resonancia.

El resultado de esta confrontación entre  el Congreso y el Ejecutivo, parece ser la derrota del segundo. Los parlamentarios parecen empoderados, y sienten en esta situación que tienen la sartén por el mango. Un escenario posible es que el gabinete Cornejo «sacrifique» un par de Ministros o más. La primera en la lista es Carmen Omonte, que además de sus problemas de origen por ser accionista en una empresa minera, representa el débil vínculo de la alianza con Perú Posible. Otro que la oposición tiene en la mira es el Ministro Cateriano. Llama la atención que, pese a que el Ministro Castilla es claramente quien detenta más poder y es uno de los más cercanos a Heredia, no se pida explícitamente su salida. Así, el pedido por limitar los poderes de Heredia se revela como poco consistente; meramente como la medida más expeditiva para conectar con la ciudadanía.

Ciertamente el empoderamiento de los parlamentarios es relativo. Todos ellos tienen claro que el rechazo a dos gabinetes supone la posibilidad del cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias. Es indudable que la enorme mayoría de ellos le teme a esa posibilidad.

Así las cosas, se resuelva como fuere esta situación, es obvio que tendremos una institucionalidad más debilitada aún y un gobierno que entra a sus últimos dos años, severamente golpeado por su propia incapacidad política.

desco Opina / 17 de marzo de 2014

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La caída del cuarto Gabinete ¿devela el poder real?

César Villanueva el derrotado y renunciante presidente del Consejo de Ministros, atacado con humillaciones descalabradas y misteriosas, ha sido el cuarto Premier de este gobierno.  Demasiados cambios para un régimen que  desde su inicio emprendió fuertes giros a lo que fue su oferta electoral inicial, a la llamada Hoja de Ruta  y  los regateos posteriores. 

Todo se ha movido dentro de la normalidad del momento: no hay ningún cuestionamiento a la derecha y su modelo económico, y los cambios en el gabinete evidencian que las estructuras de poder se consolidan y giran en torno a la tendencia que lidera Nadine  Heredia como presidenta del Partido Nacionalista y el ministro Luis Miguel Castilla como operador técnico de los poderes económicos, nacionales y extranjeros, para los que se gobierna desde hace más de una década.

La crisis ministerial, rápidamente resuelta con la salida de Villanueva y de ministros como Gladys Triveño –incómodos al statu quo– además de permutas ministeriales, ha servido para reforzar en el gobierno de Ollanta Humala una línea tecnocrática liderada por el ministro de Economía, amparada por el poder fáctico de la señora Nadine Heredia y contando con la bendición de la CONFIEP. Los cambios ocurridos han mostrado una vez más que el gobierno aplica a su gestión una lógica definida por los poderes fácticos y el corto plazo que evidencian una gran improvisación, aunque esta vez han hecho transparente el peso de Castilla y Heredia, sincerando su nivel de intervención.

Preocupa, sin embargo, que nada provoque un desvelo por lo que ocurre con el ciclo de crecimiento de la economía nacional iniciado en dictadura durante los años 90 que parece acercarse a su fin como lo insinúan importantes indicadores que ya nos dan cuenta de la crisis de este modelo de Estado. Si bien el contexto actual marcado por importantes indicadores económicos muestran hace buen rato una tendencia negativa o por lo menos de estancamiento de la economía, la presencia del ministro René Cornejo como Premier refuerza el entorno de Castilla y su manera de gestionar el Estado de espaldas a las mayorías nacionales en un gabinete cada vez más uniforme, homogenizado por el liderazgo del ministro de Economía.

El contexto que se anuncia venir, cargado por las protestas sociales (como las paralizaciones de Cusco en esta semana y las anunciadas en Ancash y Arequipa o las movilizaciones de 300 mil mineros ilegales) y las campañas de elecciones municipales y regionales, con seguridad radicalizarán a los diversos actores en su enfrentamiento al gobierno nacional. Son combustible suficiente para mover esas maquinarias la caída del canon, la frustración ante  la imposibilidad de ejecutar gastos previstos en las regiones, el retraso o parálisis en la tarea de impulsar los nuevos proyectos y el encarecimiento de productos de consumo popular por la disminución de la producción agrícola. Al parecer  «el gobierno paralelo de los empresarios» va a tener problemas y probablemente optará por poner mano dura en el escenario de la calle donde los ministros tecnócratas y no políticos no saben moverse ni concertar como sí lo hacen con los empresarios en sus gabinetes. El refrán taurino dice «no hay quinto malo», pero el toro que puede tener delante este gabinete de tecnócratas distanciados de la política puede ser difícil de lidiar.

La precariedad institucional, ahora muy grande, reforzada por la poca representatividad social y política del gabinete Cornejo/Castilla en el gobierno, no augura una gestión que responda a las demandas crecientes de diversos sectores para los que la aparente  defensa de la aplicación de doctrinas económicas, de la ortodoxia económica identificada con grupos que han estado en el poder esté por delante y les baste. Será necesario estar alertas al juego aventurero impredecible y bastante particular de la pareja presidencial, que a estas alturas lo que han mostrado es su interés por mantenerse en el poder, sin ningún proyecto o propuesta, sin ninguna capacidad partidaria o colectiva que les permita responder a las posibles situaciones de crisis con racionalidad y concertación. Y sin embargo Nadine Heredia se lanza a decir que Villanueva seguro emprenderá una aventura política propia.

desco Opina / 28 de febrero de 2014

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El Estado cada vez más en cuestión

Los últimos días han estado atravesados por dos hechos alarmantes que demuestran la precariedad institucional que estamos viviendo y la ligereza creciente que observamos en el Estado. El primero de ellos fue el reciente anuncio gubernamental del incremento de las remuneraciones de ministros, viceministros y un grupo de altos funcionarios del Estado; un nuevo disparo a los pies que el Ejecutivo se hace, pretendiendo aprovechar los limitados efectos del fallo de La Haya en la popularidad presidencial. La decisión, de por sí polémica, no tanto por el monto del incremento cuanto por la relación entre éste y el salario mínimo, tiene problemas de fondo y de forma que el gobierno, en especial el ministro Castilla quien fuera el vocero del gabinete una vez más, demostrando su gran poder, se niega a entender.

Más allá de los recursos totales involucrados, que no son dramáticamente significativos dentro del presupuesto nacional –porque los beneficiados son un grupo reducido de altos funcionarios–, e incluso dejando de lado el abismo que se genera entre esas remuneraciones y el salario mínimo, el más alto de la región dicho sea de paso, cabe hacerse una pregunta elemental. ¿Será que para la gestión por resultados que tanto enfatiza el gobierno, basta con nuevos funcionarios mejor remunerados o será que con nuevas remuneraciones, los actuales adquirirán habilidades y capacidades que hasta ahora no han mostrado, a juzgar por los resultados? Cualquiera que sea la respuesta, todo indica que la decisión, así ex post se trate de demostrar lo contrario, respondió a las demandas inmediatas de los interesados, antes que a una política de empleo público.

La decisión, descolgada del reglamento de la Ley Servir, ratifica una de las debilidades mayores de esa norma que nació excluyendo de la misma a sectores importantes de la élite de la burocracia nacional. Por la vía optada, se termina por sincerar una visión implícita en la norma que diferencia en el Estado, supuestos nichos de calidad que deben responder al universo de remuneraciones de la gran empresa privada. En el camino se quedaron los distintos aspectos positivos de una norma, que más allá de sus vicios, es indispensable para el país. Seguramente, en los próximos días, entre gallos y medianoche asistiremos al intento de aprobación del reglamento faltante, sin el indispensable debate público que permita su mejora y una comprensión más cabal de la propia norma.

El segundo hecho, viene siendo protagonizado en el Ministerio Público. La designación de su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, tiene a la ciudadanía espectando una telenovela de baja calidad. Inicialmente la fiscal Echaiz, renunció a su cargo al sentir que su elección fue digitada por el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, para sacarla de la carrera para sucederlo; más recientemente, el fiscal Chavarry, igualmente «electo» para reemplazar a la renunciante, amenazó con hacer lo propio. Por debajo, el fiscal Ramos, también pretendiente del cargo, puesto en evidencia con uno de los audios de Alberto Químper a propósito del caso Utopía; pero también, el propio Peláez que tendría «allanado» el camino a su reelección, señalado de no haber colaborado con la justicia norteamericana en la acusación en Nueva York, contra parte de los Sánchez Paredes.

Así las cosas, si el primer hecho desnuda la ligereza y el interés pequeño como elementos frecuentemente centrales en la definición de la política pública, el segundo le adiciona la disposición a exhibir las miserias de la disputa de posiciones. Ambos evidencian la dramática situación en la que se encuentra el Estado peruano y su profunda distancia de la gente y sus necesidades. Un Estado, que además de ineficiente en la mayoría de sus organismos, aparece crecientemente como carente del más elemental de los pudores.

Aunque la reacción de la gente es más lenta de lo que podría esperarse, lo que es innegable es que el descrédito del Estado, pero también el de este gobierno, que entre otras cosas ofreció reformarlo, sigue avanzando a pasos agigantados. Haríamos bien todos en preocuparnos por el tema.

desco Opina / 14 de febrero de 2014

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