Los últimos días la política del país ha estado centrada en el Congreso de la República. Caída en desgracia Patricia Benavides, suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el Ministerio Público en recomposición de sus fuerzas, se sintieron pasos en la avenida Abancay. A fin de cuentas, muchos de sus integrantes, dada la cantidad de carpetas fiscales que existen sobre sus miembros, se sintieron en capilla. De allí que decidieran aceleradamente, violando todas las formas, pero también el más elemental sentido común, aprobar la moción que impulsó la bancada de Renovación Popular para remover “de manera inmediata” a los siete integrantes de la JNJ por una “flagrante comisión de actos contrarios a la ley”, llevando a la Junta de Portavoces a citarlos para el 15 de diciembre, con el fin evidente de ajusticiarlos y volver las cosas al orden, que estaban seguros, era imbatible.
La coalición autoritaria, que se sentía confiada en sus cuatro patas –Congreso de la República, Ejecutivo, Ministerio Público y Tribunal Constitucional– ignoraba tranquila a la opinión pública, convencida que las protestas acalladas, muertos y heridos mediante, no volverían con la ampliación de su judicialización y el imperio de su arbitrariedad. No les preocupaba el 7.5% de aprobación que registraba Boluarte en noviembre, menos aún el 6% en el que está instalado el Congreso; como es obvio, tampoco les interesó que apenas un 11% crea que la mandataria defiende la autonomía de su gobierno y no es la socia menor, silenciosa y viajera del parlamentarismo autoritario, como ocurre realmente.
El congreso, su mayoritaria ala autoritaria que combina intereses mafiosos, la búsqueda de impunidad y la pretensión de prolongar el modelo y los beneficios y granjerías que le permite, decidió acelerar su marcha y avanzar en un conjunto de decisiones, que además de la liquidación de la democracia y de nuestra seriedad como país, les aseguran sus beneficios personales y los de sus clientelas. El patrimonialismo y la prepotencia más ramplona que caracteriza este poder en los últimos tiempos, en su máxima expresión. Así, entre incrédulos e indignados, asistimos a distintas muestras de podredumbre. Con 69 votos de Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y sus aliados, el Pleno aprobó una ley para crear una Comisión de Alto Nivel que plantee "reformas" y, en caso no sean aplicadas, la Convención Interamericana de DD.HH. sea denunciada. Con 74 votos a favor, el Pleno aprobó la contrarreforma que suspende la obligatoriedad de las elecciones primarias en los comicios del 2026. Más temprano eligieron como nuevo integrante del Tribunal Constitucional a un funcionario de esa institución, vinculado con Gutiérrez Ticse, quien avaló el indulto a Fujimori.
La lista es interminable. El Congreso recortó los procesos de colaboración eficaz, la principal herramienta de la Fiscalía para luchar contra las organizaciones criminales dedicadas a delitos que van desde la corrupción hasta la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Sin ningún rubor, eliminaron las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO), asegurando que los partidos elijan a sus candidatos sin participación ciudadana, además de subir la valla para nuevos partidos y movimientos regionales, protegiendo de esta manera sus respectivas combis.
Por si no bastara, recientemente la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto aprobó la entrega de un aguinaldo de S/ 1700 a los trabajadores parlamentarios, incluyendo a los legisladores, los mismos que el mes pasado se otorgaron un bono extraordinario por cerca de S/ 10 000, sumando así, en plena recesión, un ingreso de más de 43 000 soles en diciembre. No debe sorprendernos, porque recientemente, evidenciando que entienden el poder como su chacra, once destacados congresistas, de esos que brillan con luz propia como el propio presidente del Congreso, Rosselli Amuruz, José Luis Elías, José Luna, María Cordero, Magaly Ruiz y Jaime Quito, entre otros, presionaban a la Policía para la designación de sus escoltas.
En este escenario, el Pleno protagonizó el 15 de diciembre un espectáculo que evidencia su desconcierto. Ante un oficio de la JNJ, cuestionando el proceso y pidiendo reprogramación, el presidente del Congreso anunció que la sesión se reprogramará y se convocará a la JNJ en nueva fecha no establecida. Sorprendidos los sectores más duros y autoritarios –Montoya anunció rápido que pediría la censura de Soto por postergar el debate–, se recompusieron y aprobaron otra moción que permitirá que la Comisión de Justicia los investigue sumariamente por falta grave, es decir el mismo argumento que se empleara para aprobar la remoción inmediata. La desazón del sector más duro, incluido el fujimorismo, no satisfecho con la inaudita decisión del Tribunal Constitucional que liberó a Fujimori, la expresó el preclaro Rospigliosi en un tweet en el que se quejaba “la moción sobre la JNJ se votó, se aprobó y quedó en nada hasta marzo”, para acto seguido responsabilizar, no faltaba más, a los caviares.
¿Les faltaban los votos requeridos? Es probable. Como también lo es el temor a la investigación de la fiscal Barreto, que amenaza, sin duda, con distintos remezones en un Congreso, en el que varios buscarán salvarse ante la amenaza de hundimiento. Como se ha sostenido recientemente, convocando a elecciones, si las cosas ajustan, algunos sectores de la derecha podrían aceptar la salida de un grupo mafioso que ha desnudado el tinglado del que también formaban parte, en un momento en el que simultáneamente el juicio oral a Keiko Fujimori, importante y silenciosa protagonista central de esta película, está próximo a iniciarse. Desde la sociedad, asegurar que la calle sea un espacio de presión contra el autoritarismo y avanzar en la formación de una coalición democrática, es un imperativo. El desconcierto que se ha producido da algo de tiempo.
desco Opina / 16 de diciembre del 2023
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