¿Bombera o incendiaria?

 

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) no presenta mayores sorpresas. La aprobación de la mandataria sigue cuesta abajo en la rodada (12%) y registra su porcentaje más bajo desde la instalación de su gobierno en diciembre del año pasado (19%). Su gestión es la peor evaluada desde que se empezaron a medir estas percepciones, y a seis meses de iniciada, el 30.5% de los encuestados califican su gobierno como muy malo. Tan malo, que el 51% considera que es peor que el de Pedro Castillo, porcentaje que asciende a 59% si no consideramos Lima Metropolitana. Es cierto que como inútil consuelo, la señora Boluarte tiene al lado la desaprobación de sus socios del Congreso que asciende a un 91%, incluyendo a la capital, donde alcanza 90%.

Que su gestión es desastrosa, no caben dudas. Sorprende, sin embargo, la narrativa triunfalista de un gobierno que parece creer que reprimiendo los descontentos de la población, buscando el apoyo de las multilaterales y anunciando el reparto alegre del presupuesto –distintos bonos que no terminan de entregarse, el aviso de pago de deudas a los maestros o el supuesto destino de más de 1400 millones de soles para la prevención ante El Niño, así como la visita de los mandatarios del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)–, asegura su continuidad hasta el 2026, escondiendo que la OCDE y otros organismos internacionales redujeron la expectativa de crecimiento del país a 1.7% porque la actividad económica se ha desacelerado drásticamente debido al malestar social, la incertidumbre política y las condiciones climáticas extremas, mientras el BM revela que tres de cada diez peruanos se encuentran en situación de pobreza y cuatro de cada diez son vulnerables ante ella. Con estos resultados, el país enfrenta el peor retroceso social de América Latina luego de la pandemia del COVID-19. La citada encuesta del IEP registra a una pregunta de respuesta espontánea que el principal problema del país es económico (27%), incluyendo economía, empleo, inflación y pobreza.

Peor aún. En ese escenario frágil, la gobernante y su primer ministro, tras sufrir la renuncia de su incompetente ministra de Salud, virtualmente censurada por sus socios de coalición, acicateados por la señora K, nombran como su sucesor a un médico que si no prontuario, tiene por lo menos vasto repertorio: denunciado constitucionalmente por tráfico de influencias agravado por hechos relacionados con un presunto grupo criminal, suma 19 denuncias en las fiscalías de Lambayeque y Cajamarca que le imputan apropiación ilícita, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia a la autoridad, fraude procesal, atentados contra la autoridad y extorsión. Además de un despropósito, definitivamente una provocación.

Así las cosas, y estando anunciada una nueva oleada de movilizaciones en la que a las comunidades y organizaciones del sur del país parecen estarse sumándoles otras en distintas regiones que están buscando converger en la simbólica fecha del 19 de julio, no deja de sorprender el talante y el tono autoritario de la mandataria, que en una declaración tan torpe como convencida y amenazante, se preguntó cuántos muertos más buscaban los movilizados, a la par que insistía en el discurso de la inocencia de su gobierno y de la responsabilidad de quienes buscan su vacancia. Segura de que apaga «incendios», como sostuvo en la misma intervención, lanza más combustible a la indignación y el malestar de la gente.

Asediada desde la economía, atemorizada por las movilizaciones que amenazan con crecer y converger, Boluarte se enfrenta también al nuevo posicionamiento de Keiko Fujimori, su principal aliada política, que tras pechar su gestión y demandar el cambio de cuatro de sus ministros, le recordó que el tema del adelanto de elecciones era uno pendiente, que podía resolverse de ser necesario. La presidenta, que días antes había sostenido que se trataba de un asunto cerrado y que su gobierno concluiría el 2026, guiada por su soberbia, le respondió que su bancada presente una propuesta, que de aprobarse le permitiría convocar “alegremente” a elecciones generales”. Sin entender su precariedad, la presidenta abrió fuegos con la reina del cálculo político en la actual escena nacional. Decidida a desmarcarse del costo político de la vinculación con un gobierno que naufraga, midiendo el tiempo de cara al inicio del juicio oral que la espera, la señora Fujimori le hace una advertencia a la Plaza de Armas, adelanta sus fichas en la disputa por el liderazgo de las derechas, porque a ella le conviene el adelanto de elecciones más que a López Aliaga, además de tratar de ocupar el espacio de una oposición política hoy inexistente, porque la que hay es social.

Por si lo anterior no bastara, la aceptación de la mandataria de la mayoría de medios de comunicación, argumentada en el convencimiento de que era mejor que Castillo, acabó por desgastarse. La prensa y televisión concentradas la cuestionan cada vez más abiertamente y esconden menos la incomodidad que les provoca, como lo hacen los militares en retiro, quizá por la imposibilidad de que lo hagan explícitamente los que están en actividad, por el afán presidencial por desmarcarse de cualquier responsabilidad de mando y operativa de las muertes en el sur del país. La señora que intentó todo este tiempo ser la bombera de los incendios que generaba, ha devenido a estas alturas en una incendiaria con poca vergüenza. Su inocultable decisión de durar no alcanza. Lo más probable es que lleguemos al 2026 con otro inquilino o inquilina en la casa de Pizarro.

 

 

desco Opina / 30 de junio de 2023

Elecciones generales, ¿una salida a la incertidumbre que vivimos?

La convocatoria para elecciones generales viene apareciendo crecientemente como solución frente a la crisis política que atravesamos, con poderes institucionales debilitados como el Ejecutivo y Legislativo que evidencian similar falta de idoneidad y capacidad para gobernar y gestionar nuestro país. Este camino empezó a resonar con la presentación de la iniciativa legislativa 1893/2021-CR del congresista Pasión Dávila, que propone recortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino a julio del 2023. La bancada de Perú Libre retrocedió en dicha iniciativa retirando sus firmas de la propuesta. Ante ello, la congresista del Partido Morado, Susel Paredes, retomó el proyecto de su colega sosteniendo que el mismo permite una salida constitucional a la crisis que estamos viviendo. 

En este escenario la mayoría de bancadas se empeña en aferrarse a sus curules y decirle ¡No! a un adelanto de elecciones generales, manteniéndose a favor de una renuncia al cargo del presidente Castillo, dejando claro que no están dispuestos a sacrificar  sus salarios y la comodidad de los beneficios que mantienen por ser representantes, permitiendo que la crisis política entre en un bucle sin fin y en un pacto de no agresión que les posibilite al Ejecutivo y al Legislativo seguir sobreviviendo. Al medio, peruanos y peruanas nos sometemos a una incertidumbre que afecta nuestros bolsillos, conspira contra nuestra salud mental y empleo, y peor aún, resulta más grave dada la crisis alimentaria a puertas que nos angustia y puede impactarnos por la incapacidad gubernamental a pesar de ser un país rico en recursos. 

No sorprende que la derecha, en nombre de su rol fiscalizador continúe promoviendo acciones como la vacancia o la renuncia del presidente Castillo; sin embargo, desde hace ya varias semanas, distintas figuras de centro izquierda exigen algún tipo de salida a esta crisis. Como es conocido, el expresidente Francisco Sagasti fue de los primeros en pronunciarse a favor de un adelanto de elecciones ante la precariedad y la opacidad de la gestión gubernamental, ayudada por el comportamiento de un poder Legislativo igualmente rechazado mayoritariamente por la población. El exmandatario propuso en ese contexto el recorte del mandato presidencial y congresal dentro de los marcos constitucionales, teniendo como condición un acuerdo sobre nuevas reglas y las reformas necesarias para no repetir la crisis actual. 

Más recientemente, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga, se ha manifestado a favor de una nueva moción de vacancia ante la aparición de nuevos audios de Zamir Villaverde que involucran en serios indicios de corrupción al Presidente, el exsecretario Bruno Pacheco y al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, encontrando razones suficientes para que en esta ocasión la moción prospere.

A pesar de la descomposición que se sucede ante nuestros ojos, hasta la fecha el Congreso no está dispuesto mayoritariamente a avalar un adelanto general de elecciones, pero sí a aceptar la renuncia de Castillo. Mientras tanto, siguen apareciendo audios que involucran al entorno directo de Pedro Castillo, dando la impresión de que muchos esperan que pronto aparezca alguno que lo implique directamente y termine por hundir su gobierno facilitando la vacancia presidencial. 

En este marco, la moción de interpelación a Dina Boluarte, quien en cuestión de días podría enfrentar su destitución por una infracción al artículo 126 de la Constitución, facilitaría el camino de la vacancia al quedar sólo el presidente Castillo, que de ser vacado, dejaría el gobierno en manos de la Presidencia del Congreso. El ostensible y justificado desprestigio de su presidenta actual y la próxima elección de una nueva mesa directiva abre, por cierto, un nuevo espacio de incertidumbre y seguramente de nuevos intentos de componenda.

Es obvio que el hartazgo de la población por la actual clase política seguirá creciendo. El Ejecutivo y Legislativo con su lucha de poderes han terminado por sumergirnos en una desazón que viene agravándose desde años atrás y que hace que cada corto tiempo tengamos que elegir nuevos gobernantes y representantes que no dan la talla, que actúan en función a sus intereses particulares y continúan liquidando la democracia.

Cualesquiera sean las medidas que se tomen en los siguientes días respecto a la salida del Presidente, la situación nos obliga a pensar que si no existen reformas políticas que fortalezcan a los partidos y más allá de ellos al régimen político, continuaremos repitiendo la misma historia con gobernantes incapaces de asumir los retos que implica dirigir un país, con ministros y congresistas cuestionados por denuncias de corrupción, vinculados con poderes opacos y permanentes altos índices de desaprobación. Seguiremos clamando como país el adelanto de elecciones como salida a una crisis de larga duración, pero continuaremos retrocediendo en nuestra aspiración de mejores políticas que atiendan las problemáticas urgentes que la gente vive diariamente.

desco Opina – Regional / 10 de junio del 2022

descoCiudadano

¿Fin de fiesta o un nuevo capítulo?

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se instaló el 28 de julio del 2016, finalmente terminó con el triunfo del primero, evidenciando una vez más que en nuestro país parece casi imposible la convivencia entre un gobierno y una mayoría congresal opositora, más aún si ésta tiene el mal talante y las maneras achoradas que exhibió el fujiaprismo desde el instante mismo de su instalación. No obstante, sus grandes debilidades y su permanente vacilación, el gobierno del Presidente Vizcarra resultó claro vencedor: el Congreso fue disuelto, la pretendida recomposición del Tribunal Constitucional parece postergada y la elección del nuevo Parlamento está ya convocada y en curso para enero del próximo año. Más allá del debate sobre la constitucionalidad o no de la decisión y de la eventual contienda competencial sobre la misma, el resultado es indiscutible, pero no es necesariamente definitivo.

Cuando el mandatario parecía derrotado en su intención de lograr el adelanto de las elecciones generales del 2020, por la renovada coalición que se instaló en el Congreso con la directiva presidida por Pedro Olaechea, la soberbia y la torpeza de la misma, la llevaron al suicidio. Liderada por el sector más oscuro y conservador del fujimorismo, acicateada por el sorprendente descontrol y la bravuconería de Mauricio Mulder, la variopinta y coyuntural alianza encontró un verdadero hacendado de los antiguos y se convenció de la incapacidad de enfrentarlos de Vizcarra y del gabinete Del Solar.

Su afán por «tomar» el control del Tribunal Constitucional donde se jugaban en el corto plazo distintos intereses privados –la libertad de Keiko Fujimori, la resolución de distintos juicios tributarios de grandes empresas y la eventual revisión del cálculo del valor de los bonos de la reforma agraria– abrió la puerta a una nueva iniciativa presidencial, planteando cuestión de confianza sobre la elección de los miembros de dicha institución. Como otras veces, se trató del plan B presidencial, vale decir la respuesta desesperada en una coyuntura a la que llega por sus propias dudas y temores.

La desesperación se apoderó de la mayoría congresal en ese momento. El espectáculo de su suicidio fue seguido en vivo y en directo por la opinión pública a través de los medios de comunicación y cuando el Presidente anunció la disolución, la calle que se aprestaba a movilizarse, más espontánea que organizadamente, terminó siendo decisiva cuando la crisis parecía escalar y la vicepresidenta Aráoz era juramentada como Presidenta en una pantomima de alas cortas y limitadísima duración. Con el paso de las horas y los días, el fin de la coalición se hizo evidente. Alianza para el Progreso y Acción Popular tomaron distancia e iniciaron sus preparativos y disputas internas para participar en las elecciones de enero, Jorge del Castillo anunció que el APRA tenía que participar y hasta del propio fujimorismo aparecen voces que hacen un llamado a la realidad y buscan desmarcarse del mundo paralelo en el que otros insisten en permanecer. El fracaso de la movilización que buscaron convocar, terminó de convencerlos.

La designación del nuevo Gabinete fue parte del fin de este capítulo. Más de lo mismo. Pocos políticos como el Premier y la ratificada Ministra de la Mujer, varias figuras del entorno presidencial (Edmer Trujillo, Juan Carlos Liu, María Antonieta Alva), distintos tecnócratas de segunda fila y otros leales «probados» (Fabiola Muñoz, Flor Pablo, Zulema Tomás), más allá de su capacidad y su efectividad. El baile que empieza para el Ejecutivo será distinto. Ahora tiene que gobernar y demostrar una capacidad de gestión que no parece ser muy alta; deberá responder a algunas de las distintas y fragmentadas demandas de la sociedad, pero también tendrá que enfrentar las presiones de los empresarios que exigen en el corto plazo una decisión favorable en el caso Tía María, el avance de la ley de competitividad y las ventajas tributarias. Aunque no depende directa y únicamente del Gobierno, deberá lidiar con la marcha de la lucha contra la corrupción en los casos Lava Jato y Cuellos Blancos y hacer ante los distintos intentos de «control de daños» que se multiplican y están en curso.

Pero, además, deberá hacerlo asumiendo que en muchas de las instituciones del país –Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras–, la presencia y capacidad de acción del fujiaprismo, es significativa. Como lo es también la resistencia y la desconfianza que genera la disolución del Congreso entre la mayoría de los medios de comunicación y muchos analistas, que ahora sí, como lo hicieron tarde los ya disueltos, reclaman un adelanto de las elecciones generales al 2020. En ese escenario, transferir su responsabilidad, como lo han hecho con las normas para las elecciones de enero del 2020 que han dejado en manos del JNE, no es la mejor señal.

desco Opina / 11 de octubre de 2019

Adelanto de elecciones: lecciones de una derrota anunciada

Como era previsible desde hace días, y ni bien partió la Comisión de Venecia invitada por la mayoría opositora del Congreso, la propuesta del presidente Vizcarra para adelantar las elecciones fue archivada en la Comisión de Constitución. Como diversos analistas mencionaron en su momento, ahora el jefe de Estado se encuentra en una suerte de trampa, pues se le han agotado las herramientas a las que puede echar mano para responder al desafío que aquél le ha planteado. Esto pareció evidente en la presentación del Premier Del Solar que, ante la decisión de la mayoría aprofujimorista, no respondió nada en concreto.

La cuestión de confianza en torno perdió viabilidad, y en ciertos corrillos se rumoreaba incluso, que el Presidente del Consejo de Ministros era reticente a presentarla. Pero aun si ello ocurriera, la estrategia del Congreso dominado por el aprofujimorismo sería derivarla a un Tribunal Constitucional (TC) recompuesto con magistrados afines que la entramparían o la declararían improcedente. Algunos congresistas «duros» estarían preparando una moción de vacancia presidencial, aun cuando a la fecha, es dudoso que tengan los votos y causales razonables (hay al menos una comisión del congreso que está expurgando la trayectoria del Presidente).

Cabe preguntarse cómo, un Presidente que hasta hoy había logrado arrinconar al Congreso, ha terminado ahora aparentemente acorralado. El público en las calles (y también algunos analistas), consideran que el Congreso debió cerrarse hace meses, en tanto otros sostienen que el error estribó en haber presentado el proyecto de adelanto de elecciones que desencadenó un conflicto que supuestamente no existía.

Al respecto, debe señalarse que, de acuerdo a las reglas de juego, el Congreso no podía cerrarse pues en las ocasiones en que fue emplazado por la cuestión de confianza, se allanó al pedido de reformas del Ejecutivo para evitarlo. En cuanto al segundo argumento, si bien el Congreso, desde el año 2016, había aprobado las iniciativas del gobierno, estas fueron especialmente medidas económicas (en las que no parece haber mayores discrepancias), pero se rechazaban u obstruían otras de carácter institucional y político. Este conflicto parecía destinado a escalar cuando Fuerza Popular recuperó recientemente el control del Congreso con la elección de Pedro Olaechea y la recomposición de las comisiones.

Los errores entonces, hay que buscarlos en otra parte. Hay sin duda varios factores, pero uno de ellos tiene que ver con las dificultades del gobierno y del mismo Presidente de entender que la política no puede constreñirse a las reglas formales de las instituciones estatales. Limitarse a ello, sin buscar alianzas políticas en el Congreso (es sabido que Vizcarra no tiene una bancada significativa), sin concertar con algunos partidos y sin apostar a neutralizar los intentos de Fuerza Popular por reconstruir una mayoría, le dejó a esta última la cancha libre para reconstituir una nueva coalición que de momento ha terminado cercando al Ejecutivo.

Las dificultades del Presidente, sea por desconfianza o inexperiencia, para convocar y atraer asesores y operadores políticos con peso y experiencia, son también parte del problema. Su condición de «externo» a la élite limeña y su falta de un aparato político lo han ido aislando.

Por otro lado, existe en las calles un fuerte antifujimorismo, capaz de decidir una elección como ocurrió en el 2011 y 2016 pero que, en las condiciones actuales, muestra sus déficits organizativos para movilizarse y enfrentar al aprofujimorismo aislado socialmente, pero atrincherado en instituciones claves que saben manejar.

Los resultados del enfrentamiento son aún inciertos, y la última respuesta del Presidente anunciando la presentación de una cuestión de confianza para cambiar las reglas de elección de magistrados del Tribunal Constitucional, muestra una disposición del gobierno a continuar la pugna de poderes, intentando frenar los intentos de la oposición por copar el TC, aunque sin replicar la decisión de archivar el proyecto de ley antes mencionado. El desenlace continúa en suspenso y las posibilidades de un acuerdo político lejanas.

Una derrota de Vizcarra y una posterior renuncia o vacancia, significaría una victoria del fujimorismo y todos sus lastres (corrupción, autoritarismo, carencia de visión de país, etc.) en la escena política oficial, aun cuando en la de la opinión pública y las intenciones de voto para el 2020 o 2021 futuro luzca de momento derrotado. Aunque parcial y temporal, sería su primera revancha en casi 20 años de enfrentamientos con el antifujimorismo.

Entonces, una lección que deja esta crisis para quienes aspiran a gobernar el Perú es que deben asimilar la política no solo como competir, ganar elecciones y gobernar respetando las reglas democráticas (esto último es desde luego un valor clave), sino también negociar, establecer acuerdos y forjar alianzas, más aun, considerando la precaria correlación de fuerzas y la débil institucionalidad política del país.

desco Opina / 27 de setiembre de 2019