Precariedad de la prensa nacional

 

La fallida presentación, como asesor presidencial, de un antiguo y discutido hombre de la radio y exempresario de medios radiales y televisivos, abrió un racimo de comentarios diversos. Más allá del personaje, lo ocurrido pone una vez más en la agenda nacional real, el papel de los comunicadores, el periodismo de opinión y los medios de prensa.

En nuestro país la crisis del periodismo y los medios de comunicación se remonta a muchos años atrás. En un escenario que no había sufrido grandes cambios, la expropiación de la gran prensa nacional y de los principales canales de televisión durante el gobierno de Velasco, generó un proceso complejo que no ha concluido. La posterior devolución y lo que siguió en el terreno de la libertad de expresión, la libertad de empresa y la responsabilidad social de la prensa se complejizó más con el desarrollo de Internet, las publicaciones virtuales y la gran popularidad alcanzada por las redes sociales.

La crisis actual, manifiesta en el abandono de los medios impresos, indica que su pérdida de valor como prensa escrita de opinión e información, no es solamente económica. Si bien existe un fuerte reto tanto para la sobrevivencia de los medios, construyendo modelos de financiamiento que los hagan sostenibles, también lo es por la hiperconcentración de la propiedad en un solo grupo familiar y las consecuencias que se derivan de esto. Ocurre, además, como es evidente, en la entraña de una larga crisis política nacional –a la sombra de un modelo neoliberal que provocó un significativo crecimiento económico excluyente– comparable con lo sucedido a la caída de otro dictador, Leguía.

Nos encontramos ante la paradoja de constatar una prensa nacional extremadamente politizada, en medio de una realidad política sin partidos y con actores provistos de muy precaria formación política. Enfrentamos en ese campo la poquedad de ideas y la escasez de propuestas de desarrollo, que a su vez se expresan como información pobre e incompleta, si es que no tergiversada. Se extraña pues, la presencia de un periodismo lúcido respaldado en la investigación con responsabilidad social. No contamos con una prensa de calidad como la que puede encontrarse con orientaciones liberales, marxistas, conservadoras y más, en países latinoamericanos como México, Argentina o Chile.

La presencia de economistas, politólogos, constitucionalistas y otros comentaristas «caseritos» en los medios, nos han puesto de cara a la precarización y el empobrecimiento informativo y de las ideas en nuestro país. Escasean los buenos comunicadores y abundan los contratados como empleados y no como periodistas. Aquí, los periodistas de fuste vienen siendo reemplazados por jóvenes con escasa experiencia, sin peso ni postura propia, que terminan siendo marionetas al servicio de consignas bastante básicas que generalmente pretenden distorsionar la realidad. Es tan evidente para todos, incluyendo a los propios actores en sus toscos errores y burda manipulación mediática, que resulta ocioso continuar ampliando el diagnóstico.

Se han entreverado los papeles del agente de prensa con el del agitador político, trayendo como consecuencia un resultado de pérdida para el país en las líneas de formación y responsabilidad política de sus ciudadanos, en sostener niveles alturados y maduros del debate a partir de algún tipo de acuerdo primordial nacional para remar en la misma dirección como nación. No hay una base de mínimos de calidad que los peruanos nos exijamos a nosotros mismos y soportamos con un estoicismo digno de mejores causas, pasar por el tamiz forzado de posiciones extremas, cada vez más fundamentalistas, de los propietarios de lo que en algún momento se llamaron medios sociales de comunicación.

Vemos cada día más, a los actores políticos bailando al ritmo que les colocan los medios. Estos, desde sus redacciones levantan y borran, en un irresponsable manejo de prensa, puntos de la agenda nacional sin diferenciar la postura del medio de la correspondiente a alguna organización política. El caso extremo –por demás exagerado– incumbe al canal de cable del Grupo Wong.

No sorprende entonces que, lejos de avanzar en la búsqueda de consensos, el objetivo de vacar al presidente de la República (y provocar un golpe de estado o ¿sucederle la vicepresidenta Boluarte?) siga siendo el primer punto de la agenda de grupos como el capitaneado por el empresario López Aliaga y el exmarino Montoya.

De otro lado, al interior del país, languidecen la prensa y televisión regionales o aceleran la marcha hacia su pronta desaparición como expresiones de información y pensamiento, deshuesadas por las cadenas privadas nacionales. Cadenas que de muy poco sirven para el intercambio de ideas y menos para acoger debates abiertos de carácter local o regional sobre el quehacer del desarrollo en el que se funda nuestro futuro colectivo.

 

desco Opina / 22 de octubre de 2021

Sobre vaciamiento de la democracia y sus supuestas «amenazas»

Los cada vez más grandes hiatos políticos del gobierno de PPK, en realidad lo trascienden. La expectativa que generó la democracia, hace más de década y media, terminó en resultados desalentadores para lo que conocemos como «calidad democrática» señalado, entre otros instrumentos, por el Latinobarómetro. Primero se buscó adjetivar a la categoría «democracia» para tratar de definir sus debilidades, para luego desechar esa vía y, con O´Donnell, aceptar que era más pertinente rastrear la trayectoria de los procesos de democratización que buscar una conceptualización imposible.

Así, en la línea de lo que propusieron Morlino y Diamond, tanto las entidades encargadas de monitorear el desempeño democrático en los países del hemisferio –Latinobarómetro, Idea International, Transparencia Internacional– como los acuerdos y metas que convinieron los gobiernos latinoamericanos en las cumbres de las Américas, prestaron mucha atención al establecimiento de ejes e indicadores para «medir» esta performance y tener de esta manera criterios «objetivos» respecto a los avances en la dicha «calidad democrática» como transparencia, libertad de expresión, justicia básica, descentralización, participación ciudadana, entre los aspectos más importantes. Luego, finalizada la primera década del siglo XXI, emergerá la seguridad ciudadana como el tema preponderante.

Finalmente, ni una ni otra vía pudo ofrecer claves más o menos contundentes para entender lo que estaba aconteciendo. A estas alturas, está clarísimo que estas maneras de concebir la democratización tuvieron, al menos, dos deficiencias ideológicas:

a.       a. La desvinculación entre la dimensión política y la dimensión económica. La fantasía tecnocrática neo-liberal descansaba en la eficiencia que podía adquirir la economía si se evitaban las «distorsiones políticas» y nada mejor para ello que reducir el aparato de Estado a su mínima expresión en tanto el mercado es concebido como «el mejor asignador de recursos».

b.     b. La abstracción de los actores sociales y, en el mejor de los casos, suponer que los participantes en la «mesa democrática» tienen el mismo poder y la posibilidad de arribar a consensos, superando el conflicto y haciendo inútil, por tanto, la política.

Bajo estos supuestos, no es difícil suponer que las comprensiones sobre las democracias «realmente existentes» que empezaron a diseñarse en las últimas décadas eran excesivamente formalistas y compartimentalizaban lo político como un espacio «técnico» solamente capaz de gestionarse a través de una supuesta burocracia capacitada y, además, como un espacio desvinculado de las dimensiones económica y social, como si pudiera comprenderse por sí mismo.

En ese sentido, las amenazas que se oponen a una democracia de calidad se leen como «externalidades» al sistema, ante las cuales debía diseñarse una respuesta que generalmente se ha fraseado en términos bélicos: «guerra contra la corrupción», «guerra contra la delincuencia», entre otras.

Sin embargo, pocas veces se ha intentado explicar el ostensible vaciamiento de la democracia como producto de las propias contradicciones que genera el sistema entre una dimensión económica plenamente controlada por los grandes grupos empresariales; un Estado «capturado» por estas entidades o, en su defecto, ausente, y dejando prácticamente solas a las empresas y la sociedad para que entablen entre ellas compromisos privados o desaten conflictos al margen de la gestión deseable desde los aparatos públicos; además del debilitamiento de las organizaciones sociales cuya capacidad para participar en las toma de decisiones es menguante.

En conclusión, las amenazas a la calidad democrática se generan dentro del sistema y son expresiones de los límites que no pueden trascenderse sin poner en peligro la pauta de acumulación establecida. De esa manera, el crecimiento económico, que tiene como base las actividades extractivas, no puede garantizar un mínimo decalidad ambiental; el sistema tributario no puede ser progresivo por la imposibilidad real del Estado de imponer tasas justas sobre la renta en lugar de obtener sus ingresos de impuestos indirectos; las inversiones en salud y educación serán muy bajas porque no son necesarias para reproducir el trabajo; se mantendrán bajas tasas de crecimiento de empleo porque, como ya bastante décadas atrás lo planteó Quijano, desde el capitalismo periférico no generamos ejércitos industriales de reserva, sino poblaciones marginales. Todo ello impactará ostensiblemente a la representación y representatividad política lo cual deslegitima a las autoridades y provoca un gran distanciamiento entre el Estado y la sociedad.

desco Opina / 25 de noviembre de 2016

La Ley del Negacionismo

La denominada Ley del Negacionismo que impulsa el Ejecutivo en el Congreso de la República sorprendió a propios y extraños. Todo indica que se trata de un intento de respuesta a la ostensible presencia del MOVADEF en el CONARE-SUTEP y a su accionar en la huelga magisterial. Como toda respuesta poco pensada y apresuradamente formulada, se trata de una iniciativa unilateral y llena de peligros, como lo han señalado algunos voceros de la propia organización presidencial, Gana Perú.

Unilateral porque la ley en cuestión pretende aplicarse únicamente a aquellos que desconozcan el papel de Sendero Luminoso y el MRTA en el conflicto interno que tanto nos costara. Unilateral, en consecuencia, porque quienes nieguen el triste papel del grupo Colina, por ejemplo, no están inmersos en la norma, que ciertamente podría corregirse en el Congreso, haciéndola extensiva a todos aquellos que nieguen las responsabilidades y el papel de los distintos actores que intervinieron en ese doloroso período de nuestra historia, como lo sugirió el ex Canciller García Sayán.

Llena de peligros porque se interviene en un terreno que roza demasiado de cerca el derecho elemental de libre opinión y pensamiento y de la libertad de información, al extremo que la norma, por ejemplo, podría pretender aplicarse a párrafos completos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El entusiasmo por su aprobación mostrado por importantes voceros del fujimorismo y por algunos de los sectores más duros de la derecha, desnuda el interés que puede existir en negar una parte de la historia, y por esa vía, evitar la recuperación de la memoria.

Pero también, porque más allá de la voluntad de quienes impulsan la medida, es claro que ésta afecta la posibilidad de verdad y reconciliación, que no es lo mismo que impunidad como parecen entenderlo algunos, a la que debemos acceder como país. La memoria, entendida como conexión entre pasado y futuro, es indispensable en esta perspectiva si queremos que en la construcción del mañana, el recuerdo del pasado sea una garantía para que éste no se repita.

Desde esta perspectiva, creemos que el Estado se equivoca. La memoria se recupera y la verdad se transmite de generación en generación como resultado de un esfuerzo público y sostenido de educación y comunicación. En el mismo, la responsabilidad del Estado es neurálgica y aquella no puede ser reemplazada por el uso de instrumentos legales para formar las imágenes y valoraciones de la población.

Sorprende definitivamente que sea el Premier, uno de los abanderados de la propuesta. Y lo hace, porque su discurso inicial está marcado por la apuesta por el diálogo que exige de tolerancia y de respeto por la libre opinión pública. Preocupa, adicionalmente, por el momento en que se hace, coincidiendo con el polémico fallo encabezado por el vocal Villa Stein, que fuera dura y certeramente criticado por el propio Premier.

Tal como está formulada, la propuesta alimentará, sin ninguna duda, una fuerte polémica y la polarización que siempre genera nuestro pasado reciente, seguramente volverá a aparecer. Creemos que haría bien el Ejecutivo en repensar y ajustar su propuesta, antes de someterse a la posibilidad cierta de su derrota en el Congreso de la República, y más cierta aún, en la ciudadanía.

desco Opina / 31 de agosto de 2012
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¿Quiénes demuelen la democracia?

En lo que a la prensa se refiere, atónitos y perplejos asistimos a una de las campañas electorales más sucias que se recuerde. Esto que bien pudo afirmarse en el 2000 y 2006 debe repetirse en las actuales circunstancias. Es tal la desproporción, desequilibrio e inequidad en el trato que otorgan a uno y otro candidato parte de los grandes medios de comunicación impresos, televisivos y radiales, que la situación ha excedido el límite de lo tolerable.

Nadie puede negar el derecho que tienen los dueños de la prensa para formar y difundir su propia opinión. A lo que no tienen derecho es a desinformar y deformar la noticia y a la vez hacer creer que tienen objetividad, esperando respeto por esa objetividad de la que carecen. Se les ha visto y se les oye triturando con ataques despiadados y sin fundamentos al candidato Ollanta Humala, sin dar siquiera una mínima oportunidad de réplica. El domingo pasado asistimos a una grosera emboscada en la que se le invita a un programa televisivo y luego se le impone una nueva entrevista con el director de un periódico que lo insulta a diario.

En la base de cualquier democracia saludable, descansa una amplia e incuestionable libertad de expresión porque ella es el requisito indispensable para que se formulen y debatan las diversas corrientes de opinión que se generan en la sociedad. Sin embargo, cuando ella se altera al imponerse una serie de intereses privados sobre la obligación periodística de informar, es obvio que tendremos un escenario enrarecido en donde circulan medias verdades y falacias con el único propósito de distraer y ocupar a los atacados en responder a literales cargamontones, sin darles oportunidad de exponer sus ideas. En efecto, los mismos que reclaman al candidato Humala explicaciones sobre sus distintas propuestas programáticas, impiden que las exponga, bombardeándolo en su lugar con aparentes acusaciones que un mínimo de reflexión descubre de naturaleza absurda.

Más aun, son los que exigieron una declaración puntual –casi una promesa– al mismo candidato sobre su respeto irrestricto a la libertad de expresión, que cuando la emitió sólo sirvió para que respondan que no le creían. Sin embargo, se cuidaron de no hacer la pregunta en cuestión a la candidata que cuando ejercía sus funciones de Primera Dama, probablemente los vio desfilar en la «salita» del SIN, poniendo a la venta las líneas editoriales de sus respectivos medios.

Pero, la situación ha llegado a tal nivel que, a diferencia del pasado, cuando un mínimo de vergüenza hizo que estos empresarios de las comunicaciones actuaran sigilosamente en las sombras, hoy no guarden siquiera las formas. Hemos sido testigos de la abierta compra de un periodista, con el propósito exclusivo de arrojar todo lo que pueda sobre la candidatura de Ollanta Humala, a través de un canal de TV.

Sin embargo, la indignación frente a una situación que contradice cualquier estándar mínimo de democracia, no debe dejar de lado preguntarse por las causas. Es evidente que los que la generan están poseídos por el miedo, porque es eso lo que transmiten. Pero, ¿miedo a qué?

Aun cuando insistan en el factor Chávez, en el fantasma de Evo, en las «expropiaciones», en Velasco, y otros pretextos más, es obvio que todas ellas son maniobras distractivas. Tal vez, a beneficio de inventario, la razón es más sencilla y concreta. El pasado cuenta, respalda y da garantías y, en ese sentido, es el fujimorismo lo más idóneo, a ojos de estos empresarios, para emprender los buenos negocios de siempre. Por lo demás, muchos de los medios nacionales embarcados en esta operación, arrastran confusos juicios por la propiedad de aquellos y mantienen importantes deudas tributarias. Necesitan, en consecuencia, la protección del poder y es evidente por quién se sienten protegidos y por quién amenazados.

Frente a ellos están, seguramente, aquellos innumerables empresarios que sí creen en el libre mercado, se esfuerzan diariamente por ser competitivos y pagar sus impuestos, quienes ven frustradas sus expectativas ante estas prácticas. También estamos los que creemos en una democracia que no sea de papel, sino efectiva.

desco Opina / 13 de mayo de 2011
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