Las protestas ininterrumpidas en el
distrito de Cocachacra contra el proyecto minero Tía María han cumplido ya cinco
semanas, y en la ciudad de Arequipa, diferentes gremios vienen protestando hace
15 días. El anuncio del Consejo de Minería de suspender la licencia del
proyecto Tía María no convenció a los indignados en la ciudad. Ellos abogan por
la cancelación definitiva del proyecto. Este clima beligerante nos ha revelado
una serie de situaciones que estaban pasando desapercibidas o, simplemente, no
se querían ver.
A nivel nacional, este conflicto ha sido
el detonante para que el Ejecutivo proponga revisar la Ley de Minería que tiene
27 años de vigencia. Pero no lo ha hecho per
se, sino por un pedido expreso de los siete gobernadores que conforman la
Mancomunidad del Sur, cuyos territorios son el foco de la inversión minera. El
presidente Martín Vizcarra hizo el anuncio de la reforma en el último mensaje
presidencial, para beneplácito de los gobernadores y molestia de la CONFIEP. La reforma solicitada, entre otras cosas, propone la
revisión de la tributación minera y el otorgamiento de concesiones.
Por otro lado, se ha conocido que la autorización a Southern Perú para la etapa de construcción de la concesión del proyecto Tía María, se efectuó pese a que faltaba levantar algunas observaciones y presentar otros tantos requisitos, como el estudio
hidrológico de la zona del proyecto que sirvió como base del Estudio de Impacto
Ambiental de Tía María. La celeridad de la aprobación de este permiso y la congelación
del mismo hasta que el Consejo de Minería resuelva el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa,
motivaron al Congreso a solicitar la presencia de los ministros de Economía y
Finanzas, Carlos Oliva, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, para que
expliquen cuál es la situación administrativa del proyecto minero.
A nivel regional, se ha percibido la
fragilidad de nuestras autoridades locales. Por un lado, el gobernador regional
Elmer Cáceres Llica ha aprovechado esta situación para levantar su capital
político, pues su gestión presenta serias deficiencias: ha cambiado su personal
de confianza repetidas veces, no ha podido cumplir con su promesa de culminar
la Variante de Uchumayo –una de las obras más emblemáticas de la ciudad–, y ha
sido cuestionado por realizar gastos superfluos. Nadie sabe a ciencia cierta cuál
es la dirección de su gestión, pues todos estos meses no ha logrado comunicar
qué persigue su gobierno, fuera de su reivindicación como provinciano. Asimismo,
ha quedado en evidencia la pésima relación de Cáceres Llica con su
vicegobernador, Walter Gutiérrez, quien contradictoriamente lo acusó de aprovecharse
de los paros y después fue a negociar personalmente con Martín Vizcarra a la
capital.
A nivel social la protesta contra Tía
María ha dejado al descubierto la fractura que hay en la sociedad arequipeña, que va más allá de si
hay un bando prominero y otro antiminero, sino que incide en la creencia de que
hay ciudadanos que están a favor del desarrollo y otros que están en contra;
estos últimos no serían arequipeños de cepa, revelando así un imaginario retrógrado
y chauvinista que persiste en un sector de la sociedad, en el que los migrantes
altoandinos y su descendencia, son culpables de los problemas de la ciudad.
La protesta también ha servido para
conocer de propia boca de los pobladores de la provincia de Islay –donde está
ubicado el proyecto–, cuáles consideran que son sus principales problemas. La
encuesta realizada a la población por la Universidad Católica Santa María y la
Universidad Católica San Pablo, ha identificado cuatro problemas: la mala
calidad del agua (para riego y consumo), la escasez de este recurso, la pésima
calidad de la salud, y la pobre calidad educativa.
La encuesta también revela que el 70%
opositor considera a la minería como una amenaza por la contaminación,
problemas con el agua, perjuicio a la agricultura, etc. Un reporte periodístico dio a conocer que la empresa minera y el Gobierno Nacional estaban al tanto de esta situación, pues fue el propio Ministerio de
Energía y Minas quien contrató los servicios de ambas universidades. Aun así,
otorgaron la licencia de construcción.
El tema
del agua y los efectos ambientales del proyecto son los dos asuntos críticos en
este problema, y no han sido atendidos adecuadamente en todos los años que
tiene el conflicto. Recientemente, el Estado ha firmado el contrato para la
realización de los estudios de la represa de Yanapujio para proveer de agua al valle.
Así, la
evaluación de los impactos ambientales sobre la puesta en marcha del proyecto Tía
María aún no resulta clara para la mayoría de la población y para opiniones de
especialistas. Y como cereza del pastel, la reputación de la empresa que
impulsa el proyecto tiene serios cuestionamientos. En estas condiciones, la suspensión de la
licencia por 120 días resulta claramente insuficiente.
No hay
mal que por bien no venga, reza el dicho. Y en el caso de este conflicto, por
lo menos está sirviendo para cuestionar algunas cosas que se creían inamovibles
dentro de la estructura económica del país, para sopesar el poder en el sur y
reflexionar sobre las taras que aún carga la sociedad arequipeña.
desco Opina - Regional / 23 de
agosto de 2019
Programa Regional Sur
- descosur
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